Jaime González Montes

Expediente 1098/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1098/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
23/07/2018

Partes del expediente

  • Jaime González Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de veintinueve de junio de la presente anualidad, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, para todos los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó fuera de audiencia, en el entendido que se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte de las constancias que lo integran que por demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, recibido el día siguiente en este Juzgado, JAIME GONZÁLEZ MONTES solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por considerarlo violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se hizo consistir en ACTO RECLAMADO. LA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, MISMA QUE SE TRADUCE EN LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE DICTAR EL LAUDO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO D-4/508/2016, DESDE EL CIERRE DE INSTRUCCIÓN DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que la junta responsable exhibió como justificante de su informe, consistentes en las copias certificadas de diversas actuaciones del expediente D-4/508/2016 (fojas 21 a 26), a las que se concede pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el laudo cuya omisión reclama la parte quejosa fue dictado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en los términos que se desprenden de la propia constancia (fojas 21 a 23). En consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de garantías. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la propia ley, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda. Sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera las garantías consagradas en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el Tribunal más alto de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se estima resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si el quejoso se duele de la omisión de la responsable de emitir el laudo en el expediente laboral D-4/508/2016, y la responsable el rendir su informe justificó plenamente que el mismo fue emitido el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda que originó el presente juicio, es por demás claro que el quejoso, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). En estas condiciones, atendiendo que el laudo cuya omisión reclama el quejoso, se dictó el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, conforme a tal situación, es evidente que en la fecha de presentación de la demanda (treinta y uno de mayo del presente año), el acto reclamado era inexistente, por lo cual el juicio de amparo en estudio no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Consecuentemente, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado no existía, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que ofrezca pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la sustanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. En estas condiciones, se dejan sin efecto las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Háganse las anotaciones correspondientes. No es obstáculo a la anterior determinación la circunstancia de que a la fecha en que sea actúa se encuentre pendiente por emplazar a la parte tercero interesada CONSTRUCTORA SUCORE Sociedad Anónima de Capital Variable, al no obrar en autos su emplazamiento; ya que a nada practico conduciría seguir insistiendo en alcanzarlo, pues no se considera que con ello no se dé oportunidad de defenderse debidamente en el presente juicio de garantías atento a las razones antes apuntadas que concluyeron con el sobreseimiento y que en nada le perjudica. Finalmente, hágase del conocimiento del solicitante de amparo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en su contra por auto de siete de junio del año en curso

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte de las constancias que lo integran que por demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, recibido el día siguiente en este Juzgado, JAIME GONZÁLEZ MONTES solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por considerarlo violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se hizo consistir en ACTO RECLAMADO. LA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, MISMA QUE SE TRADUCE EN LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE DICTAR EL LAUDO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO D-4/508/2016, DESDE EL CIERRE DE INSTRUCCIÓN DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que la junta responsable exhibió como justificante de su informe, consistentes en las copias certificadas de diversas actuaciones del expediente D-4/508/2016 (fojas 21 a 26), a las que se concede pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el laudo cuya omisión reclama la parte quejosa fue dictado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en los términos que se desprenden de la propia constancia (fojas 21 a 23). En consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de garantías. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la propia ley, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda. Sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera las garantías consagradas en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el Tribunal más alto de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se estima resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si el quejoso se duele de la omisión de la responsable de emitir el laudo en el expediente laboral D-4/508/2016, y la responsable el rendir su informe justificó plenamente que el mismo fue emitido el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda que originó el presente juicio, es por demás claro que el quejoso, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). En estas condiciones, atendiendo que el laudo cuya omisión reclama el quejoso, se dictó el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, conforme a tal situación, es evidente que en la fecha de presentación de la demanda (treinta y uno de mayo del presente año), el acto reclamado era inexistente, por lo cual el juicio de amparo en estudio no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Consecuentemente, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado no existía, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que ofrezca pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la sustanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. En estas condiciones, se dejan sin efecto las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Háganse las anotaciones correspondientes. No es obstáculo a la anterior determinación la circunstancia de que a la fecha en que sea actúa se encuentre pendiente por emplazar a la parte tercero interesada CONSTRUCTORA SUCORE Sociedad Anónima de Capital Variable, al no obrar en autos su emplazamiento; ya que a nada practico conduciría seguir insistiendo en alcanzarlo, pues no se considera que con ello no se dé oportunidad de defenderse debidamente en el presente juicio de garantías atento a las razones antes apuntadas que concluyeron con el sobreseimiento y que en nada le perjudica. Finalmente, hágase del conocimiento del solicitante de amparo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en su contra por auto de siete de junio del año en curso

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Mario Humberto Estrada López, visto su contenido, téngase por hechas las manifestaciones, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de veinticuatro horas a partir de que quede debidamente notificado del presente auto, remita copia certificada de la diligencia de requerimiento de pago, misma que se llevó a cabo el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral D-264/2008 e informe respecto de la solicitud que hizo a la Secretaría de Educación Pública y a la Dirección de Personal de la Secretaría de Educación Pública, mediante escrito de quince de junio de dos mil dieciocho, para exhibieran el nombramiento respectivo a efecto de que se reinstale al actor, aquí quejoso Mario Humberto Estrada López, en su centro de trabajo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 259, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional) atento a la actualización publicada en el propio diario, el diez de enero de dos mil dieciocho y se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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