Jaime Fernando Revilla Guerrero

Expediente 212/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
212/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Jaime Fernando Revilla Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintitrés de marzo pasado. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se tuvo por desechada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. León, Guanajuato, a veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. I. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 212/2021-II, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Parte quejosa. Jaime Fernando Revilla Guerrero. III. Autoridad responsable. Gobernador del Estado, con sede en Guanajuato, capital y otras autoridades. IV. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina en su integridad, esto es, desde el proemio hasta sus puntos petitorios, de lo que se advierte que la parte quejosa reclama: La emisión de los dictámenes, votación y designación de Alma Delia Camacho Patlán, Ma. Guadalupe de la Paz Rangel Armenta, Carlos Vicente Muñoz Jiménez, J. Jesús Ricardo Santos Hernández, José de Jesús Maciel Quiroz, J. Jesús Morales Fernández, Edith Patricia Calzada Guerrero, Arcelia María González González y José Federico Ruiz Chávez, como Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; proceso en la designación del Consejo del Poder Judicial del Estado a cargo de Juan Carlos Luna Pérez, Humberto Espitia Arredondo y Arturo Razo Tapia, así como proceso en la designación del Titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. En el caso, a criterio de este órgano jurisdiccional, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, misma que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;." Dicho precepto legal establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclame del órgano legislativo a nivel federal o estatal, entre otras resoluciones, la elección de funcionarios, en los casos en que las leyes correspondientes, les otorguen esa decisión de manera soberana o discrecional; lo que en la especie ocurre en el caso que nos ocupa. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejecutoria de dos de junio de dos mil seis, dictada en el amparo en revisión 471/2006, de la cual emanó la tesis aislada con registro electrónico 173819, de rubro: "COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO", definió lo que debe entenderse por acto soberano o discrecional, como a continuación se sintetiza: a) La facultad será soberana, cuando la ejerce quien goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones; y, b) Discrecional, cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia; esto es, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma 'arbitraria', sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones. De tal manera, el sentido gramatical de los vocablos referidos permite concluir que, la hipótesis de improcedencia invocada tiene lugar, entre otros supuestos, cuando se reclamen actos del Congreso del Estado de Guanajuato, relativos a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que, la Constitución local confiera a tal ente, la facultad de resolver en forma independiente, sin injerencia de terceros, o bien, conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión. En ambos casos, la facultad relativa no depende de la decisión de terceros y se encuentra libre de presión e injerencia alguna Ahora, la parte quejosa señala, esencialmente, como acto reclamado los dictámenes formulados por el Gobernador del Estado de Guanajuato y el proceso del Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, dirigida a la sociedad en general, relativos a la propuesta de ternas para la designación de Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia para el Estado de Guanajuato, del Consejo del Poder Judicial del Estado, así como del Titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, conforme a las bases y procedimientos establecidos en la Constitución del Estado de Guanajuato, sin permitir la participación abierta de la sociedad, sin que se ejerciera el derecho ciudadano de los parlamentos abiertos, restringiendo la información sobre el proceso de designación. Al respecto, es pertinente citar las consideraciones plasmadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 133/2009, de rubro: "CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EN EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCIÓN EL CONGRESO ESTATAL EMITE ACTOS SOBERANOS, RESPECTO DE LOS CUALES SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO", en las que examinó el proceso legislativo para elegir a los funcionarios a los que hace alusión el criterio en cita, concluyendo que se trata de un acto soberano o discrecional, como a continuación se transcribe, en su parte conducente: "Así, cuando el Congreso del Estado de Jalisco elige a los consejeros integrantes del Consejo General del Poder Judicial, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático porque, en su carácter de representante popular, tiende a conformar uno de los órganos públicos establecidos en el Texto Constitucional Local, en cumplimiento al propio mandato de éste, cuya labor es la de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral; por tanto, la decisión del órgano legislativo estatal, en este caso, se encuentra revestida de significación constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana, sin que los preceptos que la otorgan limiten de manera alguna, la autonomía que caracteriza a la facultad concedida al Congreso del Estado de Jalisco, para elegir a los consejeros integrantes del Consejo General del Poder Judicial, puesto que si bien la elección la sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad, lo cierto es que estas reglas especiales de procedimiento, especialmente la convocatoria (anuncio, aviso, invitación, decreto, nota y edicto, entre otros) a la sociedad, no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de Jalisco, ya que no lo vinculan para que adopte su decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona u órgano ajeno al propio órgano legislativo, por lo que tal disposición no puede interpretarse en el sentido de que hayan privado de independencia a la facultad del Congreso, en tanto que no sujetan la decisión que éste debe adoptar, a la determinación que vierta persona o institución alguna en respuesta a la convocatoria de mérito. Asimismo, es claro que la convocatoria a la sociedad, traducida en la mera opinión de determinados sectores de ella respecto de las personas que pudieran ser elegibles o incluso de quienes se postulen a sí mismos como candidatos al puesto, no implica sometimiento del Congreso a persona, órgano o asociación alguna, toda vez que aquélla sólo representa el sentir o estimación de las personas convocadas del asunto específico de que se trate, pero carece de toda fuerza vinculatoria, máxime porque, en todo evento, los sistemas atinentes a facilitar la toma de decisiones del órgano legislativo están orientados únicamente a optimizar la función del órgano colegiado relativo, sin que ello pueda representar menoscabo a la soberanía e independencia, en este caso, del Poder Legislativo jalisciense. En este orden de ideas, si la facultad soberana que la Constitución del Estado de Jalisco confiere al Congreso, para elegir a los integrantes del Consejo del Poder Judicial del Estado, tampoco se ve destruida o