Jaime Castillo Aguilar
Expediente 300/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jaime Castillo Aguilar
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que los impetrantes hubiesen ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días naturales siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
(aviso) notificación por lista a los quejosos.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓN Visto el escrito signado por los quejosos; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngaseles dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento efectuado mediante proveído de veintidós de mayo del año en curso, al aclarar su escrito inicial de demanda y precisar, lo siguiente: El acto reclamado es la orden de desalojo dictada en ejecución de sentencia del juicio agrario 305/2013 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 32, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. La fecha de conocimiento del acto reclamado es el dieciséis de mayo de la presente anualidad. El expediente de mérito se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Los quejosos son parte de la litis del referido expediente, a quienes se les llamó a juicio. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE QUE SE ESTIMA ACTUALIZADA De oficio, se considera, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)." (Lo destacado es propio). De los preceptos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos intermedios dictados en fase de ejecución de sentencia que no sean la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, puesto que las violaciones cometidas durante esa etapa que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado del fallo, podrán hacerse valer al controvertir la decisión final. Así, por última resolución se entiende que es, indistintamente: a) Aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. b) La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o bien, c) La que ordena el archivo definitivo del expediente. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 190035 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 31 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. II. HECHOS Para una mejor comprensión, del contenido integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se desprende que los quejosos señalan como acto reclamado la orden de desalojo dictada en ejecución de sentencia en el juicio agrario 305/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 32, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, en el que se ordena llevar acabo la diligencia de desalojo de un inmueble, procedimiento judicial del cual son parte demandada en reconvención. En ese sentido, en contra de dichos actos es improcedente el amparo indirecto pues no se trata de una determinación que pone fin a dicho procedimiento de ejecución de sentencia. Lo anterior es así pues en los actos derivados del procedimiento de ejecución de sentencia debe evitarse la obstaculización del cumplimiento de esa determinación, ello obedece tanto a razones de interés social, como al mandato expreso del artículo 17 constitucional, que exige a la autoridad prontitud en la impartición de justicia; lo cual se obtiene, si la procedencia del juicio de amparo contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectiva. En ese contexto, el acto reclamado destacado fue emitido en la fase de ejecución de sentencia, lo que deja claro que no constituye la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución que se ha instaurado en el juicio original, tampoco se trata de una resolución o determinación ajena a la materia del litigio, antes bien está dirigida a ejecutar lo sentenciado, por lo que es claro que no se encuentra en la hipótesis de procedencia del juicio constitucional. La causa de improcedencia se actualiza en el caso, porque los quejosos son parte en el expediente de origen, a quienes incluso se les llamó a juicio, donde tuvieron oportunidad de hacer valer sus intereses y defensas, como se corrobora por lo manifestado por los propios promoventes en su escrito aclaratorio de demanda; ello, con independencia de que uno de los tres haya resultado condenado en la sentencia dictada por la autoridad responsable, pues dicha circunstancia no los excluye como parte integral de la litis. Así, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso. De ahí que hasta en tanto no exista un auto o resolución, en el cual se declare implícitamente o expresamente cumplido cabalmente con la sentencia ejecutoriada o, en todo caso, uno en el que se manifieste la imposibilidad material de cumplir con ella, el juicio de amparo es improcedente. Orienta lo anterior, por las consideraciones que las sustentan, las jurisprudencias siguientes: Registro digital: 164639 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 28/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Registro digital: 184221 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 29/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003, página 11 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. De lo expuesto, se colige que los peticionarios del amparo reclaman de la autoridad responsable actos emitidos en la etapa de ejecución, de modo tal que, resulta incuestionable la improcedencia del presente juicio, habida cuenta que el acto reclamado destacado -orden de desalojo- no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo y del cual son parte. Se afirma lo anterior, porque dicha actuación no puede considerarse como un acto autónomo, sino que por el contrario, se trata de actos dictados en el