Jaime Hernández Sánchez
Expediente 521/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jaime Hernández Sánchez
Actuaciones
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; acúsese el recibo correspondiente. Tomando en consideración que el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso Jaime Hernández Sánchez, contra el auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; hágase del conocimiento de la parte quejosa la resolución de mérito y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada.. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. I-A
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Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio 31, con el que se remitió un cuadernillo de copias certificadas del juicio de amparo número 521/2017, con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso Jaime Hernández Sánchez, contra el acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, e informa que admitió a trámite dicho recurso. Notifíquese. I-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por Gerardo Zaragoza Bermeo autorizado legal del quejoso Jaime Hernández Sánchez, por el que interpone recurso de queja contra el proveído de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101, de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios, así como copia certificada del auto que se recurre, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno del Décimo Tercer Circuito, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para la substanciación del recurso interpuesto. Ríndase el informe materia de la queja, conforme lo establece el numeral 101, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Notifíquese. IA-A
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alina Cruz, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Jaime Hernández Sánchez, por propio derecho, contra actos del Jefe del Departamento de Medición, Conexión y Servicios de la División de Distribución Sureste Zona Huatulco, de la Comisión Federal de Electricidad; Cristian Franco Gómez, inspector y/o verificador de dicho departamento y el Ingeniero Luis Rey Méndez Martínez, Agente Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, todos con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, que hace consistir literalmente en: IV. ACTOS RECLAMADOS: a. Del Jefe de Departamento de Medición, Conexión y Servicios de la División de Distribución Sureste Zona Huatulco, de la CFE, se reclama la supuesta expedición de la orden de verificación número K1103068013. b. Del C. Cristian Franco Gómez, quien se ostentó como inspector y/o verificador del Departamento de Medición, Conexión y Servicios de la División de Distribución Sureste Zona Huatulco, de la CFE, sin acreditarlo, se reclama la orden de verificación número K1103068013, así como su ejecución y la expedición de la hoja de verificación y constancia de verificación el 12 de diciembre de 2017. c. Del ingeniero Luis Rey Méndez Martínez, Agente Comercial de la Comisión Federal de Electricidad en Puerto Escondido, Oaxaca, se reclama la expedición del oficio No. 640/2017, de fecha 14 de diciembre de 2017, a través del cual determinó que tenía que pagar una diferencia por concepto de "USO ILÍCITO" por la cantidad de $26,126.00 (veintiséis mil ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.). (sic) Fórmese expediente en los términos del artículo 3° de la ley de la materia; regístrese con el número 521/2017, que le correspondió. Resulta oportuno analizar la demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]. «Artículo 61. El juicio de amparo es Improcedente [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Asimismo, resulta conveniente transcribir la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de resolver la contradicción de tesis 71/98, entre las sustentadas por el Tercer y el Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, con registro: 194367, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, visualizada en la página: 307, que cita: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. También se copia a continuación, la jurisprudencia 2a./J. 164/201, Novena Época, con número de Registro: 161133 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aparece publicada en el Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, visualizada en la página: 1089, que a la letra dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Los artículos, tesis y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, los parámetros que deben satisfacerse para considerar que un acto emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: 1. La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo expresado se advierte fundamentalmente del transcrito artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece qué autoridad es la que la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; por tanto, el juicio de amparo resultará notoriamente improcedente cuando se promueva contra actos de algún ente que no tenga el carácter de autoridad. Ahora bien, existen distintos tipos de relación que pueden darse en la actividad del Estado: a) De supra a subordinación, b) Supraordinación, y, c) Coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad; lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De ahí que no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características, como ya vimos, son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. A fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. En el caso en estudio, la parte promovente del amparo reclama del JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN, CONEXIÓN Y SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN SURESTE ZONA HUATULCO, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; CRISTIAN FRANCO GÓMEZ, INSPECTOR Y/O VERIFICADOR DE DICHO DEPARTAMENTO Y EL INGENIERO LUIS REY MÉNDEZ MARTÍNEZ, AGENTE COMERCIAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, todos con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, lo siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS: a. Del Jefe de Departamento de Medición, Conexión y Servicios de la División de Distribución Sureste Zona Huatulco, de la CFE, se reclama la supuesta expedición de la orden de verificación número K1103068013. b. Del C. Cristian Franco Gómez, quien se ostentó como inspector y/o verificador del Departamento de Medición, Conexión y Servicios de la División de Distribución Sureste Zona Huatulco, de la CFE, sin acreditarlo, se reclama la orden de verificación número K1103068013, así como su ejecución y la expedición de la hoja de verificación y constancia de verificación el 12 de diciembre de 2017. c. Del ingeniero Luis Rey Méndez Martínez, Agente Comercial de la Comisión Federal de Electricidad en Puerto Escondido, Oaxaca, se reclama la expedición del oficio No. 640/2017, de fecha 14 de diciembre de 2017, a través del cual determinó que tenía que pagar una diferencia por concepto de "USO ILÍCITO" por la cantidad de $26,126.00 (veintiséis mil ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.). (sic) Ahora bien, el quejoso bajo protesta de decir verdad, refirió literalmente lo siguiente: "ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS 1. En el mes de junio de 2016, el suscrito solicitó a la CFE un servicio de energía eléctrica, el cual fue identificado con el número 695 160 810 058. A partir de esa fecha, el suscrito ha sido la titular del contrato de prestación del servicio de suministro eléctrico identificado con ese número de servicio. 2. Durante todo el tiempo que he tenido contratado dicho servicio, el suministro de energía eléctrica ha presentado fallas recurrentes, que no sólo afectan a mi negocio, sino a toda la zona de Zicatela en Puerto Escondido. Como resultado de dichas deficiencias, levanté diversos reportes al servicio telefónico de la CFE (071), de los cuales recuerdo el reporte número K1102035261, en el mes de junio de 2017 y el reporte número K1102068984, en el mes de diciembre de 2017. Como resultado de dichos reportes, la CFE llevó a cabo un cambio del medidor 190FUH por el medidor 886TKP, el cual dicho sea de paso, nunca funcionó correctamente. Lo anterior consta en el aviso recibo con fecha de vencimiento al 20 de agosto de 2017, el cual se acompaña al presente y se relaciona en el capítulo de las pruebas del presente juicio de amparo. 3. El día 12 de diciembre de 2017, una persona que dijo llamarse Cristian Franco Gómez y que manifestó ser inspector de la CFE sin acreditarlo, ya que no exhibió identificación oficial alguna que lo acreditara con ese carácter, se constituyó en el domicilio del suscrito y en mi presencia comenzó a llenar una orden de verificación, manifestando verbalmente que la CFE "tenía un reporte" de que en ese negocio se estaban robando la luz (sic). Yo le manifesté que habíamos tenido constantemente serios problemas con el servicio de energía eléctrica, pero dicha persona, haciendo caso omiso de lo que yo le manifestaba, comenzó a hacer diversas pruebas en el medidor y unos minutos después, determinó que el medidor presentaba supuestas anomalías e irregularidades, por lo que quitó ese medidor e instaló uno nuevo; sin embargo, dijo que el suministro de energía eléctrica quedaría suspendido hasta que cubriera los adeudos pendientes y le entregó al suscrito los siguientes documentos: a) Orden de verificación, la cual fue llenada a mano en mi presencia por el Sr. Cristian Franco Gómez, con los datos de mi servicio eléctrico. b) Hoja de verificación y constancia de verificación, de fecha 12 de diciembre de 2017, llevadas a cabo por Cristian Franco Gómez. Después de llevar a cabo dicho procedimiento, el C. Cristian Franco Gómez se retiró de mi domicilio y me indicó que ya podía pasar a la oficina de la CFE para recoger el oficio para cubrir las diferencias por los consumos no cubiertos. 4. El 14 de diciembre de 2017, acudí a la oficina de la CFE en Puerto Escondido, en donde para poder atenderme me pidieron que les entregara la orden de verificación y la constancia de verificación que habían sido practicadas el 12 de diciembre de 2017; posteriormente, se me informó verbalmente que como resultado de la verificación llevada a cabo por personal de la CFE, el suscrito debía pagar una diferencia por concepto de "adeudos no cubiertos" por la cantidad de $67,390.00 (Sesenta y siete mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.). Cuando le pedí a la persona que me atendió que me explicara el porqué de esa determinación y de dónde había salido tal cantidad, dicho funcionario (quien no me quiso dar su nombre) regresó a su oficina y volvió a salir una hora más tarde con el oficio 640/2017, en el cual la cantidad a pagar había disminuido a $26,126.00 (Veintiséis mil ciento veintiséis pesos oohoo M.N.). Entonces le pedí que me devolviera los documentos que yo había entregado, fue cuando me dijeron que ya no los necesitaba, que únicamente tenía que pasar a la caja a pagar la diferencia determinada dentro de los 3 días siguientes y que si no pagaba, me podría hacer acreedor a una multa aún mayor, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica. 5. A pesar de no estar conforme con dicha determinación, con la finalidad de evitar que mi negocio siguiera sin suministro de energía eléctrica, dado que la temporada alta estaba a punto de comenzar, el 17 de diciembre de 2017 acudía la oficina de la CFE a fin de cubrir el supuesto adeudo. Horas más tarde, el servicio eléctrico en mi negocio fue restablecido. 