Jaime Isidro Corona Aguilera

Expediente 260/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
260/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
10/11/2021

Partes del expediente

  • Jaime Isidro Corona Aguilera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia de doce de agosto del año en curso, en la que se negó el amparo solicitado en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que se determinó negar el amparo, por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Existencia de Documentos. La parte quejosa allegó documentos de los catalogados como no originales en el presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado en sentido contrario, 18 fracción I, inciso b), 21, párrafo primero, inciso c), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento, previa toma de razón que se asiente en autos; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se depurarán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho con treinta minutos, así como que el sistema sólo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos . Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Por otro lado, devuélvanse al Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, la copia certificada del expediente ***, de su índice, en tres tomos. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    .... TERCERO. Existencia del acto. Son ciertos los actos reclamados que la parte quejosa le atribuye a la Juez Cuarto Civil y al Actuario, ambos del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, pues así lo aceptaron al rendir su informe justificado; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia del acto que se le reclama. Máxime que así se corrobora de las copias certificadas del juicio especial hipotecario ***, que la propia autoridad responsable acompañó a su informe con justificación, documentales a las que se les concede plena eficacia probatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 202 del enjuiciamiento civil federal aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Causas de improcedencia. La tercera interesada refiere que se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIII, XVI, XVII, XXI y XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que en el juicio de origen llegó a un convenio de dación de pago con la parte quejosa, respecto del inmueble materia del cambio de depositario, dando por terminado el juicio y quedando sin materia la figura de depositario, más porque la parte quejosa se obligó a entregar la posesión del predio correspondiente, dentro de los treinta días siguientes hábiles, quedando sin materia el presente juicio de amparo. No le asiste razón. En efecto, en diligencia de diecisiete de mayo último, las partes celebraron el convenio que refiere, sin embargo, de autos no se advierte que haya sido aprobado por el juez responsable, o bien, no existe resolución de la que se advierta que con dicho convenido se da por terminada la contienda, por el contrario, se encuentra en trámite la ejecución de sentencia, de ahí que no pueda estimarse que con dicha actuación, por el momento, haga improcedente el juicio de amparo, más porque no se ha dejado sin efectos, o modificado, el acuerdo relativo al cambio de depositario materia de la litis; de ahí que sea infundada la causa de improcedencia que invoca. QUINTO. Estudio de fondo. La parte quejosa refiere que su contraparte tiene derecho a nombrar depositario del inmueble hipotecado, siempre y cuando el deudor no acepte dicho cargo, sin embargo, en el caso, sí aceptó dicho encargo, por tanto, al no existir causa para su remoción, deviene improcedente el nuevo nombramiento de depositario. Que en el contrato base de la acción se convino que el acreditado renunciaría al cargo de depositario, sin embargo, al no impugnar dicho nombramiento, la parte actora consintió tácitamente la referida designación en favor de la enjuiciada, por tanto, a la fecha, causó estado y no se puede modificar. Que, para remover el cargo de depositario judicial, se requiere una causa expresa, empero, su contraparte no la refirió. Que la resolución combatida transgrede lo dispuesto en el artículo 505 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, toda vez que dispone que para que tenga el cargo de depositario, debe tener bienes raíces bastantes para responder del secuestro, o, en su defecto, otorgar fianza, sin embargo, el juzgado responsable, omitió solicitarle dichas garantías. Son inoperantes tales motivos de inconformidad. Lo anterior es así, toda vez que son una repetición de lo esgrimido como agravios al interponer los recursos de revocación en contra de los acuerdos de ocho y once de marzo último. Para justificar lo anterior, en esencia, se resumen los agravios expresados en ambos recursos de revocación, de los que se puede advertir que en efecto reiteró sus agravios, a manera de conceptos de violación (incluso, en sendos recursos alega lo mismo), en los términos siguientes: Agravios Recurso de revocación impuesto en contra de la resolución de ocho de marzo último. Agravio Recurso de revocación impuesto en contra de la resolución de once de marzo último. Que su contraparte tiene derecho a nombrar depositario del inmueble hipotecado, siempre y cuando el deudor no aceptara dicho cargo, sin embargo, en el caso, sí aceptó dicho cargo, por tanto, al no existir causa para su remoción, deviene improcedente el nuevo nombramiento de depositario. Que es verdad que en el contrato base de la acción se convino que el acreditado renunciaba al cargo de depositario, sin embargo, al no impugnar dicho nombramiento, la parte actora consintió tácitamente la referida designación en favor de la enjuiciada, por tanto, a la fecha, causó estado y no se puede modificar. Que, para remover el cargo de depositario judicial, se requiere una causa expresa, sin embargo, su contraparte no la refirió. Que la resolución combatida transgrede lo dispuesto en el artículo 505 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, toda vez que dispone que para que tenga el cargo de depositario, debe tener bienes raíces bastantes para responder del secuestro, o, en su defecto, otorgar fianza, sin embargo, el juzgado responsable, omitió solicitarle dichas garantías. Que su contraparte tiene derecho a nombrar depositario del inmueble hipotecado, siempre y cuando el deudor no aceptara dicho cargo, sin