Jaime González Cruz
Expediente 1072/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1072/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/08/2016
Partes del expediente
- Jaime González Cruz
- Registrador Integral adsrito a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 355/2016 (orden número 592/2016) del índice de este Juzgado, enviado para notificar al quejoso Jaime González Cruz, el proveído de dieciocho de julio del año en curso. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de cinco de agosto del año en curso, por el que desechó la demanda de garantías promovida por Jaime González Cruz; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, de la certificación de cuenta, se advierte que después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, se advierte la existencia de documentos originales. En ese sentido, con base en lo establecido en el punto vigésimo primero, fracción II, en relación con el diverso décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 01/2009, citado con antelación; se ordena notificar a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca al local de este juzgado de Distrito a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos, sin previo acuerdo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa. Por tanto, de conformidad con lo establecido en la certificación de cuenta, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente expediente como asunto concluido y se determina que: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de agosto de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta mediante el cual Jaime González Cruz, desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de dieciocho del mes y año en curso. En esas condiciones, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado al quejoso; y en consecuencia, se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integra del escrito de demanda se advierte que éste se hace consistir en: El proyecto de calificación registral de catorce de marzo de dos mil seis, emitido por el Registro Integral adscrito a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México. La expedición del certificado agrario número 474979 relativo a la parcela 656 Z1-P1/1, con una superficie de 0-52-28.52 hectáreas, ubicada en el Ejido de Santa María Mazatla, municipio de Jilotzingo, Estado de México. Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." DESECHAMIENTO. El suscrito advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Justifica lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IX, Enero de 1999; página 13, del epígrafe: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD En ese tenor, se estima que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Así, el artículo 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. .." Causa referente a la improcedencia del juicio de garantías, en el momento de reclamarse actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder su suspensión; ello, con independencia de la susceptibilidad de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. Es decir, el amparo en materia administrativa, únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por la propia Ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en comento, ha realizado nuestro máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar la misma, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Cobra aplicación a ese respecto, la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, del Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En ese mismo sentido, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable, que los medios de impugnación a los que alude la causal de improcedencia en comento, tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Pues bien, del estudio integral de la demanda, el promovente reclama el proyecto de calificación registral del catorce de marzo de dos mil seis, y con base en ello la expedición del certificado agrario número 474979 relativo a la parcela 656 Z1-P1/1 del Ejido de Santa María Mazatla, municipio de Jilotzingo, Estado de México. A continuación, se abordará el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por la Ley Agraria, debe agotarse el juicio de nulidad previsto en los artículos 61 del citado ordenamiento, penúltimo párrafo, de la citada ley. Debe tenerse en cuenta que el artículo 61 de la Ley Agrario, señala: Artículo 61.- La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por lo (sic) individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del Procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras. La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva. En atención al artículo transcrito se evidencia que contra del acto reclamado en la presente vía procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, pues si bien se duele de la aprobación y expedición del certificado agrario número 474979 relativo a la parcela 656 Z1-P1/1 del Ejido de Santa María Mazatla, municipio de Jilotzingo, Estado de México; lo cierto, es que dicho acto derivo como consecuencia los acuerdos tomadas por la asamblea de ejidatarios del citado núcleo ejidal el veintiséis de junio de dos mil cinco, en la cual se aprobó entre otras cosas, el cambio de destino de parte de las tierras de uso común para destinarlas al área de parcela del ejido; por tanto, el Registro Agrario Nacional, únicamente actúo en acatamiento a lo ordenado por dicha asamblea, expidiendo los certificados correspondientes respecto de la asignación de las parcelas, de ahí que la certificación de que se duele el quejoso pudo ser cancelada al impugnarse la asamblea mencionada. En este contexto resulta evidente que en la especie no se cumple con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ya que el promovente no agotó previamente a la interposición del presente