6. Con fecha 22 de diciembre de 2017 solicité por escrito a la CFE que me informara de manera pormenorizada, entre otras cosas, cómo había llevado a cabo los cálculos para llegar a esa cantidad." (sic) De lo transcrito, se establece que los actos reclamados tienen su origen en una relación contractual de suministro de energía eléctrica; en consecuencia, no se trata de un acto de autoridad. En efecto, las autoridades responsables, no se encuentran investidas de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, pues la relación que surge entre ellos y la parte quejosa, es de igualdad (coordinación). Aquí resulta procedente acotar que hasta antes de la vigencia de la actual Ley de Amparo, en nuestro sistema jurídico mexicano se siguió la idea de que para la procedencia del juicio de amparo, era no indispensable sino en realidad inexcusable la presencia de un acto derivado del poder público como tal, precisamente, porque el juicio de amparo, desde su génesis, fue concebido como un medio de control constitucional de los actos de esa clase de poder, que, desde luego, se inicia y prosigue siempre a instancia de los gobernados con el propósito de verificar su apego a nuestra Carta Magna. La existencia de tal requisito limitaba a los particulares la posibilidad de acudir al juicio de amparo, atento a que condicionaba su procedencia legal a que el acto emanara justamente, de un acto de autoridad con las características propias de un ente dotado de poder público, lo que de suyo permitía que muchos de esos actos escaparan del examen constitucional del juicio de amparo; sin embargo, esa limitación fue atenuada con la vigencia de la actual Ley de Amparo, porque la procedencia del juicio de amparo se abrió para abarcar no solo actos de autoridad como ente dotado de imperio o poder público, sino también actos de particulares, tal como expresamente se advierte en el artículo 5°, fracción II, de ese ordenamiento legal. La incorporación de actos realizados por particulares al espectro de procedencia del juicio de amparo, tuvo como propósito abrir nuevas posibilidades de impugnación de actos a través de la vía constitucional; sin embargo, aunque la intención del legislador es palpable al respecto, que, se insiste, no es otra más que abrir un abanico más amplio de impugnación de actos por medio del juicio de amparo, lo cierto es que la procedencia de este juicio respecto de actos de particulares no es irrestricta o ilimitada, sino que, por disposición expresa del propio legislador, quedó condicionada al supuesto en que esos actos de particular, por su naturaleza o efectos, resulten equivalentes a los de una autoridad o ente del poder público. Esto no significa otra cosa más que aun cuando el legislador abrió la posibilidad legal de introducir los actos de particulares a la procedencia del propio juicio de amparo, no se olvidó de la génesis de este juicio, que no es sino un medio de control constitucional de actos derivados de entes cuyo ejercicio es irrenunciable, por ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad, tan es así que en la última porción normativa del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, el legislador estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos que se equiparen a los de autoridad y las funciones estén determinadas en una norma general. Con esto queda claro que el concepto de autoridad para el efecto de la procedencia del juicio de amparo, debe concebirse, por general, por exclusión de los actos de particulares, salvo que esos actos, por su naturaleza y efectos, sean equivalentes a los de una autoridad, lo cual es jurídicamente razonable si se toma en cuenta que la naturaleza, antecedentes y la evolución del juicio de amparo, apuntan a sostener que éste solo procede contra actos de autoridad, ello, en términos de la clasificación que la teoría general del derecho hace acerca de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, de la cual se hizo relación previamente. Aquí, es procedente transcribir la ejecutoria pronunciada el trece de mayo de dos mil quince, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014, que en su parte relativa dice: SÉPTIMO. Estudio. Los agravios sintetizados en torno a la interpretación legal y a la naturaleza de los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad se analizan en forma conjunta atendiendo a su estrecha vinculación, los que se estiman infundados, atendiendo al criterio mayoritario de esta Segunda Sala, sustentado en los amparos directos en revisión números 3849/2014, 3980/2014,4890/2014 y 5772/2014, entre otros, contra el voto de los Ministros José Fernando Franco González Salas y Juan N. Silva Meza. En principio, debe señalarse que el artículo 17 de la Constitución Federal prevé el derecho a la tutela jurisdiccional, la que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la controversia y, en su caso, se ejecute esa decisión. Esto es, el derecho a la jurisdicción, debe entenderse como aquél que permite a los justiciables someter a la consideración de un órgano jurisdiccional sus demandas, esto es, la prerrogativa de todos los ciudadanos para poder llevar ante un tribunal una exigencia para que éste resuelva lo procedente respecto al conflicto suscitado, resolviendo de manera pronta, gratuita e imparcial. Es aplicable en la especie, la siguiente tesis: GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos - desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos. " (Época: Novena Época. Registro: 172759. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, abril de 2007. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 42/2007. Página: 124). Ahora bien, el artículo reclamado es del siguiente tenor: Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado; IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales; X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior; XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia. (.). El precepto transcrito prevé las diversas hipótesis, actos y resoluciones de carácter fiscal y administrativo, que serán consideradas como resoluciones definitivas. Ello para el efecto de la procedencia del juicio contencioso administrativo, del cual conocerán las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; de ahí que la función esencial del citado precepto sea instrumental, es decir, que constituye una norma de carácter procesal. Pues bien, del contraste entre el dispositivo en mención, a la luz del referido derecho se advierte que no asiste razón a la recurrente al estimar que se limite su acceso a la plena jurisdicción, o bien, que constituya una actuación arbitraria por parte del legislador, toda vez que el derecho a la jurisdicción no puede interpretarse en el sentido que pretende la recurrente, esto es, que necesariamente se tenga que estimar procedente el juicio contencioso administrativo de manera irrestricta, puesto que, como quedó precisado el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no prevé limitantes respecto del acceso a la jurisdicción, sino que sujeta la procedencia del juicio administrativo a diversas condicionantes, sin que éstas priven de los derechos consagrados en la Constitución Federal. En el caso, el derecho a la jurisdicción se cumple en la medida que el gobernado puede exigir a los órganos jurisdiccionales del Estado, la tramitación y resolución de los conflictos jurídicos en que sea parte, ello siempre que satisfaga los requisitos fijados por la propia Constitución y las leyes secundarias. De ahí que lo previsto en el artículo impugnado tampoco constituya una actuación arbitraria por parte del legislador, pues lo cierto es que la reserva contenida en el artículo 17 constitucional, al disponer que la impartición de justicia debe darse en los 'plazos y términos que fijen las leyes', debe interpretarse en el sentido de que es al legislador a quien corresponde el establecer los plazos y términos para el ejercicio de los derechos. Esto es, únicamente a él le corresponde tal función (determinar los plazos y términos en la ley); por tanto, si la intención del legislador al emitir el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fue limitar la procedencia del juicio contencioso administrativo a determinadas hipótesis, tal situación por sí sola, de ninguna manera puede estimarse violatoria de los principios previstos por el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que el legislador únicamente está ejerciendo la facultad que le fue conferida constitucionalmente. En consecuencia, debe señalarse que el derecho de acceso a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí es observado por el Estado, ya que el hecho de que el juicio contencioso administrativo no sea procedente en el caso concreto no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales el quejoso pueda hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, como en la especie lo es la vía ordinaria mercantil, por tratarse en el caso de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Así es, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, circunstancia que corrobora el por qué el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no resulta violatorio de lo previsto en el artículo 17 constitucional. Virtud de esta nueva reflexión respecto del tema, anteriormente desarrollado, la actual integración de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interrumpe el criterio que se contiene en la tesis de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS." La ejecutoria transcrita dio origen a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 1071, del Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con Registro: 2009410, que a la letra dice: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo (sic) se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. Cabe precisar que esta tesis fue corregida en su redacción en sesión privada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diecinueve de agosto de dos mil quince, por lo que la tesis que antecede se dejó sin efectos y quedó en los términos que indica la tesis aislada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de Registro: 2009790, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que aparece publicada en el Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, visualizada en la página: 1183, que a la letra dice: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo (sic) se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. De la ejecutoria y tesis 2a. XLII/2015 (10a.), vigente, se desprende que de la interpretación relacionada de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que lo relacionado con empresas de abastecimientos y suministros ?como en el caso de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad? es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil (o sumaria), conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando solo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los jueces y tribunales del orden común, y, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, debe entenderse que es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. En las relatadas consideraciones, ya que la parte quejosa y a quienes señala como autoridades responsables no actúan en un plano de supra a subordinación, sino actúan en uno de igualdad, en virtud del contrato que las vincula, esto es, existe una relación de coordinación, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA PROMOVIDA POR JAIME HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, contra actos del Jefe del Departamento de Medición, Conexión y Servicios de la División de Distribución Sureste Zona Huatulco, de la Comisión Federal de Electricidad; Cristian Franco Gómez, inspector y/o verificador de dicho departamento y el Ingeniero Luis Rey Méndez Martínez, Agente Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, todos con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca. No es óbice a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con Registro: 2007679, visualizada en la página 1095, que a la letra dice: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Conforme a los artículos 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada y 43 de su Reglamento, así como de la disposición general cuarta del Manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2013, en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica no existe un plano de igualdad y, por tanto, no se genera una relación de coordinación. Lo anterior es así, si se toma en consideración que los formatos de contratos señalados son aprobados por la Secretaría de Economía, con visto bueno de la de Energía, dependencias de la Administración Pública Federal centralizada que disponen y ordenan su contenido, sin que puedan modificarse ni alterarse; que las obligaciones derivadas de la contratación, como lo relativo a facturación, prepago de energía eléctrica, medición, contenido del aviso-recibo, periodos de consumo y demás conceptos relacionados con la venta de energía eléctrica, estarán contemplados en el Manual citado, sin que el usuario pueda sugerir alguna modificación; y que los aspectos relacionados con la tarifa aplicable, garantías de duración de contrato, fecha límite de pago, horario de suministro, casos de suspensión, requisitos para la reanudación del servicio, responsabilidades del suministrador por interrupción del servicio, causas de modificación o terminación del contrato, y la autorización expresa del usuario para que se realicen revisiones y verificaciones, constituyen condiciones del contrato que derivan, no de la voluntad de la Comisión Federal de Electricidad, ni del usuario, sino de la Ley mencionada y de su Reglamento. En ese tenor, si en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica el usuario se somete a las condiciones dictadas por la Secretaría de Economía, con visto bueno de la de Energía, y que derivan de la ley, sin posibilidad de negociación, se concluye que dichos contratos deben considerarse como verdaderos contratos administrativos. Asimismo, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con Registro: 2007678, visualizada en la página 1093, que a la letra dice: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales. En efecto, como se ha señalado, en la especie, la tesis aplicable, por ser la vigente en relación a si los actos de la Comisión Federal de Electricidad son susceptibles de ser considerados como de autoridad, es la que se reprodujo en líneas que anteceden, de número 2a. XLII/2015 (10a.), y de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a.CVII/2014 (10a.) (*)]", de la que, como se dijo, deriva que: de la interpretación relacionada de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que lo relacionado con empresas de abastecimientos y suministros ?como en el caso de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad? es una cuestión de naturaleza comercial. Al tratarse de un criterio más reciente, aun cuando no constituye jurisprudencia, es el que debe orientar las decisiones que adoptan los órganos jurisdiccionales; máxime que en la publicación de la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), se insertó la nota siguiente: "La presente tesis interrumpe el criterio contenido en la diversa 2a. CVII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 1095. Cabe precisar que el criterio aquí adoptado fue sustentado por el Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver el recurso de revisión número 63/2017, por ejecutoria de veinticuatro de noviembre de dos mi diecisiete, relativo al juicio de amparo número 532/2016 del índice de este Juzgado; lo que se invoca con un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro aspecto, téngase a la parte quejosa señalando expresamente las listas de acuerdos de este Juzgado, por tanto, se ordena practicar la notificación de este proveído y las subsecuentes aun las de carácter personal por medio de lista. En otro aspecto, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Gerardo Zaragoza Bermeo, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede, y únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones a Erika Vázquez Gutiérrez, e imponerse de autos. En el caso, no ha lugar a decretar la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos reclamados, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, pues si bien la parte quejosa invoca como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior dado que en párrafos que antecede, se desechó de plano la demanda de amparo, por los motivos legales ahí expresados. Notifíquese por lista a la parte quejosa, como se encuentra ordenado en el presente acuerdo. IA-A
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