Jaime Hernandez Hernandez

Expediente 1020/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1020/2017
Año
2017
Actuaciones
28
Última actuación
15/03/2018

Partes del expediente

  • Jaime Hernandez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual, informa que por acuerdo de trece de marzo pasado, el Presidente de dicho Tribunal admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Jaime Hernández Hernández, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo al rubro indicado y que lo radicó con el número de expediente R-78/2018 de su índice administrativo; de lo anterior queda enterado este órgano jurisdiccional, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Jaime Hernández Hernández y, visto que fue su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; por consiguiente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítase dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al que quede debidamente integrado el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en Turno, del Sexto Circuito, así como el escrito original de expresión de agravios y un tomo de pruebas. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y distribúyase entre las partes la copia del escrito de expresión de agravios.

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jaime Hernández Hernández, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Titular de Unidad, encargado de despacho de la Dirección General de Investigación del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla y 2. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Siete de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  4. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA SANTIAGO PÉREZ NAVA, LAS RESOLUCIONES DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, Y DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1020/2017-B. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías signada por Jaime Hernández Hernández, quien promueve por su propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades: 1 Encargado de Despacho de la Dirección General de Investigación Especializada de Sistema Tradicional . Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados por así haberlo solicitado la parte quejosa. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con el apercibimiento que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo Vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. No ha lugar a remitirles copia de la demanda de amparo, pues la misma se remitirá al momento de requerir el informe previo, de conformidad con el artículo 116 del multicitado ordenamiento legal. En otro sentido, se solicita a las autoridades señaladas como responsables informen a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. En la inteligencia, que deberán de rendir su respectivo informe justificado en forma separada del previo, haciendo referencia al número de oficio que contestan, el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y 251 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envió se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se usen de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que le corresponde. Resérvese ordenar el emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta en tanto, obren en autos los informes justificados de las autoridades responsables. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad responsable ordenadora para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remita las constancias necesarias relativas de donde se advierta tal información. También se hace saber a las autoridades responsables que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá por hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Aunado a ello, se les impondrá de forma separada una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: "(.) a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días. (.)". Además, con fundamento en lo previsto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que exhibe, consistentes en dos notificaciones practicadas al aquí quejoso, de los proveídos de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, por el Agente del Ministerio Público en funciones de Titular de la Mesa Siete de Investigación, de la Unidad Centro de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de la averiguación previa AP-749/2013/SACHO; sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Se ordena efectuar la compulsa y certificación de las documentales que la parte quejosa anexó en original a su demanda de amparo para que obren en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar, en aplicación de las jurisprudencias emitidas por el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos rubros y textos son: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver. CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010). La jurisprudencia citada establece como requisito que el Juez de Distrito, de oficio, ordene la compulsa o certificación de los documentos originales presentados con la demanda de amparo, con las copias simples que se anexen a ésta, a fin de que se tomen en consideración al emitir la resolución relativa a la suspensión definitiva de los actos reclamados. Incluso prevé que respecto a las pruebas documentales aportadas en el expediente principal del juicio de amparo durante el procedimiento, también debe actuar en los términos referidos, con el propósito de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren los mismos elementos probatorios. Ahora bien, dicha actuación corresponde al secretario del Juzgado de Distrito, según los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el 2o. de la Ley de Amparo, que en general establecen que el secretario del órgano jurisdiccional es quien debe realizar la certificación correspondiente, la cual constituye una actuación fundamental e imprescindible para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal y material de conocer si se aportaron elementos probatorios con la demanda de amparo o durante el procedimiento del juicio de garantías, con el objeto de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren las mismas pruebas documentales y al dictar la resolución atinente a la suspensión definitiva de los actos reclamados, atienda a todas las pruebas exhibidas por la quejosa, con base en lo cual emita una decisión apegada a la realidad jurídica de ese asunto. Asimismo, como lo solicita el promovente del amparo, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense todas las notificaciones inclusive las personales por lista de acuerdos. Ténganse como autorizados en términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, ya que esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que los profesionistas que indica cuentan con su cédula de licenciados en Derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública y en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; pues el solo hecho de indicar su nombre, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstos. Lo anterior, sin perjuicio de que si en el futuro llegase a acreditar la situación anterior, la parte quejosa podrá autorizarlos en los términos que pretende. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Finalmente, téngase al quejoso manifestando que no se opone a la publicación de sus datos personales, por lo que con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. ACUERDO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO: San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el diez de enero de dos mil diecisiete (fojas 174 y 175), se requirió a la parte quejosa, para que en el término de tres días se constituyera en la Actuaría de este juzgado, a efecto de convenir con el Actuario Judicial de la adscripción el día y la hora en que asociado de éste se constituyan en el domicilio de la parte tercero interesada; sin embargo, por error se asentó que el tercero interesado era 3. Sergio Pérez Nava, cuando lo correcto es 3. Santiago Pérez Nava, Hágase saber a las partes lo anterior, a efecto de evitar violación alguna y el Actuario Judicial adscrito se encuentre en aptitud de desahogar la diligencia de emplazamiento ordenada en el citado acuerdo de diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 174 y 175). Notifíquese por lista a las partes.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano