Jaime Celis Arcos
Expediente 1601/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1601/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jaime Celis Arcos
- Gobernador del Estado de Tabasco
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco; cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto, hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente sumario se continuará integrando de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. En otro orden, visto el estado procesal que guardan los autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido al quejoso Jaime Celis Arcos en el goce de sus derechos violados en términos de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Antecedente en relación al cumplimiento El veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno - en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado- se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jaime Celis Arcos. Sentencia en contra de la que la tercera interesada interpuso recurso de revisión, mismo que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, quien lo radicó con el número 37/2022, y por sesión virtual de diecinueve de mayo de dos mil veintidós resolvió en el sentido de confirmar la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad (foja 264 a 280). Seguido el procedimiento en la etapa de ejecución por parte del precitado Juzgado Segundo, en fecha veintiséis de mayo de dos mil dos, se tuvo por recibida la resolución antes citada, y requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma, quien por oficios: 2242-VII, de treinta y uno de mayo y, 1236-S1, de ocho de junio, ambos del año en curso, informó respecto del cumplimiento; pues con el primero de los oficios, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, remitió auto de la misma data, dictado con motivo del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, del que se advierte señaló las nueve horas del ocho de junio del año en curso, para la celebración de la audiencia inicial, esto en los términos dictados en la sentencia constitucional. Asimismo, con el diverso oficio señalado en segundo término, se puede advertir que el Juez de control Informó respecto del desahogo de la audiencia inicial de esa propia data, y que para la continuación de la misma, esto es, para resolver la situación jurídica del imputado, fijó las OCHO HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO (SIC); fecha que en realidad fue para el trece de junio de dos mil veintidós, lo que se puede constatar del audio y video que fue remitido como justificación de la misma, por oficio 1279-S1, de la precitada fecha. De esta manera, el Juez de Control de la Región nueve con sede en esta ciudad, precisamente en trece de junio citado, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, decretando en su contra AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de PEDERASTIA, previsto y sancionado por el artículo 328 del Código Penal para el Estado de Tabasco. Con base en los informes de cumplimiento, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, dio vista a la parte quejosa, esto por auto de quince de junio de dos mil veintidós; sin embargo, por auto de uno de julio siguiente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, se declaró impedido para seguir conociendo del presente juicio de amparo, esto en razón que el juez de control responsable, que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo (MANASES SILVÁN OLÁN), era persona con la cual mantenía relación de amistad, por lo que remitió el citado juicio de amparo, para efectos de la calificación correspondiente, al Tribunal Colegiado en Materia Penal de este propio Circuito, quien lo registró con el número 14/2022 y en sesión de veinticinco de agosto del año en curso, calificó de legal el impedimento. De esta manera, por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo y se ordenó comunicarlo a las partes, por lo que se procede a resolver respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, en la sentencia de amparo se concedió la protección de la Justicia de la Unión para los efectos siguientes: "Por tanto, de conformidad con el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder la protección constitucional al quejoso Jaime Celis Arcos, para que el 4. Juez de Control de la Región judicial Nueve de Centro, Tabasco, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la audiencia inicial en la fase de formulación de imputación de ocho de agosto de dos mil veintiuno, así como su continuación en la fase de vinculación a proceso de trece de agosto siguiente, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en relación a la causa penal 1010/2021, que se sigue en contra del quejoso Jaime Celis Arcos, por el delito de pederastía previsto y sancionado por el artículo 328 del Código Penal en vigor para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales G.Q.A.R., representada por su madre Sara Elizabeth Ramirez Reyes; y, en su lugar, deberá fijar hora y fecha para una nueva audiencia inicial, lo que se debe hacer saber personalmente a todas las partes integrantes del proceso relativo. 2. Se deberá proveer lo necesario para que un nuevo Juzgador, o sea, diverso al que ya actuó en la causa de origen, efectúe la audiencia inicial en todas sus fases condignas, lo que implica que, si conoce de la imputación y de la solicitud de vinculación respectiva, es él quien debe resolver la situación jurídica del imputado. 