Jaime Ernesto Pineda Arteaga

Expediente 779/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 35 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
779/2020
Año
2020
Actuaciones
35
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • Jaime Ernesto Pineda Arteaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y toda vez que de los mismos se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubiesen inconformado con el contenido del proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, en el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada por este Juzgado; en consecuencia, con fundamento en el aludido numeral que se alude, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Tratamiento cuaderno principal De conformidad con el Artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de depuración, dado que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia solicitado, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Tratamiento del cuaderno original del incidente de suspensión En cuanto al original del incidente de suspensión se establece que es susceptible de destrucción toda vez que por se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, y no existen documentos originales. Tratamiento del duplicado del cuaderno incidental Por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del término de seis meses. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal es susceptible de depuración y el cuaderno incidental de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Una vez transcurrido el plazo de tres años dese el tratamiento correspondiente de conformidad a lo dispuesto por el anotado Acuerdo. Devolución constancias. Finalmente, devuélvase al Agente del Ministerio Público Mesa Dos Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos un cuaderno de pruebas que acompaño a su informe justificado; asimismo devuélvase el Juez Tercero de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, las constancias que remitió mediante oficios 18446/2020 y 19789/2020. Notifíquese.

  2. Principal

    La comparación entre el efecto del amparo otorgado a la parte quejosa y lo realizado por la autoridad responsable, pone de relieve que aquélla fue restituida en el goce del derecho fundamental violado como lo exige el artículo 77, fracción I, en relación con el 196, párrafo tercero, y cuarto, de la Ley de Amparo. No se soslaya para la anterior determinación, las manifestaciones que hace el tercero interesado Edgardo Hernández Contreras integrante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del escrito recibido en este Juzgado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de que el fallo protector dictado en autos no se encuentra cumplido, en virtud de que, en su concepto el quejoso pretendió en su calidad de imputado y por derecho propio se le concediera el amparo para el efecto de que le sean retiradas las medidas de protección concedidas de manera fundada y motivada que le fueron impuestas al mencionado tercero interesado, ya que fue en su carácter de Secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí que acudió a presentar forma acusación en contra del aquí quejoso. En ese sentido, las manifestaciones que asentó la parte quejosa, son inatendibles, toda vez que las mismas no forman parte del cumplimiento, pues no debe perderse de vista que de acuerdo con el fallo protector dictado en autos, la autoridad judicial responsable quedó obligada a: ".I. Dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de aquel en que cause ejecutoria esta sentencia, deberá determinar si faltan diversos elementos de prueba que ameriten ser recabados en la indagatoria, con independencia de lo solicitado al Gerente de la Empresa Moral Visuales y Comunicaciones, S.A. de C.V. y la pericial de que se trata; II. En caso de que considere que sí faltan más por recabar, deberá precisar cuáles son y qué se pretende demostrar con ellos, pues necesariamente deberá evidenciar que sin éstos no es posible integrar la carpeta de investigación de origen y resolver sobre el ejercicio de la acción penal; III. Si determina que faltan elementos de prueba para determinar sobre el ejercicio de la acción penal, éstos deberán ser recabados dentro de un lapso de quince días hábiles; IV. Con independencia de lo que se determine en el proveído a que se refiere el punto I, dentro de los siguientes diez días hábiles, deberá obtener el dictamen pericial ordenado en la carpeta de que se trata, así como la información requerida al Gerente de la Empresa ****.; y V. En un plazo de tres días, siguientes al concedido para recabar los elementos de prueba, deberá resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal. Lo anterior, teniendo en consideración que no existe alguna circunstancia particular para estimar mayor tiempo, más aún si se toma en consideración que las partes involucradas tienen su residencia en el mismo territorio donde radica la responsable." Sin que existiera la obligación de la autoridad de resolver en determinado sentido sino únicamente a resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal. Por tanto, se considera que la sentencia de amparo está cumplida en su totalidad, y que no existe defecto o exceso en el cumplimiento. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa ***, la determinación de ocho de julio de dos mil veintiuno, que en síntesis dice: La comparación entre el efecto del amparo otorgado a la parte quejosa y lo realizado por la autoridad responsable, pone de relieve que aquélla fue restituida en el goce del derecho fundamental violado como lo exige el artículo 77, fracción I, en relación con el 196, párrafo tercero, y cuarto, de la Ley de Amparo. No se soslaya para la anterior determinación, las manifestaciones que hace el tercero interesado Edgardo Hernández Contreras integrante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del escrito recibido en este Juzgado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de que el fallo protector dictado en autos no se encuentra cumplido, en virtud de que, en su concepto el quejoso pretendió en su calidad de imputado y por derecho propio se le concediera el amparo para el efecto de que le sean retiradas las medidas de protección concedidas de manera fundada y motivada que le fueron impuestas al mencionado tercero interesado, ya que fue en su carácter de Secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí que acudió a presentar forma acusación en contra del aquí quejoso. En ese sentido, las manifestaciones que asentó la parte quejosa, son inatendibles, toda vez que las mismas no forman parte del cumplimiento, pues no debe perderse de vista que de acuerdo con el fallo protector dictado en autos, la autoridad judicial responsable quedó obligada a: ".I. Dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de aquel en que cause ejecutoria esta sentencia, deberá determinar si faltan diversos elementos de prueba que ameriten ser recabados en la indagatoria, con independencia de lo solicitado al Gerente de la Empresa Moral Visuales y Comunicaciones, S.A. de C.V. y la pericial de que se trata; II. En caso de que considere que sí faltan más por recabar, deberá precisar cuáles son y qué se pretende demostrar con ellos, pues necesariamente deberá evidenciar que sin éstos no es posible integrar la carpeta de investigación de origen y resolver sobre el ejercicio de la acción penal; III. Si determina que faltan elementos de prueba para determinar sobre el ejercicio de la acción penal, éstos deberán ser recabados dentro de un lapso de quince días hábiles; IV. Con independencia de lo que se determine en el proveído a que se refiere el punto I, dentro de los siguientes diez días hábiles, deberá obtener el dictamen pericial ordenado en la carpeta de que se trata, así como la información requerida al Gerente de la Empresa ****.; y V. En un plazo de tres días, siguientes al concedido para recabar los elementos de prueba, deberá resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal. Lo anterior, teniendo en consideración que no existe alguna circunstancia particular para estimar mayor tiempo, más aún si se toma en consideración que las partes involucradas tienen su residencia en el mismo territorio donde radica la responsable." Sin que existiera la obligación de la autoridad de resolver en determinado sentido sino únicamente a resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal. Por tanto, se considera que la sentencia de amparo está cumplida en su totalidad, y que no existe defecto o exceso en el cumplimiento. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada Edgardo*****, la determinación de ocho de julio de dos mil veintiuno, que en síntesis dice: La comparación entre el efecto del amparo otorgado a la parte quejosa y lo realizado por la autoridad responsable, pone de relieve que aquélla fue restituida en el goce del derecho fundamental violado como lo exige el artículo 77, fracción I, en relación con el 196, párrafo tercero, y cuarto, de la Ley de Amparo. No se soslaya para la anterior determinación, las manifestaciones que hace el tercero interesado Edgardo Hernández Contreras integrante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del escrito recibido en este Juzgado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de que el fallo protector dictado en autos no se encuentra cumplido, en virtud de que, en su concepto el quejoso pretendió en su calidad de imputado y por derecho propio se le concediera el amparo para el efecto de que le sean retiradas las medidas de protección concedidas de manera fundada y motivada que le fueron impuestas al mencionado tercero interesado, ya que fue en su carácter de Secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí que acudió a presentar forma acusación en contra del aquí quejoso. En ese sentido, las manifestaciones que asentó la parte quejosa, son inatendibles, toda vez que las mismas no forman parte del cumplimiento, pues no debe perderse de vista que de acuerdo con el fallo protector dictado en autos, la autoridad judicial responsable quedó obligada a: ".I. Dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de aquel en que cause ejecutoria esta sentencia, deberá determinar si faltan diversos elementos de prueba que ameriten ser recabados en la indagatoria, con independencia de lo solicitado al Gerente de la Empresa Moral Visuales y Comunicaciones, S.A. de C.V. y la pericial de que se trata; II. En caso de que considere que sí faltan más por recabar, deberá precisar cuáles son y qué se pretende demostrar con ellos, pues necesariamente deberá evidenciar que sin éstos no es posible integrar la carpeta de investigación de origen y resolver sobre el ejercicio de la acción penal; III. Si determina que faltan elementos de prueba para determinar sobre el ejercicio de la acción penal, éstos deberán ser recabados dentro de un lapso de quince días hábiles; IV. Con independencia de lo que se determine en el proveído a que se refiere el punto I, dentro de los siguientes diez días hábiles, deberá obtener el dictamen pericial ordenado en la carpeta de que se trata, así como la información requerida al Gerente de la Empresa ****.; y V. En un plazo de tres días, siguientes al concedido para recabar los elementos de prueba, deberá resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal. Lo anterior, teniendo en consideración que no existe alguna circunstancia particular para estimar mayor tiempo, más aún si se toma en consideración que las partes involucradas tienen su residencia en el mismo territorio donde radica la responsable." Sin que existiera la obligación de la autoridad de resolver en determinado sentido sino únicamente a resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal. Por tanto, se considera que la sentencia de amparo está cumplida en su totalidad, y que no existe defecto o exceso en el cumplimiento. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.

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