Jaime Iván Sánchez Iñiguez

Expediente 745/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 26 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
745/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Jaime Iván Sánchez Iñiguez
  • Secretario de Seguridad del Estádo de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que obran en este recinto judicial las pruebas que se allegaron con motivo de la tramitación del presente; atento a lo anterior, se ordena la devolución de los medios de convicción antes referidos a su lugar de origen, en razón de que su permanencia en este recinto judicial ya no es necesaria.

  2. Incidental

    se ordena el archivo en el expediente en que se actúa como totalmente concluido. es susceptible de depuración el cuaderno incidental original y de destrucción sólo el duplicado.

  3. Principal

    se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. La circunstancia anterior, hágase del conocimiento de las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y notificado que sea el presente acuerdo, archívese el expediente como concluido. este expediente es susceptible de depuración, este asunto se considera no relevante. Con el contenido de este acuerdo se ordena dar vista en los cuadernos incidentales correspondientes.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que mediante escrito registrado con número del libro de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, la parte quejosa solicitó el acceso al expediente electrónico y notificaciones con el usuario se autoriza la consulta del expediente electrónico, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con la clave de usuario "cesar.cuenca"; asimismo, para notificarse electrónicamente de las resoluciones pronunciadas, en términos de los artículos 55, 57 y 58 del citado Acuerdo. Por último, se comisiona al actuario judicial adscrito a notificar por dicha vía la sentencia de treinta y uno de marzo pasado, ello, para estar en aptitud de proveer conforme a derecho. Zapopan, Jalisco; a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 745/2020, promovido por Jaime Iván Sánchez Iñiguez, contra actos del Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco y otras autoridades, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Jaime Iván Sánchez Iñiguez, por su propio derecho, el tres de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del SECRETARIO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, los cuales se precisarán en el considerando respectivo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuya Titular, previa aclaración, dictó proveído el diecinueve de agosto de dos mil veinte, en que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 745/2020; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la audiencia constitucional. Luego, mediante libelo presentado por el impetrante de amparo el veinte de octubre pasado, amplió la demanda de mérito, contra actos de la COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO Y OTRA AUTORIDAD, los cuales se precisarán en el considerando respectivo. Ampliación de demanda que fue admitida, el veintidós de octubre del año pasado, en la cual, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y nuevamente citó a las partes a la audiencia constitucional. Luego con fecha primero de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, misma que fue recurrida y remitida a la Superioridad, conociendo de dicha revisión el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, entonces, mediante acuerdo de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, se remitió la ejecutoria pronunciada en sesión de siete de octubre de dos mil veintiuno, en la revisión principal 254/2021 en la que se determinó lo siguiente: ""PRIMERO. Se REVOCA la sentencia sujeta a revisión. --- SEGUNDO. En los términos y para los efectos precisados en esta ejecutoria, se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa. -- TERCERO. Se declara sin materia la revisión adhesiva." Luego, previa aclaración la quejosa amplió su demanda de amparo, en donde mediante acuerdo de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, y se ordenó: pedir informe justificado a la autoridad responsable; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; fijar día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y JUICIO DE AMPARO 745/2020 de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018 SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial PAULINA LIZBETH OROZCO CAMPOS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.33.39.38.35.35.37.38 21/03/23 14:53:44 5 JUICIO DE AMPARO 745/2020 de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y anexos, que conforman todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: Del Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco: La orden de hacer llegar a la Instancia Instructora correspondiente, y de solicitar se avocaran al conocimiento del procedimiento de responsabilidad administrativo 96/2019. Del Director de Asuntos Internos y de la Jefa de Departamento, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos; ambos de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco: El acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte, mediante el cual, dio inició el procedimiento administrativo número 96/2019; así como su consecuencias. El acta administrativa de veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Por su parte, la parte quejosa en la ampliación de demanda señaló como actos: De la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco: La resolución de veintitrés de junio de dos mil veinte, emitida dentro del expediente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 96/2019, en el cual, se determinó la remoción del quejoso como elemento de seguridad. Del Director de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco: El acuerdo emitido en audiencia de veinte de mayo de dos mil veinte, dentro del procedimiento administrativo 96/2019. De la Analista "A", adscrita a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco: El citatoria y notificación de veinticuatro y veintisiete de julio de dos mil veinte. