Jaime Daniel Martínez Martínez
Expediente 292/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/08/2021
Partes del expediente
- Jaime Daniel Martínez Martínez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes en el presente asunto, no se inconformaron en contra del auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con apoyo en el artículo artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Al advertirse de autos que este juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el citado expediente. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un proveído que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado..." Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25,1 del citado acuerdo, se comisiona a la Secretaria para que 1 "Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 212 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito Juzgador y la Secretaria que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la 2 "Articulo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. (.) En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá´ constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquella se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. " Judicatura Federal3. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los presentes autos, los oficios de cuenta signados, por el Coordinador Penal Zona Costa, Defensoría Pública Estatal, mediante los cuales informa que designa como defensores públicos a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Marianna Lizbeth García, a fin de que asesoren al quejoso Jaime Daniel Martínez Martínez, en la tramitación del presente juicio de amparo. En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a los asesores jurídicos antes mencionados, para que, vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el asunto que nos ocupa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público; dichas actuaciones se encuentran a su disposición en la mesa de trámite correspondiente. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XXIV.2o. J/2, del rubro siguiente: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO.". Se tiene como domicilio el que señala ubicado en Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida Poniente, José Fimbres Moreno, locales 41 a 43, Fraccionamiento San José, C.P. 22226, de esta ciudad de Tijuana, Baja California; asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona para tal efecto.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que a la fecha de la presente actuación el Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Ciudad de Tecate, Baja California, ha sido omiso en designar defensor público al quejoso ********************; no obstante, de estar debidamente notificado para ello, tal y como se advierte de la constancia de notificación glosada en autos. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Ciudad de Tecate, Baja California, para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, asigne al quejoso un defensor público. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a./J. 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2020495, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 238 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito presentado por el tercero interesado Teobaldo Estrada González, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia de las constancias que solicita y obren en autos, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente en autos para constancia.
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