Jaime Cárdenas Rodríguez
Expediente 237/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/09/2021
Partes del expediente
- Jaime Cárdenas Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha alguna de las partes haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del proveído en el que se determinó que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En consecuencia, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME. En esas condiciones, y visto el estado procesal que guardan los autos, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y debido a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un sumario constitucional en el que se sobreseyó y el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, declaro revocar la sentencia recurrida, por lo que sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal, carece de relevancia documental para su conservación; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo citado del referido Acuerdo. Asimismo, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que, en el presente asunto, sí fueron exhibidos por la parte quejosa documentos originales; por tanto, con fundamento en el artículo 18 del mencionado Acuerdo General, hágase de su conocimiento que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mencionado Acuerdo General, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, en razón que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18 fracción I inciso a), del mencionado Acuerdo General en cita, se determina que es susceptible de depuración, en razón de que concedió la medida cautelar solicitada. Conforme lo ordenado en el artículo 35, párrafos primero y segundo, del mencionado Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, a quince de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, en la cual se hace constar que en concreto el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en el que este órgano jurisdiccional previno a la parte quejosa en los términos y para los efectos ahí indicados y para tal efecto se le otorgó el plazo de cinco días previsto en el numeral 114, en relación con el 108, ambos de la Ley de Amparo, mismo que resulta menor al que, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, consideró aplicable en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 533/2020 de su índice, la que constituye un precedente vertical de carácter obligatorio para este juzgado de Distrito en el expediente en el que fue dictado, y un precedente -si no obligatorio- de carácter persuasivo en los demás asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. De manera que, la decisión adoptada en el amparo en revisión 3051/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, misma que se ha reiterado sistemáticamente en otros precedentes posteriores, puede orientar el criterio de este juzgado, ello a fin de evitar futuras reposiciones del procedimiento de amparo; siendo que, en términos del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sólo corresponde al Primer y al Cuarto Tribunal Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar, con residencia en la Ciudad de México, resolver la temática que se desprende de dicho acuerdo. Así, al ser solamente dos tribunales los que revisan las decisiones de este órgano jurisdiccional en vía de alzada, se estima adecuado seguir las directrices establecidas a fin de contribuir a la generación de certeza y seguridad jurídica en beneficio del justiciable; máxime que, en el caso, la ampliación del plazo, en sí misma, no se estima atentatoria contra las reglas del procedimiento sino que, por el contrario, posibilita la creación de un estado de cosas que favorece la debida defensa de la parte gobernada sin alterar la equidad en la contienda constitucional en desequilibrio de las demás partes, puesto que, como es de explorado derecho, la extensión de los plazos judiciales en el juicio de amparo en favor del justiciable no es un aspecto que incida indebidamente en la integración de los expedientes, pero sí que lo es su restricción o acortamiento. Es aplicable, por el criterio que la informa, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el número P./J. 22/2018 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 273, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO RINDA NO PUEDE REDUCIRSE." También, es aplicable, por similitud de razón, la tesis I.9o.P.19 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 3022, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dispone: "PLAZO DE OCHO DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SI AÚN NO TRANSCURRE EN SU INTEGRIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOBRESEER EN EL JUICIO, NI SIQUIERA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA." Atento a la narración de hechos que antecede y con fundamento en los criterios invocados, así como en términos de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que obliga a este órgano jurisdiccional a impartir justifica sin formalismos excesivos e injustificados, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo para el solo efecto de otorgar a la parte quejosa un nuevo plazo de quince días, en observancia y seguimiento de lo dispuesto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el amparo en revisión 3051/2019, deducido del diverso juicio de amparo 1293/2019 del índice de este juzgado de Distrito, en el cual se advierte que el tribunal revisor emitió criterio en el sentido de que el plazo que se debe de otorgar a la parte quejosa para que aclare su pretensión una vez que ha sido admitida la demanda, es el de quince días previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo. Lo anterior, con fundamento en el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Así las cosas, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 111, fracción II, y segundo párrafo y 110 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito manifieste si es su voluntad ampliar su demanda de amparo y, de ser así, realice lo siguiente: Precise si a su interés legal conviene llamar a juicio al Presidente de la República y, en su caso, atribuirle como acto reclamado la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona al Código Penal Federal, en concreto los artículos 1, 2, 3, 4, y 6 correspondientes a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, artículos 217 Bis y 217 Ter., publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación. En caso de señalar como autoridad responsable a la antes referida y de atribuirle el