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Secretario de Seguridad, el Director de Asuntos Internos, la Jefa de Departamento, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos; la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia; y, Analista "A", adscrita a la Dirección de Asuntos Internos, todos de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, al rendir sus informes justificados, reconocieron la existencia de los actos que se les reprocha. CUARTO. Causales de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente al de fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia número 814, localizable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Ahora bien, en el caso a estudio, el juicio de amparo también deviene improcedente por cuanto hace a los actos reclamados, a las autoridades denominadas El Secretario de Seguridad, el Director de Asuntos Internos, la Jefa de Departamento, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos, consistentes en, en el acta administrativa de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, y como consecuencia la orden y el acuerdo de inicio de fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, emitido en el procedimiento administrativo número 96/2019. En relación a lo anterior, se considera que no serán materia de análisis, en razón de que se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, en virtud del cambio de situación jurídica acontecido en el juicio de origen. Para justificar lo anterior, es necesario examinar la referida causal prevista por el artículo 61, fracción XVII, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De la recta interpretación del numeral transcrito, se colige que, por regla general, para que se determine el cambio de situación jurídica, deben concurrir los siguientes elementos a saber: a)Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. b)Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, surja un nuevo acto dentro del mismo procedimiento, que cambie la situación jurídica en que estaba el quejoso por virtud del acto reclamado. c) Que no sea factible decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica creada y, por tanto, que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d)Que el acto reclamado sea autónomo e independiente con la nueva resolución dictada en el procedimiento o juicio respectivo, pudiendo subsistir esta última, independientemente de que aquél acto resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, de las constancias certificadas que remitió la responsable, destaca la resolución de veintitrés de junio de dos mil veinte, emitida dentro del expediente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 96/2019, en el cual, se determinó la remoción del quejoso como elemento de seguridad; por lo que es obvio que su situación jurídica ha cambiado, toda vez que, el proveído citado puso fin al procedimiento administrativo y con ello las presuntas violaciones constitucionales alegadas por la parte quejosa a través de esta instancia constitucional, quedaron irreparablemente consumadas, habida cuenta que resultaría ocioso efectuar el análisis constitucional de resoluciones previas que al día de hoy han sido superadas por una determinación que cambió por completo el estadío procesal del juicio de origen, amén de que invariablemente al pronunciarse sobre los actos reclamados en este asunto se afectaría la nueva situación jurídica que prevalece en el expediente natural. En consecuencia de lo anterior, en atención a la nueva situación procesal que impera en el juicio de origen, conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la invocada ley, por cuanto hace a los actos reclamados, a las autoridades denominadas El Secretario de Seguridad, el Director de Asuntos Internos, la Jefa de Departamento, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos, consistentes en, en el acta administrativa de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, y como consecuencia la orden y el acuerdo de inicio de fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, emitido en el procedimiento administrativo número 96/2019. QUINTO. Conceptos de violación. En el presente caso no se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la Ley de Amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión al impetrante. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio del fondo del asunto. Ante todo, resulta oportuno señalar que en el caso opera el principio de suplencia de la queja, pues aunque se trata de un asunto en materia administrativa, se precisa que los actos reclamados derivan de un procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia. Apoya lo dicho, la jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicación del Mayo de 2017, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja JUICIO DE AMPARO 745/2020 deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las instituciones de seguridad pública, pues en este caso también se encuentran en una relación de subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado". Ahora bien, para establecer si es procedente el presente juicio de garantías en menester previamente analizar la constitucionalidad de las cedulas de notificación emitidas por la Analista "A", adscrita a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, de veinticuatro y veintisiete de julio de dos mil veinte, reclamadas en le tercera ampliación de demanda. Sentado lo anterior, debe decirse que uno de los conceptos de violación resulta fundados pero ineficaces, respecto a las cedulas de notificación emitidas por la Analista "A", adscrita a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, de veinticuatro y veintisiete de julio de dos mil veinte, toda vez que, responsable transgredió en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica que prevé los artículos 14 y 16 constitucionales, pues la parte quejosa alega que la notificación hecha en el domicilió Regidores 2770, en la colonia Francisco Silva Romero, en Tlaquepaque, Jalisco, pues sin que hubiera realizado a ninguna persona, y además no ha señalado dicho domicilio. Además alega que, la responsable omitió asentar en el cata respectiva el cerciora miento de que el domicilio en el que se constituyó efectivamente es donde vive el quejoso, así como los elementos de que se valió. Asimismo señala que, no es jurídicamente posible, ni tiene ningún sustento legal, el que se realice una doble notificación de la resolución del procedimiento de Responsabilidad Administrativa número 96/2019, es decir una supuesta notificación en el domicilio del suscrito y otra en el domicilio de mis representantes legales, el actuar de dicha Autoridad Responsable, carece de una debida fundamentación y una adecuada motivación, lo cierto es que dichas notificaciones fueron inventadas por la JUICIO DE AMPARO 745/2020 Autoridad Responsable, pues no fueron entregadas a persona alguna. Ahora bien, como cuestión previa y dada la violación alegada en dichas apologías, cabe hacer algunas acotaciones en torno a las garantías de seguridad jurídica en el orden constitucional mexicano, género al que pertenece la garantía o principio de legalidad. En relación con el concepto de seguridad jurídica, en la obra titulada "Las Garantías de Seguridad Jurídica", editada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera edición, primera reimpresión, páginas nueve y diez, se señala: "La palabra "seguridad" deriva del latín securitas, - atis, que significa "cualidad de seguro" o "certeza", así como "cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación". La última de las acepciones señaladas es la que debe tomarse en cuenta para indicar lo que ha de entenderse por seguridad jurídica. En efecto, la seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, pero si ésta debe producir una afectación en ellos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias." Es decir, la seguridad jurídica parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de disposiciones tanto constitucionales como legales que, a un tiempo, definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar y que la aplicación que se haga del orden jurídico a los gobernados será eficaz. Asimismo, en la obra antes citada, páginas once a trece, se expone un concepto de garantías de seguridad jurídica en los siguientes términos: "Las garantías de seguridad jurídica son derechos subjetivos públicos a favor de los gobernados, que pueden ser oponibles a los órganos estatales, a fin de exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la comisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, para que éstos no caigan en la indefensión o incertidumbre jurídica, lo que hace posible la pervivencia de condiciones de igualdad y libertad para todos los sujetos de derechos y obligaciones. JUICIO DE AMPARO 745/2020 Conviene explicar los elementos integrantes de la definición propuesta: (1) Derechos subjetivos públicos a favor de los gobernados. Son derechos subjetivos porque entrañan una facultad que se deriva de una norma, y son públicos porque se pueden hacer valer ante sujetos pasivos públicos, es decir, el Estado y sus autoridades. (2) Oponibles a los órganos estatales. Significa que el respeto a este conjunto de garantías puede ser reclamado al Estado. (3) Requisitos previos a la comisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos. Los requisitos están previstos en la constitución y en las leyes secundarias. Si el Estado emite actos donde tales requisitos no hay sido cubiertos, la seguridad jurídica de los gobernados se verá vulnerada. (4) No caer en estado de indefensión o de incertidumbre jurídica. La nobleza y la majestad de las garantías de seguridad jurídica radican en que éstas se erigen como baluartes del acceso afectivo a la justicia, al que tienen pleno derecho los individuos de toda sociedad libre y democrática, donde el Estado no subordina a sus intereses la estabilidad social que demanda la subsistencia del derecho. (5) Pervivencia de condiciones de igualdad y libertad para todos los sujetos de derechos y obligaciones. Mientras la conducta del Estado para con los particulares no desborde el marco de libertad y de igualdad que el texto constitucional asegura a través de las garantías individuales, es de esperar que la situación igualitaria y libertaria de los gobernados no degenere en condiciones de desigualdad que preludien una era de caos social. De lo anterior se desprende que la importancia de las garantías de seguridad jurídica