Jaime Estrada Nanduca
Expediente 1268/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1268/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/10/2019
Partes del expediente
- Jaime Estrada Nanduca
Actuaciones
- Principal
Vista; la certificación anterior de la que se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y que la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se tuvo por desechada la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Sin que sea el caso proveer al respecto, toda vez que no se advierten documentos que sea necesaria su devolución.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por +++, en su carácter de madre del quejoso +++, contra actos del Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas y otra. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1268/2019-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145, de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: La orden de presentación; Orden de detención; y, Orden de Aprehensión. Tiene aplicación a lo anterior la tesis jurisprudencial que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Ahora, analizada que fue la demanda de amparo, este juzgador estima que en el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6°, y 15, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo. De la lectura de los preceptos en cita, cabe decir, que para que nazca la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, es menester que cause perjuicio a una persona física o moral, esto es, que sufra un agravio personal y directo. Correlativo a lo anterior, el artículo 6°, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5, fracción I, de la ley de la materia. Luego, el artículo 5°, fracción I, párrafo primero, de la ley del ordenamiento legal en cita, prevé que el acto reclamado debe producir una afectación real y actual a su esfera jurídica; esto es, concreto e inminente y no basado en suposiciones inciertas, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo. Así se advierte de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. Y la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente. De lo que se tiene, que la hoy promovente carece de legitimación para instar la presente demanda de garantías, al no causarle el acto impugnado, un agravio personal y directo, es decir, que la ley o el acto afecte algún derecho perteneciente a su esfera jurídica. En consecuencia, a fin de satisfacer el requisito de procedibilidad contenido en los preceptos legales arriba citados, cabe destacar, las tres hipótesis de las cuales se puede instar este juicio a nombre de la parte quejosa: I) Por medio de representante o apoderado legal, en términos de los artículos 10 y 11 de la Ley de la Materia; II) Por conducto de sus defensor, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, en términos del segundo párrafo del artículo 6° y 14, ambos de la Ley de Amparo; y III) Por cualquier persona, aunque sea menor de edad, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, "y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo", de conformidad con el artículo 15, párrafo primero, de la ley reglamentaria. De lo que tenemos, además, que la persona promovente que acude ante los órganos judiciales de la federación a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, debe demostrar fehacientemente que el acto reclamado le afecta de forma personal y directa, o en su caso, a favor de cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, con la salvedad además, de que siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo según el artículo 15, de la ley reglamentaria, lo que no sucede en el presente asunto, puesto que de la propia lectura de la demanda de amparo se evidencia que Irene Nanduca Guillen, en su carácter de madre del directo agraviado Jaime Estrada Nanduca, instó la acción constitucional en su nombre, porque éste radica en la ciudad de Maryland, Estado de Washington, Estados Unidos de Norteamérica, fuera de esta jurisdicción; no obstante, aun y cuando aduce tener el carácter de progenitora, lo que acredita con el atestado de nacimiento que exhibió, ello no la legitima para pedir el amparo a nombre de su hijo, puesto no tiene la calidad de representante ni apoderada legal, o defensora, del directo quejoso, de conformidad con el artículo 6°,en relación con los diversos 10, 11 y 14, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales; además de que tampoco se aprecia que éste sea menor de edad, de acuerdo con el documento antes mencionado, del que se aprecia que tiene cuarenta y cinco años. Además, los actos que reclama -orden de presentación, detención y/o aprehensión- no son resoluciones que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni tampoco se aprecia que el directamente quejoso esté imposibilitado para efectuar esa petición de amparo, pues se insiste, de lo antes narrado se aprecia qe dicha persona radica en Estados Unidos de Norteamérica, desde donde bien puede promover la demanda de amparo, a través de un apoderado o representante legal. De lo que se concluye, que Irene Nanduca Guillen, carece de legitimación procesal activa para instar el juicio de amparo, a nombre de Jaime Estrada Nanduca. Tiene aplicación a este discernimiento, la tesis que a la letra establece: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Así también, la diversa que dice: PROGENITOR DEL SENTENCIADO, NO SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, RESPECTO DE AQUEL. En efecto, el progenitor del sentenciado no se encuentra legitimado para interponer demanda de amparo, pues si bien es verdad que conforme a lo previsto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo: "El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal." Sin embargo, aun cuando tenga el carácter de progenitor del quejoso, ello no lo legitima para pedir el amparo en su nombre, pues no es su representante legal ni su defensor, tampoco se encuentra dentro de ninguna de las hipótesis del artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en razón de que el directamente agraviado no está imposibilitado para promover el amparo, pues si de autos se advierte que tiene asignado defensor reconocido, esto legalmente por la autoridad correspondiente, por lo que la demanda de amparo deberá desecharse por carecer el progenitor de legitimación "ad causam". En consecuencia, al ser improcedente la demanda de amparo instada por Irene Nanduca Guillén, a nombre de Jaime Estrada Nanduca, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6° y 15, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, atento a lo dispuesto en el artículo 113, de la ley reglamentaria. Cobra aplicación la tesis de texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso del medio que solicita el quejoso en su escrito inicial de demanda, en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos del artículo 261, de la Ley de Amparo. +++ DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta. Téngase como autorizadas en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a Patricia Susana Santiago Suarez y María Magdalena Gutiérrez López, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, con fundamento en el numeral antes invocado, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, a Iván Trujillo Santiago y Claudia Iveth Jiménez García, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de hacerlo con posterioridad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo cual, para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Vista; la demanda de amparo promovida por +++, en su carácter de madre del quejoso +++, contra actos del Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas y otra. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1268/2019-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145, de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: La orden de presentación; Orden de detención; y, Orden de Aprehensión. Tiene aplicación a lo anterior la tesis jurisprudencial que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Ahora, analizada que fue la demanda de amparo, este juzgador estima que en el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6°, y 15, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo. De la lectura de los preceptos en cita, cabe decir, que para que nazca la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, es menester que cause perjuicio a una persona física o moral, esto es, que sufra un agravio personal y directo. Correlativo a lo anterior, el artículo 6°, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5, fracción I, de la ley de la materia. Luego, el artículo 5°, fracción I, párrafo primero, de la ley del ordenamiento legal en cita, prevé que el acto reclamado debe producir una afectación real y actual a su esfera jurídica; esto es, concreto e inminente y no basado en suposiciones inciertas, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo. Así se advierte de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. Y la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente. De lo que se tiene, que la hoy promovente carece de legitimación para instar la presente demanda de garantías, al no causarle el acto impugnado, un agravio personal y directo, es decir, que la ley o el acto afecte algún derecho perteneciente a su esfera jurídica. En consecuencia, a fin de satisfacer el requisito de procedibilidad contenido en los preceptos legales arriba citados, cabe destacar, las tres hipótesis de las cuales se puede instar este juicio a nombre de la parte quejosa: I) Por medio de representante o apoderado legal, en términos de los artículos 10 y 11 de la Ley de la Materia; II) Por conducto de sus defensor, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, en términos del segundo párrafo del artículo 6° y 14, ambos de la Ley de Amparo; y III) Por cualquier persona, aunque sea menor de edad, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, "y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo", de conformidad con el artículo 15, párrafo primero, de la ley reglamentaria. De lo que tenemos, además, que la persona promovente que acude ante los órganos judiciales de la federación a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, debe demostrar fehacientemente que el acto reclamado le afecta de forma personal y directa, o en su caso, a favor de cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, con la salvedad además, de que siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo según el artículo 15, de la ley reglamentaria, lo que no sucede en el presente asunto, puesto que de la propia lectura de la demanda de amparo se evidencia que Irene Nanduca Guillen, en su carácter de madre del directo agraviado Jaime Estrada Nanduca, instó la acción constitucional en su nombre, porque éste radica en la ciudad de Maryland, Estado de Washington, Estados Unidos de Norteamérica, fuera de esta jurisdicción; no obstante, aun y cuando aduce tener el carácter de progenitora, lo que acredita con el atestado de nacimiento que exhibió, ello no la legitima para pedir el amparo a nombre de su hijo, puesto no tiene la calidad de representante ni apoderada legal, o defensora, del directo quejoso, de conformidad con el artículo 6°,en relación con los diversos 10, 11 y 14, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales; además de que tampoco se aprecia que éste sea menor de edad, de acuerdo con el documento antes mencionado, del que se aprecia que tiene cuarenta y cinco años. Además, los actos que reclama -orden de presentación, detención y/o aprehensión- no son resoluciones que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni tampoco se aprecia que el directamente quejoso esté imposibilitado para efectuar esa petición de amparo, pues se insiste, de lo antes narrado se aprecia qe dicha persona radica en Estados Unidos de Norteamérica, desde donde bien puede promover la demanda de amparo, a través de un apoderado o representante legal. De lo que se concluye, que Irene Nanduca Guillen, carece de legitimación procesal activa para instar el juicio de amparo, a nombre de Jaime Estrada Nanduca. Tiene aplicación a este discernimiento, la tesis que a la letra establece: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Así también, la diversa que dice: PROGENITOR DEL SENTENCIADO, NO SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, RESPECTO DE AQUEL. En efecto, el progenitor del sentenciado no se encuentra legitimado para interponer demanda de amparo, pues si bien es verdad que conforme a lo previsto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo: "El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal." Sin embargo, aun cuando tenga el carácter de progenitor del quejoso, ello no lo legitima para pedir el amparo en su nombre, pues no es su representante legal ni su defensor, tampoco se encuentra dentro de ninguna de las hipótesis del artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en razón de que el directamente agraviado no está imposibilitado para promover el amparo, pues si de autos se advierte que tiene asignado defensor reconocido, esto legalmente por la autoridad correspondiente, por lo que la demanda de amparo deberá desecharse por carecer el progenitor de legitimación "ad causam". En consecuencia, al ser improcedente la demanda de amparo instada por Irene Nanduca Guillén, a nombre de Jaime Estrada Nanduca, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6° y 15, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, atento a lo dispuesto en el artículo 113, de la ley reglamentaria. Cobra aplicación la tesis de texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso del medio que solicita el quejoso en su escrito inicial de demanda, en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos del artículo 261, de la Ley de Amparo. +++ DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta. Téngase como autorizadas en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a Patricia Susana Santiago Suarez y María Magdalena Gutiérrez López, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, con fundamento en el numeral antes invocado, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, a Iván Trujillo Santiago y Claudia Iveth Jiménez García, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de hacerlo con posterioridad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo cual, para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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