embargo, en el caso, sí aceptó dicho cargo, por tanto, al no existir causa para su remoción, deviene improcedente el nuevo nombramiento de depositario. Que es verdad que en el contrato base de la acción se convino que el acreditado renunciaba al cargo de depositario, sin embargo, al no impugnar dicho nombramiento, la parte actora consintió tácitamente la referida designación en favor de la enjuiciada, por tanto, a la fecha, causó estado y no se puede modificar. Que, para remover el cargo de depositario judicial, se requiere una causa expresa, sin embargo, su contraparte no la refirió. Que la resolución combatida transgrede lo dispuesto en el artículo 505 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, toda vez que dispone que para que tenga el cargo de depositario, debe tener bienes raíces bastantes para responder del secuestro, o, en su defecto, otorgar fianza, sin embargo, el juzgado responsable, omitió solicitarle dichas garantías. Incluso, el propio juez responsable, al momento de resolver sus recursos de revocación, determinó inoperantes dichos agravios, toda vez que en las resoluciones recurrida, dijo el a quo, no consta el cambio de depositario, sino en el de tres de marzo de dos mil veintiuno, en el que se acordó la revocación y cambio de depositario, proveído que debió recurrir y que al no haberlo hecho así, adquirió firmeza para todos los efectos legales conducentes, actualizándose la preclusión del derecho para inconformarse, en términos del artículo 294 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Que en acuerdo de ocho de marzo último, lo que se acordó fue la negativa a la petición de su contraparte a proceder al señalamiento de fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de remate; en tanto que, en el de once de marzo siguiente, es una consecuencia del acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno ya mencionado, en el sentido de continuar con el trámite del cambio de depositario solicitado; de ahí que en dichos acuerdos no consta el cambio de depositario, de ahí la inoperancia de sus agravios. Argumentos que, por cierto, el quejoso no controvierte en el juicio de amparo, esto es, no expone conceptos de violación tendentes a demostrar que, contrario a lo sostenido por el juez responsable, sí controvirtió el cambio de depositario, de ahí que no es factible analizar los conceptos de violación, pues como ya se indicó, son una repetición de los aludidos agravios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del tenor siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 192315 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: II.2o.C. J/11 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, marzo de 2000, página 845 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." Por otro lado, la parte quejosa refiere que la resolución reclamada, carece de fundamentación y motivación. Es infundado e inoperante. Lo primero, porque contario a lo que refiere y como se vio al desestimar el anterior concepto de violación, la autoridad responsable expuso sus argumentos y fundamentos por los que estimó inoperantes sus agravios; y, lo segundo, porque no controvierte tales consideraciones. Sirve de apoyo, el criterio de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO." Finalmente, la parte quejosa afirma que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. También es inoperante. Lo anterior es así, toda vez que no dice por qué no se siguieron las formalidades del procedimiento, o bien, cuál fue la violación procesal que trascendió al resultado de la resolución reclamada, por el contrario, lo refiere de forma genérica, de ahí que su argumento no pueda constituir un verdadero concepto de violación, sino una aseveración sin fundado, por no expresar su cauda de pedir, más porque en el presente asunto resultaba necesario que expresara, a manera de conceptos de violación, las consideraciones y las razones por las que la resolución reclamada le causa perjuicio, al tratarse de un asunto de estricto derecho, por ser de naturaleza civil, del que no opera la suplencia de la queja. Sirve de apoyo, el criterio intitulado: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." En las relatadas condiciones, ante la ineficacia de los argumentos que formula la parte quejosa en contra de la resolución reclamada, y al no existir alguna violación por la que debiera suplirse la deficiencia de la queja en su favor, procede NEGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que la parte quejosa le atribuye al Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, por no reclamarse por vicios propios, en términos del criterio de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulado: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra los actos y autoridades, precisados en el considerando segundo de la presente sentencia. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercera interesada.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO ***** LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CUAL SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: TERCERO. Existencia del acto. Son ciertos los actos reclamados que la parte quejosa le atribuye a la Juez Cuarto Civil y al Actuario, ambos del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, pues así lo aceptaron al rendir su informe justificado; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia del acto que se le reclama. Máxime que así se corrobora de las copias certificadas del juicio especial hipotecario ***, que la propia autoridad responsable acompañó a su informe con justificación, documentales a las que se les concede plena eficacia probatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 202 del enjuiciamiento civil federal aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Causas de improcedencia. La tercera interesada refiere que se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIII, XVI, XVII, XXI y XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que en el juicio de origen llegó a un convenio de dación de pago con la parte quejosa, respecto del inmueble materia del cambio de depositario, dando por terminado el juicio y quedando sin materia la figura de depositario, más porque la parte quejosa se obligó a entregar la posesión del predio correspondiente, dentro de los treinta días siguientes hábiles, quedando sin materia el