Jaime Benjamin Rodriguez Munguia

Expediente 445/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
445/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Jaime Benjamin Rodriguez Munguia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial se aprecia que el término de cinco días para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como de la citada constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, diligencia por practicar, ni constancias que devolver; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial se advierte que no se listó ni publicó el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós en el presente juicio de amparo; por tanto, se ordena publicar el citado proveído en esta fecha. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. A Agréguese a los autos el oficio de cuenta por medio del cual la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, al que anexa el original del amparo II-445/2022-1, y, a través del cual informa que no corresponde conocer de la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, ya que hasta este momento los actos reclamados no conllevan una ejecución material en ese circuito, puesto que no hay datos suficientes para determinar esa circunstancia al no contar con certeza de su existencia, la cual en su caso podría conocerse una vez que cuente con los informes de las autoridades responsables. Asimismo, anexa el original del amparo II-445/2022-1. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. De una nueva reflexión, este juzgador no insiste en plantear la competencia. Ahora bien, como el quejoso reclama de diversas autoridades los siguientes actos: "a) La realización de una investigación en mi contra o de una en la que los hechos investigados son unos que se imputan al suscrito. b) La integración de una carpeta de investigación instruida en mi contra o de una en la que los hechos investigados son uso que se imputan al aquí quejoso. c) La omisión de darme acceso a los registros de la investigación que se está llevando en mi contra, así como de las constancias que obran en la carpeta de investigación correspondiente a dicha investigación. d) La orden de aprehensión y/o presentación y/o búsqueda y/o detención y/o localización y/o comparecencia libradas en mi contra, así como su ejecución.". Ahora bien, no obstante lo anterior que la Ley de amparo no contempla procedimiento específico para la separación de autos, atendiendo al principio de la economía procesal que establece el artículo 17 constitucional, de oficios se decreta la separación de autos reclamados por el promovente, en los términos siguientes. El presente juicio de amparo se tramitará y resolverá únicamente respecto de los actos que reclama a todas las autoridades que menciona en su escrito inicial de demanda, y que hizo consistir en la integración de una carpeta de investigación, la realización de una investigación instruida en su contra y la omisión de darle acceso a los registros de la investigación que se está llevando en su contra, así como de las constancias que obran en la carpeta de investigación. Lo anterior, pues la separación de autos se decreta de oficio, lo cual constituye una facultad que se ejerce unilateralmente por el juzgador, con potestad plena y sin tramitación alguna y que implica que al decretarse de plano no requiere de substanciar el incidente de separación de autos; máxime que ésta no afecta los derechos procesales de las partes. Es aplicable la jurisprudencia consultable en la página 354, Pleno, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de o oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto, se requiere hacer la separación." De igual manera, es sustentable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 77/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá." Las cuales son aplicables en virtud de que no contraponen con la Ley de Amparo de conformidad con el artículo 6° transitorio. En virtud de lo anterior, remítase al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado, residentes en esta ciudad, un juego de copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a fin de que sea turnado como nueva demanda respecto de los diversos actos consistentes en la orden de aprehensión y/o presentación y/o búsqueda y/o detención y/o localización y/o comparecencia libradas en su contra, así como su ejecución, reclamados a las autoridades que marcó en su escrito inicial de demanda con los números del 1) al 7), y del 44) al 48). Por otra parte, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo respecto de los actos reclamados que la parte quejosa hace consistir en la integración de una carpeta de investigación instruida en contra del quejoso, así como la realización de una investigación en su contra, y la omisión de darle acceso a los registros de la investigación que se está llevando en su contra, así como de las constancias que obran en la carpeta de investigación, por ser notoriamente improcedente con apoyo en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo que amerita desechar la demanda, atendiendo especialmente a la naturaleza de los actos precisados en el párrafo que antecede. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Ahora, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Así, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.]". Atento al contenido de las disposiciones citadas se advierten las hipótesis de procedencia del amparo promovido contra actos realizados fuera de juicio o después de haber concluido; en el caso concreto como se precisó el acto reclamado consiste en la integración de una carpeta de investigación instruida en contra del quejoso, así como la realización de una investigación en su contra, y la omisión de darle acceso a los registros de la investigación que se está llevando en su contra, así como de las constancias que obran en la carpeta de investigación. En el caso concreto, como ya se especificó el acto reclamado consiste en la integración de una carpeta de investigación instruida en contra del quejoso, así como la realización de una investigación en su contra, y la omisión de darle acceso a los registros de la investigación que se está llevando en su contra, así como de las constancias que obran en la carpeta de investigación. Respecto a lo anterior, los artículos 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 215, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.]" "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. [.] El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e [.]" "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables." Los preceptos transcritos indican que la investigación de los delitos está a cargo del Ministerio Público, el cual en la etapa de indagación inicial, deberá reunir los datos de prueba necesarios para determinar sobre el ejercicio de la acción penal. Así, este órgano jurisdiccional de modo indudable y manifiesto advierte la actualización de la referida causa de improcedencia, ya que de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el Ministerio Público es el facultado para llevar a cabo la investigación de los delitos, atribución que se traduce en la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un hecho que la ley señale como delito, pues en todo momento subsiste la carga para el Ministerio público de probar su actuación. Con base en lo anterior, es dable decir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte goza de las facultades de investigar los delitos, y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una carpeta de investigación para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del quejoso, pues no le irrogan a un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializará hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión. En todo caso, estimar lo contrario sería entorpecer dichas facultades y obligaciones al Ministerio Público. Así las cosas, la integración de una carpeta de investigación en modo alguno constituye un acto de molestia en la esfera de derechos del promovente de amparo, pues ni siquiera es parte en la fase inicial de investigación, pues únicamente es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, o incluso para determinar el no ejercicio, porque uno de los principios generales del nuevo proceso penal, tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda respecto a los actos que hizo consistir en la integración de una carpeta de investigación instruida en contra del quejoso, así como la realización de una investigación en su contra, y la omisión de darle acceso a los registros de la investigación que se está llevando en su contra, así como de las constancias que obran en la carpeta de investigación, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial se advierte que no se listó ni publicó el auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós dictado en el presente juicio de amparo; por tanto, se ordena publicar el citado proveído en esta fecha. Notifíquese.

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