juicio, el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, tal como lo establecen los numerales transcritos en líneas precedentes; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Décimosegundo Circuito, que establece: RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL ABROGADO. PARA CONTROVERTIR LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA DE UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS NO ES INDISPENSABLE AGOTARLO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.Aun cuando el artículo 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional vigente hasta el 11 de octubre de 2011 (de contenido similar al del diverso 59 del reglamento en vigor) dispone que contra la calificación negativa procederá el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículo 83), ello no condiciona la procedencia de la vía jurisdiccional agraria al agotamiento previo del recurso aludido, pues el hecho de que expresamente no se hubiese dispuesto que es opcional para el afectado por la negativa registral, no lo dota de obligatoriedad, ya que del análisis sistemático de aquel precepto, en relación con los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y considerando, además, la finalidad de los recursos administrativos, subyace que contempla una opción para el afectado por la negativa registral de inscribir un acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional, quien puede interponer el recurso de revisión administrativo, o bien, acudir directamente ante el Tribunal Unitario Agrario a demandar la nulidad de dicha determinación, en términos del artículo 18, fracción IV, indicado, toda vez que en el sistema de impugnación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la interposición de los recursos no constituye un presupuesto que condicione el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que, en el caso concreto, la causal que se analiza establece que tratándose de actos distintos de los emitidos por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo indirecto no procederá mientras aquéllos puedan ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que con arreglo a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado (exepción que solo opera en tratándose de menores), sin exigir mayores requisitos que los que la propia ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto, en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. En ese orden de ideas, al no ubicarse la parte quejosa en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, está obligada en agotar el juicio de nulidad, en contra de la expedición del certificado agrario número 474979 relativo a la parcela 656 Z1-P1/1 del Ejido de Santa María Mazatla, municipio de Jilotzingo, Estado de México, acto que deviene como consecuencia de los acuerdos tomados por el citado núcleo ejidal mediante acta de asamblea celebrada el veintiséis de junio de dos mil cinco, en la cual se solicitó al Registro Agrario Nacional a efecto de que expidiera los certificados de las parcelas asignadas en la citada asamblea, por lo que es inconcuso que se actualiza la citada causal de improcedencia. Así, se concluye que el impetrante de garantías debió combatir la determinación que tacha de inconstitucional, ante el Tribunal Unitario Agrario, antes de acudir a la presente instancia, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito, que reza: JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.En términos de los artículos 160, último párrafo, de la Ley Agraria, y 110 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, vinculados con la fracción IV del diverso 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario contra la resolución dictada por la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), en la que ordena el archivo del procedimiento de adquisición de terrenos nacionales, por estimar que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, esto es, actualizar la solicitud dentro del plazo previsto en dicho numeral, razón por la cual, en atención al principio de definitividad y al no actualizarse algún supuesto de excepción establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debe agotarse el mencionado medio de defensa ordinario antes de promover el juicio de amparo indirecto. (10a. Época; Plenos de Circuito; Gaceta S.J.F.; Libro 27, Febrero de 2016; Tomo II ; Pág. 1425) Por tanto, como la parte solicitante del amparo no agotó el recurso ordinario conducente, en el caso concreto se estima que no se cumplió con el principio de definitividad necesario para estar en aptitud de acudir ante la autoridad judicial de amparo para el estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Aunado a lo anterior, el gobernado debe acudir a la instancia de legalidad en virtud de que el acto reclamado prácticamente como se estableció en párrafos precedentes deriva de lo determinado en una asamblea general de ejidatarios lo que es materia propia de un juicio ordinario, no así de un juicio constitucional, pues dicho acto no es de aquellos que se vinculen con el actuar potestativo de la autoridad sino con una determinación derivada de una asamblea general de ejidatarios, lo cual implica que no es una actuar autoritario porque no reviste los requisitos, pues para tal efecto se debe de advertir que el funcionario que la dicte lo haga en ejercicio de la potestad pública de que está investido, que actúe con facultad de decisión e imperio, y que su cumplimiento se trate de obtener por medio de la coacción o de la fuerza; lo cual no acontece dentro del presente sumario. Por tal motivo, resulta que en la especie se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda de cuenta por ser notoriamente improcedente. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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