Jaime Cristobal Casas Maya
Expediente 188/2016 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 188/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/03/2016
Partes del expediente
- Jaime Cristobal Casas Maya
Actuaciones
- Principal
PERSONAL: con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, mediante aviso de once del presente mes y año; en consecuencia, se le notifica por medio de lista el proveído dictado el diez de marzo de dos mil dieciséis, que en síntesis dice: ha quedado firme el auto de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en el que se desecho la demanda de amparo; en tales condiciones archivese el presente expediente como asunto concluido
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Recepción de demanda Vista la demanda de amparo firmada por Jaime Cristóbal Cazas Maya, contra el acto atribuido al Juez Vigésimo Cuarto Penal en el Distrito Federal, consistente en la "finalidad de que la autoridad responsable me otorgue con carácter urgente las copias simples solicitadas el día veintisiete de enero del dos mil dieciséis, ya paso un mes y no he obtenido respuesta y tampoco se me ha citado a la reja de prácticas para infórmeseme nada." Cuestiones previas Primeramente, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado; toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1318 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la Ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la Ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del Juicio, ya que a nada jurídicamente practico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaria a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Análisis del asunto Del contenido de la demanda de garantías y del anexo que adjuntó, se advierte que el acto reclamado por el quejoso se hace consistir en la "finalidad de que la autoridad responsable me otorgue con carácter urgente las copias simples solicitadas el día veintisiete de enero del dos mil dieciséis, ya paso un mes y no he obtenido respuesta y tampoco se me ha citado a la reja de prácticas para infórmeseme nada..". En la especie, la suscrita estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, de la Ley de Amparo vigente, que dicen: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De lo anteriormente trascrito, podemos obtener que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa, que colma en esencia su objetivo con la nulificación de los actos de autoridad que se reclamen y que resulten violatorios de los derechos subjetivos públicos del gobernado, que nuestra Carta Magna contiene en su favor, por lo que es evidente que para el logro de este objetivo específico, que tiene su fundamento precisamente en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es menester la demostración o acreditamiento de cuatro presupuestos fundamentales, a saber: a) La existencia del acto que se reclama; b) Que ese acto produzca una afectación; c) Que esa afectación incida en algún derecho subjetivo público del que es titular el quejoso; y, d) Que tal afectación contraríe las disposiciones contenidas en la Norma Fundamental. En el caso, se estima que tales requisitos no se colman en la especie. El quejoso comparece a reclamar la omisión en que ha incurrido la autoridad, alegando violación directa al artículo 8º Constitucional, ello bajo el argumento de que el Juez Vigésimo Cuarto Penal en el Distrito Federal, no ha dado respuesta a su escrito presentado ante esa autoridad jurisdiccional el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De lo anterior, se advierte que a consideración de la suscrita, tal omisión no constituye un acto de imposible reparación, que pueda ser reclamada a través del amparo indirecto, alegando la violación al artículo 8º Constitucional. Lo anterior es así, pues en el presente caso, el quejoso comparece como sentenciado en la causa penal 234/2014 del índice de la autoridad que señala como responsable conforme al anexo que adjunta, es decir, como parte dentro de un procedimiento jurisdiccional, y con más precisión en la etapa de ejecución de la sentencia. Luego, con ese carácter no puede reclamar de forma autónoma la violación al derecho de petición, en virtud de que debe atenderse a lo previsto en las normas constitucionales y legales aplicables, es decir a los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Magna. Previo a exponer los motivos por los que se afirma lo anterior, es conveniente precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se advierte que será procedente el amparo indirecto de forma excepcional, en contra de actos dictados dentro del procedimiento, cuando tengan el carácter de "imposible reparación", entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales. En ese sentido, para que se actualice la procedencia del amparo, es necesario que la violación formal se traduzca en una violación directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual, ejercer un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior, pues no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Por lo antes expuesto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un servidor público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Al arribar a la anterior conclusión, no se soslaya que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que no actualizaría la procedencia para acudir al juicio de amparo. Es ilustrativa al respecto la Jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación, Publicación, el diecisiete de abril de dos mil quince, Décima Época, del siguiente contenido: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Así como la diversa Jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), de la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el diecisiete de abril de dos mil quince, Décima Época, del siguiente contenido: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Determinación En tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo en la que se reclama "la finalidad de que la autoridad responsable me otorgue con carácter urgente las copias simples solicitadas el día veintisiete de enero del dos mil dieciséis, ya paso un mes y no he obtenido respuesta y tampoco se me ha citado a la reja de prácticas para infórmeseme nada", ante el Juzgado Vigésimo Cuarto Penal en el Distrito Federal, dentro de la causa penal 234/2014. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se indica en el proemio de la demanda; ello, de conformidad con el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo; y, por autorizada a la persona que señala, en términos del ordinal 12 con relación al diverso 24, párrafo segundo, de la citada ley. Notificaciones. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles que surjan en este juicio de amparo. Publicación de datos personales. Con fundamento en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los diversos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley antes mencionada, así como, el acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, S/N de veintidós de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, infórmese a las partes que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la resolución que se dicte en este asunto. Acorde con el numeral 220 de la Ley de Amparo, no será considerada confidencial la información publicada en el Semanario Judicial de la Federación, por constituir una fuente de acceso público. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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