Jaime Contreras Flores

Expediente 327/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
327/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Jaime Contreras Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; Atenta a la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE Y NO AMPARA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, no es óbice a lo anterior, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 1717/2022 y 1718/2022, por los cuales se notificó a las autoridades responsables Congreso y Gobernadora, ambos del Estado de Guerrero, con MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 residencia en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, la sentencia dictada en este expediente, pues al haberse sobreseído por un lado y negado el amparo, dichas autoridades no están legitimadas para recurrirla, conforme al artículo 87 de la ley de la materia. Es aplicable, por analogía jurídica, la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE. Los recursos establecidos en la Ley de Amparo tienen como finalidad reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio de garantías con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación y resolución. Ahora bien, cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de garantías, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional, por lo que dicha resolución a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. En estas condiciones, el presidente de la República carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto por conducto de su delegado, contra la sentencia que sobresee en el juicio respecto de la ley cuya constitucionalidad defiende, pues en tal caso no existe declaración al respecto." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2214). En ese contexto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ?????????????? veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DEPURABLE por virtud de que en el mismo SE NEGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. En consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 327/2021, promovido por ****, por derecho propio, contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, y de otras autoridades; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, validado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, en esta demarcación; y turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito, hasta el ocho de abril siguiente, Jaime Contreras Flores, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1) Congreso del Estado de Guerrero. 2) Gobernador del Estado de Guerrero. 3) Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez. IV. ACTO RECLAMADO. 1. Del Congreso del Estado de Guerrero, se reclama: La expedición de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, específicamente su artículo 9, inciso a) y c), que establece la tasa del impuesto predial. 2. Del Gobernador del Estado de Guerrero, se reclama: La aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, específicamente su artículo 9, incisos a) y c), que establece la tasa del impuesto predial. 3. Del Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, se reclama: La aplicación de los preceptos legales cuya inconstitucionalidad se reclama, a través de la recepción del pago y emisión del recibo correspondiente, respecto de la cuenta catastral 072-005-001-0005." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 3 ??????????????? derecho transgredido el contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes de los actos reclamados que estimó conducentes. TERCERO. Tramitación del juicio. Mediante proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda instaurada, la que se registró bajo el número 327/2021; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se ordenó dar a la Fiscal Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos y notificadas las partes del auto de treinta de noviembre pasado, en el que se les hizo del conocimiento la adscripción de quien aquí resuelve, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que se reclaman normas de carácter general emitidas por el Congreso local cuyo primer acto de aplicación tuvo verificativo dentro del límite territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio1. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza de los actos reclamados, es necesario fijarlos claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SUFIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene que la parte quejosa reclama: 1. Del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado de Guerrero, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. La expedición, aprobación, sanción, promulgación y la orden de publicación de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente el artículo 9, incisos a) y c). 2. De la Directora de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. La aplicación de los preceptos reclamados, a través de la recepción del pago de impuesto predial en el 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 5 ??????????????? ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en términos de la factura 2100249520, respecto del inmueble identificado con cuenta catastral 072-005-001-0005. CUARTO. Oportunidad en la demanda. La demanda es oportuna, toda vez que si bien el primer acto de aplicación del precepto que se tilda de inconstitucional se realizó el veintiuno de enero de dos mil veintiuno; y la demanda se presentó el dieciséis de marzo siguiente, lo cierto es que el entero de mérito fue durante el lapso en que los términos judiciales se encontraban suspendidos. QUINTO. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, de análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO3." El encargado del despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, negó la existencia de los actos atribuidos; negativa que no obstante de ser imprecisa, al no manifestarse en relación al acto de aplicación que se le atribuye, se acepta por las consideraciones que se explican a continuación. La aplicación de los preceptos legales reclamados deriva de la actuación de la parte quejosa frente al contenido normativo de aquéllos, con motivo del pago que efectuó por concepto de impuesto predial y no porque la autoridad señalada como ejecutora, en ejercicio de sus facultades, hubieran hecho efectivo el cumplimiento del mandato contenido en los numerales controvertidos, es decir, aunque pudiera ser cierto que la responsable recibió el pago del impuesto predial; lo cierto es que la aplicación de la norma se materializó con el entero de la contribución que de manera voluntaria y espontánea efectuó el contribuyente; de ahí que la parte quejosa se ubica en la hipótesis de autoliquidación. En relación con esa figura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, en sesión de veintisiete de junio de dos mil siete, determinó lo siguiente o La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por lo que el que en un juicio de amparo el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, sólo acredita la autoaplicación de la ley y no da lugar a tener por acreditada la existencia de los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. 3 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, de abril de 1994, página 68. CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 7 ??????????????? Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. De la ejecutoria aludida derivó la jurisprudencia 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En aplicación del anterior criterio jurisprudencial, se arriba a la conclusión que no puede considerarse que la autoridad señalada como responsable haya aplicado en perjuicio de la parte quejosa las normas reclamadas. o La parte peticionaria de amparo acudió a este juicio con motivo del pago que, voluntariamente y en forma CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 espontánea, efectuó del impuesto predial en el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en términos de la factura 2100249520, respecto del inmueble identificado con cuenta catastral 072-005-001-0005. La mecánica para la determinación de las contribuciones locales se encuentra regulada, entre otros, por los artículos 28, 29, 30, 34 y 72 del Código Fiscal Municipal número 152, de los que se desprende que el sistema contributivo municipal se rige por el principio autodeterminativo, ya que la determinación o liquidación de los tributos se efectúa - ordinariamente- por el propio contribuyente. La ley fiscal parte de un diverso principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, de manera excepcional, la ley dispone que ese cálculo podrá ser realizado por la autoridad hacendaria. La autoliquidación es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto administrativo, sino una simple declaración tributaria en la que el propio sujeto pasivo practica también la liquidación tributaria consecuente. La autoliquidación es una declaración liquidación practicada y presentada por el propio sujeto pasivo. En la práctica, a esta forma de enterar el tributo a cargo del contribuyente también se le denomina autodeterminación, que es el procedimiento mediante el cual el propio contribuyente determina los impuestos a su cargo y efectúa el entero respectivo. La autodeterminación contributiva se basa en el principio de buena fe, de acuerdo con el cual el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria cumple, espontáneamente y en tiempo, con sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia 11/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto siguiente: CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 9 ??????????????? "OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. El citado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Consecuentemente, en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. La autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la interpretación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria." Como quedó precisado, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino al cumplimiento voluntario y espontáneo de una obligación establecida en la ley. Lo expuesto evidencia que el cumplimiento de los mandatos contenidos en los preceptos legales reclamados en el presente asunto no puede ser atribuido a las autoridades municipales. En consecuencia, al no ser atribuibles los actos de ejecución reclamados al Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, procede sobreseer en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. SEXTO. Existencia de actos reclamados. En contraposición a la conclusión alcanzada en el considerando que antecede, tenemos que las autoridades responsables Congreso del Estado de Guerrero (por conducto de su Presidenta de la Mesa Directiva) y Gobernadora Constitucional del Estado de CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 Guerrero (por conducto del Subconsejero de Atención a Procesos Jurídicos del Poder ejecutivo), al rendir sus concernientes informes justificados, aceptaron los actos que se les atribuyen, en el ámbito de su respectiva competencia, por lo que se tienen por ciertos, habida cuenta de que la ley no es objeto de prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. En ese sentido, tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 206.) De igual forma, es aplicable la tesis pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba oficial de la Ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65, primera parte, página 15) SÉPTIMO. Causal de improcedencia fundada. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que enseguida se transcribe: CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 11 ??????????????? "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Semanario Judicial de la Federación, editado en el Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, Tomo VI, Parte TCC, página 553). Respecto de los actos reclamados a la Gobernadora del Estado de Guerrero, consistentes en la promulgación y publicación de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 108, fracción III, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. Los preceptos legales mencionados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios (.)". Como se ve, cuando la parte quejosa reclame el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o su publicación, deberá señalar a las autoridades que realicen dichos actos cuando sean impugnados por vicios propios, pues de lo contrario el juicio de amparo resulta improcedente. En el caso, del análisis minucioso de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa no formula concepto de violación en contra de la orden de publicación del decreto promulgatorio de la ley reclamada, de manera que el juicio de amparo se torna improcedente en contra de ese acto que se atribuye a la Gobernadora del Estado de Guerrero; CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 consecuentemente, se sobresee el juicio de amparo en relación a la citada autoridad y acto destacado como reclamado, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse plenamente la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, del mismo cuerpo normativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 224, Volumen 139-144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro 232553, del contenido siguiente: "PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS LEYES. La promulgación no es otra cosa que la publicación formal de la ley y ambas voces se emplean como sinónimas, tanto en el lenguaje común como en el jurídico, sin que sea obstáculo para llegar a esta conclusión, el que en la doctrina, también jurídica, exista una corriente de opinión que pretenda encontrar diferencias entre la promulgación y la publicación de las leyes, pues tales diferencias son meramente teóricas, al resultar que la Ley Fundamental emplea las dos palabras con el mismo significado, según se desprende de la consulta, entre otros, de los artículos 70, 72 inciso a), y 89, fracción I, de la propia Constitución.". Asimismo, tiene aplicación en lo que interesa, sin oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia: VIII.3o. J/14, del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 1386, del Tomo XX, Agosto de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR COMO AUTORIDADES RESPONSABLES AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y AL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO RECLAMADO. Resulta incorrecto que el Juez de Distrito sobresea en un juicio de amparo contra leyes, fuera de la audiencia constitucional, porque el impetrante de garantías no haya señalado en su demanda como autoridades responsables al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación; si de la lectura del libelo primario se obtiene, que el quejoso llamó a juicio al CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 13 ??????????????? Congreso de la Unión que expidió la norma que se reclama de inconstitucional, y al presidente de la República que la promulgó, expresando conceptos de violación en contra de dichos actos, ya que ello no impide examinar la constitucionalidad del citado ordenamiento, aun cuando no se hayan expresado motivos de inconformidad respecto del acto de refrendo y su publicación, dado que no son combatidos por vicios propios, pues habiéndose oído a la autoridad responsable expedidora del ordenamiento combatido, incluyendo al Ejecutivo que la promulgó, la eficacia o falta de fundamento de los conceptos de violación habrá de afectar a todos los actos de formación de la ley.". Por último, esta potestad federal advierte que no se actualiza diversa causal de improcedencia de manera oficiosa, ni las partes las hacen valer; por tanto, se procede al examen del concepto de violación vertido por la parte quejosa. OCTAVO. Análisis de los conceptos de violación. No es necesario trascribir el concepto de violación que hace valer la parte quejosa, ya que no se requiere para el desarrollo y dictado de la presente resolución. Sobre el particular, es aplicable la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En su único concepto de violación, la parte quejosa aduce que el artículo 9, incisos a) y c) de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicho precepto legal establece un pago del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos baldíos, al igual que a los propietarios o poseedores de predios urbanos y sub-urbanos edificados, por lo que no se atiende a la auténtica capacidad contributiva en cada caso, esto es, en relación al valor real del predio; además, cita parcialmente la ley de ingresos del año dos mil seis, así como la ejecutoria que dio origen a la tesis del rubro y texto siguientes: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA [TESIS