Jaime Iván Gamboa Valenzuela
Expediente 710/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/06/2019
Partes del expediente
- Jaime Iván Gamboa Valenzuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de junio de dos mil diecinueve.********************Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de abril del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria.********************Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".******************** Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo indirecto 710/2018-V, promovido por Jaime Iván Gamboa Valenzuela, por propio derecho, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con residencia en Tecate, Baja California, y de otras autoridades. R e s u l t a n d o Primero. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Jaime Iván Gamboa Valenzuela, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable que a continuación se precisan: Autoridades responsables Director, Titular del Área Médica, Titular del Área Técnica y Comandante todos del Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con residencia en Tecate, Baja California. Actos reclamados "A.- Tratos crueles inhumanos y/denigrantes; B.- Violación flagrante a la dignidad humana del directo quejoso. C.- Clausura de atención médica, tratamiento para sus males." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. El nueve de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 710/2018-V; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. El seis de junio de dos mil dieciocho se celebró la audiencia constitucional, en la que se resolvió sobreseer en el juicio de amparo. Quinto. Inconforme con la anterior resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, quien en sesión de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho resolvió revocar la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que se admitiera la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa. C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, y 107, constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales. En ese tenor, del análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso considera que la negativa de reubicarlo a la celda (o dormitorio) designado para "enfermos" (área médica) trasgrede sus derechos fundamentales, porque actualmente no se encuentra en el lugar óptimo para evitar que su condición de salud se agrave, pues para poder trasladarse desde su celda (A-106) a otros lugares debe bajar unas escaleras de aproximadamente veinte escalones, lo que -afirma- en un futuro afectará su salud. Por ende, aun cuando en el capítulo de actos reclamados el promovente señaló como tal la "clausura de atención médica, tratamiento para sus males", se concluye que dicha manifestación no debe considerarse en forma aislada, sino concatenada con el resto de los planteamientos del quejoso, de los que se obtiene -como se explicó- que lo que identifica como la negativa a dar "atención médica", en realidad se trata de la negativa de ingresar al quejoso al área médica de la que fue reubicado con motivo de los procedimientos que le fueron practicados (amputación de algunos dedos de sus pies y del talón derecho). Así, del análisis integral de la demanda es dable colegir que el quejoso reclama los actos siguientes: Los tratos crueles e inhumanos realizados en su contra; y, La negativa de reubicarlo a una celda adecuada para los padecimientos que aduce tener. Tercero. No son ciertos los actos reclamado a las autoridades responsables Director, Titular del Área Médica, Titular del Área Técnica y Comandante todos del Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con residencia en Tecate, Baja California, consistentes en los tratos crueles e inhumanos que aduce fue objeto, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas negativas. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de esos actos, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Son ciertos los reclamados a las autoridades responsables Director, Titular del Área Médica, Titular del Área Técnica y Comandante todos del Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con residencia en Tecate, Baja California, consistentes en la negativa de reubicarlo a una celda que sea acorde con los padecimientos que aduce tener el quejoso, no obstante los negaron al rendir sus informes justificados. Lo que se corrobora de las documentales que obran en autos, consistente en copias certificadas del expediente médico del quejoso, que remitió el Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con residencia en Tecate, Baja California a las que se les otorga eficacia probatoria plena, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de forma supletoria por imperativo expreso del ordinal 2° de la Ley de Amparo, de las cuales se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de derechos fundamentales el quejoso padecía ulceraciones en ambos talones derivado de una amputación, y que fue reubicado de la celda situada en el área médica. Además, con la prueba de inspección ofrecida por la parte quejosa respecto de la celda "B-9", del Cetro de Reinserción Social "El Hongo II", así como del estado físico de sus pies, probanza a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, de la cual se advierten las características de la celda y la existencia de escalones, así como la descripción de los pies del quejoso. Quinto. No obstante la certeza del acto reclamado consistente en la negativa de reubicarlo a una celda que sea acorde con los padecimientos que aduce tener el quejoso, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (.)