Jaime Arturo Sierra Cardenas

Expediente 619/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
619/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Jaime Arturo Sierra Cardenas

Actuaciones

  1. Incidental

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que no obran agregados los informes previos de las autoridades responsables, ni existe el acuse postal de los oficios por los que se les solicitó; sin que sea necesario formular requerimiento alguno, dada la proximidad en la que se realizó la solicitud de dichos informes. Consecuentemente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental que estaba señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Sin que lo anterior implique de mérito alguno al principio de justicia pronta y expedita, puesto que la fecha señalada se estima que es la estrictamente indispensable para dar oportunidad a que las autoridades responsables foráneas alleguen su informe previo considerando el lugar de su residencia, cuestión que desde luego no se encuentra normada en el ordinal 141 de la Ley de Amparo, dejando la apreciación al criterio del Juzgador. Al efecto, se invoca por identidad de razones la tesis de la anterior conformación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, página 2638, del rubro siguiente: "AUDIENCIA, SEÑALAMIENTO TARDIO DE LA"

  2. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por********************, por derecho propio, contra actos del Subsecretario de Bienestar de la Secretaría de Bienestar Federal con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro ********************. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Admisión. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda. Suspensión de plano. No se surte la procedencia para realizar pronunciamiento respecto a la suspensión de plano solicitada, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, la misma procede cuando se trate de actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos, o cuando se trate de actos que tiendan a privar total o parcialmente, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; de lo que se sigue que ésta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, y en el presente asunto, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama un acto diverso al señalado por el numeral citado. Sirve de sustento a la anterior determinación, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1458, Tomo XX, diciembre del 2004, registro 179731, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". De ahí que, esta juzgadora Federal estima que, lo procedente es aperturar por separado el incidente respectivo en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 229397, que dice: SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo. Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión, en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y acorde con la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Audiencia constitucional. Se señalan las once horas con cuarenta minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído. En el informe deberá(n) exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, con el apercibimiento que de no rendir su informe, o bien, de no acompañar las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soportan su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, se hará(n) acreedora(s) a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, en términos lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la autoridad que el informe que se le requiere debe preferentemente enviarlo al correo electrónico oficialia8jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (229) 923-67-80 extensión 1591. En caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la autoridad las remitirá por la mensajería rápida que estime conveniente a la dirección Boulevard Manuel Maples Arce, número 188, colonia Enrique Rodríguez Cano, código postal 92880, Tuxpan, Veracruz; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, dicho informe deberá remitirse vía interconexión, por mensajería acelerada, por correo certificado, o bien, por el medio que la autoridad determine a fin de que este juzgado cuente con las constancias originales o copias certificadas que acrediten la existencia del acto reclamado. En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Notificación por medios electrónicos para autoridades responsables foráneas. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a) en relación con el 28, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se autoriza el envío de oficios a la(s) autoridad(es) responsable(s) mediante correos electrónicos oficiales, quien(es) deberá(n) acusar recibo por la misma vía y rendir su(s) informe(s) de ley a través del correo institucional oficialia8jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento por causa de improcedencia o sobreseimiento. Conforme al artículo 64, de la ley de la materia, se requiere a las partes para que, de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este juzgado y; de ser posible acompañen las constancias que acrediten tal extremo. De hacer caso omiso al presente requerimiento, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Se reserva acordar lo procedente respecto a su existencia y, en su caso, emplazamiento, hasta en tanto obren las constancias relativas al juicio de origen; lo anterior, para tener la plena certeza de a quién le resulta ese carácter. Intervención al agente del ministerio público federal. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponda, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, corriéndole traslado con copia de la demanda. Consulta del expediente electrónico ministerio público federal adscrito. Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, ha solicitado el acceso al expediente electrónico en los juicios radicados en este juzgado. En tal virtud, en obviedad de dilaciones innecesarias, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico, a través del usuario: "********************". Por lo que, se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita para que realice la habilitación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin perjuicio de que se pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV, del artículo 26, de la ley de la materia. Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica electrónicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Autorizados. Con fundamento en la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como facultados únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a ******************** y********************, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Pruebas. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales exhibidas con el escrito de demanda, las cuales se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de éstas al celebrarse la audiencia constitucional. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista.

