Jaime Cano Gallegos

Expediente 611/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
611/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Jaime Cano Gallegos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que el artículo único del acuerdo general 01/2021 modificó el periodo de vigencia del diverso 21/2020; numeral en el cual, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que del tres de agosto de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el último acuerdo citado. Del mismo modo, de la segunda certificación de cuenta, se advierte que en términos de los puntos 1, 2 y 3 de las circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y la fracción II punto 13 de la diversa SECNO/10/2021 emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que respecto de las demandas presentadas físicamente, sólo se dio trámite a los asuntos considerados como urgentes, así como a aquellos bajo la modalidad de juicio en línea y, fuera de los mencionados supuestos, no corrieron plazos ni términos procesales; por lo que a partir del dieciocho de febrero de esta anualidad se reanudaron los plazos y términos procesales, tal como lo establece el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por consiguiente, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; sin que se hiciera valer, en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado. Orden de archivo. De conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, en tanto que se desechó de plano la demanda de amparo; además, no es de relevancia documental. Devolución de documentos. Finalmente, requiérase al promovente para que acuda a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro de un plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger los documentos exhibidos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos junto con este expediente. Asimismo, hágase de su conocimiento que las citas para presentarse físicamente se registrarán conforme al horario asignado a este órgano jurisdiccional en el artículo 15 y anexo I del acuerdo general 25/2020; esto es, de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las trece horas con cuarenta y cinco minutos. Por tanto, a fin de que pueda presentarse ante este órgano federal, con fundamento en el numeral 3 del citado acuerdo, dígase al promovente que deberá programar una cita a través del sistema "Agenda OJ", ubicado en el micrositio "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    ." agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Jaime Cano Gallegos, mediante el cual, da cumplimiento a lo ordenado en proveído de tres del propio mes y año y desahoga la prevención formulada. Por tanto, vista de nueva cuenta la demanda de amparo ." el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por tanto, este Juzgador advierte que, la presente demanda de amparo es improcedente. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone que, el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley. Por su parte y con relación al concepto de persona extraña a juicio, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 107, fracción VI, del propio ordenamiento legal, establecen que el juicio de control constitucional que se promueve ante un Juez de Distrito es procedente cuando se pide por personas extrañas a juicio, sean morales o físicas, distintas de los sujetos de la controversia que en el procedimiento se ventila. Así, la procedencia del juicio de amparo fundamentada en la fracción VI del artículo 107 de la propia legislación, comprende tanto a la persona extraña al procedimiento que no tiene la calidad de parte material, como a quien sí figura en el juicio con la calidad de actor o demandado, pero que no fue emplazado o éste es ilegal, y ya no está en aptitud de hacer valer sus derechos; de modo que, lo trascendente en ambos casos es que tienen un desconocimiento total del procedimiento de donde surge el acto reclamado y que, por ende, no están en posibilidad de promover los medios ordinarios de defensa en dicho proceso. Así, lo característico de ambos supuestos es que no existe una real vinculación al juicio de origen de los actos que les afectan, porque en el primer caso como persona extraña que no es parte material, los actos no están dirigidos a su persona, pero su ejecución sí afecta a su esfera de derechos. Mientras que en el segundo, aunque es parte material y están dirigidos en su contra, el planteamiento de ilegalidad, defecto o inexistencia del emplazamiento, genera la posibilidad de que la vinculación que surge del emplazamiento no exista, puesto que ante la falta de llamamiento a juicio no se habrá integrado la relación procesal entre juez, actor y demandado. En ese sentido, por regla general, cuando el quejoso no es emplazado a juicio o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, ocasionándole con ello un desconocimiento total, se le equipara a una persona extraña a juicio y procede el juicio de amparo indirecto contra la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, sin que pueda exigírsele que agote previamente los recursos o medios de defensa ordinarios dentro del procedimiento. Empero, esa regla general sólo es aplicable si el quejoso no emplazado o indebidamente citado a juicio, adquiere conocimiento de ese acto cuando el juicio se hubiere resuelto mediante sentencia, en cuyo caso es equiparable a un tercero extraño al juicio, por no haber tenido la oportunidad de agotar los recursos previstos en la ley que rija el acto. Sin embargo, no opera cuando el solicitante del amparo, siendo parte del procedimiento, toma conocimiento de su existencia antes de la emisión de la sentencia respectiva, dado que en este caso, debe considerarse que por ser parte en el juicio, puede comparecer a hacer valer sus derechos y tiene la obligación de combatir los actos que considere le son adversos, a través de los recursos y medios de defensa previstos en la ley procesal civil, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En el caso, el quejoso ostentándose tercero extraño por equiparación, reclama el emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ordinario civil 1038/2017 del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México y en específico, la retención del bien inmueble ubicado en:..." De lo expuesto se tiene que a Jaime Cano Gallegos no le asiste el carácter de persona extraña, toda vez que aún no se dicta el fallo definitivo en el juicio natural del que derivan los actos reclamados, por lo que está en aptitud de comparecer a hacer valer sus derechos e impugnar las determinaciones que considere le son adversas. Segunda causal de improcedencia. En