3. En todo momento se atienda a los lineamientos legales para la formulación de la imputación y de la solicitud de vinculación, frente al derecho de defensa de la parte imputada, es decir, verificando que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o bien debe dárselos a conocer, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 apartado B de la Carta Magna, en relación a los diversos 113 y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que resultan los siguientes: DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL IMPUTADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 1 A presumir su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la causa. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad 2 A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo 3 A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio 4 Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él 5 Le serán facilitados todos los datos que solicite para su A que se le informe, tanto en el momento de su defensa y que consten en el proceso. detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra 6 El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad 7 Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por el Código Nacional de Procedimientos Penales. 8 Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código 9 En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código 10 A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa 11 A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad 12 A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate 13 A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido 14 A no ser expuesto a los medios de comunicación 15 A no ser presentado ante la comunidad como culpable 16 A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo 17 A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad 18 A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera 19 Los demás que establezca el Código Nacional y otras disposiciones aplicables 4. Asimismo, en esa audiencia, la autoridad judicial, verificara que se encuentra garantizado el derecho de defensa técnica adecuada, haciendo constar en la audiencia en la que intervenga el imputado, el número de cédula profesional del defensor que lo asista y que se verificó ante el centro de registro de cédulas profesionales correspondiente, en términos de los artículos 116, 309, 313 y 314 de la citada codificación. 5. Con plena jurisdicción, el nuevo juzgador debe resolver sobre la situación jurídica del imputado, en la causa que aquí nos ocupa, se insiste, él que debe conocer de la formulación de imputación y de la solicitud de vinculación relativa. 6. Concesión que debe hacerse extensiva a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, toda vez que fue dictada en una de las audiencias que se está ordenando dejar insubsistente, sin que ello implique que se ordene la libertad del quejoso, pues la autoridad responsable puede reiterar la citada medida una vez cumplidos los requisitos que se destacaron anteriormente." ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable por oficios: 2242/VII, de treinta y uno de mayo; 1236-S1 de ocho de junio y, 1279-S1 de trece de junio, todos del año en curso, informó respecto del cumplimiento en los términos ya indicados; remitiendo para tales efectos los DVD, de las citadas audiencias en las que este Juzgador procede a su análisis para emitir el dictamen de cumplimiento aludido, lo que se hace de la manera siguiente: Análisis Evaluativo De un análisis de los efectos del fallo protector y de los lineamientos inmersos en la ejecutoria de amparo, es de hacerse notar que el amparo fue concedido por cuestiones formales con violación al derecho sustantivo de la defensa del aquí quejoso, esto por no haberse cerciorado el juez de control, de que los profesionistas que asistieron al imputado en las audiencias, contaran con la cédula profesional que los acreditara como licenciados en derecho. Así, del análisis que vía reproducción se hace a los discos compactos versátiles que remitió la autoridad responsable, se puede constatar que el Juez de Control MANASES SILVAN OLÁN, fue quien presidió la audiencia incial de ocho y trece de junio de manera respectiva; además, en la inicial de ocho de junio de dos mil veintidós, se advierte que dejó insubsistente la audiencia inicial en la fase de formulación de imputación de ocho de agosto de dos mil veintiuno, así como su continuación en la fase de vinculación a proceso de trece de agosto siguiente, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en relación a la causa penal 1010/2021, que se sigue en contra del quejoso Jaime Celis Arcos, por el delito de pederastía previsto y sancionado por el artículo 328 del Código Penal en vigor para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales G.Q.A.R., representada por su madre Sara Elizabeth Ramírez Reyes. Desprendiéndose, también la continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, de trece junio del año en curso, fue presidida por el propio juez de control SILVÁN OLÁN. Así, podemos constatar que dicha autoridad responsable atendió los lineamientos legales para la formulación de la imputación y de la solicitud de vinculación, frente al derecho de defensa de la parte imputada, es decir, verificando que el imputado conociera sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o bien debe dárselos a conocer, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 apartado B de la Carta Magna, en relación a los diversos 113 y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues también se advierte que en esa audiencia fue representado por dos defensores particulares quienes se identificaron ante el Juez de Control y éste procedió a verificar precisamente la personalidad