Jaime Isidro Rosas Carrillo
Expediente 1632/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 34 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1632/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 27/11/2018
Partes del expediente
- Jaime Isidro Rosas Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por las autoridades. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, desahogando la vista dicha mediante escrito recibido el catorce de noviembre del presente año. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede resolver, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de trece de marzo de dos mil diecisiete, misma que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante ejecutoria de trece de septiembre del año en curso, se concedió al quejoso Jaime Isidro Rosas Carrillo, la protección constitucional solicitada, contra el acto del Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla dejara insubsistente la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revocación 7/2014, que confirmó la diversa de veinticinco de septiembre de dos mil trece, emitida en el expediente administrativo de responsabilidades 2/2011 por el Delegado de la Contraloría en el Sector Salud de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, y en su lugar emitiera otra en la que reiterara los aspectos que no fueron materia de dicha concesión de amparo (competencia y prescripción), y de manera fundada y motivada examinara los argumentos defensivos que el aquí quejoso le hizo valer, en relación con las pruebas que aportó para ese efecto y con las demás que integren los autos administrativos y emitiera la resolución correspondiente. En cumplimiento a lo anterior, la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el nueve de octubre del año en curso, remitió copia certificada de la resolución de ocho de octubre de dos mil dieciocho, en la que dejó sin efectos la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revocación número 7/2014 y dictó otra siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en el presente sumario y por oficio recibido en este órgano judicial el once de octubre del año en curso, dicha autoridad remitió copia certificada de las constancias de notificación al aquí quejoso, respecto de la citada resolución de ocho de octubre del año en curso. Por su parte, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en representación del titular de dicha dependencia y del Director de Recaudación, mediante oficio recibido el ocho de octubre del año en curso, remitió copia certificada del acuerdo contenido en el oficio SFA-SI-CGENy/ASF-DR-6015/2018, de cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitido por el Director de Recaudación, en el que dejó sin efectos todos los actos instrumentados dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución, tendientes a hacer efectivo el crédito fiscal número 4155737, abierto a nombre del quejoso Jaime Isidro Rosas Carrillo y por oficio recibido el dieciséis de octubre del año en curso, dicha autoridad remitió copia certificada de las constancias de notificación al impetrante, respecto del citado acuerdo de cinco de octubre del año en curso. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. Sin que obste a esta determinación la circunstancia de que la parte quejosa en su escrito recibido el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, manifestara su desacuerdo con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en virtud de que según aduce, que no relacionó los argumentos defensivos del quejoso con las pruebas aportadas en el expediente de origen, así como que no consideró ni adminiculó el material probatorio en dicho procedimiento y que no fundó ni motivó la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues contrario a ello, la autoridad responsable de manera fundada y motivada examinó los argumentos defensivos que el quejoso le hizo valer en relación con las pruebas aportadas para ese efecto y con las demás que integran los autos administrativos y en razón de ello emitió la resolución correspondiente. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Capítulo Quinto del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió el amparo, determinación que fue confirmada por el Tribunal Colegiado de Circuito respectivo. Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional y definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de Leydi Madalyn Vargas Escalona, autorizada en términos amplios del quejoso, visto su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que del mismo se despenden, reservándose el acuerdo correspondiente una vez que este órgano judicial determine sobre si la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de garantías se encuentra o no cumplida.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa, mediante oficio recibido el nueve de octubre del año en curso, remitió copia certificada de la resolución de ocho de octubre de dos mil dieciocho, en la que dejó sin efectos la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revocación número 7/2014 y dictó otra siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en el presente sumario y por oficio recibido en este órgano judicial el once de octubre del año en curso, dicha autoridad remitió copia certificada de las constancias de notificación al aquí quejoso, respecto de la citada resolución de ocho de octubre del año en curso. Por su parte, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en representación del titular de dicha dependencia y del Director de Recaudación, mediante oficio recibido el ocho de octubre del año en curso, remitió copia certificada del acuerdo contenido en el oficio SFA-SI-CGENy/ASF-DR-6015/2018, de cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitido por el Director de Recaudación, en el que dejó sin efectos todos los actos instrumentados dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución, tendientes a hacer efectivo el crédito fiscal número 4155737, abierto a nombre del quejoso Jaime Isidro Rosas Carrillo y por oficio recibido el dieciséis de octubre del año en curso, dicha autoridad remitió copia certificada de las constancias de notificación al impetrante, respecto del citado acuerdo de cinco de octubre del año en curso. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito signado por Jonathan Ávalos Meléndez, autorizado en términos amplios del quejoso, para los efectos a que haya lugar. Visto su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, teniendo por autorizadas para recibirla a las personas que menciona, previa razón de entrega e identificación que obre agregada en autos, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado. De igual manera, como lo solicita se autoriza el uso de cámara fotográfica, a fin de obtener fotos de las actuaciones que integran el presente expediente; en el entendido, que previo al uso de dicho aparato deberá precisar las constancias a las que tomará fotos, a fin de hacerlo constar en la comparecencia correspondiente.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
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