  3. Incidental

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia de la demanda, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************, promovido por********************, por derecho propio, contra actos del Subsecretario de Bienestar de la Secretaría de Bienestar Federal con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe previo, mismo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sea notificada, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable de que en caso de que no rinda el informe requerido, se le sancionara con multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,374.00); lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la autoridad que el informe que se le requiere debe preferentemente enviarlo al correo electrónico oficialia8jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (229) 923-67-80 extensión 1591; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la autoridad las remitirá por la mensajería rápida que estime conveniente a la dirección Boulevard Manuel Maples Arce, número 188, colonia Enrique Rodríguez Cano, código postal 92880, Tuxpan, Veracruz; lo anterior, con fundamento en el artículo 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Audiencia Incidental. Se señalan las diez- horas con cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Análisis de la suspensión provisional. En ese sentido, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado para suspender: Retención de los depósitos de las cantidades correspondientes a los bimestres marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto y septiembre-octubre del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, en la tarjeta bancaria número ******************** expedida a favor del quejoso. Requisitos para el otorgamiento de la medida cautelar. Precisado el acto reclamado, debe decirse que los requisitos legales que se deben constatar para otorgar la suspensión, cuando ésta se pida a solicitud de parte, con apoyo en el numeral 128, 138, y 139 de la Ley de Amparo, son los siguientes por su prelación lógica: I. Que lo solicite el quejoso; II. Que se acredite el interés suspensional. En principio, el requisito fijado en el inciso I se encuentra acreditado, toda vez que la parte quejosa solicitó el otorgamiento de la suspensión y por cuanto hace al segundo de los presupuestos, debe decirse que se encuentra cumplida toda vez que con la concesión de la medida cautelar solicitada no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, máxime que no contraviene ninguno de los supuestos previstos por el artículo 129 de la Ley de Amparo. Del mismo modo, se remembra que el objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar la materia del juicio y evitar que se consuma de manera irreparable la vulneración de derechos humanos. Inclusive, de ser jurídica y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera provisional y en tanto se dicta sentencia ejecutoriada, el derecho que se estima afectado, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Asimismo, es importante señalar que a través de la suspensión no es válido constituir, modificar o restringir un derecho del que no se gozaba antes de la presentación de la demanda, porque dicha circunstancia se encuentra impedida por el segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo. Luego, dado que en el acto se resuelve sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, con base en lo expuesto por la parte quejosa en su demanda de amparo, se consideran presuntamente ciertos los actos reclamados. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2ª/J. 5/93, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, octava época, agosto de 1993, página 12, que dice: SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Interés suspensional. No obstante lo anterior, para determinar si resulta procedente o no la suspensión provisional respecto de los efectos y las consecuencias indicadas por la parte quejosa, por cuestiones de técnica jurídica, la suscrita debe analizar el interés suspensional de la parte quejosa, con la finalidad de dilucidar la posible afectación a su interés jurídico o legítimo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2347, Décima Época, Materia Común, de registro digital 2007358, de rubro: SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. En el caso, para acreditar su interés suspensional, la parte quejosa adjunta un estado de cuenta expedido por el ********************a nombre de********************. En ese orden de ideas, es dable traer a colación que de los antecedentes de la demanda de amparo se advierte que el promovente de amparo tiene la calidad de adulto mayor, al manifestar que cuenta con ******************** años de edad, esto es, cumple con la edad establecida en los artículos 3, fracción I, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para reconocerle tal carácter. De igual manera, en el artículo 5° de la referida Ley, establece un listado no limitativo de los derechos que adquieren relevancia en tratándose de éste grupo, entre los mismos destacan: el derecho a tener una vida con calidad, libre de violencia con respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual; así como el derecho a recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados. No obstante lo anterior, si bien la edad de las personas puede constituir una causa para estimar que se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo cierto es que la edad juega un doble papel al momento de considerar quiénes son las personas que deben considerarse vulnerables, pues así como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la vulnerabilidad de las personas, también se considera que el envejecimiento, propio de una edad avanzada, puede colocar a las personas en ese estado. Así, se debe tener en consideración que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es suficiente para estimar que están en un estado de vulnerabilidad que debe tenerse en consideración cuando éstos acceden a la justicia, pues por su falta de madurez física y mental requieren una protección legal reforzada; sin embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es suficiente para estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto sólo acontece cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos; de ahí que la simple circunstancia de ser un adulto mayor, no necesariamente implica que la persona se encuentre en un estado de vulnerabilidad. Por lo que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la sociedad genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor no se encuentra en condiciones de defender sus derechos en el los procedimientos judiciales, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada. Apoya a lo