y profesión de cada uno de los citados profesionistas; no obstante, la autoridad judicial, verificó que se encuentra garantizado el derecho de defensa técnica adecuada precisamente por contar los defensores con la cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. De tal manera que con dicha actuación se tiene por cumplido el efecto consistente en que éste estuviera legalmente representado por defensor previamente identificado y acreditada su calidad de licenciado en derecho. En este mismo orden de ideas, es de advertirse que el desahogo de la audiencia inicial de ocho de junio de dos mil veintidós, y después de la formulación de la imputación por parte de la fiscal de Ministerio Público, el imputado decidió que se resolviera su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas; por lo que señaló el trece de junio siguiente para la continuación de la audiencia inicial en su fase de resolución de la vinculación a proceso. De esta forma, en fecha trece de junio del año en curso, en el desahogo de la continuación de la audiencia inicial, se desprende que, el Juez de control, con respecto al derecho del imputado de poder incorporar medios de pruebas en esa audiencia, preguntó a los defensores si deseaban realizarlos, quienes en uso de la voz respondieron que sí, y que el imputado rendiría declaración en relación a los hechos que se le atribuyen y además, el desahogo de dos testimonios. Se puede destacar, como parte del ejercicio de la defensa y sobretodo que el imputado estuviera al tanto de sus derechos en la misma, que en uso de la palabra el juez de control le hizo de su conocimiento de los alcances legales de rendir declaración. Seguidamente, el juez de control emitió acuerdo por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por la defensa en esa audiencia, ordenando el desahogo de las mismos. Seguidamente, se desahogaron las pruebas, en los términos ordenados por el juez de control, en el que las partes intervinientes tuvieron los derechos para ejercerlos en esa audiencia, y en lo que interesa, los derechos del imputado, por medio de sus defensores particulares presentes. Es de hacerse notar que en la continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, existió el debate en torno a los hechos y pruebas que se desahogaron en la propia audiencia y de los cuales el imputado en todo momento hizo valer su derecho de defensa por medio de los abogados defensores. De tal manera que por lo que se refiere a los efectos de la ejecutoria de amparo, el cual fue concedido en virtud de haberse soslayado en perjuicio del imputado, el derecho fundamental previsto en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que contara con una defensa técnica adecuada y se le diera a conocer todos sus derechos, acorde al numeral 416 del Código Nacional de Procedimientos Penales; podemos advertir que la autoridad responsable, con la reposición de las audiencias ya citadas, dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo. Esto es, verificó que el imputado conocía sus derechos fundamentales atinentes a la defensa, y se pudo advertir que se lo hizo de su conocimiento; por lo que de esta manera se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, esto desde la audiencia inicial antes del dictado del auto de vinculación a proceso. Por lo que de la audiencia en su fase de vinculación a proceso, se constata que en ejercicio de las facultades legales del juez de control, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del trece de junio de dos mil veintidós, decretó AUTO DE VINCULACION A PROCESO por el hecho considerado como delito de PEDERASTÍA, previsto en el artículo 328 del Código Penal para el Estado de Tabasco; en el que hizo también ver el derecho que tenían para inconformarse con dicha resolución. Así, del análisis de la constancia remitida por la responsable, se advierte que en el caso la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, precisamente con base en las actuaciones desplegada por la autoridad responsable de la forma ya indicada en esta resolución; sin que dicha determinación implique decidir sobre la legalidad del dictado del auto de vinculación a proceso, pues como se dejó precisado anteriormente, los efectos del amparo fue precisamente por cuestiones formales, de tal manera que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, que emitió el fallo definitivo, no estudió el fondo del acto reclamado, por las consideraciones plasmadas en esa sentencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Anotaciones Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo.
- Principal
En NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, notifico por medio de lista EL ACUERDO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, a la PARTE QUEJOSA, dictado en los autos del JUICIO DE AMPARO 1601/2022-VIII, por el juzgado de mi adscripción. Lo anterior de conformidad con el Artículo 27 fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta Sustituta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, intégrese a los autos sin hacer mayor pronunciamiento en razón de que el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se ordenó el archivo en el presente juicio.
- Principal
En VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, notifico por medio de lista EL ACUERDO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, a la PARTE QUEJOSA, dictado en los autos del JUICIO DE AMPARO 1601/2022-V, por el juzgado de mi adscripción. Lo anterior de conformidad con el Artículo 27 fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo.
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