Jaime de Jesus Calderon Ortiz
Expediente 276/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jaime de Jesus Calderon Ortiz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que establece el numera 98 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada y facultada interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de trece de los actuales, en el que se DESECHÓ la demanda de garantías promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitaros del Estado, residente en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-276/2019-2. 2. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".la Orden de Visita de Verificación Sanitaria de fecha 8 de Marzo de dos mil diecinueve, por la que se ordena la Suspensión de Actividades o la Clausura parcial o total inclusive, de la Clínica en la que el quejoso desarrollo y ejerzo mis actividades profesionales, ubicada en la calle -, sin que haya justificado que se haya agotado procedimiento administrativo previo en el que exista Resolución definitiva que imponga sanción alguna y sin que exista motivación y fundamentación alguna que justifique la acción que se pretende ejercitar y los inminentes efectos materializados que causarían consecuencias de imposible reparación como es el hecho de que se me impida el desarrollo profesional en prácticas quirúrgicas propias de la especialidad que desarrollo como Otorrinolaringólogo, es decir impedimento del ejercicio profesional del suscrito a pesar de contar con las correspondiente Cédula profesional que ampara el legal ejercicio de mi profesión en términos de lo previsto por el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amén de que pertenezco al Colegio de Especialistas en la Materia, ello adicional al hecho de que cuento con la Licencia de Funcionamiento y permisos que amparan la legal operación y Funcionamiento de la Clínica antes señalada, documentos que se adjuntan en copia certificada al presente documento y con los cuales acredito tener interés legítimo para acudir a solicitar el Amparo y Justicia de la Federación. [.] La ejecución de cualquier acto tendiente para llevar a cabo Diligencia de Verificación Sanitaria alguna tendiente la imposición de un estado de Suspensión de Actividades o la Clausura parcial o total inclusive, de la Clínica en la que el quejoso desarrollo y ejerzo mis actividades profesionales, que se sustente en procedimiento administrativo previo en el que exista Resolución definitiva que imponga sanción alguna y sin que exista motivación y fundamentación alguna que justifique la acción que se pretende ejercitar mediante orden que así lo determine, para que se imponga Suspensión de Actividades o la Clausura parcial o total inclusive de la Clínica en la que el quejoso desarrollo y ejerzo mis actividades profesionales, ubicada en la calle Veinte de noviembre, número cuatrocientos catorce, colonia Centro, en la Ciudad de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo, Código Postal 58000, sin que como ya quedo precisado se haya agotado un procedimiento administrativo previo en el que exista Resolución Definitiva que imponga sanción alguna y sin que exista motivación y fundamentación alguna que justifique la acción que se pretende ejercitar y los inminentes efectos materializados que causarían consecuencias de imposible reparación como es el hecho de que se me impida el desarrollo profesional en prácticas quirúrgicas propias de la especialidad que desarrollo como Otorrinolaringólogo, es decir impedimento del ejercicio profesional del suscrito a pesar de contar con las correspondiente Cédula profesional que ampara el legal ejercicio de mi profesión en términos de lo previsto por el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Ahora, de la orden de visita de verificación sanitaria de fecha ocho de marzo del año en curso, misma que adjuntó el promovente al escrito inicial de demanda de garantías se desprende lo siguiente: ".DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD. SUB.DEPENDENCIA: COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS. DEPARTAMENTO: OPERACIOIN SANITARIA. NÚMERO DE OFICIO: OMN-50/19. EXPEDIENTE RSS/09/00015/2019. ASUNTO: Orden de Visita de verificación sanitaria. Morelia, Michoacán, a 8 de MARZO de 2019. Al Propietario Responsable, representante ocupante de: JAIME DE JESÚS CALDERÓN ORTIZ. ESTABLECIMIENTO DENOMINADO: CLÍNICA DE CIRUGÍA DE CORTA ESTANCIA. Actividad preponderante: HOSPITAL GENERAL DEL SECTOR PRIVADO. Domicilio: 20 DE NOVIEMBRE N°. 