HISTÓRICA]. El citado precepto al establecer que el impuesto predial se pagará, respecto de predios urbanos y suburbanos baldíos, a una tasa del veinte al millar anual sobre el valor catastral determinado (inciso a), y en relación con predios urbanos y suburbanos edificados, a una tasa del doce al millar anual sobre el valor catastral determinado (inciso c), transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que los contribuyentes tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios urbanos o suburbanos) y realizan un mismo hecho generador del gravamen (propiedad o tenencia de un predio urbano o suburbano), lo que hace que constituyan una misma categoría, el legislador local les otorga un tratamiento desigual por el solo hecho de que el predio esté baldío o edificado, además de que desatiende a la real capacidad contributiva del causante en relación con el valor real del predio, ya que obliga a contribuir en mayor proporción al CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 15 ??????????????? propietario o poseedor de uno baldío que al de un predio edificado".4 En ese tenor, aduce la parte quejosa, que dicha tesis es aplicable al caso concreto, en virtud que el principio de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad y menos el que la tiene en menor proporción; en consecuencia -dice la parte impetrante-, la normativa reclamada establece una tasa igual para el pago del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos baldíos, en similitud a los propietarios o poseedores de predios urbanos y sub-urbanos edificados, por lo que no se atiende a la auténtica capacidad contributiva en cada caso -lo que dice-, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria. Los citados argumentos, sintetizados en esencia, resultan infundados, en virtud de las siguientes consideraciones. Es pertinente precisar que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". Del precepto constitucional invocado derivan los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Entendiéndose que la proporcionalidad se traduce en que debe existir congruencia entre el tributo y la capacidad contributiva de los causantes; en tanto que el principio de equidad exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula. Es 4 Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 172170; Instancia: Segunda Sala; Novena Época; Materias(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a./J. 109/2007; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007, página 336 CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 aplicable la jurisprudencia sin número sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 232309, de rubro: "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL". Cierto, en materia de contribuciones las obligaciones deben cumplir con el principio de proporcionalidad tributaria, el cual también se encuentra vinculado con la capacidad económica de los contribuyentes, puesto que ésta debe ser gravada diferencialmente para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad sino también en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cuantitativamente en el patrimonio y en los ingresos obtenidos. Así, se obliga al legislador a graduar el impuesto de forma que la participación de los ciudadanos en el sostenimiento de los gastos públicos se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada por los sujetos pasivos al realizar el hecho imponible (manifestación de riqueza de la propiedad y calidad del patrimonio), por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al mismo. Es decir, que la base gravable permita medir esa capacidad económica y la tasa o tarifa expresen la parte de la misma que corresponde al ente público acreedor del tributo. Con ello, la capacidad económica marca el cauce lógico del tributo, y no sólo legitima y explica su existencia sino también condiciona toda su estructura y contenido. Entonces, si bien el principio de proporcionalidad es comprensible en sí mismo, al contemplarse en la comparación de diversos contribuyentes, lo cierto es que resulta necesario atender también a la equidad del tributo en estudio; es decir, para verificar la igualdad en los impuestos causados es necesario determinar previamente quién tiene una mayor y quién una menor capacidad económica, para en segundo término, fijar en qué medida ha de CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 17 ??????????????? tributar cada contribuyente frente a un impuesto en particular, que es la capacidad económica relativa. No debe perderse de vista que el criterio planteado debe circunscribirse a un ámbito de justicia que evite arbitrariedades de la autoridad fiscal por un lado, o del gobernado por el otro, ya que se está en presencia de un precepto constitucional que contiene al mismo tiempo distintas garantías, pero también ante la obligación de los gobernados de contribuir para el gasto público de los distintos niveles de gobierno. Las consideraciones descritas permiten salvaguardar la justicia tributaria buscando el equilibrio señalado, lo que involucra necesariamente hacerse cargo de una serie de fenómenos económicos y sociales que ha de tener en consideración el juzgador con la finalidad de que el pronunciamiento que haga en cada caso resulte congruente con la realidad y la justicia fiscal. Por su parte, el principio de equidad tributaria consiste en otorgar la igualdad jurídica, es decir, que los contribuyentes que se ubiquen en la misma situación de hecho tengan el mismo trato jurídico y que los sujetos que se encuentren en situaciones de hecho distintas reciban