Jaime Dionicio Dionicio Garduño y Otros.

Expediente 1152/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1152/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Jaime Dionicio Dionicio Garduño y Otros.
  • Itzel Dionicio Solis
  • Jaime Dionicio Dionicio Garduño
  • Itzel Dionicio Solis y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. En consecuencia, como no existe más por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues no obstante se desechó la demanda, en el auto de radicación se concedió la suspensión de plano (artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo en cita aplicado por analogía y apartado 7.4 del Manual para la Organización de archivos vigente). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, serán destruidos. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, escrito firmado por la autorizada de la moral tercera interesada, por el cual realiza diversas manifestaciones en relación al billete que exhibió la parte quejosa a efecto de garantizar la suspensión definitiva en el cuaderno incidental derivado de este sumario, y autoriza a diversas personas de forma restringida. Tocante a sus manifestaciones, deberá estarse a lo acordado el uno de marzo de dos mil veintitrés, y respecto de las personas que autoriza, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la promovente no tiene facultades para ello, puesto que se le tuvo reconocida personalidad como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de ahí que no puede otorgar nuevas autorizaciones, pues ese derecho corresponde únicamente a las partes y sus apoderados legales. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA III AVISO QUEJOSA SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEIDO DE VEINTIUNO DE JULIO DE ESTE AÑO Toluca, Estado de México; veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno, Central 4, de la Fiscalía Regional de Toluca, por el cual en cumplimiento a lo requerido el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, exhibe un legajo de copias cotejadas de diversas constancias relativas a la carpeta de investigación iniciada contra los quejosos, de las cuales se advierte que el quince de la mensualidad en curso, fueron puestos en libertad. Se tiene por cumplido el requerimiento de mérito, y se levanta la reserva decretada el dieciocho de julio de dos mil veintitrés; así las cosas, este juzgador, estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos que se exponen enseguida. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se pronunció en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Tomo IX, junio de 1999, visible a folio 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse las hipótesis siguientes: 1. Revocación; y, 2. Sustitución procesal. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado, desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en supuesto y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso, da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para los efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente, se advierte que: El catorce de julio de dos mil veintitrés, se inició por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Central Cuarta de Toluca, una carpeta de investigación en contra de Itzel Dionisio Solís y Jaime Dionisio Garduño, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones y resistencia. El quince de esta misma mensualidad, se presentó ante este Juzgado la demanda de amparo a nombre los citados Itzel Dionisio Solís y Jaime Dionisio Garduño, concediéndose en misma fecha, la suspensión de plano contra la privación de la libertad fuera del procedimiento, y se ordenó la ratificación del libelo. El mismo quince de este mes, los quejosos ratificaron su demanda de amparo, ante la presencia de la fedataria judicial. Posteriormente, el dieciocho siguiente, se recibió el informe de la responsable relativo a la suspensión de plano del acto reclamado, en el que se infirió que el quince previo, los quejosos habían sido puestos en libertad, por lo que se requirió a la responsable, remitiera las constancias que justificaban esa afirmación. Requerimiento al que se dio cumplimiento mediante el oficio de cuenta, y del que se constata que efectivamente los quejosos fueron externados del área de seguridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De lo anterior, se evidencia que si bien los quejosos estuvieron privados de su libertad, con motivo de su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos que les fueron atribuidos, lo cierto es que dicha privación ha concluido, puesto que fueron puestos en libertad el mismo día de la presentación de la demanda de amparo. Por ende, se considera que los actos reclamados han quedado sin efectos, esto es, como si no hubiere afectado la esfera jurídica de los inconformes, por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efecto alguno, ni los surtirá, y que ya no produce afectación alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y personalmente a los quejosos.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Central Cuatro de la Fiscalía Regional de Toluca, Estado de México; mediante el cual rinde su informe de cumplimiento a la suspensión de plano y oficio decretada en autos; en esas condiciones, dese vista al quejoso con éste. De conformidad con el precepto 28, fracción I, de la legislación en cita, por designado el domicilio para oír y recibir notificaciones, excepción hecha del correo que proporciona, toda vez que la ley de la materia, no lo considera como tal. Ahora bien, toda vez que del informe de cuenta, la oficiante refiere que ha puesto en libertad a los quejosos, empero, no adjunta constancia alguna que lo acredite; en consecuencia, se le requiere a efecto de que dentro del plazo de veinticuatro horas, remita las constancias que lo acrediten, apercibido que de no hacerlo, se le hará efectivo el apercibimiento con que se le conminó el quince de los cursantes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo; agréguense al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, las constancias de notificación de cuenta, de las que se desprende que los quejosos, ratificaron la demanda interpuesta a su favor, así como a las personas en ella autorizadas, así como el domicilio procesal señalado. Se toma conocimiento de lo anterior, y respecto a la ratificación de la demanda, se reserva acordar lo que en derecho corresponda, hasta en tanto la responsable de cumplimiento al requerimiento hecho en esta fecha. Con independencia de ello, en términos de los numerales 12 y 26 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizadas a las personas que designan en términos amplios, y como domicilio procesal el señalado, excepción hecha del correo referido, toda vez que no es considerado por la ley como un medio valido. En otro orden, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta especialidad, que realice el registro y compensación correspondiente al presente asunto, y remita la papeleta que lo acredite. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

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