es fundamental: de ellas depende el sostenimiento del Estado constitucional y democrático de derecho. De lo expuesto, se aprecia, que las garantías de seguridad jurídica entrañan la obligación para las autoridades, cuando deban llevar a cabo actos de afectación en contra de particulares, de cumplir con los requisitos previamente establecidos en la ley, con el fin de JUICIO DE AMPARO 745/2020 no vulnerar la esfera jurídica de los individuos a los que dicho acto está dirigido. Ello, permite que los derechos públicos subjetivos se mantengan libres de daño, es decir, que las personas no caigan en estado de indefensión, lo que trae por consecuencia que las autoridades del Estado respeten irrestrictamente los cauces que el orden jurídico pone a su alcance para que actúen. Así, el objetivo de las garantías de seguridad jurídica, es consolidar el Estado de derecho, cuya ausencia en cualquier sociedad preludia la descomposición de las relaciones humanas y consecuentemente, la anarquía. Ahora bien, el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, establece que: "Artículo 120. El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia con la correspondiente notificación al elemento operativo de que se ha instaurado en su contra el mismo, haciendo de su conocimiento lo siguiente: a) La conducta que se le atribuye; b) La sanción que en su caso podría ser impuesta; c) El plazo que tiene para apersonarse al procedimiento, que será de cinco días hábiles; d) Así como las pruebas que existen en su contra; e) El derecho de ofrecer y desahogar probanzas, así como alegar a su favor; y JUICIO DE AMPARO 745/2020 f) Deberá señalar domicilio en el lugar donde se instaura el procedimiento para recibir notificaciones o correo electrónico, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, éstas le serán notificadas por estrados, incluyendo la resolución definitiva. Lo anterior con la finalidad de que se encuentre en posibilidades de ejercer su garantía de audiencia y defensa dentro del procedimiento. La prescripción para interponer la denuncia o iniciar el procedimiento de oficio a que se refiere este artículo, será de un año a partir de la fecha en que se cometió la conducta. En el caso de no apersonarse dentro del término establecido para ello, se tendrán por ciertos los hechos que se le atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, así como realizar alegatos. En el procedimiento no será admitida la prueba confesional a cargo de la autoridad mediante absolución de posiciones, ni incidente alguno; la valoración de las pruebas será conforme al código supletorio del presente procedimiento. En el caso de la prueba testimonial, cuando los testigos sean servidores públicos de la dependencia serán citados por la instancia que instruya el procedimiento; en el caso de que los testigos sean personas ajenas a la institución el oferente, deberá presentarlos el día y hora señalados para el desahogo de la diligencia; en caso de no presentarlos se le tendrá por perdido el derecho al desahogo de la prueba. Será supletorio para el presente JUICIO DE AMPARO 745/2020 procedimiento el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. De la interpretación de dicho numeral, se advierte que, referente a la forma de notificarse las actuaciones, refiere que se proporcione un domicilio para recibir notificaciones. De lo anterior se advierte que, los conceptos de violación hechos valer son fundados pero ineficaces, como se verá. Así lo es, fue incorrecta la determinación de la responsable en notificar la resolución de manera personal en el supuesto domicilio personal del quejoso esto es en el domicilió ubicado en la finca marcada con el número 2770 de la calle Regidores, en la colonia Francisco Silva Romero, en Tlaquepaque, Jalisco, pues se desprende del escrito de contestación al procedimiento de responsabilidad administrativa, presentado ante la Dirección de Asuntos Internos, el doce de marzo de dos mil veinte y que obra en actuaciones, el mismo proporcionó como domicilio procesal para recibir notificaciones el ubicado en la Calle Manzanares 2439, coIonia Jardines del Country, en Guadalajara Jalisco, esto es, un diverso domicilio, sin embargo, no ha lugar a conceder el amparo por la cuestiones que se verán a continuación. Como se recordará, del escrito de contestación al procedimiento de responsabilidad administrativa, presentado ante la Dirección de Asuntos Internos, el doce de marzo de dos mil veinte y que obra en actuaciones, el mismo proporcionó como domicilio procesal para recibir notificaciones el ubicado en la Calle Manzanares 2439, coIonia Jardines del Country, en Guadalajara Jalisco. Ahora bien, el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley que rige el acto, dispone: "Artículo 112.