Jaime Hernández Gállego
Expediente 154/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jaime Hernández Gállego
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese en autos el escrito firmado por el quejoso *****************, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo para señalar como acto reclamado: "La respuesta negativa a la SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PENSIÓN Y ENTREGA DE DIFERENCIAS DE PENSIÓN formulada el 23 de noviembre de 2022"; al respecto, se acuerda: Dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de los actuales se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que no se colma el requisito que prevé el segundo párrafo del numeral 111 de la ley de la materia. Sin que en el caso resulte aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 5, de rubro "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO.", ya que, como se dijo, en el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia constitucional al considerarse que cesaron los efectos del acto reclamado.
- Principal
Visto el estado de autos, específicamente el informe justificado y anexos que remitió el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Celaya del Instituto Mexicano del Seguro Social, de las que se advierte que con motivo de la solicitud presentada por la parte quejosa el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, emitió el oficio 1069/2022 de nueve de diciembre de dos mil veintidós, mismo que fue notificado el ********************; al respecto, se acuerda: De las referidas constancias que anexó la responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************"XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."********************El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.********************Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 (de idéntica redacción al numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque:********************El quejoso señaló como acto reclamado:********************La omisión del Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Celaya del Instituto Mexicano del Seguro Social, de dar respuesta al escrito que presentó el ********************, en el que esencialmente solicitó la modificación de pensión y la entrega de las diferencias de pensión.********************De acuerdo a las constancias que remitió la responsable se desprende que:********************Mediante oficio ******************** de ********************, emitido por el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Celaya, se dio respuesta al solicitante del amparo. ********************La determinación anterior se le notificó el ********************, por conducto de ********************.********************Por tanto, es evidente que la omisión que reclamó el quejoso cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable contestó la petición formulada por el solicitante del amparo y se la notificó, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. No pasa inadvertido para el suscrito la jurisprudencia P./. 15/2019 (10ª.) de rubro: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO", que invocó el quejoso en su demanda de amparo; sin embargo, se considera inaplicable para el caso que nos ocupa y, como consecuencia, tampoco se estima necesario dar vista a la parte quejosa para que manifieste si desea o no ampliar su demanda de amparo en contra de la respuesta que emitió la autoridad responsable. Se afirma lo anterior, ya que el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Celaya del Instituto Mexicano del Seguro Social, al dar respuesta a la solicitud formulada por la parte quejosa, dejó de tener el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que con la emisión del oficio ******************** de nueve de diciembre de dos mil veintidós, no actúa como autoridad, sino como parte integrante del ente asegurador, porque únicamente resuelve sobre la procedencia de la modificación de la pensión que se solicita, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley del Seguro Social. En cuya ejecutoria se estableció excepcionalmente la procedencia del juicio de amparo contra la omisión de responder una solicitud en materia de pensión, como a continuación se lee:********************".Por tanto, considerando que el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios; esta Segunda Sala estima que cuando se atribuye al citado instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición.********************En el entendido de que, respecto de la respuesta que, en su caso, formule el instituto, no procederá ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo, que establecen."********************Por ello, se estima innecesario dar vista a la parte quejosa para que manifieste si desea o no ampliar su demanda de amparo en contra de la respuesta que emitió la autoridad responsable, al encontrarse definido jurisprudencialmente que la respuesta que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de una solicitud de pensión, no actúa como autoridad, sino como parte integrante del ente asegurador y, como consecuencia, pierde el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Criterio que ha sido confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, al resolver el recurso de revisión ******************** interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto ******************** del índice de este órgano jurisdiccional. ********************Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada.********************Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, específicamente el informe justificado y anexos que remitió el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Celaya del Instituto Mexicano del Seguro Social, de las que se advierte que con motivo de la solicitud presentada por la parte quejosa el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, emitió el oficio 1069/2022 de nueve de diciembre de dos mil veintidós, mismo que fue notificado el ********************; al respecto, se acuerda: De las referidas constancias que anexó la responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************"XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."********************El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.********************Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 (de idéntica redacción al numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque:********************El quejoso señaló como acto reclamado:********************La omisión del Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Celaya del Instituto Mexicano del Seguro Social, de dar respuesta al escrito que presentó el ********************, en el que esencialmente solicitó la modificación de pensión y la entrega de las diferencias de pensión.********************De acuerdo a las constancias que remitió la responsable se desprende que:********************Mediante oficio ******************** de ********************, emitido por el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Celaya, se dio respuesta al solicitante del amparo. ********************La determinación anterior se le notificó el ********************, por conducto de ********************.********************Por tanto, es evidente que la omisión que reclamó el quejoso cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable contestó la petición formulada por el solicitante del amparo y se la notificó, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. No pasa inadvertido para el suscrito la jurisprudencia P./. 15/2019 (10ª.) de rubro: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO", que invocó el quejoso en su demanda de amparo; sin embargo, se considera inaplicable para el caso que nos ocupa y, como consecuencia, tampoco se estima necesario dar vista a la parte quejosa para que manifieste si desea o no ampliar su demanda de amparo en contra de la respuesta que emitió la autoridad responsable. Se afirma lo anterior, ya que el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Celaya del Instituto Mexicano del Seguro Social, al dar respuesta a la solicitud formulada por la parte quejosa, dejó de tener el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que con la emisión del oficio ******************** de nueve de diciembre de dos mil veintidós, no actúa como autoridad, sino como parte integrante del ente asegurador, porque únicamente resuelve sobre la procedencia de la modificación de la pensión que se solicita, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley del Seguro Social. En cuya ejecutoria se estableció excepcionalmente la procedencia del juicio de amparo contra la omisión de responder una solicitud en materia de pensión, como a continuación se lee:********************".Por tanto, considerando que el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios; esta Segunda Sala estima que cuando se atribuye al citado instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición.********************En el entendido de que, respecto de la respuesta que, en su caso, formule el instituto, no procederá ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo, que establecen."********************Por ello, se estima innecesario dar vista a la parte quejosa para que manifieste si desea o no ampliar su demanda de amparo en contra de la respuesta que emitió la autoridad responsable, al encontrarse definido jurisprudencialmente que la respuesta que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de una solicitud de pensión, no actúa como autoridad, sino como parte integrante del ente asegurador y, como consecuencia, pierde el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Criterio que ha sido confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, al resolver el recurso de revisión ******************** interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto ******************** del índice de este órgano jurisdiccional. ********************Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada.********************Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Celaya del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención la documental que anexa, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. De igual forma, se tienen como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala.
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