Jaime Cervantes Santiago

Expediente 1665/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1665/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Jaime Cervantes Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo 1665/2021-1; para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEFINITIVO Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, al tratarse de un juicio de amparo en el que se declaró que causó estado el auto por el que se tuvo por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el acuerdo suscrito por el autorizado del quejoso, a través del cual desahoga la prevención hecha mediante proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que el acto reclamado le fue notificado desde el doce de octubre de la anualidad en cita, dentro de la causa penal 173/2021, por el Juez Penal de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado en Materia Penal de Carácter Acusatorio del Tercer Circuito Judicial, con residencia en Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (.)". Ahora, para una mejor comprensión de la causal de improcedencia que se invoca, es conveniente traer a colación el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que tienen relación con el numeral citado, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". En ese orden, de los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que haya surtido efectos la misma, conforme a la ley del acto. Bajo ese contexto, es importante destacar que el citado artículo 18 de la ley de la materia, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, los cuales se cuentan respectivamente a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; y, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, sustentándose en el conocimiento real del acto reclamado y no en lo expuesto por las partes o en la formalidad de la notificación. De ahí que en el caso, el cómputo para la promoción de la demanda de amparo inició a partir del día siguiente al en que la notificación del acto reclamado surtió sus efectos conforme a la ley que rige al mismo. Lo anterior es así, ya que en términos del artículo 82, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, (el cual resulta aplicable en el caso ya que de la lectura de la demanda de amparo se obtiene que la emisión del auto reclamado se atribuye a un juez del nuevo sistema oral acusatorio, bajo la aplicación de las reglas procesales ahí contenidas), los plazos procesales ahí establecidos correrán a partir del día siguiente a aquél en que se haya realizado la notificación al interesado. Asimismo, cabe precisar que conforme lo dispuesto por la ley de la materia, se prevén supuestos de excepción respecto de la temporalidad para la promoción del juicio de amparo, en modo que cuando el acto reclamado implique: Peligro de privación de la vida; Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; Incomunicación; Deportación o expulsión; Proscripción o destierro; Desaparición forzada de personas; Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. La demanda de amparo indirecto podrá presentarse en cualquier tiempo. Sin embargo, el acto aquí combatido no se encuentra dentro de la hipótesis que describe la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el impetrante de amparo promoviera el juicio constitucional, comenzó a transcurrir desde el día siguiente al que tuvo conocimiento de los actos que reclama, esto es, dese el veinticinco de octubre y concluyó el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno y la demanda de amparo fue presentada hasta el veintitrés de diciembre de la citada anualidad, resulta incuestionable que su presentación es extemporánea. Es aplicable, en vía de orientación, la jurisprudencia VI.2o. J/21 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, del Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Asimismo, es aplicable en los mismos términos la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235, del Tomo XI, junio de 1993, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, del contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda instada por ***. Ahora, en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno se decretó de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la tortura que refiere el quejoso estaba siendo objeto ello a fin de que de inmediato cesaran los mismos. Sin embargo, mediante razón actuarial levantada por el fedatario público adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, el veinticuatro de diciembre siguiente, se advierte que el propio quejoso manifestó: "que no tengo ninguna lesión, que ninguna autoridad me ha inferido lesión alguna y por tanto, tortura alguna"; por ello, ante su inexistencia se deja sin efectos la medida cautelar de trato. Finalmente, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Jefe de Departamento en suplencia del Titular de la Delegación Hidalgo, de la Defensoría Pública, dado el sentido del presente proveído. Notifíquese personalmente al quejoso vía electrónica.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Director del Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala, Hidalgo; en atención a su contenido, se le tiene informando sobre el cumplimiento a la suspensión de plano, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Comandante de ka División de Investigación Grupo Mixquiahuala, en Hidalgo; en atención a su contenido, se le tiene informando sobre la suspensión de plano, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

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