un tratamiento jurídicamente diferente. En ese contexto, el principio de equidad determina que las personas, en tanto estén sujetas a cualquier impuesto y se encuentren en iguales condiciones para efectos tributarios, deben de recibir el mismo trato. Igualmente, de esta definición deriva su contrapartida, o sea, el principio de la desigualdad en el trato tributario de las personas que se encuentren en condiciones tributarias desiguales. Luego, si por exigencia constitucional los impuestos deben ajustarse a la capacidad económica de los causantes, el principio de equidad tributaria ayuda a cumplir con esa exigencia y a hacerla efectiva, ya que así se evitan discriminaciones y CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 desigualdades que no estén justificadas, a pesar de la misma capacidad de contribuir al gasto público. Efectivamente, el tratamiento de igualdad que exige la equidad tributaria requiere que las leyes tomen en consideración, cualitativa y cuantitativamente, las desigualdades económicas existentes entre los contribuyentes. Las anteriores consideraciones conducen a estimar que los principios de equidad y proporcionalidad -capacidad económica- no son ni pueden ser dos principios autónomos contrapuestos, sino que ambos se complementan, ya que el principio de equidad sólo puede ser rectamente comprendido en el marco de la capacidad económica del causante, deviniendo en que los principios de proporcionalidad y equidad se encuentran relacionados. Ahora bien, para cumplir el principio de equidad tributaria, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. En ese sentido, se advierte que las mencionadas finalidades económicas o sociales, o bien, las razones de política fiscal o extrafiscal que sustenten las categorías diferenciadoras establecidas por el legislador, cuando se materializan a través de bases objetivas y bajo parámetros razonables, no son una causa que justifique la violación al derecho fundamental de equidad tributaria, sino que tal concatenación de circunstancias es lo que permite salvaguardar dicho derecho, es decir, cuando los indicados fines persiguen una finalidad avalada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aportan elementos adicionales para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un determinado precepto. Expuesto lo anterior, ahora, tenemos que el artículo 9, incisos a) y c) de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 19 ??????????????? de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, a la letra señala: "Artículo 9. Este impuesto se causará y se pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago, de la siguiente manera. a) En predios urbanos y suburbanos baldíos, se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. (.) c) En predios urbanos y sub-urbanos edificados; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. (.)" De la porción combatida en este juicio, se desprende que no resulta contraria al principio proporcionalidad tributaria y, por ende, es constitucional. Lo anterior es así, pues tratándose del principio de equidad tributaria, otorga un trato igual a contribuyentes ubicados en un mismo hecho generador de gravamen (impuesto predial), y tienen una misma base y tasa 3.9 al millar sobre el valor catastral. Así, es evidente que a quien corresponda contribuir respecto de predios urbanos y suburbanos baldíos, se le sitúa en un plano de igualdad respecto del contribuyente de predios urbanos y sub-urbanos edificados, sin que con ello se vulneró el principio de equidad tributaria, pues ambos supuestos tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios) respecto del mismo hecho generador del gravamen (la propiedad o tenencia de predios), lo cual constituye una misma categoría acorde al principio de que se trata, atendiendo la obligación del legislados de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Una vez atendida la equidad en el tributo en estudio, verificando la igualdad en los impuestos causados y, ahora CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 entrando a la materia de inconstitucionalidad que hace valer la parte quejosa, determinando quién tiene una mayor y quién una menor capacidad económica, para en segundo término, fijar en qué medida ha de tributar cada contribuyente frente a un impuesto en particular, que es la capacidad económica relativa. Debe señalarse -como se anticipó- lo infundado del concepto de violación esgrimido, puesto que contrario a lo sostenido por la parte quejosa en el sentido de que el artículo 9, incisos a) y c) de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicho precepto legal al establecer un pago del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos baldíos, al igual que a los propietarios o poseedores de predios urbanos y sub-urbanos edificados, no atiende a la auténtica capacidad contributiva en cada caso, esto es, en relación al valor real del predio; lo cierto es que los preceptos legales de que se trata, no establecen un pago igualitario del impuesto predial para propietarios o poseedores de predios disímiles. En efecto, contrario a lo aducido por la parte quejosa, el artículo 9, incisos a) y c) de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, no prevé un pago igual para los sujetos obligados, pues si bien hay semejanza en el empleo del factor 3.9 al millar anual, ello, no implica un pago similar, ponderando que dicho factor debe ser aplicado sobre el valor catastral determinado. Luego, para la cuantificación del valor catastral, que servirá de base para el pago del impuesto predial, este último dependerá de las particularidades del inmueble, tales como el total de superficie y su distinción respecto de la superficie edificada, uso de suelo y zona; con lo cual, se atiende a la AUTÉNTICA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA en cada caso, esto es, en relación al valor real del predio. CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 21 ??????????????? En conclusión el hecho de que el artículo 9, incisos a) y c) de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, prevé una TASA FIJA, O UNIVERSAL, consistente en el factor 3.9 al millar anual; ello, no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, pues no deja de atender la capacidad contributiva, esto es, no deja de observar que tienen MAYOR CAPACIDAD ECONÓMICA los propietarios de predios urbanos EDIFICADOS, respecto de aquellos que cuenten con predios BALDÍOS, pues no debe perderse de vista que dicho factor 3.9 al millar anual, se encuentra estrechamente vinculada su aplicación sobre el valor catastral determinado, tal y como se denota de la propia redacción de los numerales que se analizan, siendo evidente que este último elemento, trae consigo la atención de la auténtica capacidad del contribuyente, al ponderarse las particularidades del inmueble (baldío o edificado), superficie total y características. Consecuentemente, la diferenciación tributaria resultará acorde con el derecho de proporcionalidad, siendo que las consecuencias jurídicas generales de la ley resultan adecuadas y proporcionales para conseguir el trato equitativo entre los destinatarios de la norma. De ahí que, contrario a lo aducido por la parte quejosa, la norma reclamada no resulte oponible al principio de proporcionalidad tributaria, a que se refiere el artículo 31, fracción IV, Constitucional. Máxime que, de los anexos que se ofrecieron junto con la demanda se advierte que la propiedad que defiende la parte quejosa se encuentra edificada, por lo que una posible distinción normativa no le beneficiaría. Luego, lo anteriormente expuesto, no se contrapone a las consideraciones que sustenta la jurisprudencia y ejecutoria citada por la parte quejosa de rubro: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 23/09/23 21:42:15 GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA [TESIS HISTÓRICA].", que contiene el criterio relativo a que la porción normativa analizada contraviene los citados principios de proporcionalidad y equidad tributaria, en la medida en que obligaba a los contribuyentes del impuesto predial a pagar tasas disímiles, pese a que contaban con las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios urbanos o suburbanos) y realizan un mismo hecho generador del gravamen (propiedad o tenencia de un predio urbano o suburbano), esto es, obliga a contribuir en mayor proporción al propietario o poseedor de uno baldío que al de un predio edificado, pese a que constituyen una misma categoría. Criterio que inclusive, apoya las consideraciones que sustentan la presente sentencia, porque en el caso, las normas reclamadas no otorgan trato desigual a los propietarios o poseedores de un predio baldío o edificado, sino que en ambos casos, el impuesto relativo, se pagará "el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado.". Bajo ese contexto al resultar los conceptos de violación propuestos infundados, lo que procede es negar el amparo solicitado en contra de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, particularmente su ordinal 9, fracciones a) y c), con motivo de su primer acto de aplicación. Por lo expuesto, fundado, y además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 61, 63, 73, 74, 75 y 76, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. En términos de lo expuesto en los considerandos quinto y séptimo de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de amparo. ???????? SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, por derecho propio, en contra del artículo 9, incisos a) y c) de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se puede celebrar, toda vez que en proveído de diecisiete de diciembre del presente año, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Subconsejero de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo, en representación de la Gobernadora del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal convenga, acuerdo que fue notificado el veinte de diciembre del año en curso, surtiendo efectos el veintiuno siguiente, lo que evidencia que aún no transcurre el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DOS MIL VEINTIDOS, para su celebración. Notifíquese por lista a las partes, incluidas las autoridades responsables, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/5038/2021, de trece de diciembre de dos mil veintiuno, quien actúa asistido de Rafael Ibarra Delgado, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido en el correo electrónico institucional, el oficio signado por el Subconsejero de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo, en representación de la Gobernadora del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por medio del cual rinde su informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, téngasele señalando domicilio oficial para recibir notificaciones, y con apoyo en el diverso numeral 9 de la ley de la materia, como delegados a las personas que designa para tales efectos. De igual forma, se le tiene proporcionando dos cuentas de correo electrónico, para establecer contacto. Notifíquese. Lo proveyó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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