Jaime Domínguez Zaragoza

Expediente 1347/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1347/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
18/10/2019

Partes del expediente

  • Jaime Domínguez Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    DECLARACIÓN DE EJECUTORIA. V i s t a la razón de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de garantías, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó el presente juicio, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II del citado Acuerdo General.

  2. Principal

    NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA FUNDACIÓN ESPINOZA RUGARCÍA, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE, EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, por el cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que exhibe las copias necesarias de su escrito por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; en tal virtud se provee: SE PROMUEVE RECURSO DE REVISIÓN. Téngase por interpuesto el medio de defensa promovido contra la sentencia dictada en autos, en términos del artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios en términos de los artículos 88 y 89 de la invocada Ley. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, los autos originales de este juicio en dos piezas, once cuadernos auxiliares y el original del escrito de agravios, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído. Fórmese el expedientillo correspondiente en su momento procesal oportuno.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la quejosa por auto de treinta de agosto del año en curso, en el cual se le corrió traslado con las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe justificado y se le requirió si era su deseo realizar ampliación de la demanda, dado que de las mismas se advertía que mediante oficio SA/DBP/TT/1314/2019 FR de veintisiete de agosto del año en curso, la autoridad responsable daba contestación al acto que por esta vía reclama, no obstante estar notificada, como se advierte de la constancia que obra a foja 47. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le requirió en el proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve, por lo que el presente juicio de amparo se resolverá respecto del acto reclamado que inicialmente planteó en su escrito inicial de demanda.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA SANDRA LUNA ROMERO, EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: "V i s t o el estado procesal de autos se resuelve el cumplimiento dado al fallo protector. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de seis de junio de dos mil diecinueve (fojas 262 a 272), dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el toca de revisión 95/2019 de su índice, recibida en este órgano jurisdiccional el diecinueve de junio de dos mil diecinueve (foja 261), por la cual confirmó la sentencia de garantías dictada por este Juzgado Federal el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas 208 a 240). De la ejecutoria se advierte que la protección constitucional se concedió por cuestiones de fondo para el efecto de que la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de Contraloría del Estado de Puebla: a) Deje insubsistente la resolución reclamada; y, b) En su lugar, dicte otra, en la que reitere lo que no fue materia de concesión y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda respecto de los agravios expuestos, a la luz de lo verdaderamente expuesto por el recurrente en el tema de exacta aplicación de la ley (análisis jurídico tendente a adecuar las conductas imputadas a los supuestos de responsabilidad formalmente recriminados, sin modificar la conducta que le fue atribuida en el auto de inicio formal de procedimiento, en cuanto a que incumplió con lo dispuesto en el mencionado artículo, en relación con los diversos 8, fracción XI, y 13, fracciones XX y XXVI del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, estableciendo con qué elementos de prueba se acreditan las conductas reprochadas) (fojas 239 vuelta y 240)." Por auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca en revisión 95/2019 se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 273 y 274). Mediante oficio CGJ-769/2019 de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, recibido por este Juzgado Federal el veintiséis de julio de dos mil diecinueve (foja 369), la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría, remitió copia certificada de la resolución CGJ-158/2019 de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, de la que se advierte que dejó sin efectos la diversa resolución CGJ-153/2018 de veinte de abril de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación 148/2014, derivado del expediente de responsabilidad administrativa INFR012/2011 iniciado a la quejosa ..., y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dictó otra en la que desglosó los elementos de la conducta que le fue imputada a la aquí quejosa, en el caso, el artículo 50, fracciones I y XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, la última fracción relacionada con el artículo 13, fracción XX y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como lo previsto en los diversos 19 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y precisó los elementos de prueba con los que se acreditaban las conductas reprochadas (fojas 368 a 444). Así, al analizar las conductas imputadas a la aquí quejosa la autoridad responsable estableció: a) Respecto a la conducta prevista en el artículo 8, fracción XI, del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, precisó