Jaime David Lopez Ortega
Expediente 1064/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jaime David Lopez Ortega
- Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y el estado que guardan los autos, en el sentido de que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo promovido por ********************. Por tanto, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con el artículo 81 del mismo ordenamiento legal; comuníquese lo anterior a las partes, y bajo supervisión de la Secretaria encargada del trámite, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE") y archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso a), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1064/2022-3. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en once de julio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y por razón de turno remitido el mismo día a este Juzgado de Distrito, Jaime David López Ortega, solicito el amparo y protección de la justicia de federal, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, por los actos que se precisan a continuación: "IV.- Actos Reclamado: LA EXPEDICIÓN DE LA JUSTICIA LENTA Y RETARDADA, el retraso y/o dilación del procedimiento laboral dentro del Juicio Laboral 855/2018-4C." SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de doce de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, la que se registró en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1064/2022-3, se solicitó a la autoridad señalad acomo responsables su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y por último, se señaló día y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo el día de hoy al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35 y 107 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos que tienen efectos en el lugar donde éste órgano jurisdiccional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden, el actuar que se estima violatorio de derechos se advierte que se hace consistir en la omisión de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, de declarar cerrada la instrucción y formular el proyecto de laudo en el juicio laboral 855/2018-4C. TERCERO. Certeza del Acto. Es cierto el acto reclamado, a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, en virtud de que fue omisa en rendir su informe justificado. CUARTO. Improcedencia. En el caso, de oficio, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; El supuesto normativo trascrito establece la improcedencia del juicio en tratándose de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, es decir, porque no se produzca afectación real y actual en su esfera jurídica. Bajo ese contexto legal, en el caso, la improcedencia del juicio sobreviene por cuanto el quejoso no aportó medio de prueba alguno para acreditar que la omisión y justicia retardada de que se duele por parte de la Junta responsable en el juicio laboral 855/2018-4C del índice de la Junta responsable. Por supuesto, conforme la carga demostrativa que establece el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, corresponde a la quejosa acreditar los siguientes extremos: a) La existencia de un juicio en el que sea parte; b) Que se encuentre en estado de resolución; y, c) Que hubiese transcurrido el plazo que tenía la autoridad laboral para emitir la determinación correspondiente. Lo anterior, con independencia de la presunción de certeza del acto reclamado, debido a que la falta de informe no releva a la parte quejosa de acreditar la inconstitucionalidad del mismo, habida cuenta que la falta de desahogo de diligencias o emisión de la determinación correspondiente, no constituye un acto inconstitucional en sí mismo, por lo que era necesario que la parte quejosa aportara los medios idóneos para demostrarlo. Sobre el particular, cobra relevancia, por los motivos que la contienen, la jurisprudencia 2a./J. 50/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, página 304 (Registro 197499), que señala: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." De igual forma, es ilustrativa la tesis III.3o.(III Región) 24 L (9a.) del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Décima Época, página 675 (Registro 160677), que señala: "LAUDO. ASPECTOS DE FONDO DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE SU DICTADO. Cuando se reclama en amparo la omisión de dictar el laudo en el procedimiento laboral, la demostración del derecho afectado implica aspectos de fondo de la litis constitucional, en función de que el órgano de control constitucional debe tener presente: a) el tipo de acto reclamado; b) la naturaleza del derecho fundamental afectado así como el respectivo interés jurídico; c) la íntima conexión con la cuestión de constitucionalidad de fondo; y, d) lo inherente a justificar que el gobernado es parte en el juicio del que deriva el acto reclamado. En efecto, como el acto controvertido es la abstención de resolver (conducta de no hacer), el derecho violado es el relativo al acceso a una justicia pronta tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, es necesario verificar que el quejoso sea parte del procedimiento del cual deriva el acto reclamado y, que efectivamente exista un deber de la autoridad responsable de resolver en el tiempo o plazo estipulado al efecto, lo que se relaciona directamente con el estudio de fondo del asunto y con la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad atribuida. Lo anterior atiende a que en la ejecutoria en que tiene origen la jurisprudencia 2a./J. 50/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, página 304), se precisó que corresponde al agraviado demostrar la inconstitucionalidad atribuida, porque tal clase de actos no son violatorios de garantías en sí mismos. Ante ello, el Máximo Tribunal del País delimitó los aspectos mínimos que constituyen su carga de la prueba, a saber: a) que exista un juicio en el que sea parte; b) que dicho juicio esté en estado de resolución; y, c) que haya transcurrido el término legal del que dispone el órgano jurisdiccional para fallar, por lo que si falta alguno de esos presupuestos en función de que el quejoso no lo acreditó, el órgano de amparo no cuenta con elementos suficientes para concluir que fue violado el derecho fundamental señalado y tendría que negar el amparo solicitado, incluso, aunque hubiere operado la presunción de certeza del acto reclamado por falta de informe justificado, ya que la omisión de emitirlo, por cierta que resulte, no produce violación alguna de garantías individuales por sí sola sino que corresponde al afectado demostrar los supuestos referidos y, por ende, la inconstitucionalidad del acto reclamado. De ahí que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de la omisión de dictado del laudo y, por ende, los aspectos de fondo. Por tanto, la causal de improcedencia de falta de interés jurídico (artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo), que pretendiera alegarse estaría involucrada con el fondo del negocio ante el Juez constitucional, pero sería hasta esta fase de análisis de la litis constitucional donde habría la necesidad de verificar si quien acude al amparo es uno de los sujetos que concurrió al juicio laboral a deducir una controversia, por lo que una vez demostrado ese punto, es que puede advertirse si el afectado cuenta con la titularidad del derecho de pedir una justicia pronta, y analizar si fue afectado por la omisión de resolver el asunto según las condiciones específicas del caso, pero justamente al verificar lo inherente a si quedó demostrada su inconstitucionalidad por la quejosa." En tales condiciones, si no se advierte prueba de que la parte quejosa es parte en el procedimiento laboral de origen, que éste haya llegado a un estadío que hiciera imperativo el dictado del cierre de instrucción y el dictado del laudo, por tanto, tampoco se evidencia que haya transcurrido el plazo de ley para ello, por lo que deviene claro que no se configura afectación alguna sobre el derecho alegado por la parte quejosa. Consecuentemente, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio en términos del numeral 65, fracción V, de la propia legislación. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, página 206 (Registro 2006144), que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Atento a lo expuesto, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jaime David López Ortega, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se obtiene que mediante proveído de doce de julio de dos mil veintidós, se ordenó llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California, para que dentro del término de tres días, computados a partir de la notificación del mismo, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se harían por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. En ese sentido, y toda vez que obra en autos constancia de notificación practicada al citado tercero interesado mediante lista publicada el nueve de agosto de dos mil veintidós, sin que a la fecha haya señalado domicilio en el presente asunto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de doce de julio de dos mil veintidós; por tanto, proceda el Actuario Judicial Adscrito a notificar a los terceros interesados en comento, esta y las subsecuentes notificaciones por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, doce de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, otorgado a la autoridad Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California Por otro, lado se obtiene que se encuentra transcurriendo el término de ocho días otorgado al tercero interesado Colegio de Estudios Científicos (CecyteBC) y Tecnológicos del Estado de Baja California, a fin de que esté en posibilidad de imponerse del contenido de las constancias que integran el juicio en que se actúa. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y tres minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós, como la nueva hora y fecha para su celebración.
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