414, COL. CENTRO MORELIA, MICHOACÁN. [.] C. DR. JOSÉ ADHEMAR GAMIÑO SÁMANO, DRA. MARILIZ DEL CARMEN HERRERA OREJEL. VERIFICADOR (ES) SANITARIO (S) CREDENCIAL (ES) 16DOO7 16D018 CON VIGENCIA DEL 09 NNOVIEMBRE DE 2018 AL 09 DE MAYO DE 2019. Verificador (es) adscrito (os) a este Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y quien (es) podrá (n) actuar conjunta o indistintamente en la verificación, debiendo entregarle copia de esta orden y solicitarle designe dos testigos de asistencia para que participen en la diligencia; en caso de existir negativa, los testigos serán nombrados por el verificador, la presente visita de verificación sanitaria se precisa con los siguientes: OBJETO: APLICACIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD. ALCANCE: APLICACIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y SERVICIOS, EN EL ÁREA QUIRÚRGICA DE ACUERDO AL OFICIO N°. OMN-025/19 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019. DE conformidad con el artículo 400 de la Ley General de Salud, deberá permitir al (los) verificador (es) el acceso y darle (s) las facilidades e informes relacionados con la verificación para el desarrollo de su labor, quienes ante la negativa, con fundamento en el artículo 431 de la Ley General de Salud podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las sanciones de la autoridad competente por incurrir en el delito previsto por los artículos 178 y 180 del Código Penal Federal. [.] ATENTAMENTE Comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.". Acto respecto del cual el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, que lo conducente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Eso es así, porque del precepto legal transcrito, se advierte que dentro de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo está el de definitividad del acto reclamado, este principio consiste en que el juicio de amparo para ser procedente requiere un elemento sine qua non referente a que deben agotarse antes de interponer el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que otorga la ley, salvo las excepciones que la misma establece. Supuesto normativo del que no puede excluirse la orden de verificación sanitaria, pues no comparten la naturaleza de la orden de visita domiciliaria que implica el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal, conforme a lo previsto en los artículos 128 y 129, fracción I, II del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, tales actos pueden ser impugnados a través de un medio ordinario de defensa, al señalar: "Artículo 128. El particular afectado por los actos y resoluciones de la autoridad que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán optar por interponer el recurso de revisión previsto en este Capítulo o el recurso administrativo previsto en la norma respectiva o el juicio ante el Tribunal a que se refiere el Libro Quinto de este Código, en este último supuesto se exceptúan los actos que persigan un fin declarativo de la autoridad administrativa. Ejercitada la acción ante este último, no podrá ocurrir a otro medio ordinario de defensa. Artículo 129. Procede el recurso de revisión: I. Contra los actos de las autoridades que los particulares estimen violatorios de las normas aplicables o (sic) este Código; II. Contra actos o resoluciones indebidamente fundadas o motivadas o carentes de éstas;" De lo antes anotado, se observa que los actos impugnados al ser de naturaleza administrativa, admiten el recurso de revisión ante las propias autoridades, o el juicio ante el Tribunal Administrativo del Estado de Michoacán, a que se refieren los artículos 128 y 129 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, por lo que se debió de agotar cualquiera de los dos medios de defensa en cita, previamente a acudir a solicitar la protección constitucional y al no hacerlo origina que se dé la causa de improcedencia que se analiza. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448 del Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del epígrafe siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una 'ley', y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". Por lo tanto, al no haber agotado la parte quejosa, los medios de impugnación destacados, es inconcuso que la parte agraviada no cumplió con el principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, de modo que el juicio de amparo con relación a los citados actos reclamados es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, impresa en la página 902 del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, por notoriamente improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. 3. TRANSPARENCIA. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. 4. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, virtud a que tienen registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y para recibir notificaciones y documentos a las personas que indica; asimismo, se tiene al impetrante de amparo proporcionando el nombre del usuario en el Sistema electrónico como "jaimecald"; por tanto, se le autoriza el acceso al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el usuario que refiere, hágase del conocimiento a la encargada de tal sistema y actuario adscrito para los efectos legales correspondientes. 5. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese personalmente.
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