- La diligencia de emplazamiento se realiza personalmente con el demandado; el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de este Código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo constar en el acta esa circunstancia. Si se trata de emplazamiento a juicio o de requerimiento y sólo si a la primera busca no se encuentra al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera, se le hará la notificación por cédula; en todo caso la notificación y la cédula contendrá: I. Nombre del servidor público que haya dictado la resolución; II. El juicio en que se pronuncia y número de expediente; III. Breve relación de la resolución que se notifica; IV. Día y hora en que se hace la notificación; V. Término para contestar la demanda o para cumplir el requerimiento; VI.. NoNombre de la persona en poder de quien se deja; y VII. Firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa. Para el caso de que el interesado se niegue a recibir la notificación y en el supuesto de que las personas que residan en el domicilio se rehusen a recibir la cédula, ésta deberá fijarse en la puerta de entrada del domicilio y de ello se sentará razón en los autos, dejando copia simple de la demanda, de los documentos exhibidos con la misma y del auto que lo ordene, en los que se asentará la constancia prevista en el artículo anterior." Así lo es, el citado precepto señala que, si se trata de emplazamiento a juicio o de requerimiento y sólo si a la primera busca no se encuentra al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente. Lo anterior, se concluye que, es infundado los conceptos de violación encaminados a impugnar las cedulas de notificación hechas por la Analista "A", adscrita a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, de JUICIO DE AMPARO 745/2020 veinticuatro y veintisiete de julio de dos mil veinte, en el domicilio Calle Manzanares 2439, coIonia Jardines del Country, en Guadalajara Jalisco, lo anterior es así, pues del escrito de contestación al procedimiento de responsabilidad administrativa, presentado ante la Dirección de Asuntos Internos, el doce de marzo de dos mil veinte y que obra en actuaciones, se desprende que la parte quejosa, proporcionó como domicilio procesal para recibir notificaciones el ubicado en la Calle Manzanares 2439, coIonia Jardines del Country, en Guadalajara Jalisco, y señaló como representantes legales para recibirlas a César Cuenca Calata y José Salomón Romero Vargas. De ahí lo infundado del concepto de violación, pues no obstante que se realizaron dos notificaciones, las misma subsistente pues surten efectos conforme a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; ya que, el elemento operativo, sujeto al procedimiento especial de separación del servicio que se comenta, actuó por conducto de apoderado mismo que señaló domicilió para recibir notificaciones el ubicado en la Calle Manzanares 2439, coIonia Jardines del Country, en Guadalajara Jalisco, en los términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el cual será supletorio para dicho procedimiento. Ahora bien, quien resuelve sostiene la legalidad de las cedulas de notificación hechas por la Analista "A", adscrita a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, de veinticuatro y veintisiete de julio de dos mil veinte, en el domicilio Calle Manzanares 2439, coIonia Jardines del Country, en Guadalajara Jalisco, pues de manera correcta, se llevó a cabo la notificación de la resolución de veintitrés de julio de dos mil veinte, conforme al artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley que rige el acto, esto es, teniéndose la certeza y cerciora miento del domicilio, describiendo sus características físicas en la cedula de referencia y quedando corroborado con las impresiones de las fotografías que se tomaron en el inmueble antes descrito, advirtiéndose la placa de la calle que dice Manzanares, así como en la fachada del domicilio como se verá en las imágenes JUICIO DE AMPARO 745/2020 Por lo tanto se considera fundados pero ineficaces los conceptos de violación, pues contario a lo alegado por el quejo fue correcta la determinación de la responsable de fijar en el domicilio las cedulas de veinticuatro y veintisiete de julio de dos mil veinte, pues como se vio, el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley que rige el acto, señala que, si se trata de emplazamiento a juicio o de requerimiento y sólo si a la primera busca no se encuentra al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente. Por lo hasta aquí expuesto, es que se estiman infundados los conceptos de violación formulados en contra de las cedulas de notificación hechas por la Analista "A", adscrita a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, de veinticuatro y veintisiete de julio de dos mil veinte, en el domicilio Calle Manzanares 2439, coIonia Jardines del Country, en Guadalajara Jalisco. Como consecuencia de lo anterior, deben calificase como ineficaces los conceptos de violación formulados por cuanto hace a los actos reclamados al Director de Asuntos Internos y la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia; ambos de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, consistentes en el acuerdo emitido en audiencia de veinte de mayo de dos mil veinte, así como la resolución de veintitrés de junio de dos mil veinte, emitidos dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 96/2019, toda vez que, el impetrante del amparo consintió tácitamente los actos reclamados al haber presentado la ampliación de demanda de amparo fuera del término. En efecto, en el caso concreto, se arriba a la determinación de que la parte quejosa tenía la obligación de promover el juicio de amparo dentro del término establecido en el ordinal 17 de la Ley de Amparo, es decir, de quince días, toda vez que, no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido precepto legal. Para una mejor apreciación de dichos supuestos de exclusión, se procederá a la cita del relatado precepto jurídico, a saber: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Indicado lo anterior, del examen del acto reclamados se aprecia que éste versa sobre situaciones diversas a las reglas de excepción que se ubican en el numeral 17 de la Ley de Amparo, puesto que no se combate una norma general (fracción I); tampoco una sentencia definitiva dictada