Jaime Beiza López

Expediente 1726/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1726/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2016

Partes del expediente

  • Jaime Beiza López

Actuaciones

  1. Principal

    II. A sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual informa el proveído de veintidós de noviembre del año en curso, acusa recibo del expediente de referencia e informa aceptan que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional en el expediente 1726/2016-II. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se resolvió mediante un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil dieciséis. Por recibido el escrito signado por el quejoso Joel Miguel Nabor, a través del cual formula alegatos y ofrece los medios de prueba consistentes en: "1. PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en oficio de fecha siete de abril de dos mil dieciséis dirigido al diputado local Javier Salinas Malvaes y firmado por la víctima y el suscrito, oficio de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis dirigido al diputado federal Ignacio Pichardo Lechuga y firmado por la víctima y el suscrito y recibido por el señor Erik López, tal y como se desprende de los mismos escritos, también el oficio de fecha veintidós de Febrero de dos mil dieciséis dirigido al cuarto regidor Amelia González Pastrana y firmado por Jesús Martínez González párroco de la asunción de María Malacatepec, tal y como se desprende de los mismos oficios. 2.- PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en un contrato privado de arrendamiento de cinco juegos mecánicos de fecha diez de Abril de dos mil dieciséis, firmado por la supuesta víctima y el suscrito y los arrendatarios tal y como se desprende del mismo oficio, así mismo fotografías impresas que consiste en cuatro fotografías impresas por u n solo lado, que consiste en la relación amorosa que existía entre la víctima y el suscrito, tal y como se desprenden de las mismas. 3.- FORMATO DE DATOS EN CD QUE CONTIENE IMÁGENES DE FOTOGRAFIAS EN JPG PARA DEMOSTRAR LA RELACIÓN AMOROSA QUE EXISTIA ENTRELA VICTIMA y EL SUSCRITO TAL Y COMO SEDESPRENDEDE LAS MISMAS." Al respecto, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por el promovente a manera de alegatos debiendo hacer nueva relación en la audiencia constitucional. Por otro lado, no ha lugar a tener por ofrecidos los medios de convicción citados, toda vez que si bien el artículo 75 de la Ley de Amparo en su párrafo segundo, dispone que las partes pueden ofrecer como pruebas aquellas de las que no hubiera tenido la oportunidad para hacerlo ante la responsable, también lo cierto que el artículo 20, apartado A, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de una orden de aprehensión dictada dentro del sistema de justicia penal acusatorio, solo serán tomadas en cuenta las aportadas por el Ministerio Público, de ahí que este órgano jurisdiccional debe limitarse a valorar el acto reclamado como fue probado ante la responsable. Por tanto a fin de mantener el equilibrio procesal para las partes, no se acuerda de conformidad lo solicitado. Sobre el particular se invoca, la tesis número II.1°.8P, publicada en la página 2902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2014, Tomo III, Décima Época, con número de registro 2007612, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, que establece: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Sin embargo, si el acto reclamado es una orden de aprehensión dictada dentro del sistema penal acusatorio, en la que el Juez de control valoró sólo los datos de prueba que hizo de su conocimiento el Ministerio Público, es inconcuso que el Juez de Distrito debe limitarse a analizar éstos, porque, de considerar otros elementos probatorios, vulneraría el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales." Finalmente, se tiene por autorizado en los términos precisados a Sergio Ramírez Contreras. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.

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