otro orden, este juzgador advierte que también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el proveído de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se ordenó la retención bien inmueble ubicado en: .."el cual se encuentra registrado con el folio real 0157370 y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla. Así, conforme al precepto y fracción citados, el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción de la contienda constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y sólo es procedente cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que, para su actualización deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar las actuaciones del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueden revocar, nulificar o modificar; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la ley de la materia, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Bajo esa perspectiva, este órgano jurisdiccional estima que el quejoso se encuentra en posibilidad de impugnar a través del medio ordinario de defensa, los autos reclamados, mediante los cuales el juez de origen decretó las providencias solicitadas por la accionante en contra del promovente. En efecto, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Comercio, se encuentra el numeral 1183, el cual señala que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, y enseguida remite a los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 del propio código. A su vez, el numeral 1345, fracción IV, del Código de Comercio dispone: "Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: [.] IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo". El citado precepto señala, en forma genérica, que contra la resolución que recaiga a las providencias precautorias (tanto la resolución que niegue la medida como la que la conceda) procede recurso de apelación de tramitación inmediata, atendiendo a la cuantía del negocio. En torno a la procedencia del recurso de apelación, los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio vigentes disponen que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a seiscientos ochenta y dos mil, seiscientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y nueve centavos, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente, por tanto, si la cuantía del negocio es inferior a la cantidad antes referida, no procederá el recurso de apelación. En el caso, la suerte principal que se le reclama al quejoso es por la cantidad de $1,984,875.07 (un millón novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional). Por tanto, en contra del auto por virtud del cual se obsequió la retención del bien inmueble materia de la Litis y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 1345, fracción IV del Código de Comercio. De esta manera, para los efectos del juicio de amparo, el acuerdo reclamado carece de definitividad, toda vez que en su contra procede el recurso de apelación, a través del cual puede ser modificado o revocado; por lo que surte la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    ." agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Jaime Cano Gallegos, mediante el cual, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de tres de los cursantes. En el auto mencionado, se le requirió al promovente para que realizara lo siguiente: a) Narrara bajo protesta de decir verdad, las actuaciones del expediente 1038/2017, del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México (en orden cronológico), del cual derivan los actos reclamados, incluido el estado procesal, las prestaciones reclamadas, domicilio en el que se llevó a cabo su emplazamiento, en caso de haberse dictado la sentencia definitiva, el sentido de ésta y el monto de la condena si la hay; así como, si las partes presentaron diversos amparos. b) Exhibiera las copias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes. Ahora, del ocurso que se provee, se aprecia que el promovente no cumplió con el requerimiento identificado con el inciso a; toda vez que no narró bajo protesta de decir verdad las actuaciones del expediente 1038/2017 del cual derivan los actos reclamados; puesto que, únicamente se limitó a describir el inmueble materia de la litis, lo asentado en diversas inscripciones registrales y cómo conoció de los actos reclamados. Asimismo, manifestó que se encuentra imposibilitado para consultar los autos del juicio de origen; ya que de acudir al juzgado natural se convalidarían las actuaciones reclamadas en esta instancia constitucional. En ese sentido, dígase al promovente que no le asiste la razón, por las consideraciones siguientes. Los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo establecen cuáles son los requisitos que debe contener una demanda de amparo en la vía indirecta y la obligación de proveer lo conducente en el plazo de veinticuatro horas; de modo que, se encuentra implícito que el Juez de Distrito debe revisar la demanda y prevenir a la parte quejosa en caso de advertir alguna omisión o irregularidad, por alguno de los supuestos que establece el arábigo 114 citado, a fin de tener certeza sobre la procedencia o improcedencia de la demanda cuestionada. Esto es, la prevención debe sustentarse en alguna irregularidad relacionada con los elementos formales exigidos para integrar cabalmente la demanda de amparo. Situación que aconteció en el juicio de amparo en que se actúa, es decir, el contenido de la demanda en comento resultó insuficiente para proveer lo conducente; por tanto, con fundamento en los numerales citados, se requirió al promovente a efecto de regularizarla. Aunado a que, es una carga procesal del quejoso el cumplimentar los requisitos mencionados. Por otro lado, es de señalarse que los actos reclamados en esta instancia constitucional no serán convalidados -como lo manifiesta el quejoso-, al consultar los autos del juicio de origen; sino por el contrario, debe hacerlo con la finalidad de regularizar su demanda, en términos de los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. Por tanto, no ha lugar a tener por desahogada la prevención formulada al promovente en auto de tres del mes y año en curso. Luego, en atención a la certificación de cuenta, se aprecia que el ocurso que se provee se presentó en el segundo día del término concedido; por lo que, aún le restan tres días para desahogar dicha prevención. En consecuencia, dicho plazo correrá a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no subsanarse la irregularidad apuntada, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo el artículo 114 del propio ordenamiento legal. Notifíquese personalmente al promovente.

  4. Principal

    ."Vista la demanda de amparo ."Regístrese con el número 611/2020-II, en el libro uno, relativo al Registro de Juicios de Amparo, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Generalidades del auto de prevención. Por otra parte, en principio, es importante destacar que, conforme a lo prescrito en el artículo 114 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de requerir a los promoventes corrijan las deficiencias, irregularidades u omisiones que presente el escrito inicial, cuando se omita alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la ley en cita, por ejemplo, no se expresen bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o no se exhiban las copias que señala el numeral 110 de la referida legislación. Motivos de prevención. En el caso, de la lectura integral del ocurso de cuenta, no se aprecia que el peticionario narre los antecedentes del juicio de origen del que emanan los actos reclamados, los cuales son necesarios para estar en condiciones de proveer lo conducente respecto de la demanda en comento. Así, requerir al quejoso para que subsane la omisión detectada, facilita la integración de la litis para llegar a una pronta determinación, en aras de garantizar lo estipulado por el artículo 17 constitucional relativo a la impartición de justicia. ." se previene al promovente, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Primero. Narre bajo protesta de decir verdad, las actuaciones del expediente 1038/2017, del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México (en orden cronológico), del cual derivan los actos reclamados, incluido el estado procesal, las prestaciones reclamadas, domicilio en el que se llevó a cabo el emplazamiento, en caso de haberse dictado la sentencia definitiva, el sentido de ésta y el monto de la condena si la hay; así como, si las partes presentaron diversos amparos. Lo anterior, considerando que como lo sostuvo el ocursante es parte en la contienda de la que derivan los actos que reclama y puede consultar el expediente natural. Segundo. Exhiba el número de copias suficientes de su escrito aclaratorio, a que hace alusión el artículo 110 de la normativa aplicable para correr traslado a las partes y para integrar los cuadernos de suspensión. Apercibimiento. En la inteligencia, que el ocursante deberá cumplir con la prevención que se le hace dentro del plazo señalado para tal efecto. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, en términos del párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda en cuestión. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la primera, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Angelina, número nueve "B", colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, código postal cero mil veinte, Ciudad de México. Por otra parte, se autoriza de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia a Alan Eduardo González Zebadúa y Magdalena Castro Peredo, en virtud de tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación de cuenta. En cambio, ténganse por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Gabriel Eduardo González Benavides, Arisbeth Mariana Rodríguez Aldana, Joaquín Eduardo González Pacheco, Esaú Olivo Chávez y Edgar Eduardo Espinosa Guzmán, en virtud de que no tienen registradas sus cédulas en el precitado sistema. En otro orden de ideas, con fundamento en el segundo párrafo del referido precepto legal, se tienen por autorizados a Guadalupe Gutiérrez Sotelo y Ana Patricia Acosta Ayala, para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos. Autorización para obtener imágenes. Asimismo, hágase de su conocimiento, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Exhortación al quejoso. En términos del artículo 22 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se le exhorta a que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea (acceso al expediente electrónico, notificaciones por esa vía, así como el uso de la FIREL o la e-firma); y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique a las partes todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Se faculta al actuario adscrito para que firme todos los oficios que genere este sumario. Notifíquese personalmente al promovente.

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