anterior las tesis 1a. CXXXIII/2016 (10a.), y 1a. CCXXIV/2015 (10a.) de rubros y contenidos siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN RELACIÓN CON EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS MAYORES. Las reglas citadas no reúnen los requisitos a que aluden los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Federal, de ahí que no constituyan propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes ejercen la función jurisdiccional; no obstante, pueden resultar una herramienta de gran utilidad para estos últimos, en virtud de que establecen diversos estándares que, fundados en el respeto que se debe dar a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a la justicia; pero, ni aun tomando en consideración esas reglas, se podría llegar a la conclusión de que en todos los casos en que intervengan adultos mayores es obligatorio suplir en su favor la deficiencia de la queja, pues de acuerdo con esas reglas, si bien la edad de las personas puede constituir una causa para estimar que se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo cierto es que la edad juega un doble papel al momento de considerar quiénes son las personas que deben considerase vulnerables, pues así como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la vulnerabilidad de las personas, también se considera que el envejecimiento, propio de una edad avanzada, puede colocar a las personas en ese estado; no obstante, se debe tener en consideración que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es suficiente para estimar que están en un estado de vulnerabilidad que debe tenerse en consideración cuando éstos acceden a la justicia, pues por su falta de madurez física y mental requieren una protección legal reforzada; sin embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es suficiente para estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto sólo acontece cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos; de ahí que la simple circunstancia de ser un adulto mayor, no necesariamente implica que la persona se encuentre en un estado de vulnerabilidad. ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja. De acuerdo con lo expuesto, en el caso se estima viable legalmente viable conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, porque las consecuencias del acto reclamado se materializan de momento a momento, esto es, siendo los pagos del programa de bienestar de tracto sucesivo e indispensables para la subsistencia del promovente; por lo cual, la suspensión decretada no agota ni deja sin materia el juicio de amparo. Concesión de la suspensión provisional. En ese sentido, toda vez que se encuentra reunidos los requisitos que exige el numeral 128 de la Ley de Amparo, esto es, que con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que el acto reclamado tiene injerencia en el disfrute y goce de los derechos humanos del quejoso con fundamento en los artículos 128, 129, fracción VIII, 136 y 138 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE la suspensión provisional a********************, para el efecto de que se permita a la parte quejosa disponer íntegramente de la pensión que se le deposita a su favor en el Banco del Bienestar, derivado del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Así como para que las autoridades responsables no dispongan, ni traspasen a un tercero los recursos de la referida cuenta bancaria, correspondientes a depósitos cuyo origen sea diverso al indicado en el párrafo que antecede. Lo anterior es así toda vez que el impetrante de la protección federal justificó indiciariamente que es pensionado y que el pago de su pensión se deposita en el referido Banco; por lo que resulta evidente que la retención que por esta vía reclama impacta en los derechos fundamentales de mínimo vital, seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia del solicitante de la protección federal. Lo expuesto en líneas precedentes, se menciona con el objetivo de establecer que la ejecución del acto reclamado, causaría un perjuicio de difícil reparación al quejoso, pues resulta evidente que si no se concediera la suspensión, supondría una grave dificultad para que hiciera frente a sus propias necesidades alimentarias, cuando menos mientras no se pronuncie el juzgador federal sobre la suspensión definitiva. Es ilustrativo al respecto, el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VII/2013 (9a.), de rubro siguiente: DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SU CONTENIDO TRASCIENDE A TODOS LOS ÁMBITOS QUE PREVEAN MEDIDAS ESTATALES QUE PERMITAN RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA. Asimismo, es ilustrativo el diverso criterio que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XCVII/2007, que reza como sigue: DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. En ese orden, debe precisarse que el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. Precisión 1.- La presente suspensión surtirá efectos únicamente si no se actualiza la hipótesis establecida en el punto 3.6 relativo a las causas de retención, suspensión y baja de las personas derechohabientes, establecidas en el Acuerdo por el que se emitieron las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal ********************, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil veintidós. Precisión 2. De igual manera, es preciso enfatizar que si dichos actos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, en consecuencia, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. No se solicita garantía. Sin que en el caso sea necesario solicitar garantía alguna, debido a que el juicio de amparo fue promovido en favor de una persona con la calidad de adulto mayor y la concesión de la suspensión únicamente fue para el efecto de que se garantice el cumplimiento y pago del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Vigencia de la suspensión provisional. La medida cautelar concedida surte sus efectos desde esta fecha en que se decreta, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución de la suspensión definitiva; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 1a.lJ. 33/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Junio de 2014, Tomo 1, Libro 7, página 431, con registro digital 20006797, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE y NO AL NOTIFICARSE." Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica electrónicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Autorizados. Con fundamento en la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como facultados únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a ********************, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión.

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