." El precepto legal trascrito, establece que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en que se impugnen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, ya que de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Ello en virtud de que el juicio de derechos fundamentales es un medio extraordinario a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. Se exceptúa de lo anterior, los casos en que el recurso o medio de defensa no permita solicitar la suspensión del acto reclamado o previéndola, la ley que lo rija exija mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; así como, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Como se adelantó, el acto reclamado en estudio se hace consistir en la negativa de reubicar al quejoso una celda que sea acorde con los padecimientos que aduce tener, por lo que en su contra debió agotar el medio de defensa legal establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal de conformidad con los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115. Los numerales citados, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." De los numerales transcritos se advierte que las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en la citada Ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de su internamiento. Que están legitimados para formular las citadas peticiones ante las direcciones de los centros de reclusión, entre otros, las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva. Dicha petición se sustanciará conforme a las reglas establecidas en esa Ley, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Las citadas peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión; así como que la autoridad administrativa del citado centro de reclusión, auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo cual, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada; y, en caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición; además, deberá resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; empero, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión; hecho lo cual, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas; y, en caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en dicha Ley, dando cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Empero, cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, de conformidad con el artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Por lo que es evidente que el quejoso, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, debió haber iniciado el procedimiento administrativo de petición ante la autoridad penitenciaria, o bien, el procedimiento correspondiente ante el Juez de Ejecución; lo anterior, en virtud de que el acto aquí reclamado constituye un acto por parte de las autoridades del centro penitenciario -en que se encuentra privado de su libertad-, respecto de condiciones inherentes a su internamiento, que debe ser revisada de oficio conforme a la ley que la rige. Máxime, si se considera que los actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato dejarían sin materia la petición, constituyen un caso urgente en el que la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición; quien, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; y tratándose de omisiones, determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria. De lo que se sigue que, tratándose de una petición que por su naturaleza sea urgente, basta que dicha petición se dirija ante el Juez de Ejecución correspondiente para que proceda, de oficio y de manera inmediata, la suspensión del hecho que motivó la petición. En tanto que los preceptos 128, 132 y 133 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no será objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. De los artículos trascritos se obtiene que la suspensión en el juicio de amparo indirecto se concederá siempre que se trate conservar la materia del juicio y no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; esto es, se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, se tiene en consideración que el numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estatuye que la presentación de la petición urgente ante el Juez de Ejecución, originará que de oficio se suspenda la ejecución del acto u omisión que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva, incluso, que tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria; lo que significa que basta la presentación de la aludida petición para que el justiciable paralice el acto de autoridad. Por lo que es inconcuso que la Ley Nacional de Ejecución de Penas no establece mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo; por tanto, previo a ejercer la acción de amparo, correspondía al quejoso interponer los aludidos procedimientos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese orden de ideas, y dado que en autos no está demostrado que la parte quejosa hubiera impugnado el acto reclamado en estudio, previo intentar la presente vía constitucional, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse cumplido con el principio de definitividad y, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de dicho acto reclamado a las aludidas autoridades responsables. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro sesenta y uno, diciembre de dos mil dieciocho, tomo I, página doscientos treinta, de rubro y texto: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, al actualizarse el supuesto de improcedencia establecido en la fracción XX, del precepto 61, de la legislación invocada. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jaime Iván Gamboa Valenzuela, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando tercero y quinto de este fallo, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Enoc Israel Romero Medina, Secretario que autoriza y da fe, hoy veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en que se terminó de engrosar el presente fallo. Doy fe. AMC/Eirm
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.SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA EL DIA DE HOY, FIJÁNDOSE COMO NUEVA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A QUEJOSA.
- Principal
DIVERSA AUTORIDAD INFORMA QEULA DEFENSORA ESTARA GOZANDO DE SU PERIODO VACACIONAL DURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHON Y LA SUPLIRA LA LICENCIADA. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
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