que no le fue imputada dicha conducta a la promovente, sino al codemandado ... (foja 397) b) Con relación a la conducta prevista en la fracción l del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Puebla: l. Trascribió las conductas atribuidas por la autoridad de origen, las cuales en esencia hizo consistir en: a) tener calidad de servidor público; b) no cumplir con máxima diligencia el servicio encomendado como Directora Administrativa de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; y c) abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. ll. Hizo relación de las documentales y actuaciones que obran en el expediente administrativo que dio origen al recurso de revocación. lll. Relacionó los medios de prueba que se ofrecieron en el expediente de origen como lo fueron los dictámenes técnicos de adjudicación directa de doce de enero y veintidós de abril, ambos de dos mil diez en los que aparece la firma de la aquí quejosa; oficio DIRAD-2010/0039 de veinticinco de enero de dos mil diez, CGAPP/0550/2010 de diecinueve de febrero de dos mil diez, oficio de afectación presupuestal ... con fecha de autorización dos de marzo de dos mil diez; auxiliar mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, estado de cuenta bancario de la institución bancaria Soctiabank, análisis presupuestal anual al mes de enero de dos mil diez; contrato de adquisición de doce de enero de dos mil diez; factura número 12 de veinticinco de enero de dos mil diez; oficio CGAPP/1358/2010 de doce de mayo de dos mil diez; entre otros. c) Con relación a la conducta prevista en las fracciones XXl del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Puebla: l. Trascribió las conductas atribuidas por la autoridad de origen a la aquí quejosa, las cuales en esencia hizo consistir en a) abstenerse de cualquier acto u omisión que implique el incumplimiento con cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público. ll. Relacionó las documentales y actuaciones que obran en el expediente administrativo que dio origen al recurso de revocación. lll. Relacionó los medios de prueba que se ofrecieron en el expediente de origen, con los que tuvo por acreditada dicha conducta, esto es, con los dictámenes técnicos de adjudicación directa de doce de enero y veintidós de abril, ambos de dos mil diez en los que aparece la firma de la aquí quejosa. d) Precisó que la conducta prevista en la fracción XXI del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se relacionaba con las conductas previstas en el artículo 13, fracciones XX y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, consistentes en: ". fracción XX: Autorizar la contratación de servicios. conforme a la disponibilidad presupuestal; fracción XXVI: La demás que en materia de su competencia se establezcan.los ordenamientos vigentes." l. Relacionó las documentales y actuaciones que obran en el expediente administrativo que dio origen al recurso de revocación. lI. Relacionó los medios de prueba que se ofrecieron en el expediente de origen, con los que tuvo por acreditada dichas conductas, como lo fueron los dictámenes técnicos de adjudicación directa de doce de enero y veintidós de abril, ambos de dos mil diez en los que aparece la firma de la aquí quejosa; oficio DIRAD-2010/0039 de veinticinco de enero de dos mil diez, CGAPP/0550/2010 de diecinueve de febrero de dos mil diez, oficio de afectación presupuestal AP602 con fecha de autorización dos de marzo de dos mil diez; auxiliar mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, estado de cuenta bancario de la institución bancaria Soctiabank, análisis presupuestal anual al mes de enero de dos mil diez; contrato de adquisición de doce de enero de dos mil diez; factura número 12 de veinticinco de enero de dos mil diez; oficio CGAPP/1358/2010 de doce de mayo de dos mil diez; entre otros. De lo anterior, de advierte que la autoridad responsable desarrollo (desgloso) cada uno de los elementos normativos (hipótesis) que prevén las fracciones l y XXl del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, la última fracción relacionada con el artículo 13 fracción XX y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de acuerdo a la conducta desplegada por la aquí quejosa, a efecto encuadrar dicha o dichas conductas con la citada normatividad, de acuerdo a los elementos de principio de tipicidad. Por auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se dio vista a la quejosa con las constancias referidas (foja 462), sin que realizara manifestación alguna. En las relatadas condiciones, la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de Contraloría del Estado de Puebla, dejó insubsistente la resolución reclamada; y, en su lugar, dictó otra, en la que reiteró lo que no fue materia de concesión y, con plenitud de jurisdicción, al contestar los agravios expuestos por la recurrente, analizó las conductas imputadas a los supuestos de responsabilidad formalmente recriminados, sin modificar la conducta que le fue atribuida en el auto de inicio formal de procedimiento, en cuanto a que incumplió con lo dispuesto en el mencionado artículo, en relación con los diversos 8, fracción XI, y 13, fracciones XX y XXVI del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y estableció con qué elementos de prueba se acreditaban las conductas reprochadas; en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. Glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó y concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General."

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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