Jaime Enrique Méndez Martínez
Expediente 145/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jaime Enrique Méndez Martínez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de abril de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción y actuación a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. I. Recepción. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se tiene por recibido el oficio 3479/2021, remitido por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, al que anexa constancias inherentes al juicio de amparo 162/2021 de su índice, promovido por Jaime Enrique Méndez Martínez, consistentes en el oficio 999, del índice de este órgano jurisdiccional, boleta de turno y demanda de amparo. Ahora bien, de la certificación secretarial que antecede, así como de las constancias remitidas por el juzgado oficiante, se desprende lo siguiente: - Que del contenido del oficio 999 de la estadística de este Juzgado Federal, se desprende que en el juicio de amparo 901/2020 del registro de este juzgado, mediante auto de nueve de febrero de este año, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo intentada por el citado quejoso, en síntesis al no haber satisfecho el requisito contenido en la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó la remisión del libelo respectivo a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, como demanda independiente, a efecto de que fuera turnada al órgano jurisdiccional correspondiente. - Por razón de turno, tocó conocer de dicho escrito (ampliación de demanda) al Juzgado oficiante, quien mediante auto de dieciocho de febrero de este año, en esencia, determinó que acorde a la circular SECNO/31/2020, emitida el diez de diciembre de dos mil veinte, por la Secretaría Ejecutiva del Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado le corresponde conocer dicho escrito en su calidad de demanda independiente, al ser un nuevo libelo constitucional (escrito ampliatorio) cuyo trámite proviene de una determinación jurisdiccional relativa a que la materia de la ampliación no cumplió con los requisitos del artículo 111 de la Ley de Amparo; por tanto, considera se trata de un asunto relacionado. En consecuencia, una vez analizadas las constancias remitidas, así como el pronunciamiento del que se habla, de forma toral se coincide con lo determinado por el juzgado oficiante, en razón al criterio novedoso de turno administrativo proveniente de determinaciones jurisdiccionales, en específico, en el supuesto de ampliaciones de demandas que no fueron admitidas, conforme a lo establecido en el circular precisada en el párrafo anterior; por tanto, este juzgado se avoca al conocimiento. Acúsese el recibo correspondiente. Regístrese en libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 145/2021 y, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Compensación. Hágase lo anterior del conocimiento de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, para su registro y compensación correspondiente. III. Análisis integral de la demanda. Ahora bien, vista de forma integral la demanda de amparo, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del numeral transcrito en esencia, se aprecia que, es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la Fiscalía de la Mujer del Estado de Oaxaca y otras autoridades, lo siguiente: Orden de aprehensión y su ejecución. Asimismo, en el escrito de demanda la parte quejosa señaló bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el cuatro de enero de dos mil veintiuno. Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que se atiende. Dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinaria en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de legalidad." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con el numeral 61, fracción XIV de la ley en consulta, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, se logra apreciar que contempla tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, encuentra apoyo en la Jurisprudencia P./J.115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cinco, Tomo XXXIII, correspondiente al mes de enero de dos mil once, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Asimismo, es el caso que del artículo 17 de la ley de la materia se deduce que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo es, por regla general, de quince días, salvo que se reclamen normas generales por su entrada en vigor, el procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en la que se imponga pena de prisión), actos que afecten derechos agrarios y cuando el acto implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, destierro, deportación o expulsión, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. De lo anterior destaca el supuesto relativo a los actos que afecten la libertad personal fuera de procedimiento, caso en que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. No obstante, se advierte que el supuesto anterior tiene como requisito que se trate de un acto fuera de procedimiento. Así, la excepción en comento no resulta aplicable a las órdenes de aprehensión, pues se trata de un acto emitido por la autoridad judicial dentro de procedimiento. Es ilustrativa de lo anterior, por la razón que informa, la tesis XX.2o.3 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo III, página 2886, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla". Por tanto, tratándose de un acto privativo de libertad derivado de un procedimiento penal, como una orden de aprehensión y/o reaprehensión, rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama una orden de aprehensión de la cual tuvo conocimiento el cuatro de enero de dos mil veintiuno, girada por las autoridades que señala como responsables. Por lo cual, para empezar a contar el término con el que cuenta la parte quejosa para la presentación de la demanda de amparo, debe tomarse en cuenta la segunda hipótesis prevista en el artículo 18 de la Ley de Amparo, consistente en que el plazo se computara a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. Del análisis de lo manifestado por la parte quejosa en el escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el cuatro de enero de dos mil veintiuno; por tanto, la misma se tomará en cuenta para el cómputo del plazo legal. Por lo cual, el término de quince días que establece el trascrito artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo, transcurrió del cinco al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, descontando de dicho cómputo los días sábados y domingos, por haber sido inhábiles. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito ampliatorio, al que se le otorgó la calidad de demanda independiente, hasta el cinco de febrero de dos mil veintiuno, según lo revela el sello de recepción estampado en el escrito de demanda, de donde se advierte que transcurrió el término señalado por el numeral 17 de la ley de la materia y, por ende, se estima que el puntualizado acto fue tácitamente consentido, actualizándose el supuesto de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; en tales condiciones, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Lo anterior, no obstante que de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, proceda a favor del quejoso la suplencia de la deficiencia de la queja, toda vez que es perfectamente compatible con el artículo 17 constitucional, el cual establece el acceso a la tutela jurisdiccional, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia con registro 2015595, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, Página: 213, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." Sin que en el caso particular, resulte necesario prevenir a la parte quejosa para que formule su escrito en los términos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, pues de la lectura del escrito ampliatorio (recibida como demanda independiente) se advierte que cubre los mismos, además a nada práctico llevaría esa actuación procesal, habida cuenta de la manifiesta y notoria actualización de la causa de improcedencia referida; lo que es acorde al artículo 17 Constitucional. Además, cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". Ahora, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". De igual manera, a efecto de entender el sentido del presente acuerdo, debe considerarse el juicio de amparo como un medio de acceso a la justicia y como tal, como un derecho limitado, puesto que, para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica, tal y como se desprende de la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, registro 2004823 que establece: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. V. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Tomando en consideración el presente juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio e línea, de conformidad con el artículo 1, fracción I, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19". VI. Domicilio y autorizados. A fin de garantizar el derecho de debido acceso a la jurisdicción de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se ordena traer a la vista la demanda de amparo del juicio de amparo 901/2020, del que derivó el multicitado escrito ampliatorio origen de este acuerdo, en el que obra el domicilio y autorizados del referido impetrante; por tanto, obténgase copia de la misma, la cual deberá integrarse al presente asunto, para debida constancia legal. Apoya a lo anterior la jurisprudencia XXII. J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que aparece en la página 295 del tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 199531, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." En tal virtud, se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Sector Dos, manzana "B", casa ocho de la Segunda Etapa del "INFONAVIT 1° de Mayo", en el Centro, Oaxaca, y como autorizados a Armando Rafael Hernández Bautista y Manuel de Jesús Cárdenas García, para el efecto antes precisado, por así haberlo manifestado. VII. Ley federal de transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VIII. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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