procedimiento de ejecución, lo que implica que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme a la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, no es aplicable la regla genérica de procedencia prevista en la citada fracción, sino aquella que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de un fallo, motivo por el cual el presente sumario de derechos fundamentales resulta improcedente. En efecto, el acto aquí reclamado no se trata de la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, porque en él no se aprobó o reconoció el cumplimiento total de la sentencia, ni declaró su imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos aún se ordenó el archivo definitivo del expediente; por tanto, no se satisface el requisito de procedibilidad del juicio de amparo en la vía indirecta a que se contrae la fracción IV, del numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque tal acto no goza de autonomía propia o destacada con relación al procedimiento de ejecución de sentencia -debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante- sino que el auto combatido no es ajeno a la cosa juzgada, pues está relacionado con la forma en que se pretende ejecutar la sentencia, ya que tiene como apoyo la existencia de un fallo que tiene el carácter de cosa juzgada. Por consiguiente, si en el caso, el juicio de amparo se promovió en contra de un auto dictado en la etapa de ejecución de sentencia y con independencia de las violaciones en que se haya incurrido, se tiene que: a) no se presentó en contra del último acto dictado en la ejecución de la sentencia -sino en contra de una determinación que se emitió en dicha etapa-; y b) no se genera una afectación de derechos sustantivos de los impetrantes -toda vez que se relaciona directamente con la ejecución de la cosa juzgada-; es claro que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, ya que los quejosos podrán hacer valer las violaciones cometidas en dicho proveído hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución; puesto que, en su caso, al tener por cumplido el fallo, declarar la imposibilidad material o jurídica para ejecutarlo o bien, ordenar el archivo del expediente, estarán en aptitud de formular las violaciones derivadas del auto aquí reclamado. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: Registro digital: 2022499 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil, Común Tesis: 1a./J. 52/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. III. CONCLUSIÓN Al actualizarse la hipótesis de improcedencia que prevé el artículo 61, artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, ante su notoria y manifiesta improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento. Finalmente, para apoyar esta determinación, se invocan las jurisprudencias, que dicen: Registro digital: 178405 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/253 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1331 Tipo: Jurisprudencia ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Registro digital: 191663 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: I.3o.C. J/21 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Junio de 2000, página 511 Tipo: Jurisprudencia ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
(aviso) notificación personal por lista a la parte quejosa..- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintidós de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 32, con domicilio en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 300/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REPRESENTANTE COMÚNCon fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a Manuel Alejandro Castillo Aguilar, sin perjuicio de que los quejosos puedan designar uno diverso con posterioridad. PREVENCIÓN DE LA DEMANDADe los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, se aprecia que el Juez de Distrito que conozca de una demanda, cuando advierta que existe una irregularidad en la misma, por haberse omitido alguno de los requisitos que establece el numeral 108, deberá prevenir al promovente para el efecto de que subsane las omisiones o haga las aclaraciones correspondientes, en el entendido de que también puede prevenirse cuando se trate de demandas oscuras y/o confusas en algunos de sus requisitos. Así, con el propósito de proveer eficazmente el presente asunto, es necesario prevenir a los impetrantes del amparo por irregularidades en el ocurso de su demanda que a continuación se precisan. En principio, en relación con el requisito contenido en la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo, cabe mencionar que de la lectura de la demanda, se advierte que, los disconformes señalaron como acto reclamado el consistente en: "Se reclama de las autoridades ordenadoras, todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente 305/2013 relativo al Juicio Agrario de su índice y la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre La parcela número 545 Z1 Pl/1 ubicada en el paraje conocido como "Santa María" Ejido Coatzintla, de la población de Coatzintla, Estado de Veracruz, del que los suscritos poseemos con superficie de 9-62-49.9 (NUEVE HECTÁREAS, SESENTA Y DOS ÁREAS, CUARENTA Y NUEVE PUNTO CERO NUEVE CENTIÁREAS)." (Lo destacado es propio). De ahí que, para tener mayores elementos para emitir un pronunciamiento sobre tópicos como la procedencia, la suspensión e integrar, en su caso, debidamente la litis, y diversos aspectos, al ser lo reclamado no claro, obscuro o irregular; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108 fracción IV, del propio cuerpo normativo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, manifiesten por escrito y bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1. En qué etapa procesal se encuentra el expediente el juicio agrario 305/2013 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 32, con domicilio en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. 