Jaime Ignacio Valdez Ibarra

Expediente 307/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 25 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
307/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
02/05/2019

Partes del expediente

  • Jaime Ignacio Valdez Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por otra parte, de conformidad con la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberá conservarse el proveído donde se concedió la suspensión provisional y la resolución interlocutoria por la que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha siete de junio de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda, sentencia y del proveído por el que se concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por la Administradora de la sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Región Centro del Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán, mediante el cual devuelve el oficio 611-2B de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, por las razones que expone; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien en atención a lo manifestado por la citada autoridad, para evitar mayor dilación en el juicio que nos ocupa, gírese el oficio de referencia a la autoridad correcta, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO JAIME IGNACIO VALDEZ IBARRA Y A LA PARTE TERCERO INTERESADA LILIANA WAR QUIÑONEZ, ADEMÁS POR SU CONDUCTO A SU MENOR HIJO E.V.M., EL AUTO DE VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo, de las constancias y discos remitidos por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado, con domicilio en Angostura, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que en el presente juicio de amparo por sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: "Que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado, con domicilio en Angostura, Sinaloa, deje insubsistente únicamente la parte de la audiencia en la que emitió el auto de vinculación a proceso reclamado, quedando subsistente lo demás actuado y con libertad de jurisdicción emita uno nuevo, en el que purgue los vicios del anterior y que fueron motivo de estudio en el considerando séptimo, específicamente valorar las testimoniales de descargo y establecer su alcance, puesto que se ofrecieron para desvirtuar los hechos ilícitos que se le imputan al aquí quejoso". Al respecto, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado, con domicilio en Angostura, Sinaloa, a través de su oficio 343/2019 recibido en este juzgado el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, comunicó que en la causa penal 114/2017, el catorce de febrero de dos mil diecinueve, de nuevo emitió auto de vinculación a proceso en contra del imputado Jaime Ignacio Valdez Ibarra, por los hechos que la ley señala como delito de Violencia Familiar, Lesiones Dolosas y Privación de la Liberta, cometido en contra del orden de la familia, la salud personal y la libertad de Liliana War Quiñonez; asimismo, impuesto el suscrito del contenido del audio y video relacionado con dicho auto vinculatorio, se observa que el juez responsable analizó y otorgó el valor probatorio de los testimonios de Maomet Atanasio Sánchez y María del Rosario García Montoya, concluyendo que, hasta esa etapa procesal, no desvirtuaban los demás elementos de prueba de cargo en contra del imputado ahora quejoso; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de Justicia de la Unión solicitado, por tal razón, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso o defecto alguno.

  4. Principal

    ES NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LAS PARTES.

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