Jaime Correa Rivera

Expediente 950/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
950/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2019

Partes del expediente

  • Jaime Correa Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; once de octubre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído de siete de octubre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; siete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Jaime Correa Rivera, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 950/2019, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa. Así de la lectura integral de la misma se obtiene que el quejoso como demandado en el juicio laboral 668/2016, promovido por Placido Román Manchi, reclama por esta instancia la determinación dictada por la junta responsable en la audiencia de diez de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró desierta la prueba pericial medica en traumatología que ofreció con cargo al doctor Alejandro Toriz Díaz, por no haber rendido su dictamen pericial. Precisado lo anterior, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. En relación con la segunda de las disposiciones legales transcritas, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, son únicamente aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Bajo esa tesitura, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Precisado lo anterior, si el acto reclamado consiste en la determinación dictada dentro de la audiencia de diez de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral número 668/2016, que declaró desierta la prueba pericial médica en traumatología que el quejoso ofreció con cargo al doctor Alejandro Toriz Díaz, por no haber rendido su dictamen pericial; dicha determinación sólo produce una afectación sobre un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal, dado que versa sobre la recepción y desahogo de las pruebas en el juicio de origen, situación que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que sus consecuencias como ya se explicó no son de imposible reparación al no violarse derechos sustantivos; asimismo que dicha resolución de resultar contraria a los intereses del quejoso, estaría en opción de plantear la cuestión que ahora controvierte junto con la sentencia que se emita en el juicio natural en caso de serle adversa. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la misma por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Heroico Colegio Militar, lote tres, manzana 2, colonia Fraccionamiento Residencial Cumbres de Llano Largo, en esta ciudad; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a José Alberto Alarcón Alonzo, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Lluvia Ivett Hernández Jaimes y Javier Alberdy Álvarez Reynada, por no cumplir con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho de hacerlo con posterioridad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE QUEJOSA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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