Jaime Daniel Guerrero Muñiz
Expediente 137/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/04/2019
Partes del expediente
- Jaime Daniel Guerrero Muñiz
- Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, uno de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley reglamentaria, en contra del proveído de once de marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio número 2865-II con anexo, enviado por el titular del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 77/2019-VII, con número de orden 89/2019-VII, .... como lo solicita la autoridad oficiante acúsese el recibo de estilo vía fax por conducto de la actuaria de la adscripción. ...Ahora bien, toda vez que de las constancias de cuenta se aprecia que ha transcurrido el término de tres días, que este Juzgado de Distrito concedió a las partes terceras interesadas aludidas con antelación, a efecto de que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que se hayan pronunciado al respecto; en tal razón, se hace efectivo el apercibimiento con que fueron conminadas por auto de uno del mes y año en curso, de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aún las que revistan el carácter de personales, se les hagan por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Tribunal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de marzo de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 306/2019, por medio del cual, el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, rinde su informe justificado. Ahora bien, visto el contenido de las documentales que anexó la autoridad responsable a su informativa de cuenta, se advierte que en proveído de siete de marzo de dos mil diecinueve, emitió el acuerdo en relación con la prueba pericial grafoscópica y documentoscópica a cargo del perito tercero en discordia fijándose las nueve horas con treinta minutos del diez de junio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo su desahogo dentro del expediente administrativo laboral número 00209/E06/2006, de su índice. Por tanto, este juzgador Federal advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al resultar manifiesta e indudable, da lugar al sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, atento a las siguientes consideraciones. El citado precepto legal establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Ello es así, pues conforme al texto legal preinserto, el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho del Tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, al haber reclamado Jaime Daniel Guerrero Muñiz, en esta vía constitucional, la omisión de fijar hora y fecha para el desahogo de la prueba pericial a cargo del perito tercero en discordia, la Junta responsable en su libelo de cuenta refiere que por acuerdo de siete de marzo del año en curso, se pronunció al respecto dentro del expediente administrativo laboral número 00209/E06/2006, de su índice; documentales que dado su carácter de públicos por haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. De lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, reponiendo al quejoso en el mismo estado en que se encontraba antes de que se decretara, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si los actos jamás hubieran nacido. Ahora bien, la cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, en virtud de que la emisión del proveído correspondiente a la prueba pericial a desahogarse en el expediente laboral de origen, restituyó al quejoso en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de ordenar su emisión, precisamente porque ese acto ya no invade su esfera jurídica; de ahí que, con tal evento se surta una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el precitado numeral 64, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 103, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resuelve la contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia número 23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 991, Tomo XXVI, Noviembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría desahogar dicha actuación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Sustenta a lo anterior, por las consideraciones que contiene, la tesis de jurisprudencia, I.7o.P. J/3, visible en la página 1600 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, cuyo rubro y texto dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. De igual forma, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo que, déjese sin efectos el desahogo de la audiencia constitucional que estaba programada para las diez horas con veintitrés minutos de esta propia fecha. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes. El suscrito juzgador no soslaya que de autos se advierta que mediante acuerdo admisorio se ordenó emplazar a la presente contienda constitucional a las partes terceras interesadas señaladas por la parte quejosa como Autobuses Pullman, Sociedad Anónima de Capital Variable, Coordinados de México Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable y Autobuses de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, librándose el exhorto correspondiente; sin embargo, tomando en consideración que la finalidad primordial de notificar a las partes terceras interesadas en el juicio biinstancial, es con el objeto de que esté en aptitud de comparecer e intervenir en defensa de sus derechos procesales, siempre y cuando no se advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado, como sucede en el presente caso, que se ha procedido a sobreseer fuera de audiencia en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y en este sentido, es una determinación que no lesiona sus intereses. Razón por la que, este órgano de control constitucional considera innecesario insistir en el emplazamiento de la partes terceras interesadas de mérito, en atención a que la causal de improcedencia que así quedó invocada no variaría si se llamara a juicio a los nombrados terceros. En efecto, por regla general el juzgador debe emplazar a todas y cada una de las partes que tengan el carácter de terceros interesados en una contienda constitucional, pues de lo contrario, se consideraría como violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo; sin embargo, existe una excepción a esa regla, la cual estriba precisamente cuando la violación procesal tiene que ver con la constitucionalidad del acto reclamado, empero si en el juicio de amparo se decretó el sobreseimiento por causal diversa, no ameritaría reponer el procedimiento por no haber trascendido al resultado del fallo, lo cual acontece en el caso específico, dado que, como se adelantó, a nada práctico llevaría emplazar a dicha tercero, pues como se dijo, la causal de improcedencia invocada se actualiza con independencia de su intervención o no en el juicio de amparo en que se actúa; de ahí que, se insiste, la falta de llamamiento al juicio no trasciende en el resultado de la presente sentencia. Se invoca en su aspectos conducentes, las tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultables respectivamente en las fojas 575 y 1119, de los tomos XIV, julio de 1994 y XXI, marzo de 2005, Octava y Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su orden dicen: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado." Asimismo, es aplicable al caso el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 69/98, consultable en la página 366 del tomo VIII, septiembre de 1998, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su rubro y texto dice: "PROCEDIMIENTO. SÓLO DEBE REPONERSE CUANDO LA VIOLACIÓN AL MISMO TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Es cierto que conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciere una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o bien, que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o que pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, se deberá ordenar la reposición del procedimiento; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la reposición únicamente cabe decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues, de lo contrario, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico." Finalmente, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y únicamente agréguese a sus autos para que obre como corresponda el pedimento ministerial número 130/2019, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ello en razón de lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo, notifico a la persona moral tercero interesado Autobuses Oriente A. D. O. Sociedad Anónima de Capital Variable, el auto de once de marzo de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este juzgado a recibir la notificación de referencia de manera personal
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