Jaime Ernesto Vargas Somers
Expediente 80/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/04/2022
Partes del expediente
- Jaime Ernesto Vargas Somers
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en cuatro de abril de dos mil veintidós, en la que se resolvió que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jaime Ernesto Vargas Somers; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa, es susceptible de depuración en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese
- Principal
S E N T E N C I A R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. El dos de febrero de dos mil veintidós, fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y turnado el tres de febrero siguiente, a este Juzgado de Distrito, la demanda de amparo promovida por Jaime Ernesto Vargas Somers, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades que a continuación se mencionan: Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. Actuario adscrito a la Junta Especial Cuatro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad. De igual forma, mencionó como actos reclamados los siguientes: ¨La omisión de continuar con la secuela procesal, en la etapa de emplazamiento a la parte demandada VAMSA PLUS MEXICO, S.A. DE C.V. y AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V." Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de las autoridades responsables, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de demanda y trámite del juicio. En proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; además, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con domicilio dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: La falta de emplazamiento al demandado señalado en el juicio laboral 2570/2020-4C. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como la tesis del propio tribunal con título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA LA FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Tercero. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, y Actuario adscrito, al rendir su informe justificado, reconocieron la existencia de los actos reclamados. Lo que además se corrobora con las constancias que le fueron requeridas a la Junta responsable, relativas al juicio laboral 2570/2020-4C, de las cuales se advierte la existencia de los actos que por esta vía se reclaman. Medio de convicción, al cual se le otorga valor probatorio pleno, al tener naturaleza jurídica de prueba documental pública, la cual se tiene por desahogada sin necesidad de celebración de audiencia especial, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 226, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Al respecto, es aplicable la jurisprudencia con registro 917812, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 2000, Tomo VI, página 231, Tesis 278, Quinta Época, Materia Común, bajo el siguiente rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, es menester analizar las causales de improcedencia invocadas por las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al no advertirse que alguna de las partes hubiera invocado la actualización de alguna causal de improcedencia, ni actualizarse ninguna que deba invocarse de oficio por este Juzgador, lo procedente es efectuar el análisis de los conceptos de violación expresados por la impetrante. Quinto. Examen de los conceptos de violación. El concepto de violación que hace valer la parte quejosa se tiene por reproducido en sus términos en obvio de transcripciones innecesarias, además de que no existe obligación legal de transcribirlo, al tenor de lo que establece la jurisprudencial 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, novena época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Al respecto, en el concepto de violación planteado por el solicitante del amparo, sostiene en lo medular, que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho inmerso en el artículo 17 de la Constitución Federal, a que se les administre justicia en forma pronta y expedita, dentro de los plazos y términos que las leyes establecen, en el caso concreto, la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, se trae a colación el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. [.]". Del numeral trascrito se derivan cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia -pronta, completa, imparcial y gratuita-, los cuales han sido definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: 1. Justicia pronta. Se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa. Consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial. Significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. Justicia gratuita. Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En razón de lo anterior, y por cuanto hace al atributo de justicia pronta, basta que exista retardo u omisión esto es, un actuar que se prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y solución del juicio o procedimientos respectivos, para así actualizar la violación al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución del resultado: que se emita la sentencia o resolución definitiva a través de la cual los derechos de las partes encuentren definición. De este modo, aún y cuando el retraso u omisión se concreten respecto de etapas previas o específicas ello trasciende a todo el procedimiento o juicio, porque es evidente que una vez que salió de sus cauces legales, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y términos antes previstos, pues, dada la necesaria conexión de los actos procesales, el que éstos se efectúen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes actos deben desplegarse y, por tanto, los tiempos en que la controversia debe quedar resuelta. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, novena época, con número de registro electrónico 171257, cuyo rubro y texto dicen: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De ahí que deba considerarse que el derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en uno de sus aspectos, se traduce en que las autoridades que realizan una función jurisdiccional no pueden retardar indefinidamente su deber de ministrar justicia, debido a que deben impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que tienen la obligación de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los términos que establece la legislación aplicable al caso concreto. Ahora bien, los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, retoman el contenido del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, estableciendo que todo proceso en dicha materia será público, gratuito, inmediato y que los tribunales laborales se encuentran obligados a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; asimismo, que los presidentes de las juntas y los auxiliares cuidarán que los juicios que ante ellos se tramiten, no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo. Por su parte, los diversos 750 y 873 del código obrero de referencia, disponen: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley." Numerales antes transcritos de los que se advierte la obligación de las juntas de conciliación y arbitraje, así como de los actuarios de su adscripción, de notificar a la brevedad, con el propósito de que la referida audiencia pueda celebrarse en términos de ley. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que la misma manifestó que es cierto, sin embargo, de las actuaciones que remitió en su apoyo, se advierte que la omisión que reclama no era consecuencia directa por falta de la actuación realizada por dicha autoridad. Efectivamente, de las constancias del juicio laboral 2570/2020-4C, se advierten los siguientes antecedentes. En acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda instaurada por el ahora quejoso Jaime Ernesto Vargas Somers en contra de VAMSA PLUS MÉXICO, S.A. DE C.V. y AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V. y se ordenó emplazarlas a juicio en el domicilio proporcionado. En acta de audiencia celebrada el ocho de diciembre de dos mil veinte, se hizo constar la incomparecencia de la parte demandada porque no estaba emplazada y se fijó nueva fecha para el desahogo de la audiencia respectiva. El veintidós de marzo de dos ml veintiuno, el Actuario adscrito a la junta responsable, levantó una razón, en la que plasmó la imposibilidad que tuvo para emplazar a la parte demandada. En acta de audiencia de quince de abril de dos mil veintiuno, se hizo constar de nueva cuenta la incomparecencia de la parte demandada por no estar emplazada, y se fijó nueva fecha para su desahogo. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la parte actora, hoy quejoso, presentó un escrito en el cual proporcionó un domicilio donde podría ser emplazada la parte demandada. Posteriormente, en acuerdo de veintiuno de abril de ese año, se ordenó realizar el emplazamiento en el domicilio proporcionado. Luego, en acta de audiencia de nueve de junio de dos mil veintiuno, de nueva cuenta se hizo constar la incomparecencia de la parte demandada, pues tampoco existía constancia de emplazamiento. El siete de octubre de dos mil veintiuno, se volvió a diferir la audiencia de ley, ante la incomparecencia de la parte demandada, y se ordenó de nueva cuenta realizar el emplazamiento respectivo. El tres de enero de dos mi veintidós, el actuario responsable, levantó una nueva razón donde hizo constar la imposibilidad que tuvo para localizar el domicilio proporcionado para que fueran emplazadas las personas morales demandadas, y al efecto solicitó se requiriera a la parte actora un croquis o proporcionara mayores datos para localizar el domicilio. El tres de noviembre de dos mil veintiuno, se presentó un escrito en el cual, el ahora quejoso, designaba nuevos apoderados en el procedimiento laboral y revocó los anteriores. En acta de audiencia de uno de febrero de dos mil veintidós, se hizo constar la comparecencia de la apoderada del actor, así como la incomparecencia de la parte demandada, dado que aun no ha sido emplazada al juico laboral de origen. Al respecto cabe señalar que en esa diligencia, la compareciente insistió en el señalamiento del domicilio proporcionado para que sean emplazadas las demandadas y se comprometió a acompañar al actuario para realizar dicha diligencia. Luego, como puede advertirse, de las actuaciones remitidas por la junta responsable, se desprende que el actuario se ha constituido en los domicilios proporcionados de la parte demandada. De igual manera, de las razones actuariales asentadas por el funcionario adscrito a la junta responsable, se advierte que no se ha logrado el emplazamiento de la parte demandada, pues ha existido imprecisión en los domicilios proporcionados por el actor, aquí quejoso. Lo anterior, denota que la falta de llamamiento a juicio no ha sido con motivo de alguna omisión por parte de las autoridades responsables, pues el Presidente de la junta responsable se ha pronunciado en diversas ocasiones con la intención de que se realice el emplazamiento de las demandadas, en los domicilios proporcionados por la parte actora y ha comisionado al actuario a que realice el emplazamiento en el indicado por el actor. En tanto que el actuario no ha realizado la encomienda, por las razones vertidas en las constancias levantadas al respecto. En consecuencia, debe estimarse que son infundadas las argumentaciones vertidas por la parte quejosa, pues al efectuar el análisis correspondiente, se llega a la convicción de que, para poder sostener que existe una omisión por parte de la Junta responsable, de ordenar llevar a cabo el emplazamiento de merito, debía no haber ninguna actuación tendente a realizar el emplazamiento de la parte demandada; sin embargo, como se ha precisado en los párrafos que anteceden ello no ha ocurrido pues el presidente de la junta ha acordado todas las peticiones formuladas por el impetrante del amparo para comisionar al actuario de su adscripción y lograr el efectuar el emplazamiento. En tanto que el actuario adscrito a la junta responsable, se ha constituido en los domicilios proporcionados, y ha expuesto los motivos por los cuales, no ha podido realizar el emplazamiento que le ha sido encomendado. Por tanto, el hecho de que la autoridad responsable no haya respetado los plazos previstos por la ley laboral, para darle prosecución el juicio laboral, no produce ninguna violación de garantías individuales de la parte quejosa, debido a que para que se esté en posibilidad de desahogar la audiencia prevista en el citado artículo 873 de la ley laboral, es un requisito indispensable, que las partes se encuentren debidamente emplazadas. Sin soslayar que la apoderada del actor en el juico laboral, en acta de uno de febrero del presente año, se comprometió a acompañar al actuario para llevarlo al domicilio de las demandadas y estas puedan ser emplazadas; lo cual, hasta esta fecha, no se advierte que haya acontecido. En consecuencia, el referido acto reclamado consistente, substancialmente, en la omisión por parte de la responsable de ordenar el emplazamiento a los demandados, no es inconstitucional, ya que el mismo depende de los motivos y obstáculos descritos, lo cual está fuera de su voluntad con que se enfrenta la responsable; tales como el no haber localizado el domicilio proporcionado de los demandados, para llevar a cabo el emplazamiento, no obstante que se constituyó en diversas ocasiones el actuario. De tal suerte que, ante estas eventualidades, resulta evidente que ahora existe una carga procesal para la parte actora, en cuanto al señalamiento de un domicilio donde pueda emplazarse a los demandados o de una hora certera en la cual se les pueda localizar para efecto de lograr el llamamiento a juicio. Máxime si se considera que, en el caso, la apoderada del quejoso, en acta de audiencia de uno de febrero de este año, insistió en señalar el domicilio proporcionado como el de las demandadas, y se comprometió a acompañar al actuario para ello, sin que a la fecha se advierta que eso haya sucedido. Lo que nos lleva a establecer que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso resultan infundados, toda vez que la dilación reclamada en el procedimiento de origen, no es atribuible a la responsable y se encuentra plenamente justificada, tal y como se ha precisado, y corroborado con las constancias que integran los autos del juicio laboral número 2570/2020-4C, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado por Jaime Ernesto Vargas Somers. Sexto. Captura de sentencia.- De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, procédase a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente. Séptimo. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a Jaime Ernesto Vargas Somers, contra los actos reclamados a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y Actuario Adscrito, por las razones expresadas en el considerando quinto, del presente fallo. Segundo. En cumplimiento a lo establecido en el sexto punto considerativo de esta resolución, procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Tercero. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario José Alejandro Ortiz Monroy, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa se imponga del informe justificado rendido por la autoridad responsable Actuario de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las doce horas con cuarenta minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a cuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el mismo, con el contenido de este dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, visto el estado de autos, se desprende que del escrito inicial de demanda, la parte quejosa señaló domicilio convencional para oír y recibir notificaciones; asimismo, nombró en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo como autorizada a Martha Livier Vázquez Franco y para oír y recibir notificaciones, a Alma Macías Chavarín; Por tanto, se reitera que en el presente asunto únicamente se encuentra autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martha Livier Vázquez Franco y únicamente en términos restringidos, es decir, para oír y recibir notificaciones, a Alma Macías Chavarín (por así manifestarlo la parte quejosa en su escrito de demanda); lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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