Jaime Cruz Delfin
Expediente 637/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Jaime Cruz Delfin
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a los autos el escrito del quejoso Jaime Cruz Delfín, a través del cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su demanda, y manifiesta que se desiste de cualquier medio de impugnación legal respecto al auto que la desechó de plano. Consecuentemente, se tiene al quejoso por desistido del recurso de queja contra el auto de treinta de julio pasado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ese auto causó estado. En ese sentido, como lo pide el promovente y de conformidad con el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se autoriza la devolución de los documentos que el peticionario acompañó a su demanda, previa toma de razón que por su recibo otorgue en autos cualquiera de las personas que designa para ello. Archivo del expediente. Transferencia, digitalización, depuración y destrucción del expediente.
- Principal
Colima, Colima, treinta de julio de dos mil dieciocho. ( Radicación. Se recibe la demanda de amparo indirecto que suscribe Jaime Cruz Delfín contra actos que atribuye al Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina Armada de México, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. ( Registro e integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, el cual fue registrado con el número 637/2018-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal Desechamiento. De la lectura de la demanda de amparo y anexos de la misma, se desprende que el quejoso reclama el oficio C-4C.4.1.5-1463/18-I/7, de diez de julio de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina Armada de México, a través del cual le notificó el inicio del procedimiento de baja definitiva del servicio activo de la Armada de México, por terminación de contrato; así como la ejecución de dicho comunicado. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese entendido, este juzgador advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que le impide conocerla y que está previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, ambos de la ley, ya que el juicio biinstancial es improcedente contra actos dictados por particulares o entidades que no les revista el carácter de autoridades para efectos del amparo. Para demostrar lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos citados: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Del primero de los dispositivos transcritos, se advierte que la ley prevé una hipótesis de improcedencia que no se limita a las demás fracciones que establece en forma específica dicho numeral, sino que es aplicable cuando la improcedencia del juicio resulte con motivo de la aplicación de diversa disposición de la propia ley o de la Constitución. Por su parte, el segundo de los preceptos prevé que con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso, omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones (con independencia de si dicho acto es desplegado por una autoridad en sentido material, o bien, lo realiza un particular de forma equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general). De lo anteriormente descrito, se desprende que para los efectos del juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad responsable la que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese contexto, debe señalase que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones expuestas tienen sustento en la jurisprudencia 2a./J 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089; que señala: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, marzo de 1999, página 307; que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. De acuerdo con lo anterior, para que el acto de un órgano sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación; es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado, los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. Así, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: Ser unilateral, porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce; esto es, su emisión sólo depende de la voluntad de la autoridad. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente público, esto es, el acto se impone aún en contra de la voluntad del particular. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. Así, las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuáles estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo, caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En términos de estas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de este juicio constitucional. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será susceptible de ser reclamado en el juicio constitucional, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas (norma general) o concretas con efectos particulares (acto en estricto sentido u omisión), que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características descritas. En ese sentido, es necesario atender a la naturaleza de los actos que se impugnan para determinar si provienen o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Con base en lo expuesto es factible sostener que el acto que por esta vía reclama el quejoso, consistente en el oficio C-4C.4.1.5-1463/18-I/7, de diez de julio de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina Armada de México, a través del cual le notificó el inicio del procedimiento de baja definitiva del servicio activo de la Armada de México, por terminación de contrato; así como la ejecución de dicho comunicado: son actos cuya naturaleza jurídica surgen con motivo de la relación que existe entre la Secretaría de Marina Armada de México, y el quejoso (en su calidad de trabajador), por virtud del contrato de prestación de servicios celebrado entre ambos, como se desprende del comunicado impugnado. Al respecto, los artículos 123, apartado B, fracción XII constitucional, 39, 50 y 85, fracción II, E, de la Ley Orgánica Armada de México establecen: Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: [.] B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: [.] XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. [.] Artículo 39. El personal de la milicia auxiliar es el que presta sus servicios en forma temporal mediante contrato, así como los cadetes y alumnos de las escuelas de la Armada. La estancia en el servicio activo de este personal estará sujeta a las disposiciones reglamentarias correspondientes. Artículo 50. El personal de la milicia auxiliar que no sea del Servicio Militar Nacional, se reclutará por contrato de enganche voluntario, según las condiciones y términos establecidos en el mismo. Podrá reengancharse o causar baja de acuerdo a lo contenido en la presente Ley y los reglamentos correspondientes. Artículo 85. Baja es la separación definitiva del servicio activo y procederá: [.] Fracción II. Por acuerdo del Alto Mando en los casos siguientes: [.] E. Tratándose de personal de la milicia auxiliar, por terminación de su contrato o anticipadamente por no ser necesarios sus servicios, conforme a las cláusulas de su contrato y demás disposiciones legales. El afectado será escuchado en defensa dentro de los quince días naturales siguientes a su notificación, y [.] Del numeral constitucional transcrito se desprende que los conflictos individuales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Por su parte, la Ley Orgánica de la Armada de México define al personal de la milicia auxiliar como el que presta sus servicios en forma temporal mediante contrato, así como los cadetes y alumnos de las escuelas de la Armada. Asimismo, que el personal de la milicia auxiliar que no sea del Servicio Militar Nacional, se reclutará por contrato de enganche voluntario, según las condiciones y términos establecidos en el mismo. Además, que baja es la separación definitiva del servicio activo y procederá, por acuerdo del Alto Mando, tratándose de personal de la milicia auxiliar, por terminación de su contrato o anticipadamente por no ser necesarios sus servicios. Atento a lo anterior, resulta evidente que los actos reclamados se suscitan en un ámbito de relación patrón-empleado, siendo claro que en ese supuesto la posición del patrón frente al quejoso, es de particular, porque el oficio C-4C.4.1.5-1463/18-I/7, de diez de julio de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina Armada de México, mediante el cual se notificó el inicio del procedimiento de baja definitiva del servicio activo de la Armada de México, por terminación de contrato, no emerge del imperio que corresponde a alguna de las autoridades responsables como parte de la administración pública en la defensa exterior o en la seguridad interior del país y en su calidad de autoridad de la Secretaría de Marina Armada de México. Por sus consideraciones, se invoca la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, abril de 2016, página 1956; que dice: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación". En razón de lo anterior, es que resulta notoriamente improcedente las demanda de amparo, pues los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, surgen en un plano de coordinación y no de supra a subordinación como pretende evidenciarlo el quejoso; de ahí que no tengan el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Por último, es conveniente destacar que la presente determinación, también tiene por objeto que no precluya el derecho de la parte aquí quejosa para acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los términos de ley, para hacer valer sus derechos. ( Domicilio para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, los estrados de este juzgado, debido a que el señalado por el quejoso en su demanda se encuentra fuera de residencia de este juzgado. ( Facultad del autorizado. De conformidad con el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Neri Cruz Valencia, por no tener inscrita su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mientras que en los mismos términos a Mayra Lizbeht Uribe Salas, Cinthia Bianey Hernández Corona, Juan Alberto Cotzomí Sánchez y Ricardo Cotzomí Sánchez, por así haberlo solicitado el quejoso Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Vladimir Véjar Gómez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, ante Audel Arnoldo Hernández Solís, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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