Jaime Ibarra Gustavo

Expediente 455/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
455/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Jaime Ibarra Gustavo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual comunica el contenido del acuerdo de doce de abril del año en curso, de cuyo análisis se advierte que dicho Juzgado aceptó la competencia declinada por este órgano constitucional mediante acuerdo dictado el nueve de abril de dos mil diecinueve. En virtud de lo anterior, toda vez que no existe nada más por cumplimentar en el presente asunto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese como definitivamente concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que 1. Este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, pues este juzgado se declaró legalmente impedido para conocer del asunto (punto vigésimo, fracción I, párrafos primero y segundo). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV RADICACIÓN.- Por recibida la demanda de amparo promovida por **, por propio derecho, contra actos del Juzgado Penal de Primera Instancia de Chalco, Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 455/2019-IV. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que el acto reclamado esencialmente consiste en La orden de aprehensión, arresto, comparecencia a declarar, detención, orden de comparecencia y/o presentación o arraigo en contra del hoy quejoso y su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Luego, cabe precisar que en el caso, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión, arresto, comparecencia a declarar, detención, orden de comparecencia y/o presentación o arraigo en contra del hoy quejoso y su ejecución. Ahora bien, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Ahora bien, del contenido del precepto transcrito, se advierte que el legislador previó dos criterios principales para fijar la competencia de los jueces de distrito primario y subsidiario. El criterio primario tiene que ver con la ejecución del acto reclamado. El subsidiario guarda relación con el lugar donde resida la autoridad que emitió el acto reclamado, y sólo se surte cuando éste no requiera ejecución material. Los criterios legales contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, ponen de relieve un interés especial del legislador en determinar la competencia territorial de los jueces de distrito, conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz. Es decir, el legislador eligió como factores que deben considerarse preferentes para fijar la competencia territorial de los jueces de distrito en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto y, en su caso, con la residencia de la autoridad responsable, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como, evidentemente, a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso. Ese entendimiento legal es acorde a lo ordenado en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, particularmente por el derecho a la jurisdicción. En consecuencia, se advierte que el criterio primario contempla dos reglas competenciales Será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; es decir, se relaciona con el lugar en que pueda efectuarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción. En cambio, cuando la ejecución del acto reclamado tiene un dinamismo puede iniciar su ejecución en un distrito y sigue ejecutándose en otro; es decir, existen dos jurisdicciones. Por su parte el criterio subsidiario de competencia prevé la siguiente regla De un acto que no requiere ejecución, la competencia se rige por el lugar en que el quejoso haya presentado la demanda. De lo anterior, resulta manifiesta la intención de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, de ahí que cuando las constancias que obran en autos aporten información suficiente para determinar el lugar en que se hayan ejecutado, se estén ejecutando o tendrán ejecución los actos reclamados, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponda al Juez que ejerce jurisdicción en dicho lugar, pues es dable presumir que el quejoso opta por el tribunal al que le resulta más sencillo acudir, lo que es congruente con el aludido cambio normativo introducido en la Ley de Amparo vigente en materia de competencia. Ahora bien, de lo aquí expuesto y de las razones aportadas por el quejoso en su escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados tienen ejecución material y que por esa razón es competente el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se está materializando el acto reclamado, esto es en el domicilio ubicado en Circuito Ceremonial manzana, 2 Lote 3, Edificio C-3, 502 Unida Habitacional Izcalli Pirámide II C.P. 54140, Municipio de Tlalnepantla Baz, Estado de México, al haberse señalado diversas autoridades que ejercen su jurisdicción en ese lugar, lugar en el que se ha pretendido ejecutar los actos reclamados. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo si bien es cierto se advierte que el quejoso señaló diversas autoridades que actúan en diversas partes del territorio estatal, sin embargo, también cierto es que en el caso concreto el acto reclamado se ha pretendido ejecutar precisamente en el domicilio ubicado en Circuito Ceremonial manzana, 2 Lote 3, Edificio C3, 502 Unida Habitacional Izcalli Pirámide II C.P. 54140, Municipio de Tlalnepantla Baz, Estado de México, en donde el quejoso tiene su domicilio y en el que desarrollan su función diversas autoridades señaladas como responsables ejecutoras y que dichas autoridades se encuentran justamente en el territorio en donde ejerce jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado De México, con residencia en Naucalpan de Juárez. En consecuencia, virtud a que hasta el momento procesal en que se actúa, dado los datos con que se cuenta, es evidente que la competencia se surte a favor de la Juez de Distrito en el Estado De México, con residencia en Naucalpan de Juárez, pues es en el lugar en que ejerce jurisdicción donde bajo protesta se señala que se ha pretendido ejecutar el acto, que indudablemente se relaciona con la afectación a la libertad personal del quejoso y existen autoridades señaladas con facultades específicas de ejecución en dicho lugar. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible a fojas trescientas ochenta y tres, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, cuyo rubro y texto señalan "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables.". En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y cinco copias de ésta, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos los actos reclamados. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este juzgado de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, al haberse señalado domicilio procesal fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En otro punto, en términos del precepto 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados únicamente para los efectos que precisa, a la persona que señala. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

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