Jaime Fuerte Carbajal
Expediente 947/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Jaime Fuerte Carbajal
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de uno de septiembre de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, decrétese el valor correspondiente de este expediente judicial, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en la fracción IV del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 2.3 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
1. Demanda. Téngase por recibido el escrito signado por ********************, mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y ********************, encargada y/o responsable administrativa de la institución Comisión Federal de Electricidad, ambas con residencia en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 947/2023, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo . La invocada disposición legal precisa que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia citada expone que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Caso concreto. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el aquí quejoso reclama la inhabilitación o desconexión del equipo de medición número ********************, correspondiente al domicilio ubicado en la calle ********************, número ********************, colonia ********************, de Acuña, Coahuila de Zaragoza, del cual se ostenta como propietario, ejecutado por las responsables. Lo anterior, con motivo de un adeudo de consumo de energía comprendido del once de agosto del dos mil quince al nueve de agosto de este año, por lo que adeuda la cantidad de $ 212,251.00 (doscientos doce mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional) y como consecuencia de ello, el corte de suministro de energía eléctrica ejecutado el doce de agosto del año en curso, en el domicilio de referencia. 3.2 Causal de improcedencia. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. 3.2.1 Actos de autoridad. En ese sentido, los numerales 1 y 5, fracción II de la ley de la materia, prevén la procedencia del juicio de amparo, entre otros, contra actos de autoridad, que vulneren derechos fundamentales, entendiendo por aquélla, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo que hace al artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente, además de los expresamente contemplados, en los demás casos que establezca la Constitución Federal y en lo dispuesto en la ley de la materia. En cuanto a la concepción de "autoridad", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversas notas a fin de distinguir cuándo se tiene tal carácter para los efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, a saber: i) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ii) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. iii) Que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. iv) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo excluye los actos de particulares, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente; a menos que los mismos se equiparen a los actos de autoridad, por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras, corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir las controversias que surgen de ellas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral, la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; las partes están en el mismo nivel. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Por su parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Sin que pase inadvertido lo señalado en el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, en el sentido de que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, mediante la jurisprudencia 2ª./J 30/2018 (10ª), que cuando se reclamen actos que guarden relación con contratos de suministro de energía eléctrica entre particulares y la Comisión Federal de Electricidad, las controversias suscitadas entre las partes deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, de modo que dicha comisión no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. En esa tesitura, si el acto reclamado por la parte quejosa en la demanda de cuenta, se hace consistir en la inhabilitación del equipo de medición número ********************, correspondiente al domicilio ubicado en la calle ********************, número ********************, colonia ********************, de Acuña, Coahuila de Zaragoza, del cual se ostenta como propietario, ejecutado por las responsables, con motivo de un adeudo de consumo de energía. Es evidente que se trata de una cuestión derivada de la relación contractual del servicios de suministro de energía eléctrica entre el particular usuario -quejoso- y la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Acuña, Coahuila de Zaragoza. Por lo que la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil, porque es una cuestión que se deriva de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato respectivo o con motivo de este. Al no existir la vinculación de subordinación característica del acto de autoridad, de ahí que Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Acuña, Coahuila de Zaragoza, no tenga el carácter de autoridad responsable dentro del juicio de amparo. 3.2.2 Criterio aplicable. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3.3 Conclusión. En mérito de lo anterior, este órgano de justicia considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, se desecha de plano la demanda de amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. 4. Domicilio y autorizado para notificaciones. La parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones la lista que se fije en un lugar visible en este órgano jurisdiccional. De igual forma, se tienen como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, por encontrarse inscrito en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.
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