limitada con el procedimiento derivado de la convocatoria, resulta inconcuso que tal acto, encuadra en el supuesto descrito en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo y, por ende, si dicho acto se señala como acto reclamado en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse la causal de mérito, debiéndose extender dicho sobreseimiento a cualquier otro acto emitido por el propio Congreso, dentro del procedimiento instaurado para tal designación, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación apuntado, que es el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona, mucho menos procederá dicha acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio, máxime si la causa de improcedencia que se analiza no atiende, como otros supuestos de improcedencia, a la etapa del procedimiento en que el acto correspondiente se emita, sino que dicha causa se refiere exclusivamente, al origen del acto, esto es, a que provenga de la autoridad legislativa correspondiente, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando la Constitución (Federal o Local según sea el caso) le confiera la facultad soberana o discrecional para ello. Por tanto, el supuesto de improcedencia de que se trata se actualiza cuando se reclame, en el juicio de garantías algún acto emitido con motivo de la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que el órgano legislativo esté dotado constitucionalmente de la facultad soberana o discrecional para decidir al respecto, con independencia de que el acto se emita dentro del procedimiento o se trate de la decisión que elija, suspenda o remueva al funcionario respectivo, es decir, la determinación con que el procedimiento culmine." Ahora bien, de los artículos 63, fracción XXI, 85, cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, así como el 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, se desprende lo siguiente: a) En el procedimiento de elección, intervendrá una comisión especial integrada por representantes de los tres poderes del Estado, quienes someterán a los participantes a un proceso de selección, a través de una terna que por turnos alternativos presente el Gobernador del Estado o el Consejo del Poder Judicial. b) Esta terna será presentada a la Comisión Legislativa de Justicia, a través de la cual se expondrán los nombres de los participantes, en el caso de ser propuestos por el Consejo del Poder Judicial, deberán ser Jueces que cumplan con los requisitos del artículo 86 de la Constitución del Estado de Guanajuato; y en caso de ser propuesta por el Gobernador del Estado, podrá estar integradas por personas que no tengan carrera judicial pero que se hayan distinguido por su honorabilidad y competencia en el ejercicio de la profesión jurídica. c) Una vez hecho lo anterior, los Dictámenes de ternas propuestos por turnos alternativos por el Gobernador del Estado o el Consejo del Poder Judicial del Estado, se someterán a discusión por el Pleno del Congreso, las cuales requieren de una votación de las dos terceras partes de los miembros presentes, el Pleno hará la designación de Magistrados al Supremo Tribunal de Justicia y de Consejeros del Poder Judicial del Estado. Lo anterior revela que la elección para ocupar el cargo de Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, del Consejero del Poder Judicial del Estado, así como del Titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, es un acto soberano y discrecional del Pleno del Congreso del Estado. No pasa inadvertido que, si bien es cierto que en el procedimiento de elección de Magistrados, Consejeros y Titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, interviene también una comisión especial integrada por representantes de los tres poderes del Estado, en tanto dicho órgano es quien propone a los candidatos al cargo a la Comisión Legislativa de Justicia del Congreso del Estado; también lo es que, quien elegirá de manera independiente a los Magistrados, Consejeros y el citado titular, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Congreso del Estado. Por ende, si la elección de Magistrados, Consejeros y Titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, no requieren de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, debe considerarse que tal acto sí se trata de un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales del Congreso. Lo anterior se estima de esa manera, porque el Congreso del Estado de Guanajuato es un órgano de representación conformado por la elección libre, auténtica y periódica de los ciudadanos mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en términos de los artículos 41, 42, 43 y 44 de la Constitución del Estado de Guanajuato. Por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo y, por ende, cuando el Congreso elige a los Magistrados, Consejeros y Titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático porque, en su carácter de representante popular, tiende a conformar uno de los órganos públicos establecidos en el texto constitucional local, en cumplimiento al propio mandato de éste. Tampoco es obstáculo a la anterior conclusión, que el procedimiento para la elección de los Magistrados, Consejeros y Titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato de referencia se encuentre regulado en la Constitución y leyes locales, esto es, que estemos en presencia de una facultad reglada; es decir, que la autoridad para elegir al funcionario público está obligada a observar las reglas establecidas en las leyes que regulan ese proceso. Cabe señalar, que si bien el artículo 36 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato estable el principio de parlamento abierto, orientado en los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación del desempeño legislativo y participación ciudadana, lo cierto es que el proceso legislativo al que se hace alusión, además de ser soberano y discrecional, no está supeditado, para su procedencia o legalidad, a la participación directa de la sociedad civil en el sentido de requerir la opinión de está sobre la idoneidad de los aspirantes -quien son, todo caso, quienes tendrían legitimación para impugnar dicho procedimiento al haber participado en el mismo-; que si bien es una política pública favorable para la transparencia y la rendición de cuentas, ello no constituye un requisito de validez sobre dicho proceso legislativo. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), de carácter obligatoria, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, materia Común, página 887, de rubro siguiente: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA." En ese orden de ideas, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis; con fundamento en el artículo 113 de la Ley propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Jaime Fernando Revilla Guerrero. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Roberto Saucedo Pimentel, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de las partes que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante el Acuerdo General 1/2021, con relación al periodo de vigencia, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, indíquese a las partes que si están en algún supuesto legal por el cual requieran comparecer, deberán gestionar su cita. VIII. Instrucción para notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diecinueve de marzo de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano