Jaime Ernesto Mier Perez
Expediente 1024/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jaime Ernesto Mier Perez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Recepción de documento, formación y registro de expediente Vista la demanda promovida por *******, contra actos del Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México antes Distrito Federal y otra autoridad, con cuatro copias que se acompaña; por violación que estima en su perjuicio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1024/2023-VII. Desechamiento Ahora bien, vista la demanda de amparo, el suscrito advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse de acuerdo con las siguientes consideraciones. Actos reclamados La parte quejosa señala como actos reclamados el auto de radicación, orden de embargo y/o procedimiento dictados en su contra en relación a un exhorto y expediente números 110/2006 y 617/2006. Causa de improcedencia En el caso, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Marco jurídico Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Del numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se advierte que si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia, el acto reclamado se entenderá consentido. Sentado lo anterior, de la consulta realizada por este Juzgado de Distrito en la propia fecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (http://sise.cjf.gob.mx/sise/Reportes/Sentencias/ConsultaS entenciasII.aspx), en términos de los artículos 79, párrafo segundo, 80, 197 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se advierte que ********, también es quejoso, entre otros, en el juicio de amparo indirecto 160/2023 del índice de este juzgado de distrito. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, origen del aludido juicio, específicamente en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, específicamente de los hechos relatados bajo el número 1, se observa que el quejoso de mérito manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el dos de febrero de dos mil veintitrés y relató que en esa data se presentaron a su domicilio unos abogados acompañados de una persona que dijo ser actuario judicial, preguntando por el quejoso, manifestándole al familiar que los atendió que el motivo de su visita era por orden del Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, en relación a un exhorto y expediente con número 110/2006 y 617/2006, para realizar el embargo de los bienes de su propiedad y el inmueble en sí. Lo que se invoca como hecho notorio de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Al respecto, se cita la tesis I.1o.A.14 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1946 del libro 4, marzo de 2014, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Manifestaciones que al haber sido realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, al haberse realizado sobre hechos propios, por persona capacitada para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia de ninguna especie. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, página 57, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Asimismo es aplicable el criterio con registro 232213, sustentado por el mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época Volumen 193-198, Primera Parte, página 71, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Por consiguiente, si el quejoso de mérito tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el dos de febrero de dos mil veintitrés, luego entonces, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo comenzó a computarse el día hábil siguiente, esto es, el tres de febrero siguiente, por lo tanto, dicho término transcurrió del tres al veinticuatro de febrero de la presente anualidad, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, según se advierte del sello fechador que aparece a foja dos de autos; es claro que transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, lo que genera que el acto que pretende reclamar sea un acto consentido tácitamente. Sin que sea obstáculo a lo anterior, lo manifestado por la parte quejosa en el escrito de demanda, en el sentido de que el catorce de julio de este año, se presentaron en su domicilio con la finalidad de ejecutar los actos reclamados, pues lo cierto es que al tratarse de los mismos actos, atribuidos a las mismas autoridades y dentro de los mismos procedimientos que señala, es evidente que tuvo conocimiento de tales reclamos desde el dos de febrero de dos mil veintitrés como lo manifestó en su diverso escrito de demanda. Decisión Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia puntualizada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. Por otro lado, como se señaló previamente, de la consulta realizada por este Juzgado de Distrito en la propia fecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el quejoso ******, promovió, entre otros, los juicios de amparo indirecto **** y *****, del índice de este juzgado, los cuales son coincidentes con los diversos **** y ******, pues, en forma sistemática, señala los mismos actos, autoridades responsables y procedimientos de origen, lo que hace evidente el conocimiento que tiene el promovente respecto de las controversias de origen. En ese orden, atento a lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé la figura delictiva y penas a imponer al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, se conmina a la parte quejosa que, en lo sucesivo, se abstenga de promover juicios de amparo en los que omita hechos que guarden relación con los actos; en el entendido que de no hacerlo, con independencia de la procedencia del juicio constitucional, se dará vista al Ministerio Público de la Federación para que actué conforme a sus facultades. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Andrés Castro López de Lara, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Consulta expediente electrónico y notificación electrónica De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "****", la consulta del expediente electrónico. Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Recepción de documento, formación y registro de expediente Vista la demanda promovida por *******, contra actos del Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México antes Distrito Federal y otra autoridad, con cuatro copias que se acompaña; por violación que estima en su perjuicio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1024/2023-VII. Desechamiento Ahora bien, vista la demanda de amparo, el suscrito advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse de acuerdo con las siguientes consideraciones. Actos reclamados La parte quejosa señala como actos reclamados el auto de radicación, orden de embargo y/o procedimiento dictados en su contra en relación a un exhorto y expediente números 110/2006 y 617/2006. Causa de improcedencia En el caso, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Marco jurídico Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Del numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se advierte que si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia, el acto reclamado se entenderá consentido. Sentado lo anterior, de la consulta realizada por este Juzgado de Distrito en la propia fecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (http://sise.cjf.gob.mx/sise/Reportes/Sentencias/ConsultaS entenciasII.aspx), en términos de los artículos 79, párrafo segundo, 80, 197 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se advierte que ********, también es quejoso, entre otros, en el juicio de amparo indirecto 160/2023 del índice de este juzgado de distrito. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, origen del aludido juicio, específicamente en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, específicamente de los hechos relatados bajo el número 1, se observa que el quejoso de mérito manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el dos de febrero de dos mil veintitrés y relató que en esa data se presentaron a su domicilio unos abogados acompañados de una persona que dijo ser actuario judicial, preguntando por el quejoso, manifestándole al familiar que los atendió que el motivo de su visita era por orden del Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, en relación a un exhorto y expediente con número 110/2006 y 617/2006, para realizar el embargo de los bienes de su propiedad y el inmueble en sí. Lo que se invoca como hecho notorio de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Al respecto, se cita la tesis I.1o.A.14 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1946 del libro 4, marzo de 2014, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Manifestaciones que al haber sido realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, al haberse realizado sobre hechos propios, por persona capacitada para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia de ninguna especie. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, página 57, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Asimismo es aplicable el criterio con registro 232213, sustentado por el mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época Volumen 193-198, Primera Parte, página 71, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Por consiguiente, si el quejoso de mérito tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el dos de febrero de dos mil veintitrés, luego entonces, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo comenzó a computarse el día hábil siguiente, esto es, el tres de febrero siguiente, por lo tanto, dicho término transcurrió del tres al veinticuatro de febrero de la presente anualidad, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, según se advierte del sello fechador que aparece a foja dos de autos; es claro que transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, lo que genera que el acto que pretende reclamar sea un acto consentido tácitamente. Sin que sea obstáculo a lo anterior, lo manifestado por la parte quejosa en el escrito de demanda, en el sentido de que el catorce de julio de este año, se presentaron en su domicilio con la finalidad de ejecutar los actos reclamados, pues lo cierto es que al tratarse de los mismos actos, atribuidos a las mismas autoridades y dentro de los mismos procedimientos que señala, es evidente que tuvo conocimiento de tales reclamos desde el dos de febrero de dos mil veintitrés como lo manifestó en su diverso escrito de demanda. Decisión Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia puntualizada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. Por otro lado, como se señaló previamente, de la consulta realizada por este Juzgado de Distrito en la propia fecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el quejoso ******, promovió, entre otros, los juicios de amparo indirecto **** y *****, del índice de este juzgado, los cuales son coincidentes con los diversos **** y ******, pues, en forma sistemática, señala los mismos actos, autoridades responsables y procedimientos de origen, lo que hace evidente el conocimiento que tiene el promovente respecto de las controversias de origen. En ese orden, atento a lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé la figura delictiva y penas a imponer al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, se conmina a la parte quejosa que, en lo sucesivo, se abstenga de promover juicios de amparo en los que omita hechos que guarden relación con los actos; en el entendido que de no hacerlo, con independencia de la procedencia del juicio constitucional, se dará vista al Ministerio Público de la Federación para que actué conforme a sus facultades. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Andrés Castro López de Lara, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Consulta expediente electrónico y notificación electrónica De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "****", la consulta del expediente electrónico. Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.
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