Jaime Hurtado Olivo

Expediente 1585/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1585/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
09/09/2016

Partes del expediente

  • María de los Angeles Vázquez Escobedo y Otros.
  • Jaime Hurtado Olivo

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende, que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que tuvo por desechada la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Por otra parte, se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental; asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.

  2. Principal

    Determinación judicial.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se se notifica por medio de lista a la parte quejosa el acuierdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, que dice: "Ciudad de México, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles Vásquez Escobedo y Jaime Hurtado Olivo, contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y de la Secretaria de Acuerdos de su adscripción. Registro de demanda. Fórmese expediente impreso y electrónico, para los efectos que prevé el numeral 3°, sexto párrafo, de la Ley de Amparo; y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1585/2016-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Análisis de la demanda. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, acorde al contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI (abril de 2000), Novena Época, página 32, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Acto reclamado De la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación vertidos en la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la audiencia de remate y adjudicación celebrada el siete de julio de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 624/2010. Actualización de causa de improcedencia Hecha la anterior precisión, este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa omitió agotar el medio de defensa que la legislación laboral prevé, antes de acudir a la presente instancia constitucional. En efecto, la porción normativa precitada dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medios de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Como se destacó, los impetrantes omitieron agotar el principio que establecen los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, el de definitividad, conforme al cual, previamente al ejercicio de la acción constitucional, deben agotarse los medios ordinarios de defensa legalmente procedentes, pues de no ser así, el juicio de amparo será improcedente. Para efectuar el análisis de la causa de improcedencia citada, en principio se debe destacar que el treinta de noviembre de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo Décimo Primero Transitorio, se estableció que los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a esa reforma debían concluirse de conformidad con ellas. En el particular, se advierte que el juicio laboral se inició en el año dos mil diez, dado que el número que le correspondió es 624/2010, entonces con fundamento en el artículo transitorio referido le resultan aplicables las disposiciones anteriores al decreto citado, por lo que la cita de los preceptos respectivos corresponderá a los vigentes con anterioridad a esa reforma. Ahora, de las actuaciones que destacó la parte quejosa en los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la audiencia reclamada no fue dictada en forma colegiada, sino por la Presidenta señalada como responsable, lo cual es apegado a derecho, toda vez que en términos de lo dispuesto en los artículos 617, fracciones III y IV, así como 618, fracción II, ambos de la Ley Federal del Trabajo, a los titulares de las juntas especiales corresponde resolver todo lo relativo al procedimiento de ejecución de los laudos, con lo cual se tutela la prerrogativa de las partes al acceso de un recurso ordinario efectivo, concretamente, el de revisión. En este sentido, toda vez que en el caso particular el acto reclamado fue dictado por la Presidenta de la Junta de origen, el juicio de amparo resulta improcedente, pues la parte quejosa omitió agotar el medio de defensa que la legislación laboral prevé en tal supuesto, antes de acudir a la presente instancia constitucional. En efecto, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los Presidentes en etapa de ejecución de laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en providencias cautelares. Por ende, si el acto reclamado fue dictado por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, es evidente que la parte quejosa -antes de enderezar la acción constitucional- debió agotar el recurso de revisión de actos del ejecutor previsto en el aludido numeral, pues a través de ese medio de impugnación, se podía revocar, modificar o anular la determinación que estima infractora de sus derechos fundamentales. Para evidenciar lo anterior, se estima conveniente resaltar que los artículos 939 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, regulan quién debe de llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la forma siguiente: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." Además, los artículos 849 a 852 de la Ley Federal del Trabajo, en lo conducente disponen: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerá: I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; [.]" "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta ley." El análisis de los preceptos reproducidos revela que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en etapa ejecutiva, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, debido a que los titulares de las Juntas Especiales son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente al procedimiento de ejecución de los laudos y su prescripción. En el caso, la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en la audiencia de siete de julio del presente año, adjudicó a los actores del juicio laboral de origen, un inmueble ubicado en esta Ciudad, por lo cual resulta indudable que en contra de tal determinación (la cual constituye el acto reclamado), procede el recurso de revisión a que se refiere el normativo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Robustece lo expuesto el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.T.189 L, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, visible a página 2185, del tenor siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DICTADA EN LA DILIGENCIA DE REMATE POR LA QUE APRUEBA Y ADJUDICA UN BIEN AL POSTOR. En atención a las razones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 374, de rubro: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.", se concluye que el valor salvaguardado en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, es el de otorgar a las partes en el juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión, entre otros actos, de los realizados por los presidentes de las Juntas en ejecución de laudos, ya sea con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo; en tal virtud, la determinación del presidente de una Junta dictada en la diligencia de remate, aprobando y adjudicando un bien a un postor, así como las consecuencias de ello, es una resolución emitida en el periodo de ejecución del laudo, que persigue en forma directa e inmediata su cumplimiento, y que conforme a la teleología del aludido precepto es recurrible. En esas condiciones, para que una de las partes esté en aptitud de reclamar en amparo la inconstitucionalidad de un acto de este tipo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, debe agotar previamente el recurso de revisión a que se refiere el mencionado artículo 849, pues de no hacerlo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Aunado a lo anterior, se tiene que aun cuando se agotara el principio de definitividad, el juicio de amparo deviene improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de la Materia, ya que no se trata de la última resolución en el procedimiento de remate, entendida ésta como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En consecuencia, es dable concluir que la parte quejosa debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de laudo y en específico del procedimiento de remate, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el mismo. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Domicilio procesal y autorizados. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, al profesionista Armando Torres Alcantar, en razón de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, al tratarse de la parte patronal quien promueve el presente juicio; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que señalan, por no contar con ese requisito. Representante común. Se designa como representante común a María de los Ángeles Vásquez Escobedo, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, por no existir solicitud expresa al respecto, sin perjuicio de que la parte quejosa la pueda sustituir por otro. Uso de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Transparencia y acceso a la información pública En atención a lo dispuesto en el Acuerdo General 1/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se hace del conocimiento de la parte quejosa que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Habilitación de días y horas inhábiles. Para evitar dilaciones innecesarias en la substanciación del juicio, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción, para que las notificaciones que se practiquen en el presente asunto y sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Vigencia de la jurisprudencia invocada. Finalmente, hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, los criterios invocados, en el presente asunto que fueron integrados conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley de la materia vigente Notifíquese personalmente a los promoventes.Así lo proveyó y firma el maestro Alberto Miguel Ruiz Matías, Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, ante la licenciada Edilma Benítez Orbe, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.Esta foja corresponde a la última parte del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 1585/2016-V. Conste."

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