Jaime Gutiérrez Sandoval
Expediente 647/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 647/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 26/11/2018
Partes del expediente
- Jaime Gutiérrez Sandoval
- Subsecretario del Sistema Penitenciario
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que en atención a lo que establece el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su fracción III último párrafo relativa a dicho punto del Acuerdo General en cita, es susceptible de depuración toda vez que se decretó la suspensión de oficio y de plano en este asunto; por tanto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 647/2018, promovido por Jaime Gutiérrez Sandoval, contra los actos reclamados del Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló violados en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En esa fecha se registró la demanda bajo el orden 647/2018, y se decretó la suspensión de oficio y de plano en cuanto a la orden de traslado, por lo que se requirió el informe en cumplimiento a dicha medida a la autoridad correspondiente; asimismo, se previno al quejoso a efecto de que ratificara la demanda de amparo, ya que fue presentada vía electrónica sin la firma correspondiente; una vez hecho lo anterior, el veinte siguiente se desechó parcialmente la demanda por diversas autoridades y se admitió a trámite respecto de los actos y autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución; se solicitaron los informes justificados; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. IV. Mediante proveído de dieciocho de septiembre pasado, se dio vista al amparista para que manifestara si era su voluntad señalar como acto reclamado la determinación de veinticinco de julio pasado, emitida por el Juez Trigésimo Segundo Penal de esta ciudad, sin que realizara algún pronunciamiento al respecto, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento con que se le conminó, esto es, se resolverá el presente asunto por los actos y autoridades que se precisarán más adelante. Por último, se celebró la audiencia de ley, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se aprecia y se precisa que los actos reclamados consisten en: - El traslado y su ejecución, atribuidos a las siguientes autoridades: a) Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno; b) Director de la Penitenciaría; y c) Director del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Todos de esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados de la autoridad precisada en el inciso a), pues así lo manifestó en el oficio por el que aclaró su informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que remitió en apoyo al mismo; documentales que tienen valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De igual manera, son ciertos los actos reclamados de las restantes autoridades, no obstante, que al rendir su informe de ley hayan expuesto lo contrario, porque de las constancias mencionadas se advierte que el quejoso fue ingresado al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla procedente de la Penitenciaría de esta ciudad, por lo que resulta evidente su participación en el traslado del que fue objeto el amparista. No obstante la certeza de los actos reclamados de las autoridades mencionadas, es innecesario analizar el fondo del asunto, ya que se advierte una causal de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. La causal de improcedencia que se estima actualizada es la prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la citada ley. De dicho dispositivo se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Ahora, conviene precisar que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. 2. Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. En el primer caso, se cancelan jurídicamente los efectos del acuerdo controvertido, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad, esto es, cuando la afectación al gobernado derive invariablemente de la nueva determinación, de modo que aquéllas no puedan entenderse sin este y, por tanto, los efectos en concreto pierdan toda vinculación con el acto en principio combatido. Ese primer supuesto es característico de los actos jurisdiccionales, por la dinámica en la que se emiten, pues los procedimientos judiciales se conforman por una serie de actos concatenados de tal manera que la existencia de uno constituye la base de otro subsecuente con el que se encuentra íntimamente vinculado y, así, cada acto que se sustenta en otro precedente, lo sustituye de inmediato en los efectos que produce, siendo esta nota distintiva la que hace inaplicable a esa clase de actos la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". El criterio recién citado, que sustenta y define el segundo supuesto precisado previamente, derivó de asuntos en los cuales se analizaron exclusivamente actos administrativos que por regla general, no se emiten a partir de procedimientos con las formalidades que exige el actuar de una autoridad judicial, sino que generalmente constituyen determinaciones unilaterales del imperio estatal, que no exigen un acto posterior que sustituya o modifique el estatus generado por el acto reclamado, porque no son más que expresiones de las diversas atribuciones del Poder Ejecutivo cuya finalidad es regular el comportamiento de los gobernados o exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones, a diferencia de la función jurisdiccional que tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica a las partes que acuden a litigar ante los tribunales. En esa medida, la revocación unilateral del acto por parte de la autoridad administrativa debe ser tal, como establece el criterio mencionado, que no admita duda sobre la persistencia de los efectos del acto, esto es, que en ese caso no basta una anulación formal del acto jurídico pues para que la causal de improcedencia en estudio se verifique en ese supuesto, será necesario que la conducta hecha por parte de la responsable anule las consecuencias jurídicas y materiales del acto reclamado, esto es, que el desistimiento de la pretensión respecto del gobernado debe ser incondicional y efectivo. En virtud de lo anterior, este órgano de control constitucional concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos para que opere la cesación de efectos del acto reclamado, esto es, la sustitución procesal de ese acto por otro diverso y, por ese motivo, no es posible realizar el estudio de las posibles violaciones que se hubieran cometido en el referido acto, sin afectar el nuevo contexto generado por el posterior, primordialmente porque la afectación a la esfera jurídica del quejoso ya no se determina por el acto reclamado -oficio SG/SSP/3779/2018 de diecinueve de julio pasado emitido por el subsecretario de Sistema Penitenciario de esta ciudad, en que se autorizó el traslado del peticionario de amparo de la Penitenciaría al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad-, sino por el nuevo, que en el caso sería el auto de veinticinco de julio del año en curso en que el juez Trigésimo Segundo Penal de esta ciudad -autoridad no responsable- se pronunció respecto del traslado del quejoso, en el sentido de que ".por lo que este Órgano califica de legal la determinación administrativa de traslado del sentenciado ya referido." -determinación con la que se le dio vista al justiciable, sin que hiciera manifestación al respecto-, que sin dejar insubsistente el referido oficio, esto es, sin anularlo o revocarlo, rige la situación actual del amparista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, cuyo rubro expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS". Dicho de otra forma, el auto emitido por el juez de referencia sustituyó procesalmente al oficio de diecinueve de julio pasado emitido por el subsecretario mencionado, cesando las consecuencias que producía, porque tal acto ya no agravia al amparista, puesto que es ahora el acuerdo de veinticinco del citado mes, emitido por la autoridad judicial el que podría ocasionarle un perjuicio -acto con el que se le dio vista al peticionario de amparo, sin que hiciera manifestación al respecto-. De esta manera, la cesación de efectos que se comenta se demostró plenamente, porque no está condicionada a cualquier otra circunstancia que pudiera afectarla, de modo que lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el considerando tercero, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jaime Gutiérrez Sandoval, contra los actos reclamados consistentes en la orden de traslado y su ejecución, atribuidos al Subsecretario de Sistema Penitenciario; Director de la Penitenciaría; y Director del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, todos de esta ciudad.
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días concedido al amparista por auto de dieciocho de septiembre pasado para que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda respecto de la resolución de veinticinco de julio pasado emitida por el Juez Trigésimo Segundo Penal de esta ciudad, sin que hiciera manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, por lo que el juicio se resolverá únicamente respecto de los actos que se atribuyeron a las autoridades señaladas en la demanda de amparo.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que se recibió en este órgano de control constitucional el oficio y anexo procedentes del Juzgado Trigésimo Segundo Penal de esta ciudad, de los que se observa que dicha autoridad el veinticinco de julio pasado se pronunció en cuanto al traslado del quejoso. Al respecto, requiérase al amparista para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste si es su deseo señalar dicha determinación como acto reclamado, así como a la autoridad judicial que lo emitió. Apercibido que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por precluido el derecho para señalar como acto reclamado la determinación y autoridad mencionados, y se resolverá el presente asunto únicamente por cuanto al acto y autoridades que se indicaron en la demanda. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, a las nueve horas con cuarenta minutos.
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