2. Especifiquen de forma clara y precisa el acto reclamado, dado que se advierten dos, los cuales se encuentran desvinculados entre sí, no obstante tengan relación con el referido juicio agrario, esto es, deberán precisar si lo que reclaman es: a) La sentencia definitiva dictada en el juicio agrario 305/2013 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 32, con domicilio en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz; o b) La orden de desalojo dictada en ejecución de la referida sentencia. 3. Una vez aclarado el acto combatido, deberán precisar la fecha de notificación de éste o de conocimiento del acto reclamado, ello porque no se advierte de su ocurso constitucional y es indispensable a fin de estar en posibilidad de verificar su procedencia. 4. Si los quejosos Manuel Alejandro y Rafael, ambos de apellidos Castillo Aguilar, figuran como parte en el multicitado juicio agrario 305/2013, en virtud de que no se advierte su participación. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Época: Décima Época Registro: 2005636 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 161/2013 (10a.) Página: 1079 DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado. Lo anterior, en virtud que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en su página http://sise.cjf.gob.mx/Sise/AdministracionDocumentos/AdminDocumentosFE.aspx, se advierte que el quejoso Jaime Castillo Aguilar promovió el diverso juicio de amparo 50/2019 del índice de este Juzgado, en el que señaló como acto reclamado la sentencia dictada en el expediente agrario 305/2013 por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Dos, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz; lo que motivó que este órgano jurisdiccional, por auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, se declarara legalmente incompetente para conocer del mismo, y que se ordenara remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en Turno, correspondiéndole conocer al Segundo Tribunal Colegiado de dicha Materia, el cual lo radicó con el número de amparo directo 101/2019 y mediante ejecutoria de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado; lo cual constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que pueda ser invocado de oficio en el presente asunto. Es aplicable, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2017123 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Página: 10 HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Se hace del conocimiento del promovente, el contenido del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" (Lo destacado es propio). Aunado a lo anterior, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: Registro digital: 263482 Instancia: Primera Sala Sexta Época Materias(s): Penal Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen XVI, Segunda Parte, página 126 Tipo: Aislada FALSEDAD EN EL AMPARO. TENTATIVA. El hecho de que el quejoso haya desistido de su demanda de amparo antes de que se efectuara la audiencia constitucional, no significa que el delito de que se trata se haya quedado en el grado de tentativa, en razón de que, para la comisión del delito, basta simplemente la afirmación de hechos falsos en la demanda de amparo, atento lo que dispone el artículo 211 de la ley. (Lo resaltado es propio). APERCIBIMIENTO Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el término y en las condiciones apuntadas, con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO En el entendido de que deberá exhibir siete copias de su escrito aclaratorio de demanda, con la finalidad de entregarlas a cada una de las partes en el presente juicio de amparo, las que deberán de distribuirse de la manera siguiente: cuatro para las autoridades responsables, una para correr traslado a la tercera interesada, una más para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito y finalmente una más para la formación del incidente de suspensión solicitado. Para sustentar lo anterior, cobran aplicación las jurisprudencias siguientes: Época: Novena Época Registro: 177046 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 106/2005 Página: 170 COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional. Época: Novena Época Registro: 189977 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 36/2001 Página: 79 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Se apercibe a los impetrantes del amparo, que de no exhibir la totalidad de las copias solicitadas del escrito aclaratorio, es decir, para el caso de faltarle una, no se tramitará incidente de suspensión, ello, de conformidad con el último párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. COPIAS RESTANTES DE LA DEMANDA En tanto se provee lo conducente, consérvense en la secretaría de este juzgado las copias anexas de la demanda de amparo, sin que se estime necesario por el momento agregarse a los presentes autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los señalados por los promoventes en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eusebio Israel González Macías, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. Notifíquese personalmente a los promoventes. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
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