Jaime Hernández Nolasco
Expediente 1826/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1826/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/03/2019
Partes del expediente
- Jaime Hernández Nolasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual remite la ejecutoria dictada por el pleno del órgano de su adscripción el cuatro de marzo del año en curso, e informa que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho. En tal virtud, glósese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, acúsese recibo, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y téngase conocimiento de lo manifestado por el Tribunal Colegiado. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; ocho de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, informa la determinación de cuatro de los actuales en el que se admitió a trámite al recurso de queja interpuesto contra el auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 1826/2018-IV; medio de impugnación que registró con el número de recurso de queja 3/2019. Atento a lo anterior, estése en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Colegiado oficiante. Notifíquese.
- Principal
IV-Toluca, Estado de México; veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Por recibido el escrito signado por el quejoso Jaime Hernández Nolasco, a través del cual interpone recurso de queja contra la determinación dictada el diez de diciembre de dos mil dieciocho, en el presente asunto. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de queja; asimismo, ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero, del ordinal 101 de la legislación invocada. A fin de resolver dicho medio de impugnación, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
iv) Toluca, Estado de México; diez de diciembre de dos mil dieciocho. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Jaime Hernández Nolasco por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Litigación de la Coordinación Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1826/2018-IV. Desechamiento. Ahora bien, por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio de amparo, ya que de acuerdo con el artículo 61, último párrafo, de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. En ese sentido, en relación al acto reclamado se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual se encuentra previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el precepto 6°, ambos de la Ley de Amparo, como se expondrá de forma siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". La causal de improcedencia citada, interpretada en sentido contrario, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 5 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de derechos, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente; es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el quejoso, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio por las razones que a continuación se exponen: Del análisis del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa alude como acto reclamado, La formulación de acusación dictada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Litigación de la Coordinación Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en la carpeta administrativa 1075/2018, por el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido a un cuentabiente con violencia. El auto por el cual se acordó de conformidad Al respecto, los artículos 21 Constitucional y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines." "Artículo 335. Contenido de la acusación Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa: I. La individualización del o los acusados y de su Defensor; II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico; III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica; IV. La relación de las modalidades del delito que concurrieren; V. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado; VI. La expresión de los preceptos legales aplicables; VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación; VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo; IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos; X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma; XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados; XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, a cual deberá hacer del conocimiento de las partes. Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios.' De lo anteriormente transcrito se obtiene que el Agente del Ministerio Público por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los datos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el Representante Social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. Ahora bien, cabe precisar que el escrito a través del cual se formula acusación en contra del quejoso es una facultad discrecional concedida al Agente del Ministerio Público actuando como autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, el proceso en sí mismo así como el haber acordado de conformidad el escrito por el cual se formuló acusación en contra del justiciable, no son actos que vulneren la esfera de derechos de éste, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser el acto reclamado de orden público conforme al artículo 21 constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Además, el haber acordado de conformidad el escrito por el cual el agente del Ministerio Público formuló acusación de conformidad con el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le irrogan al quejoso perjuicio alguno, pues aún no concluye en definitiva con la función constitucional del Ministerio Público, mismas que están sujetas a la revisión del juez de control que conozca de la causa, el que en todo caso, será quien podría materializar el perjuicio y afectar los derechos del inculpado al determinar si resulta o no procedente la continuación del procedimiento al remitir los autos al Tribunal de Enjuiciamiento para su dictado de sentencia, y no así el Ministerio Público en ejercicio de sus facultades constitucionales, lo cual está sujeto, en su caso, a la valoración del juzgador. Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 211 establece que el cierre de investigación da por concluida la etapa de investigación (inicial y complementaria) y motiva el inicio de la etapa intermedia, que tiene lugar una vez que se presenta la acusación y finaliza con el auto de apertura a juicio, siendo esta diligencia la que dará pie a la etapa de juicio, la cual concluirá con la sentencia que emita el tribunal de enjuiciamiento. Por tanto, si se trata del acto de acusación y el auto por el cual se acordó de conformidad, existen diferencias entre los sistemas procesales inquisitivo o mixto y el actual acusatorio y adversarial, esto es, en el anterior sistema, en las denominadas conclusiones se acotaba la pretensión punitiva y éstas eran propuestas con base en el resultado de las pruebas desahogadas en el juicio; en tanto que en el nuevo sistema, la formulación de la acusación abre la etapa intermedia, en la que se llevará a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Por ello, la pretensión punitiva queda acotada en los términos del auto de apertura al juicio oral que emite el Juez, esto es, la acusación que formula el órgano técnico es un imperativo constitucional (con sus excepciones: la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por la otra, el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos regulados en la normatividad secundaria), la cual, una vez presentada ante el Juez de Control, éste la notifica a las partes, sin que ello implique algún pronunciamiento por el juzgador en cuanto a si ésta procede o no y, mucho menos, la imposición de penas, pues su única función es tutelar el debido proceso, fungiendo como rector de éste. Por ende, el acto de acusación por el Ministerio Público y haber acordado de conformidad, el Juez de Control sólo da lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual, como se dijo, se llevarán a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual, de ninguna manera propicia afectación o lesión alguna a los derechos o intereses del quejoso que deba ser reparada en el juicio biinstancial, por lo que ante la falta de interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis I.1o.P.113 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Número de Registro 2017752, cuyo rubro y texto son: "FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. El procedimiento penal de corte acusatorio comprende tres etapas. Así, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 211 establece que el cierre de investigación da por concluida la etapa de investigación (inicial y complementaria) y motiva el inicio de la etapa intermedia, que tiene lugar una vez que se presenta la acusación y finaliza con el auto de apertura a juicio, siendo esta diligencia la que dará pie a la etapa de juicio, la cual concluirá con la sentencia que emita el tribunal de enjuiciamiento. Ahora bien, si se trata del acto de acusación, existen diferencias entre los sistemas procesales inquisitivo o mixto y el actual acusatorio y adversarial, esto es, en el anterior sistema, en las denominadas conclusiones se acotaba la pretensión punitiva y éstas eran propuestas con base en el resultado de las pruebas desahogadas en el juicio; en tanto que en el nuevo sistema, la formulación de la acusación abre la etapa intermedia, en la que se llevará a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Por ello, la pretensión punitiva queda acotada en los términos del auto de apertura al juicio oral que emite el Juez, esto es, la acusación que formula el órgano técnico es un imperativo constitucional (con sus excepciones: la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por la otra, el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos regulados en la normatividad secundaria), la cual, una vez presentada ante el Juez de Control, éste la notifica a las partes, sin que ello implique algún pronunciamiento por el juzgador en cuanto a si ésta procede o no y, mucho menos, la imposición de penas, pues su única función es tutelar el debido proceso, fungiendo como rector de éste. Por ende, el acto de acusación por el Ministerio Público sólo da lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual, como se dijo, se llevarán a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual, de ninguna manera propicia afectación o lesión alguna a los derechos o intereses del quejoso que deba ser reparada en el juicio biinstancial, por lo que ante la falta de interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo." Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la el haber acordado de conformidad la formal acusación que presentó el agente del Ministerio Público responsable, y el auto por el cual el Juez acordó de conformidad de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, no transgreden de manera alguna derechos sustantivos del quejoso; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En consecuencia, conforme a lo establecido en el numeral 113 en relación con el diverso 61, fracción XII de la ley de la materia, se desecha de plano la presente demanda respecto el acto precisado, por notoriamente improcedente, así como por las autoridades a las que atribuyó el acto por el que aquí se desecha. A título de abundamiento, el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia han sostenido el criterio reiterado de que por regla general que la función de investigación del Agente del Ministerio Público son susceptibles de control constitucional, como se advierte de las tesis aisladas LXVIII y CXXXV/2004, consultables en las páginas 1113 y 351, del tomo XX, diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con números de registro 179988 y 180028 respectivamente, que son del tenor literal siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizado en términos amplios a Pino Aldama Benítez., por tener registrada de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a los restantes únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con dicho registro. Sin que haya lugar a acordar de conformidad el correo electrónico descrito en el escrito inicial de demanda, ni el número telefónico que aduce, al no estar contemplados en la Ley de Amparo. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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