Jaime Eduardo Gonzalez Rojo
Expediente 543/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 543/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jaime Eduardo Gonzalez Rojo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia.
- Principal
En Victoria, Tamaulipas, a las once horas con quince minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 543/2022, promovido por Jaime Eduardo González Rojo, por conducto de su representante legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno; encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por la licenciada Astrid Alicia Ortiz Sánchez, Secretaria de Juzgado, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida, la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, así como el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Enseguida, el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. A continuación se abre el período probatorio: La Secretaria da cuenta con las constancias que la parte quejosa y la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, allegaron al presente juicio. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: la Secretaria da cuenta con el Alegato Ministerial signado por el Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, mediante escrito de veintitrés de marzo del año en curso. El Juez acuerda: Téngase a la representación social, por realizando las manifestaciones que refiere en su ocurso y sin que las demás partes formularan de su intención, por lo cual se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 543/2022, promovido por Jaime Eduardo González Rojo, por conducto de su representante legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), recibido en este juzgado el día siguiente, compareció por Jaime Eduardo González Rojo, por conducto de su representante legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y su Actuario adscrito, por lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: 1.- Del Tribunal responsable se reclama el dejar de integrar el expediente natural al dejar de desahogar en tiempo y forma las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de fecha 12 de enero de 2022. 2.- Del C. Actuario responsable se reclama el dejar de notificar en tiempo y forma las actuaciones relativas a lograr dicho desahogo a las partes. Lo anterior dentro del expediente 230/E/2020." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 543/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito; finalmente se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias allegadas por las partes, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de dictar el auto de admisión y/o desechamiento de pruebas, y notificarlo a las partes, dentro de los autos del expediente laboral 230/E/2020. TERCERO. Inexistencia de diverso acto reclamado. Ahora bien, resulta necesario hacer un apartado especial sobre el diverso acto que se reclama a las potestades responsables y que consiste en la omisión de notificar a las partes el auto de admisión y/o desechamiento de pruebas. Si bien, el Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado, refirió que es cierto en parte el acto que se le atribuye, y que el once de mayo del año que transcurre se dictó el auto de pruebas dentro del expediente laboral 230/E/2020, por lo que se encuentra en vías de realizar la notificación correspondiente a las partes, lo cierto es que no es factible que la autoridad incurra en la omisión de notificar un auto antes de su emisión. Es decir, tal inexistencia se actualiza desde la óptica de que, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintitrés de marzo de dos mil veintidós), no existía la determinación cuya omisión de notificación se reclama, ello pone de relieve que tal omisión resulta futura e incierta y, por ende, no puede constituir válidamente un acto contra el que procede el amparo indirecto, en la medida que es presupuesto necesario que el acto exista previo a la promoción de la demanda. En el caso, al no ser así, la omisión reclamada conforma un acto futuro, basado sólo en suposiciones y temores. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, correspondiente a la Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Página: 106, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. No procede contra actos futuros y basado sólo en suposiciones y temores, sin saber qué autoridad verificará esos actos y si por ello se violará o no alguna garantía constitucional." Igualmente deviene aplicable la tesis aislada emitida también por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, durante la misma Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Página: 727, cuya sinopsis se inserta enseguida: "AMPARO. Sólo puede resolver controversias que se suscitan por leyes o actos que violan las garantías individuales, y no procede por simples temores de que lleguen a violarse esas garantías." Consecuentemente, en relación con el acto que se precisa en este apartado, consistente en la omisión de notificar a las partes el auto de admisión de pruebas, dentro del expediente laboral 230/E/2020, con fundamento en la fracción IV del precepto 63 de la Ley de la Materia, se sobresee en el presente juicio de amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicios del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, si bien manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, también lo es que en el propio informe realiza manifestaciones de las que se advierte su certeza, pues refiere que el once de mayo del año en curso, acordó las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de doce de enero de dos mil veintidós, mismo que se encuentra en vías de ser debidamente notificado a las partes. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como cierto el acto reclamado a la responsable. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, del texto y rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, dicha causal encuadra a través de la emisión del acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable se pronunció sobre las pruebas aportadas, calificando, admitiendo y desechando los medios de convicción ofrecidos, según correspondiera, dentro de los autos del expediente laboral número 230/E/2020, ordenando la notificación personal del acuerdo de mérito a las partes. En esa virtud, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, de dictar el auto de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro de los autos del expediente laboral número 230/E/2020, pues con el dictado del acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, desaparece el estado de abstención en que incurrió dicha autoridad, actualizándose, en consecuencia, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Finalmente conviene precisar que los criterios que se citan en esta resolución, son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jaime Eduardo González Rojo, contra los actos que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y de su Actuario adscrito, con residencia en esta ciudad, que fueran precisados en el considerando segundo, por los motivos y razonamientos expuestos en los diversos tercero y último del presente fallo.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que los informes justificados rendidos por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y el Actuario adscrito, residentes en esta ciudad, no fueron rendidos con los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por lo que, con fundamento en artículo 117 párrafo segundo de la Ley de Amparo, se difiere la misma y se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; para el efecto de que las partes se impongan del mismo y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes... Finalmente, de conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificará de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)...NOTIFÍQUESE.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agregan los oficios signados por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios y por el Actuario adscrito dicho tribunal, con residencia en esta ciudad, por los cuales rinden informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Por otra parte, la autoridad responsable hace del conocimiento que el licenciado Joel Vicente Flores Sarno, tiene acreditada su personalidad como representante legal de la aquí quejosa, dentro de los autos del expediente laboral 230/E/2020; en tales condiciones, téngasele por reconocida la personalidad con que comparece dentro del presente juicio de amparo 543/2022. Ahora bien, toda vez que mediante acuerdo de dos de los corrientes se reservó a proveer respecto a su solicitud de acceso al expediente electrónico, hasta en tanto se reconociera la personalidad con la que comparecía a la presente instancia, y tomando en consideración que en esta propia fecha se le reconoce tal carácter, atento al Acuerdo General 13/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como el Acuerdo General 2/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en términos de los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso a Joel Vicente Flores Sarno, para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso notificaciones en forma electrónica; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario "Joellegal2020" y correo electrónico floressarno@hotmail.com en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo rá de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido. Al respecto, se cita la jurisprudencia 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, número de registro 2020082, la cual en su rubro refiere "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Ahora, y toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Notifíquese por correo electrónico a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este juzgado.
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