acto mencionado con antelación, el escrito en que así se proceda deberá contener los requisitos previstos en los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo, a fin de emplazarla al juicio, para que esté en aptitud de rendir su informe justificado. Del escrito referido en el párrafo que antecede deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado al Fiscal Ejecutivo Asistente (Agente del Ministerio Público de la Federación) de la adscripción, para los efectos de su intervención que conforme a derecho proceda. El anterior requerimiento, se efectúa de dicha manera, ya que si bien de la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no se desprende que tanto su aprobación como su promulgación fuera realizada, de manera expresa por el Presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó. Para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican: "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. (...)" De la transcripción que antecede se desprende que, durante el proceso de creación de leyes, una vez aprobado un proyecto en la cámara de origen, pasará para su discusión a la revisora, la que, de aprobarlo, lo remitirá al Ejecutivo Federal, quien, si no tuviera observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente. En estrecha vinculación con lo anterior, el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la cámara de origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. También, en el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto, de que se trate se considerará promulgado, y el presidente de la cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Expuestos tales aspectos, es menester hacer mención del caso concreto, en que, del proceso legislativo respectivo, se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del primer plazo indicado. De ahí que, acorde con lo previsto en el artículo 72, apartado B, de la Constitución, se debe entender que el Presidente de la República aprobó en sus términos, si bien mediante una ficción, el proyecto que le fue remitido, el que, a su vez, por disposición del propio precepto en cita, se consideró promulgado, prueba de lo cual es la determinación adoptada por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de ordenar la publicación de la ley cuestionada en el Diario Oficial de la Federación, una vez finalizados los plazos de los que el Ejecutivo Federal disponía para ejercer las facultades que la Constitución le otorga dentro del proceso de creación de leyes. En concordancia con ese razonamiento, se concluye que el Presidente de la República sí tuvo una participación tácita en el proceso legislativo del cual emana el ordenamiento reclamado, en concreto en su promulgación; de ahí que resulte necesario, previo a realizar un pronunciamiento de admisión o no en torno a la demanda interpuesta, prevenir a la parte quejosa para que informe si a su interés legal conviene llamar a dicha autoridad y atribuirle el citado acto, tal y como se expuso en párrafos que anteceden. Cuestión que debe ser precisada por la parte promovente en su demanda y no dejarla a la interpretación de este órgano jurisdiccional, con la finalidad de crear certidumbre en este Juzgado Federal sobre la totalidad de los actos que se tildan de inconstitucionales y las autoridades responsables, como consecuencia de ello, se eviten violaciones procesales en el asunto que nos ocupa, habida cuenta que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se atribuyen el acto reclamado, estarán en aptitud de rendir con mayor certeza los informes que les sean solicitados y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Resulta necesario hacer del conocimiento de la parte quejosa, que la omisión de atribuir al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación del Decreto que reclama, daría lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los artículos 5, fracción ll y 108, fracciones lll y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario, por no encontrarse debidamente integrada la litis. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del tomo III segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." Son aplicables también los criterios contenidos en las tesis con números de registro 206049 y 2020126, de rubros: "LEYES, AMPARO CONTRA. SU ESTUDIO NO PUEDE HACERSE SI NO SE EMPLAZA AL JUICIO DE GARANTIAS A LA AUTORIDAD QUE LAS EXPIDE." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO." De igual forma cobra aplicación, la Jurisprudencia 2ª./J. 11/2020 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el 28 de febrero de 2020, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE IMPUGNE, DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar el requerimiento formulado dentro del plazo señalado, esto es, no señalar como actos reclamados y autoridades responsables a los antes mencionados, acompañando en su caso copias del escrito de ampliación necesarias para correr traslado, al momento de resolver el presente asunto se decretará el sobreseimiento en el juicio de amparo por actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los artículos 5, fracción ll y 108, fracciones lll y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario, por no encontrarse debidamente integrada la problemática a resolver en el juicio. De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de quince días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar el requerimiento y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Al respecto, resulta oportuno precisar que el requerimiento formulado se realiza en los términos expuestos debido a que si bien de manera inicial en el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional otorgó a la parte quejosa un término de cinco días para desahogarlo, también lo es que como se indicó, resulta un hecho notorio para este juzgador que posteriormente a esa fecha el citado Tribunal de Alzada remitió a este juzgado de Distrito diversos testimonios emitidos en amparos en revisión de su conocimiento en los cuales realiza la precisión de que en aquellos asuntos que se ubiquen en el supuesto en estudio, el término que se debe otorgar a la parte quejosa es de quince días por los motivos precisados; por lo que, atento a lo anterior, y con el propósito de realizar una debida integración del juicio de amparo en que se actúa, se determinó regularizar el procedimiento y atender al criterio definido por la Superioridad. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MIINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; personalmente a la parte quejosa y, por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo presentada por ++++++++++++ contra actos del Titular del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese con el expediente 237/2021. Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios de la parte quejosa a Hugo Roberto López Molina, dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Por otro lado, se autorizan en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las restantes personas que menciona, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. DOMICILIO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS Previamente a proveer sobre la demanda, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridad responsable al Titular del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y acto reclamado, la falta de respuesta a la petición efectuada el once de febrero de dos mil veintiuno. INCOMPETENCIA POR MATERIA Este juzgador estima que el presente asunto difiere de la comisión de apoyo otorgada a este órgano jurisdiccional, que se circunscribe a los amparos indirectos en los que se reclamen los puntos precisados en el Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se dotó para conocer de los juicios de amparo en los que se señale como acto reclamado, entre otros ordenamientos, los siguientes: La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete; La Ley de Hidrocarburos; El Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina; y, El Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel. Tampoco se está en el supuesto del Acuerdo CCNO/17/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual este juzgado federal, en apoyo a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, recibió ciento cincuenta juicios de amparo de esa materia; y si bien es cierto el asunto en cuestión es una asunto de naturaleza administrativa, la competencia otorgada en esa materia fue limitada a los ciento cincuenta asuntos precisados con antelación, cuyo límite se cumplió previamente y no permite asumir el conocimiento que supere la cantidad asignada. De igual forma, no encuadra en la hipótesis prevista en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se determinó que este juzgado federal conocerá de los asuntos que entre otros actos se reclame la discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tampoco encuadra en la hipótesis prevista en el Acuerdo General 9/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman, entre otros actos, el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como las disposiciones normativas, actos u omisiones, relacionados con el referido programa o asignación de recurso a estancias infantiles o sus beneficiarios, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Por otra parte, tampoco se ubica en el supuesto precisado bajo los puntos determinados en el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentran contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal, así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las Reformas y Adiciones en esa Materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En efecto, en dicho acuerdo general se otorgó a los juzgados auxiliares de competencia limitada para conocer del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias relativas a los juicios de amparo en los que se reclame la normatividad citada en el párrafo anterior. Ahora bien, considerando lo expuesto en los párrafos que preceden, resulta evidente que la demanda de amparo no se ubica en los supuestos contenidos en los citados Acuerdos 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, CCNO/17/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Ni reúne las características de cualidad necesarias y expuestas en el Acuerdo General 4/2019 ni del diverso 9/2019 ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para conocer y resolver sobre el mismo. Finalmente, tampoco encuadra en la competencia derivada del diverso Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debido a que el acto reclamado no deriva de aquellos relacionados con las temáticas descritas, como se observa a continuación: En el caso concreto, la quejosa reclama la falta de respuesta a la petición efectuada el once de febrero de dos mil veintiuno, lo cual se considera un acto de naturaleza administrativa. Asimismo, porque el eventual análisis de las violaciones alegadas implican el estudio de normas en materia de esa naturaleza. En razón de lo anterior, se considera que este órgano jurisdiccional no está facultado para dirimir cuestiones correspondientes. Por lo tanto, este juzgador se declara legalmente incompetente para conocer y resolver este juicio de amparo, toda vez que los actos reclamados no encuadran dentro de ninguno de los Acuerdos citados con antelación. En razón de lo anterior, este juzgador considera que el reclamo que se formula respecto a la omisión en dar contestación a la petición dirigida al Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con fecha de recepción once de febrero del dos mil veintiuno, relativa a la autorización del pago de los fondos de la cuenta de retito, no forman parte de la temática especificada; por tanto, este juzgado considera que carece de competencia legal por razón de materia, para conocer de la demanda que se trata. En consecuencia, atendiendo a la naturaleza administrativa de los actos reclamados y de la autoridad responsable, se considera que el conocimiento de este juicio corresponde a un juzgado de distrito especializado en materia Administrativa. REMISIÓN AL JUZGADO COMPETENTE Por las razones expuestas, este juez de distrito considera que es incompetente, por razón de materia, para conocer y resolver este juicio de amparo. Por tanto se ordena remitir la demanda de amparo, anexos y copias de traslado al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para su conocimiento, solicitándole que tenga a bien remitir el acuse de recibo de estilo. De igual manera, a fin de acordar lo subsecuente, con copia de la demanda, anexos y copia autorizada de este proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. SUSPENSIÓN Toda vez que en este asunto no se reclama ningún acto de los establecidos en el artículo 15, en relación con el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce JURISPRUDENCIA La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. DOMICILIO DEL JUZGADO Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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