Jaime Gutiérrez Jaramillo

Expediente 1676/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1676/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Jaime Gutiérrez Jaramillo
  • Wendy Lucia Melo Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto de trece de enero del año en curso a través del cual se desechó la demanda respecto del quejoso ***. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO. Finalmente, visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que ya fue satisfecho el motivo por el cual fue extraída del archivo de este juzgado federal la pieza procesal en que se actúa; en consecuencia, devuélvase la misma al citado lugar para su guarda y custodia...M-I

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de enero de dos mil veintitrés. RESOLUCIÓN CONFLICTO COMPETENCIAL. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta; en su atención, se tiene a la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito remitiendo copia certificada de la ejecutoria pronunciada el catorce de diciembre del año en curso, en el conflicto competencial ***, del registro del citado tribunal, misma que en sus puntos resolutivos establece: "PRIMERO. Se declara que la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, debe conocer de la demanda promovida por **, contra el acto reclamado que hicieron consistir en la retención indebida de salario para cubrir créditos que desconocen haber contratado con **, Sociedad Anónima de Capital Variable, "**". SEGUNDO. Con el testimonio de la presente resolución, remítanse los autos y anexos respectivos al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, y copia certificada de la presente resolución al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, para su conocimiento y efectos legales." Confírmese la recepción de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno que corresponde y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Visto lo resuelto por la superioridad se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por **, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. Al examinar la demanda se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo; esto es, la relativa al consentimiento tácito del acto reclamado: Los preceptos legales citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los dispositivos legales transcritos se advierte que, por regla general, para la promoción de la demanda de amparo, el término será de quince días, cuyo cómputo deberá realizarse de acuerdo con lo siguiente: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el entendido de que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. En el caso a estudio el acto reclamado consiste en la retención de parte del salario de ** para cubrir los créditos que desconoce haber contratado con "**", "**", "***", acto que debe ceñirse a la regla genérica de promoción del juicio de amparo, es decir, al plazo de quince días. Entonces, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el término para la presentación de la demanda debe computarse desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución. Ahora bien, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narra el accionante, se advierte que desde el año dos mil diecisiete y hasta el día de la fecha, le realizan las retenciones de salario de las que se duele, con motivo de los créditos que refiere y de los cuales manifiesta no haber contratado. No obstante, exhibe impresión de cuatro recibos de pago a nombre del quejoso, de los que se advierte un descuento por concepto de "**", "**", "**, de los cuales el más antiguo es de fecha de pago quince de enero de dos mil diecinueve. De lo anterior se colige que, desde esa data el quejoso ya tenía conocimiento de los descuentos de salario de los que se duele. Por ende, se tiene como fecha de conocimiento del acto reclamado el quince de enero de dos mil diecinueve. Así, conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la ley de la materia, el término para la promoción de la demanda de amparo debe computarse desde el día siguiente a aquél en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. Entonces, si como quedó evidenciado la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo menos, el quince de enero de dos mil diecinueve, es evidente que la demanda de amparo no fue promovida dentro del plazo de quince días que señala el numeral antes citado. En efecto, ya que la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, hasta el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, es decir, ha transcurrido más de un año desde que tuvo conocimiento del acto reclamado. Lo anterior, conduce a afirmar que el acto reclamado fue consentido tácitamente al no haberse promovido dentro del término de quince días; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable, por ser compatible con las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, Junio de 1993, página 235, de rubro y texto siguientes: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. En esas condiciones, resulta manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia contemplada en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por **....M-I

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen. SE DEJAN DOCUMENTOS ORIGINALES A DISPOSICIÓN. De conformidad con el artículo 18, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos originales que haya exhibido; apercibida que, de no como comparecer a recibirlos, una vez que transcurra el término de noventa días, serán destruidos. En el entendido que de acuerdo con el artículo 3, fracción XVIII, del referido acuerdo general se considera documento original el instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; por tanto no se consideraran con ese carácter aquellos documentos de los que se pueda obtener una copia certificada por alguna dependencia pública, notarías o corredurías públicas, sin que sea necesario la autorización de las partes del acto jurídico que consignen.

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. RESOLUCIÓN CONFLICTO COMPETENCIAL. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; en su atención, se tiene a la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito remitiendo copia certificada de la ejecutoria pronunciada el catorce de diciembre del año en curso, en el conflicto competencial 62/2022, del registro del citado tribunal, misma que en sus puntos resolutivos establece: PRIMERO. Se declara que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, debe conocer de la demanda promovida por la quejosa *****, en contra de los actos del Secretario de Salud del Estado de Hidalgo y el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud de esa misma entidad, junto con la demanda promovida por ***** registrada bajo el número 1676/2022. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de amparo 1767/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito, al Juzgado Primero de Distrito, ambos en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, con testimonio de esta resolución; para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Confírmese la recepción de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno que corresponde y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Visto lo resuelto por la superioridad se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por *****, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. Al examinar la demanda se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo; esto es, la relativa al consentimiento tácito del acto reclamado: Los preceptos legales citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los dispositivos legales transcritos se advierte que, por regla general, para la promoción de la demanda de amparo, el término será de quince días, cuyo cómputo deberá realizarse de acuerdo con lo siguiente: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el entendido de que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. En el caso a estudio el acto reclamado consiste en la retención de parte del salario de ***** para cubrir los créditos que desconoce haber contratado con las empresas *****, *****, *****, *****, acto que debe ceñirse a la regla genérica de promoción del juicio de amparo, es decir, al plazo de quince días. Entonces, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el término para la presentación de la demanda debe computarse desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución. Ahora bien, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narra la accionante, se advierte que desde el año dos mil diecisiete y hasta el día de la fecha, le realizan las retenciones de salario de las que se duele, con motivo de los créditos que refiere y de los cuales manifiesta no haber contratado. No obstante, exhibe impresión de cuatro recibos de pago a nombre de la quejosa, de los que se advierte un descuento por concepto de "PROMOBIEN" y "TOTAL CREDIT", de los cuales el más antiguo es de fecha de pago quince de enero de dos mil veintiuno. De lo anterior se colige que, desde esa data la quejosa ya tenía conocimiento de los descuentos de salario de los que se duele. Por ende, se tiene como fecha de conocimiento del acto reclamado el quince de enero de dos mil veintiuno. Así, conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la ley de la materia, el término para la promoción de la demanda de amparo debe computarse desde el día siguiente a aquél en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. Entonces, si como quedó evidenciado la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo menos, el quince de enero de dos mil veintiuno, es evidente que la demanda de amparo no fue promovida dentro del plazo de quince días que señala el numeral antes citado. En efecto, ya que la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, hasta el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, es decir, ha transcurrido más de un año desde que tuvo conocimiento del acto reclamado. Lo anterior, conduce a afirmar que el acto reclamado fue consentido tácitamente al no haberse promovido dentro del término de quince días; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable, por ser compatible con las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, Junio de 1993, página 235, de rubro y texto siguientes: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. En esas condiciones, resulta manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia contemplada en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Wendy Lucia Melo Arellano...I

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