Jaime Damian Tovar Carrillo
Expediente 123/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jaime Damian Tovar Carrillo
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió para las partes el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de dieciocho de febrero del año en curso, en la cual se sobreseyó en el juicio en que se actúa; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma causa ejecutoria. No es obstáculo para lo anterior el que no obren los acuses de recibo correspondientes a los oficios enviados a las autoridades responsables foráneas, con el que se pretende notificarle la sentencia dictada en el presente juicio, pues dado el sentido de dicho fallo a la única que perjudica es a la parte quejosa. Toda vez que en el presente no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.
- Principal
SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 123/2020-IV, promovido por Jorge Salomé Bissuet Galarza a favor del directo quejoso Jaime Damián Tovar Carrillo, contra actos que reclamó del Comisionado, Coordinador General de Centros Federales y Coordinador General Prevención y Readaptación Social, todos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México; Fiscal General del Estado de Chihuahua y Secretario de Seguridad Pública Estatal, con domicilio en la capital de esta entidad federativa; Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Director General de los Centros de Reinserción Social, Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, Jefe del Departamento de Ejecución de Medidas Judiciales, Jefe del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social, todos de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Aquiles Serdán Chihuahua; y, Director, y Jefe de Seguridad y Custodia, del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en Ciudad Juárez. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, que por razón de turno tocó conocer a este órgano de control constitucional, Jorge Salomé Bissuet Galarza promovió demanda de amparo, a favor del directo quejoso Jaime Damián Tovar Carrillo Alarcón, contra actos de las autoridades responsables citadas renglones arriba, por estimarlos violatorios de las garantías consagradas, a su parecer, en los artículos 1, 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de quienes reclamó la incomunicación y la orden de traslado del Centro de Reinserción Estatal Número Tres, con sede en esta urbe fronteriza a diverso centro penitenciario, así como la ejecución de la ésta. SEGUNDO. En esa misma data, se tuvo por presentada la demanda y dada la naturaleza de los actos reclamados, se decretó la suspensión de plano y de oficio, por cuanto a la incomunicación de que se dijo era objeto el directo agraviado; se solicitó informe a las autoridades respecto a las medidas adoptadas para acatar dicha suspensión; y, se instruyó al actuario para que se constituyera en el lugar donde se encontraba el quejoso, a fin de que ratificara o no la demanda. TERCERO. Hecho lo anterior, por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, por una parte, se desechó de plano la demanda de amparo únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en el traslado del amparista del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres en el que se encuentra recluido al uno diverso dentro de la República Mexicana, por notoriamente improcedente, y por otra, se admitió respecto de la incomunicación que se dijo estaba siendo objeto directamente el agraviado, se solicitó informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, se señaló día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Por auto de veinticuatro de junio de dos mil veinte, se tuvo al licenciado Jorge Salome Bissuet Galarza, quien se ostenta como defensor particular del directo quejoso ante el Juez de ejecución, solicitando la ampliación de su escrito primigenio de demanda por nuevas autoridades, así como actos reclamados y, tras considerar que la acción de la ampliación de demanda de amparo resultaba improcedente, se desechó. CUARTO. Inconforme con esa determinación, el defensor particular de la parte quejosa promovió recurso de queja, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en sesión de dos de diciembre de dos mil veinte, cuyo Pleno declaró fundado el medio de impugnación y ordenó que se dejara insubsistente el acuerdo recurrido, y en cumplimiento a su determinación se siguieran los lineamientos en ella expuestos. Por lo que, toda vez que los actos reclamados por los que se pretendía ampliar eran diversos a los primigenios y no guardaban relación directa con el que inicialmente reclamó, ello en virtud de que por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se desechó de plano la primigenia demanda por lo que refería al traslado, es decir, se le precisó que la procedencia de la ampliación intentada sólo sería procedente contra actos derivados de la incomunicación que se reclamó y por la que se admitió el juicio de amparo, pero no por actos diversos, razón por la cual no se pudo proveer de conformidad su solicitud. No obstante lo anterior, y con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria del tribunal de alzada, se ordenó el desglose del escrito de ampliación de demanda dejándose copia certificada del mismo en autos, para ser remitido con sus respectivas constancias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, para que se le diera trámite como nueva demanda. QUINTO. Luego, mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, se reanudaron plazos y términos suspendidos por virtud de la contingencia sanitaria del país a causa del virus Covid-19, por lo que se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual inició conforme el acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 1, fracción I, 35, 37, primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013, adicionado por los diversos 3/2015 y 12/2016, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclaman actos cuya ejecución tendría lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua, población comprendida dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar tales negativas. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Segunda Sección, Improcedencia y sobreseimiento, página 305, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado de las autoridades responsables Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Director General de los Centros de Reinserción Social, Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, Jefe del Departamento de Ejecución de Medidas Judiciales, Jefe del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social, todos de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con sede en Aquiles Serdán Chihuahua, pues si bien es cierto éstas fueron omisas en rendir su informe justificado, también lo es que no opera la presunción de certeza del acto que se les reclama, puesto que las autoridades ordenadoras negaron el acto que se les atribuye, de ahí que aquéllas no pueda ejecutar una orden inexistente. Robustece esta consideración la tesis número 90, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, en materia común, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero aquellas a quienes se atribuye haber ordenado el acto lo niegan, es incuestionable que la autoridad no puede ejecutar una orden inexistente, y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que estable el artículo 149 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 123/2020-IV, promovido por Jaime Damián Tovar Carrillo, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Comisionado, Coordinador General de Centros Federales y Coordinador General Prevención y Readaptación Social, todos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México; Fiscal General del Estado de Chihuahua y Secretario de Seguridad Pública Estatal, con domicilio en la capital de esta entidad federativa; Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Director General de los Centros de Reinserción Social, Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, Jefe del Departamento de Ejecución de Medidas Judiciales, Jefe del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social, todos de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Aquiles Serdán Chihuahua; y, Director, y Jefe de Seguridad y Custodia, del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en Ciudad Juárez, por las razones expuestas en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Arturo Vázquez Ortiz, Secretario que autoriza lo actuado y da fe, con lo cual concluye la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, de conformidad con el contenido de las Circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021, de veinte de diciembre de dos mil veinte y ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se hace del conocimiento que en sesión de esa fecha la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que se adoptó, entre otras medidas, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; y, como consecuencia, la suspensión de los plazos y términos procesales durante el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero del actual, días en los que se dejó de actuar en este asunto. Por tanto, a fin de dar continuidad con el trámite del presente juicio de amparo, se fijan las diez horas con quince minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, con el que remite copia certificada de la resolución dictada el dos de diciembre del año que transcurre, en el recurso de queja penal 106/2020, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el licenciado Jorge Salomé Bissuet Galarza, en su carácter de autorizado del quejoso Jaime Damián Tovar Carrillo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, contra el auto de veinticuatro de junio de dos mil veinte, en el presente juicio; resolución en la cual la superioridad resolvió: "PRIMERO. Se declara fundado el recurso de queja a que este toca se refiere. SEGUNDO. Se deja insubsistente el acuerdo recurrido TERCERO. Se orden al Juez de Distrito dar cumplimiento a la presente resolución, en los términos que se precisaron en el considerando sexto de esta ejecutoria." En consecuencia, acúsese recibo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, por las razones anteriores, se deja insubsistente el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veinte, dictado por este juzgado, para quedar de la siguiente manera. Visto el escrito presentado por licenciado Jorge Salomé Bissuet Galarza, quien se ostenta como defensor particular del directo quejoso ante el Juez de Ejecución, con el cual solicita se le tenga ampliando su primigenia demanda por nuevas autoridades, así como actos, consistentes en: a) La resolución administrativa a que se refiere el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dentro de la causa 826/2012 y carpeta de ejecución 579/2014, mediante la cual se ordena el traslado del quejoso al Centro de Reinserción Social Estatal número 3, con sede en Ciudad Juárez al Centro federal de Readaptación Social número 15 con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas; b) Resolución judicial de veintiocho de marzo de dos mil veinte, mediante la cual se ratifica de legal el traslado del quejoso; c) El acuerdo que niega celebrar audiencia pública y oral, a fin de pronunciarse sobre la ratificación o no del traslado del quejoso, bajo el argumento de que ya se había ratificado el traslado previamente; y, d) La ejecución de las citadas determinaciones. A efecto de estar en aptitud de proveer lo procedente, resulta necesario establecer que la ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolver el juez, y si bien no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, su inclusión se estima indispensable para que el juzgador dé una solución adecuada al conflicto que se le plantea; sin embargo, para que prospere es menester se realice en los momentos procesales indicados y que se actualicen los supuestos que avalan su procedencia, a saber: 1. Antes de que se fije la litis constitucional. Esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables, en cuyo caso la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2. Después de que se hayan rendido los informes justificados. Supuesto en el que la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal; y, 3. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional. En suma, el ejercicio de este derecho debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia, tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero en todos estos supuestos debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a.XLI/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de 1999, Novena Época, registro 194333, página 209, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional." Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, P./J. 15/2003, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época, registro 183932, página 12, que versa de la siguiente manera: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional". De igual manera, por analogía resulta aplicable la Jurisprudencia "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE. La ampliación de demanda de amparo indirecto constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales y resulta acorde con diversos principios. Aunado a ello, el artículo 111 de la Ley de Amparo condiciona su procedencia, por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, a que se presente dentro de los plazos legales y a que no se haya celebrado la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. Por tanto, decretar la improcedencia de la ampliación de la demanda, con base en que esos nuevos actos se reclamen por vicios propios, a pesar de que no sea uno de los requisitos aludidos, equivale a imponer en su perjuicio una restricción y una obligación que ese ordenamiento jurídico no contempla. Además, el hecho de que dichos actos se combatan por vicios propios no justifica la inexistencia de la vinculación entre ellos, pues: a) ésta depende de los hechos del caso, y no de la manera en que se controviertan; b) una vez admitida la ampliación, nada impide que el análisis de constitucionalidad se realice respecto de cada uno de ellos de manera independiente; y, c) se trata de una cuestión que, en tanto influye en el estudio de fondo, no debe impactar en la fijación de la litis. Finalmente, como el artículo citado no establece restricción alguna para formular nuevos conceptos de violación en relación con los actos novedosos objeto de la ampliación, no existe impedimento legal alguno para hacerlo". En la especie, el peticionario de amparo inicialmente señaló como acto reclamado la orden de traslado girada en contra de Jaime Damián Tovar Carrillo, por autoridades administrativas, así como la incomunicación que en ese momento, según el dicho bajo protesta de decir verdad manifestó era objeto el directo quejoso. Ahora bien, como se mencionó al inicio de este acuerdo, el promovente solicita la ampliación de demanda, por lo que hace a las resoluciones dictadas por una autoridad judicial y la ratificación de ésta tal y como se establece en la legislación correspondiente, y por consiguiente el traslado del que fue objeto el amparista; sin embargo, se estima improcedente su solicitud, pues se trata de actos diversos a los primigenios, que no guardan relación directa con el que inicialmente reclamó, susceptible de ser combatido vía juicio de amparo indirecto, pero no mediante una solicitud de ampliación, pues no debe perderse de vista que lo que inicialmente se reclamó fue la posible orden de traslado girada en contra del quejoso por autoridades administrativas, así como la incomunicación de la que se decía que éste era objeto, supuesto en el que la ampliación es procedente sólo en contra de la respuesta que, en su caso, emitieran las autoridades responsables respecto del traslado que decía podía ser objeto. Sin embargo, como se aprecia del auto de veintisiete de febrero de la presente anualidad, se desechó de plano la primigenia demanda por lo que a ese acto se refería, al no haberse agotado el principio de definitividad en forma previa al juicio de amparo, es decir, se actualizó la causal de improcedencia que se establece en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, admitiéndose sólo por el restante acto, esto es, la incomunicación de que se dijo era objeto el directo quejoso. Es decir, en el caso, la ampliación sólo sería procedente contra actos derivados de la incomunicación que se reclamó, pero no por actos diversos; considerar lo contrario equivaldría a dar oportunidad al impetrante de amparo de ampliar su escrito inicial tantas y cuantas veces tuviera conocimiento de un nuevo acto que pudiera deparar perjuicio en su esfera jurídica, haciendo interminable el procedimiento, lo cual no puede quedar a voluntad de las partes. Resta decir que una de las finalidades de la ampliación de demanda es resolver el problema efectivamente planteado, sin vulnerar la prontitud que establece el artículo 17 constitucional, lo cual en el caso que nos ocupa no sería posible, si ante la existencia de algún acto diverso el quejoso solicitara ampliar su demanda. Por las razones apuntadas dígasele al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad la ampliación de demanda que solicita, continuando la tramitación del juicio hasta su conclusión por el acto y autoridades que se señalaron en el escrito inicial de demanda. Por las razones apuntadas con anterioridad, y con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria del tribunal de alzada, se ordena el desglose del escrito de ampliación de demanda debiéndose dejar copia certificada del mismo en autos; hecho lo anterior, remítase aquél con sus respectivas constancias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad; para que acorde lo resuelto por la superioridad se le dé trámite como nueva demanda. Precisado lo anterior, se ordena reanudar el procedimiento del presente juicio y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de amparo, se señalan las diez horas del dieciocho de enero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que veinticuatro de agosto y tres de septiembre de la presente anualidad, se reservó acordar lo conducente respecto a los oficios que envió la Subsecretaria del Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en ausencia del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta localidad fronteriza; en tales condiciones, al reanudarse el juicio, se tiene a las citadas responsables informando respecto al cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida al quejoso Jaime Damián Tovar Carrillo. Asimismo, téngasele señalando como autorizados a los profesionistas que propone en el ocurso de cuenta, de conformidad en el numeral 9 de la ley de la materia. Por otra parte, por auto dos y veintidós de septiembre del año que transcurre, se reservó acordar respecto de los oficios signados por la Subsecretaria del Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales por ausencia del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, mediante los cuales allegan el informe justificado solicitado; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de dicha autoridad; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional, con el cual se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 de la ley de la materia se tienen como delegados de las mencionadas autoridades a las personas que, en su caso, proponen y como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto indican. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Alma Karina González Carrillo, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
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