Jaime Eduardo Muños y/o Muñoz Cahuantzi
Expediente 1333/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1333/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Jaime Eduardo Muños y/o Muñoz Cahuantzi
- Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, con residencia en Calpulalpan, Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes, quejosa y tercera interesada (foja 105), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 106). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dos de mayo de dos mil diecinueve, este órgano colegiado resolvió conceder a Jaime Eduardo Muños Cahuantzi o Jaime Eduardo Muñoz Cahuantzi, la protección constitucional para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente la sentencia reclamada.- II. Dicte otra en la que: 1. Reitere lo que no es materia de la presente ejecutoria, esto es, la condena al pago de la suerte principal e intereses moratorios, así como gastos y costas.- 2. Con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre si el pacto de intereses moratorios, que consta en los pagarés, es usurario o no, para lo cual deberá proceder en los términos precisados en esta ejecutoria" (foja 82 vuelta). Ahora bien, del examen de las copias certificadas remitidas por el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, con residencia en Calpulalpan, Tlaxcala, este Tribunal Colegiado aprecia que mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la resolución de veintidós de agosto de dos mil diecisiete (foja 92 vuelta); y, en esa misma fecha dictó una nueva sentencia, en la que: 1. Reitero aquello que no fue materia del amparo; esto es, la condena a Jaime Eduardo Muños Cahuantzi o Jaime Eduardo Muñoz Cahuantzi, al pago de la cantidad de ciento quince mil pesos cero centavos, por concepto de suerte principal; al pago de intereses moratorios generados a partir del treinta de mayo de dos mil dieciséis, a favor de María del Carmen Martínez Vázquez, así como al pago de gastos y costas (foja 102). 2. Por cuanto hace al interés moratorio reclamado, a razón del cinco por ciento mensual sobre la suerte principal de los pagarés, la responsable analizó los parámetros necesarios para evaluar objetivamente el carácter excesivo de una tasa de interés, es decir, el tipo de relación existente entre las partes; la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada; el destino o finalidad del crédito; el monto y plazo del mismo; la existencia de garantías para su pago; las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan; la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; y, las condiciones del mercado. Con base en lo anterior, concluyó que si en los pagarés base de la acción se fijó un interés moratorio del cinco por ciento mensual, es claro que en un año sería del sesenta por ciento, lo cual calificó como usurario, esto en perjuicio del deudor Jaime Eduardo Muños Cahuantzi o Jaime Eduardo Muñoz Cahuantzi. En consecuencia, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, determinó que el pacto de intereses moratorios, que consta en los pagarés, es usurario. Por lo anterior, condenó al referido deudor a cubrir un interés moratorio del tres por ciento mensual sobre la suerte principal, a partir de la fecha en que incurrió en mora hasta la total solución del juicio; de lo contrario, ordenó embargar los bienes suficientes para garantizar el pago total de la cantidad adeudada a la parte actora (fojas 96 a 102). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a once de junio de dos mil diecinueve. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintitrés de mayo del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 1079, de veintiuno del mes y año en curso, signado por la Juez Provisional del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, con residencia en Calpulalpan, Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, remite copia certificada de la sentencia de diecisiete anterior, emitida por la citada juez; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, entregando copia autorizada de la sentencia correspondiente, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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