Jaime Daniel Martinez Martinez

Expediente 657/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
657/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Jaime Daniel Martinez Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de mayo de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a la parte quejosa el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de depuración, tomando en consideración que aun cuando se sobreseyó en el juicio, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene el carácter de definitiva, lo cual actualiza el supuesto antes citado. En tal sentido, resguárdese el expediente en el archivo de este juzgado y una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, procédase a su depuración conservando las constancias conducentes, de conformidad con el último párrafo del precepto en cita. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo de tres días hábiles concedido al quejoso en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, para que corrigiera la denominación de las autoridades señaladas como responsables Comandante General y Subsecretario, ambos de la Policía Estatal Penitenciaria, con sede en Mexicali, Baja California, o bien acreditaran su existencia, sin que al momento lo hubiera hecho. Por lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo, se tienen por inexistentes las autoridades antes mencionadas, por lo que se ordena suspender toda comunicación con las mismas. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Certificación Secretarial. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy. Asimismo, se advierte que al realizar una búsqueda en la página de internet de la empresa "Estafeta Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable", para dar seguimiento al proceso de entrega de los oficios 2274 y 2275 y anexos que a estos acompaña, por los que se les notifica el auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, arroja como resultado "rechazado por destinatario o por política de recepción en Centros Comerciales". Por otra parte, de la misma certificación secretarial que se atiende, se advierte que al entablar comunicación al número telefónico (686) 837 3940, a fin de corroborar el domicilio correcto de las autoridades que el quejoso denominó como Comandante General y Subsecretario, ambos de la Policía Estatal Penitenciaria, con sede en Mexicali, Baja California, Arcelia Ramos asistente de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, informó que dichas responsables no existen. Autoridad inexistente. Atento a lo expuesto en el párrafo que antecede, requiérase al quejoso, así como a los defensores públicos que lo representan para que al momento de la notificación o dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, ya sea corrigiendo las denominaciones de las autoridades, o bien, acreditando su existencia. Apoya esta determinación las tesis XIII.P.A. J/8 P (10a.) sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2019352, de rubro y texto siguientes: "DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE AUDIENCIA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo señala que uno de los requisitos de la demanda es precisar el nombre de las autoridades responsables. Esto es, dicha circunstancia constituye una carga para el quejoso, lo que implica que si éste señala una denominación incorrecta de la autoridad o, en su caso, que ésta no existe, el juzgador tiene la facultad de declararla inexistente; sin embargo, una vez que el Juez de Distrito tiene la información relativa a la inexistencia de la autoridad responsable señalada en la demanda, para realizar la declaratoria correspondiente debe escuchar primero al quejoso, es decir, darle vista con esa información y requerirle para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de la autoridad. En consecuencia, previo a decretar la inexistencia de una autoridad responsable, el Juez de Distrito debe otorgar al quejoso su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo y términos indicados se declararán inexistentes las autoridades y se suspenderá toda comunicación con las mismas. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del diecinueve de abril de dos mil veintiuno, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J.176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese; y personalmente al quejoso Jaime Daniel Martínez Martínez y a sus defensores públicos.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente juicio se encontraban señaladas las diez horas con cincuenta minutos del quince de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, la misma no tuvo lugar dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; y como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, lo que implica una reanudación de los plazos y términos que quedaron pausados en este juicio y no su reinicio; asimismo, se precisa que la reanudación de los plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Audiencia Constitucional. Bajo ese contexto, se señalan las diez horas del quince de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto; en el entendido que la misma se celebrará sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba en la que sea necesaria su intervención; para lo cual las partes deberán hacerlo del conocimiento de este juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante videoconferencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Determinación que no depara perjuicio a las partes, al estar en posibilidad de presentar alegatos de manera escrita. Defensoría informa. Agréguese a los autos el oficio signado por la Coordinadora de Área Penal Zona Costa, Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, informa que los licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, serán los asesores jurídicos encargados del presente juicio de amparo. Domicilio. En diverso aspecto señala domicilio para oír y recibir notificaciones, por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27 de la ley de la materia, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Autorizados. Asimismo, se le tiene por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a María de los Ángeles Calderón Muñoz, por así haberlo solicitado expresamente. Vista Defensores. Con fundamento en los artículos 1o. y 14 constitucionales y en términos de los artículos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo a los Defensores Públicos en mención, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por la juzgadora de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. En consecuencia, túrnense los autos al actuario de la adscripción, a fin de que se sirva notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina. Notificación a las partes. Por otra parte, se hace la precisión que el presente acuerdo deberá notificarse a las partes a excepción del quejoso y sus defensores mediante lista, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, cabe decir que de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a las autoridades responsables deberá notificarse forzosamente por oficio el auto de admisión; o en su caso, de estimarse pertinente, aquellas determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de las que son personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos o requerimientos), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, cuyo trámite es de menor trascendencia, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional; por lo que se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo. Notifíquese; y personalmente a los defensores públicos asignados; así como al quejoso en su lugar de reclusión.

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