en un proceso que hubiese sido condenatoria y que imponga pena de prisión (fracción II). En relación con la fracción III del numeral 17 de la Ley de Amparo, dicho supuesto de excepción tampoco se actualiza, toda vez que en el particular no se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Por último, por cuanto hace a la fracción IV del numeral 17 de la Ley de Amparo, no se verifica tal supuesto de excepción a los quince días de presentación de la demanda en general, en razón de que el acto que por esta vía se combate no tiene que ver sobre actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De lo anterior, es de advertirse que para la promoción del juicio de amparo, la parte impetrante tenía el imperativo de promover su demanda de amparo dentro del término general de quince días, en acato de lo expresado por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, cosa que no aconteció así. Ahora bien, para demostrar la premisa previa se procederá a efectuar la descripción de los plazos legales a partir de los cuales la Ley de Amparo señala se actualiza la oportunidad para presentar la demanda de amparo; para ello, es menester acudir al contenido del artículo 18 de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Respecto del examen del citado numeral 18, se desprende que para iniciar el cómputo para la presentación de la demanda de amparo, se atenderá a la actualización de alguno de los siguientes supuestos: a) Al día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame el quejoso, conforme a la ley del acto reclamado. b) Al día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. c) Al día siguiente al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Al respecto, es dable precisar que las tres distinciones para el cómputo del término de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador, fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; no obstante, no por ello debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. En el contexto indicado, a fin de que el término de quince días para interponer la demanda de amparo, comience a contar conforme al supuesto referido en el inciso a), es decir, a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos. Por ende, es dable afirmar que en estos casos, no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En efecto, el legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para interponer la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara, por cualquier medio, del acto reclamado. Luego, la teleología de la causal de improcedencia que se analiza es preservar la seguridad jurídica por cuanto a los actos de autoridad, que si no se reclaman por la vía constitucional en los citados plazos perentorios, adquieren plena firmeza y obligatoriedad. Por ello, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio de sus derechos fundamentales, el gobernado deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; tal conducta omisiva, a criterio del legislador, debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Sobre esa base, cabe destacar que para este juzgado de distrito se actualiza el primero de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es "..se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame", ello conforme los razonamientos que se exponen a continuación: De las constancias que obran en el presente juicio de amparo, a las cuales se les concedió valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido certificadas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, destacan el citatorio y la cédula de emplazamiento de veinticuatro y veintisiete de julio de dos mil veinte, de las que se observa que, a la parte quejosa se le notificó la resolución definitiva de veintitrés de junio de dos mil veinte, emitida dentro del expediente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 96/2019, mediante el oficio SS/DAI/1237/2020, y se le hace de conocimiento a la parte quejosa su remoción en el puesto que venía desempeñando; en esas condiciones, a partir del veintisiete de julio de dos mil veinte, la parte quejosa estuvo en aptitud de combatir el contenido del acta aquí reclamada. Una vez que se estableció la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, conviene verificar si el escrito de demanda de amparo fue promovido dentro del término de quince días que al efecto establece el artículo 17 antes citado. El término para promover el juicio de amparo comenzó a computarse a partir veintiocho de julio de dos mil veinte, y feneció el diecisiete de agosto siguiente, descontándose los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de agosto del año pasado, por ser inhábiles; de manera que si el escrito de ampliación de demanda fue presentado hasta el veinte de octubre del mismo año, es claro que fue promovida en forma extemporánea, ya que se presentó después de transcurrido el plazo de quince días. En las condiciones apuntadas, ante lo ineficaz de los conceptos de violación aquí ponderados, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 745/2020, promovido por JAIME IVÀN SANCHEZ IÑIGUEZ, contra actos del Presidente Municipal, el Comisario de la Policía Preventiva y la Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría de la Policía Preventiva, todos de Guadalajara, Jalisco, por las razones y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JAIME IVÀN SANCHEZ IÑIGUEZ, contra el acto reclamado a la Director Jurídico de la Comisión de la Policía Preventiva, ambos de Guadalajara, Jalisco, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano