Jaime Gerardo Reyes Ortiz

Expediente 1235/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1235/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
29/11/2018

Partes del expediente

  • Jaime Gerardo Reyes Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del doce al veintisiete de noviembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete del propio mes y año; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión; Sí existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este juzgado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, las copias certificadas del expediente laboral 52/2017, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1235/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, leídas las mismas, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el cual de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 119 de la ley de la materia invocada, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, la documental que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado y con sus oficios recibidos en este juzgado el dieciséis de agosto, diecisiete y veinticuatro de octubre del año en curso. Cerrado el período probatorio, se pasa a la etapa de alegatos, en la que de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 144 de la ley de la materia invocada, se tienen formulados los que hizo valer la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en sus pedimento registrados con los folios 14554 y 15899; asimismo, expídasele copia simple de la presente resolución. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, en vista de todo lo actuado se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1235/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. En escrito presentado el ocho de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Jaime Gerardo Reyes Ortiz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos contenidos en los preceptos constitucionales que se precisan enseguida: Autoridades responsables: Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad. Acto reclamado. "Actos reclamados: la omisión de desahogar los medios de perfeccionamiento de documentales a cargo de Alina Judith Casanova Luna, Adolfo Téllez Mendel y Rosa de Lima Sauceda Ballesteros, consistentes en original de dos actas circunstanciadas de hechos, ambas de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete; y ratificación de contenido y firma a cargo de los CC. Alina Judith Casanova Luna, Martín Sarmiento Álvarez y César Eduardo Medina Jara, consistente en original de acta circunstanciada de hechos de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete. Asimismo la inobservancia al término que refiere la Ley Federal del Trabajo, relativo al desahogo de pruebas que no debe de exceder de treinta días. 2. La Actuaria de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en Brd. López Portillo No. 303, Colonia Dependencias Federales, en Guadalupe, Zac. Acto reclamado: la omisión de notificar a los ratificantes antes mencionados.". Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 1235/2018; por proveído de doce de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de autoridades que residen dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y existencia del acto reclamado. Previo a analizar la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, así como de los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de desahogar los medios de perfeccionamiento de documentales a cargo de Alina Judith Casanova Luna, Adolfo Téllez Mendel y Rosa de Lima Sauceda Ballesteros, consistentes en original de dos actas circunstanciadas de hechos, ambas de veinte de enero de dos mil diecisiete; ratificación de contenido y firma a cargo de Alina Judith Casanova Luna, Martín Sarmiento Álvarez y César Eduardo Medina Jara, consistente en original de acta circunstanciada de hechos de treinta de enero de dos mil diecisiete. Asimismo la inobservancia al término que refiere la Ley Federal del Trabajo, relativo al desahogo de pruebas que no debe de exceder de treinta días. La omisión de notificar a los ratificantes antes mencionados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, presunción o certeza, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Las autoridades responsables Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad y actuaria de su adscripción, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado!, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Del presente juicio de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Fijado lo anterior, es menester señalar que dentro del juicio en que se actúa, han cesado los efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: De una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción IV y 77, de la Ley de Amparo, se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndolo transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante del amparo que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la omisión de desahogar los medios de perfeccionamiento de documentales a cargo de Alina Judith Casanova Luna, Adolfo Téllez Mendel y Rosa de Lima Saucedo Ballesteros, y ratificación de contenido y firma a cargo de Alina Judith Casanova Luna, Martín Sarmiento Álvarez y César Eduardo Medina Jara. Sin embargo, la presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con su oficio recibido el veinticuatro de octubre del presente año, remitió copias certificadas del auto de veintiuno de agosto del año en curso, por el que hizo efectivos a la parte demandada los apercibimientos decretados por esa junta en el juicio natural y tuvo por desierta la prueba de ratificación de contenido y firma ofrecida con cargo a Alina Judith Casanova Luna; así como del auto de diecinueve de septiembre pasado, por el que desahogó dicha probanza respecto a César Eduardo Medina Jara. Por otra parte, la mencionada autoridad a su oficio recibido en este juzgado el diecisiete de octubre actual, acompañó copias certificadas del proveído dictado el seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual desahogó la ratificación de contenido y firma ofrecida con cargo a Rosa de Lima Saucedo Ballesteros; hizo efectivos a la demandada los apercibimientos decretados en auto de dos de mayo del propio año y tuvo desierta la prueba de ratificación a cargo de Martín Sarmiento Álvarez; y tuvo por puesta de su puño y letra la firma del documento a ratificar a cargo de Adolfo Téllez Méndez; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto de omisión impugnado en esta instancia constitucional. De lo anterior destaca que la emisión de los proveídos dictados el seis de agosto y diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, por los que se desahogaron las pruebas ofrecidas con cargo a Rosa de Lima Saucedo Ballesteros, César Eduardo Medina Jara; se tuvo por desierta la prueba de ratificación de contenido y firma ofrecida con cargo a Alina Judith Casanova Luna; y se por puesta de su puño y letra la firma del documento a ratificar a cargo de Adolfo Téllez Méndez, cuya omisión se reclama en esta instancia ya fueron emitidos. Por tanto, al haberse emitido los autos por los que se desahogaron las pruebas de ratificación de contenido y firma ofrecidas por la demandada en el juicio laboral de origen, cuya omisión de dictado constituyó el acto reclamado en el presente asunto, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior encuentra apoyo, por las razones que la informan, en la Jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie se ha actualizado la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jaime Gerardo Reyes Ortiz respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad y actuaria de su adscripción. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm.

  3. Principal

    El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 21669. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda, con las que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Bjm

  4. Principal

    El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con dos promociones registradas con los folios 21194 y 21198. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas de diversas constancias deducidas del juicio laboral del que derivan los actos reclamados; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda, con las que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase de nueva cuenta a la mencionada autoridad para que dentro del término de tres días, remita a este tribunal federal, específicamente copias debidamente certificadas de los autos emitidos una vez que transcurrieron los tres días otorgados a la parte demandada en el juicio natural, para que proporcionara el domicilio completo y correcto donde debería ser notificada Alina Judith Casanova Luna, toda vez que se consideran necesarias para resolver el presente juicio de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se hará efectivo en su contra el apercibimiento decretado en el auto admisorio de doce de junio del año en curso. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Por otra parte, téngase por recibido el oficio que remite la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas; en atención a su contenido téngasele haciendo suyo y adhiriéndose al cumplimiento dado por la mencionada presidenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

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