Jaime Efraín Villa Cortes

Expediente 886/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
886/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
22/11/2021

Partes del expediente

  • Jaime Efraín Villa Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Colima, Colima, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. No es óbice a lo anterior, el hecho de que no obren los acuses de recibo de los oficios 26519/2021 y 26520/2021, con los que les fue notificada la sentencia dictada en el presente juicio a los jueces responsables con sede en Tecomán, Colima, pues las autoridades de carácter jurisdiccional no están legitimadas para interponer dicho medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 23, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". De igual modo, tampoco es obstáculo que no obren los acuses 26521/2021 a 26528/2021 de las autoridades foráneas de naturaleza administrativa, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, ya que en la sentencia pronunciada en autos se sobreseyó en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 678, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, ParteTCC, página 434, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO". Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena que dentro de los treinta días siguientes su destrucción, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. Y respecto al original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se ordena que obre por cuerda separada el cual es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 18 del acuerdo general relativo y al punto 7.5.1 del Capítulo 7 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de agosto de 2020. En consecuencia, una vez transcurridos tres años, a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra por cuerda separada, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, fracción I, inciso a, numerales 27, 28 y 29 del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Incidental

    Colima, Colima, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual rinde su informe previo; por tanto este juzgador ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia, en virtud de que ya se resolvió la suspensión definitiva. Cúmplase.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 886/2021-VII, promovido por el quejoso Jaime Efraín Villa Cortes, contra los actos de las autoridades responsables denominadas Juez Penal en Tecomán, Colima y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, Jaime Efraín Villa Cortes (en adelante, quejoso, agraviado o parte quejosa, o parte agraviada), solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite de demanda. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el número 886/2021-VII; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito, quien no formuló pedimento; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibidos en autos los informes justificados; seguidos los trámites legales se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 904, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionali-dad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda, y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La orden de aprehensión y detención girada en su contra. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige el juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Delitos Violencia Intrafamiliar 2 en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Hechos de Tránsito 1 en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Delitos Patrimoniales 1 en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Homicidios 1 en Tecomán, Juzgado de Control con sede en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa Robo 1 de Tecomán, Juzgado Penal en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Delitos Contra la Salud 1 en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Mesa Única en el Poblado de Cerro de Ortega en Tecomán, y Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Delitos Delitos Contra la Salud 1 en Tecomán; al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen; asimismo, la parte quejosa no ofreció probanza alguna para desvirtuar el sentido negativo de dichos informes; por lo que, en el presente caso, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la Tesis Jurisprudencial 284, bajo el tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Se presume cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Delitos Violencia Intrafamiliar 2 en Tecomán, ya que, fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, se actualiza la presunción de certeza del acto que se le reclama de conformidad con el artículo 117, párrafo 4º de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 7/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."4 Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." En efecto, el estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo, debe realizarse de manera preferente al de fondo de la cuestión planteada, ya que es de orden público, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia y la jurisprudencia publicada con el número 814, en la página 553, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE "AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, "por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo "aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este Juzgado Federal, de oficio, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, porque aun cuando se presume cierto el acto, reclamado, este no transgrede la esfera jurídica del quejoso y, por consecuencia, se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada por el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. La causa de improcedencia en cita dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5°de la presente ley, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Al respecto, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De la transcripción de los preceptos anteriores, se colige que el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley, tratado internacional o reglamento. Sustenta lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, misma que se lee, en la página 181, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL. Los sujetos que se consideran afectados por la ley que impugna de inconstitucional deben demostrar que están comprendidos por los supuestos de dicha ley. La comprobación puede hacerse por cualesquiera de los medios de prueba previstos en las leyes, y si no aparece alguna que demuestre que los quejosos están bajo los supuestos de la ley, debe sobreseerse el juicio de amparo." Ahora bien, como se precisó en el considerando segundo, la parte quejosa reclama esencialmente que la autoridad responsable libró orden de detención en su contra. Luego, el solicitante de amparo acude a esta instancia constitucional ostentándose como el inculpado contra quien quieren ejecutar la detención, y atento a lo expresado en líneas precedentes le corresponde la carga de probar que la determinación que reclama afecta su interés jurídico, esto es, demostrar en esta instancia constitucional que efectivamente resulta ser parte en el procedimiento de dónde emana la orden que reclama. Ahora bien, el quejoso no ofreció elemento de convicción fehaciente dentro del presente juicio de garantías, con el cual demuestre que efectivamente exista la orden de aprehensión o que sea parte del procedimiento penal del que se presume emana, en consecuencia, dicho acto de ninguna manera trae como consecuencia un perjuicio o afectación a su esfera de derechos. Sin que en el caso, deba tenerse por acreditado el interés de la parte quejosa con la presunción de certeza del acto reclamado, pues ello no le otorga el derecho que asiste al peticionario para acudir en sede constitucional a demandar el respeto a ese derecho reconocido en una norma positiva objetivizada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, localizable en la página 20, que dice: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. OBLIGACION DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si el quejoso no demostró que el acto que reclama le cause perjuicio, es inconcuso que incumplió con ese requisito procesal necesario para la procedencia del juicio de amparo, consistente en acreditar el interés jurídico, de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al cobrar vigencia la causa de improcedencia referida, respecto del acto reclamado que nos ocupa, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías de conformidad con el numeral 63, fracción V, del cuerpo legal en cita. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 206, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." SEXTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa **** contra los actos reclamados a Las autoridades responsables Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Delitos Violencia Intrafamiliar 2 en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Hechos de Tránsito 1 en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Delitos Patrimoniales 1 en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Homicidios 1 en Tecomán, Juzgado de Control con sede en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa Robo 1 de Tecomán, Juzgado Penal en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Delitos Contra la Salud 1 en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Mesa Única en el Poblado de Cerro de Ortega en Tecomán, y Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Delitos Delitos Contra la Salud 1 en Tecomán; en los términos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese por lista. .

  4. Incidental

    Resolución interlocutoria cuyos puntos resolutivos establecen: "PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ***, respecto de los actos que se les reclama a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Delitos Violencia Intrafamiliar 1 en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Hechos de Tránsito 1 en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Delitos Patrimoniales 1 en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Homicidios 1 en Tecomán, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa Robo 1 de Tecomán, Juzgado de Control con sede en Tecomán, Juzgado Penal en Tecomán y Agente del Ministerio Público del Fuero Común Mesa Única en el Poblado de Cerro de Ortega en Tecomán, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva respecto a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Delitos contra la Salud 1 en Tecomán y Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa de Delitos Violencia Intrafamiliar 2 en Tecomán, por lo señalado en el considerando cuarto." Notifíquese por lista.

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