Jaime Delfino Manuel de la Cruz Zárate

Expediente 820/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
820/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Jaime Delfino Manuel de la Cruz Zárate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad responsable, rindiendo su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Ahora bien, de las constancias que adjunta la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado, se advierte que en auto de tres de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 1086/2009, de su índice, en atención al escrito presentado el tres de enero de del año en curso, por la parte actora Jaime Delfino Manuel de la Cruz Zarate -aquí quejoso-, por el que promovió revisión de autos con relación al acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno, dictado en dicho juicio, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de prueba y alegatos relativa a dicha revisión. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. En ese contexto, la omisión señalada por el quejoso Jaime Delfino Manuel de la Cruz Zarate, como acto reclamado atribuido a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la abstención de acordar el escrito presentado el tres de enero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 1086/2009, por el que promovió revisión de autos con relación al acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno, dictado en ese juicio, deviene inexistente, como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, la Junta responsable en auto de tres de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 1086/2009, de su índice, en atención al escrito presentado el tres de enero de del año en curso, por la parte actora Jaime Delfino Manuel de la Cruz Zarate -aquí quejoso-, por el que promovió revisión de autos con relación al acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno, dictado en dicho juicio, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de prueba y alegatos relativa a dicha revisión En esas condiciones, contrario a lo que expresó el quejoso, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo origen del presente juicio -veintisiete de abril de dos mil veintidós- no existía la omisión reclamada toda vez que la autoridad a esa fecha ya había acordado lo conducente al escrito presentado el tres de enero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 1086/2009, por el que promovió revisión de autos con relación al acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno, dictado en ese juicio. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". Asimismo, se comparte el criterio contenido en la tesis II. 1o. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, del rubro siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO". La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que la Junta responsable en auto de tres de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 1086/2009, de su índice, en atención al escrito presentado el tres de enero de del año en curso, por la parte actora Jaime Delfino Manuel de la Cruz Zarate -aquí quejoso-, por el que promovió revisión de autos con relación al acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno, dictado en dicho juicio, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de prueba y alegatos relativa a dicha revisión; es inconcuso que deviene inexistente la omisión de que se duele el promovente de amparo. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el tres de enero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 1086/2009, por el que la parte actora -aquí quejoso-promovió revisión de autos con relación al acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno; procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causal de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta minutos del uno de junio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y, personalmente al quejoso y por lista a la moral tercera interesada. Así lo acordó y firma Iván Pantoja Salazar, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del Despacho de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la licencia otorgada a la titular de este Juzgado en el punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo del año en curso, ante Greta Santos Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad responsable, rindiendo su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Ahora bien, de las constancias que adjunta la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado, se advierte que en auto de tres de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 1086/2009, de su índice, en atención al escrito presentado el tres de enero de del año en curso, por la parte actora Jaime Delfino Manuel de la Cruz Zarate -aquí quejoso-, por el que promovió revisión de autos con relación al acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno, dictado en dicho juicio, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de prueba y alegatos relativa a dicha revisión. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. En ese contexto, la omisión señalada por el quejoso Jaime Delfino Manuel de la Cruz Zarate, como acto reclamado atribuido a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la abstención de acordar el escrito presentado el tres de enero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 1086/2009, por el que promovió revisión de autos con relación al acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno, dictado en ese juicio, deviene inexistente, como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, la Junta responsable en auto de tres de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 1086/2009, de su índice, en atención al escrito presentado el tres de enero de del año en curso, por la parte actora Jaime Delfino Manuel de la Cruz Zarate -aquí quejoso-, por el que promovió revisión de autos con relación al acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno, dictado en dicho juicio, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de prueba y alegatos relativa a dicha revisión En esas condiciones, contrario a lo que expresó el quejoso, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo origen del presente juicio -veintisiete de abril de dos mil veintidós- no existía la omisión reclamada toda vez que la autoridad a esa fecha ya había acordado lo conducente al escrito presentado el tres de enero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 1086/2009, por el que promovió revisión de autos con relación al acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno, dictado en ese juicio. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". Asimismo, se comparte el criterio contenido en la tesis II. 1o. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, del rubro siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO". La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que la Junta responsable en auto de tres de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 1086/2009, de su índice, en atención al escrito presentado el tres de enero de del año en curso, por la parte actora Jaime Delfino Manuel de la Cruz Zarate -aquí quejoso-, por el que promovió revisión de autos con relación al acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno, dictado en dicho juicio, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de prueba y alegatos relativa a dicha revisión; es inconcuso que deviene inexistente la omisión de que se duele el promovente de amparo. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el tres de enero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 1086/2009, por el que la parte actora -aquí quejoso-promovió revisión de autos con relación al acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno; procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causal de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta minutos del uno de junio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y, personalmente al quejoso y por lista a la moral tercera interesada. Así lo acordó y firma Iván Pantoja Salazar, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del Despacho de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la licencia otorgada a la titular de este Juzgado en el punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo del año en curso, ante Greta Santos Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que a la fecha en que se actúa las partes no se inconformaron en contra de la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ..

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