presente juicio de amparo. No le asiste razón. En efecto, en diligencia de diecisiete de mayo último, las partes celebraron el convenio que refiere, sin embargo, de autos no se advierte que haya sido aprobado por el juez responsable, o bien, no existe resolución de la que se advierta que con dicho convenido se da por terminada la contienda, por el contrario, se encuentra en trámite la ejecución de sentencia, de ahí que no pueda estimarse que con dicha actuación, por el momento, haga improcedente el juicio de amparo, más porque no se ha dejado sin efectos, o modificado, el acuerdo relativo al cambio de depositario materia de la litis; de ahí que sea infundada la causa de improcedencia que invoca. QUINTO. Estudio de fondo. La parte quejosa refiere que su contraparte tiene derecho a nombrar depositario del inmueble hipotecado, siempre y cuando el deudor no acepte dicho cargo, sin embargo, en el caso, sí aceptó dicho encargo, por tanto, al no existir causa para su remoción, deviene improcedente el nuevo nombramiento de depositario. Que en el contrato base de la acción se convino que el acreditado renunciaría al cargo de depositario, sin embargo, al no impugnar dicho nombramiento, la parte actora consintió tácitamente la referida designación en favor de la enjuiciada, por tanto, a la fecha, causó estado y no se puede modificar. Que, para remover el cargo de depositario judicial, se requiere una causa expresa, empero, su contraparte no la refirió. Que la resolución combatida transgrede lo dispuesto en el artículo 505 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, toda vez que dispone que para que tenga el cargo de depositario, debe tener bienes raíces bastantes para responder del secuestro, o, en su defecto, otorgar fianza, sin embargo, el juzgado responsable, omitió solicitarle dichas garantías. Son inoperantes tales motivos de inconformidad. Lo anterior es así, toda vez que son una repetición de lo esgrimido como agravios al interponer los recursos de revocación en contra de los acuerdos de ocho y once de marzo último. Para justificar lo anterior, en esencia, se resumen los agravios expresados en ambos recursos de revocación, de los que se puede advertir que en efecto reiteró sus agravios, a manera de conceptos de violación (incluso, en sendos recursos alega lo mismo), en los términos siguientes: [aquí se inserta un cuadro comparativo] Incluso, el propio juez responsable, al momento de resolver sus recursos de revocación, determinó inoperantes dichos agravios, toda vez que en las resoluciones recurrida, dijo el a quo, no consta el cambio de depositario, sino en el de tres de marzo de dos mil veintiuno, en el que se acordó la revocación y cambio de depositario, proveído que debió recurrir y que al no haberlo hecho así, adquirió firmeza para todos los efectos legales conducentes, actualizándose la preclusión del derecho para inconformarse, en términos del artículo 294 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Que en acuerdo de ocho de marzo último, lo que se acordó fue la negativa a la petición de su contraparte a proceder al señalamiento de fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de remate; en tanto que, en el de once de marzo siguiente, es una consecuencia del acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno ya mencionado, en el sentido de continuar con el trámite del cambio de depositario solicitado; de ahí que en dichos acuerdos no consta el cambio de depositario, de ahí la inoperancia de sus agravios. Argumentos que, por cierto, el quejoso no controvierte en el juicio de amparo, esto es, no expone conceptos de violación tendentes a demostrar que, contrario a lo sostenido por el juez responsable, sí controvirtió el cambio de depositario, de ahí que no es factible analizar los conceptos de violación, pues como ya se indicó, son una repetición de los aludidos agravios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del tenor siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 192315 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: II.2o.C. J/11 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, marzo de 2000, página 845 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." Por otro lado, la parte quejosa refiere que la resolución reclamada, carece de fundamentación y motivación. Es infundado e inoperante. Lo primero, porque contario a lo que refiere y como se vio al desestimar el anterior concepto de violación, la autoridad responsable expuso sus argumentos y fundamentos por los que estimó inoperantes sus agravios; y, lo segundo, porque no controvierte tales consideraciones. Sirve de apoyo, el criterio de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO." Finalmente, la parte quejosa afirma que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. También es inoperante. Lo anterior es así, toda vez que no dice por qué no se siguieron las formalidades del procedimiento, o bien, cuál fue la violación procesal que trascendió al resultado de la resolución reclamada, por el contrario, lo refiere de forma genérica, de ahí que su argumento no pueda constituir un verdadero concepto de violación, sino una aseveración sin fundado, por no expresar su cauda de pedir, más porque en el presente asunto resultaba necesario que expresara, a manera de conceptos de violación, las consideraciones y las razones por las que la resolución reclamada le causa perjuicio, al tratarse de un asunto de estricto derecho, por ser de naturaleza civil, del que no opera la suplencia de la queja. Sirve de apoyo, el criterio intitulado: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." En las relatadas condiciones, ante la ineficacia de los argumentos que formula la parte quejosa en contra de la resolución reclamada, y al no existir alguna violación por la que debiera suplirse la deficiencia de la queja en su favor, procede NEGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que la parte quejosa le atribuye al Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, por no reclamarse por vicios propios, en términos del criterio de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulado: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra los actos y autoridades, precisados en el considerando segundo de la presente sentencia.

  4. Principal

    ...Audiencia constitucional...

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