Jaime Arturo Sánchez Ortiz
Expediente 3390/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3390/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/02/2018
Partes del expediente
- Jaime Arturo Sánchez Ortiz
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de uno de febrero de dos mil dieciocho (foja 47), se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos, sin que lo haya realizado. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente sumario constitucional, acató el fallo protector. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, uno de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: agréguese a los autos el oficio firmado por la Presidente de la Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual remite copia certificada del proyecto de laudo dictado el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, así como de la audiencia de discusión y votación celebrada el veintinueve de los corrientes, en la que se determinó elevarlo a categoría de definitivo, constancias con las que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable en mención, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia esta cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. En el entendido de que, de declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, debiendo correrle traslado con copia simple de este acuerdo y anexos enviados por la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que actúa con el secretario, Roberto Martínez Gutiérrez, quien autoriza y da fe. LAPT/RMG/Mala*
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el comunicado signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual, se le tiene remitiendo testimonio de la ejecutoria dictada el once de enero de dos mil dieciocho, en el toca de queja 154/2017 del índice del tribunal oficiante y treinta y dos cuadernos de pruebas. El punto resolutivo de la citada ejecutoria es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es Fundado el presente recurso de queja". Hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro del gobierno respectivo y acúsese recibo de estilo. En ese contexto, en estricto acatamiento con la ejecutoria de amparo, se procede a resolver el incidente de falta de personalidad en contra de Gabino Hernández Garza, en su carácter de representante de bienes comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan, municipio de Tlaquepaque, Jalisco, interpuesto por el Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco y el tercero perjudicado Javier Ponce Pérez; y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Amparo vigente al dos de abril de dos mil trece, se ordena la apertura del incidente planteado, mismo que se resuelve de plano. Ahora bien, toda vez que se objeta la personalidad del promovente del amparo, al ser la personalidad un presupuesto procesal, cuyo cuestionamiento motiva la integración de una litis, tan preponderante como la de fondo, el cuestionamiento que al efecto se realiza debe quedar definido, pues de ello depende, bien la prosecución o bien la insubsistencia del proceso. De ahí que el incidente que se promueve, por su naturaleza, resulta de previo y especial pronunciamiento y, debe ser resuelto antes de resolver el fondo, en tanto que su resolución anticipada condiciona la emisión de la sentencia principal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 42/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, julio del 2008, tomo XXVIII, Materia: Común, página 258, cuyos rubro y texto son los siguientes: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. AL SER DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO, DEBE ADMITIRSE Y RESOLVERSE CONFORME A LA SEGUNDA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al sistema previsto en los párrafos primero y tercero del artículo 35 de la Ley de Amparo -consignado dentro de las reglas comunes al juicio de garantías-, tanto en los amparos indirectos como en los directos debe admitirse toda clase de incidencia, en cualquiera de las siguientes vías: 1) mediante tramitación especial, si la ley lo permite; 2) de plano y sin trámite de por medio, si por su naturaleza hiciera imposible la decisión de fondo, y 3) conjuntamente con la definitiva, si es que su resolución previa no impidiera el dictado de ésta. En congruencia con lo anterior y en virtud de que dentro de los incidentes de previo y especial pronunciamiento la doctrina procesal ha incluido, entre otros, al de falta de personalidad, en tanto que su resolución condiciona la emisión de la sentencia principal, se concluye que cuando dicho incidente se promueve en un juicio de garantías, aunque no esté incluido dentro de los que señala la ley de la materia como aquellos que ameritan previo y especial pronunciamiento, al tener esa naturaleza debe admitirse y resolverse conforme a la segunda regla prevista en el artículo 35 de la Ley de Amparo, esto es, de plano y sin forma de sustanciación en el mismo expediente". Ahora bien, en los ocursos por los que promueven el incidente de falta de personalidad, se exponen que: El amparo es promovido por una -supuesta- comunidad indígena de hecho del poblado de Santa María Tequepexpan, Municipio de Tlaquepaque, a través de una persona que se ostenta como su representante, quien pretende acreditar su personería con un acta de asamblea general de comuneros eleccionaria de veintinueve de febrero de dos mil cuatro. El tres de marzo de dos mil cinco se publicó en el Periódico oficial "El Estado de Jalisco", sección II, la sentencia de veintiséis de enero de dos mil cuatro, dictada dentro del expediente 106/15/95, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince, en la que se negó el reconocimiento y titulación solicitada por la -supuesta- comunidad indígena de hecho de Santa María Tequepexpan. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con motivo del amparo directo 244/2004, promovido por la -supuesta- comunidad referida en contra de la sentencia de veintiséis de enero de dos mil cuatro, negado la protección constitucional solicitada, por lo que se declaró firme la sentencia impugnada. Si el reconocimiento y titulación que había tramitado la -supuesta- comunidad indígena de hecho de Santa María Tequepexpan le fue negada, carece de personalidad para solicitar el presente juicio de amparo por el representante que compareció, o algún otro, pues al habérsele negado el reconocimiento que solicitó, cualquier acto que realice por alguno de sus -supuestos- miembros es ineficaz legalmente, ya que, en todo caso, la representación que se pretende ostentar es sobre una persona inexistente legalmente, de ahí la falta de personalidad de la quejosa, y, en consecuencia, falta de personería de quien dice representarla. Con el fin de acreditar las afirmaciones que se realizan en los escritos mediante los cuales se interpuso la presente incidencia, se ofreció como medios de prueba, entre otros, el juicio agrario 106/15/1995 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Quince y copia certificada de la ejecutoria pronunciada el tres de febrero de dos mil cinco, en el juicio de amparo directo 244/2014 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (con los que se ordenó formar diversos cuadernos de pruebas). Medios de convicción que gozan de eficacia probatoria plena, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser actuaciones judiciales y copia certificada de otras de igual naturaleza, estas últimas, que ostenta certificación elaborada por funcionario público en el ejercicio de su encargo y con motivo del mismo. Documentales de las que, en esencia, se destaca lo siguiente: Por escrito presentado el once de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, los representantes del poblado de Santa María Tequepexpan, municipio de Tlaquepaque, Jalisco, solicitaron el reconocimiento y titulación de bienes comunales; solicitud que se registró bajo el número de expediente 106/15/95 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XV. Seguido en sus etapas procesales, finalmente, el veintiséis de enero de dos mil cuatro se emitió sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO.- Los promoventes no acreditaron los elementos constitutivos de la acción de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales intentada, en los términos de la parte considerativa de la presente resolución. SEGUNDO.- En consecuencia, no se reconocen ni titulan como bienes comunales de "SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN" los terrenos que se describen en los considerandos cuarto y quinto, a favor de los promoventes. TERCERO.- Remítase copia certificada de esta resolución, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en cumplimiento a la ejecutoria número 20/97. CUARTO.- Se levanta la medida precautoria concedida el día veinte de octubre de dos mil, por la que se ordenó que no se realizara ningún desalojo en el predio "La Pila" o "La Presa" con una superficie de 15-00-00 hectáreas. QUINTO.- Con fundamento en el artículo 363 de la Ley Federal de Reforma Agraria, envíese copia de la presente al Registro Agrario Nacional y al Registro Público de la Propiedad, para que realicen las inscripciones correspondientes. SEXTO.- Publíquense los puntos resolutivos de esta Resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y en los estrados de este Tribunal. Notifíquese personalmente a los promovente, entregándoles copia de este fallo y a los terceros interesados en los estrados de este tribunal; en su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido." Inconforme, Gabino Hernández Garza, representante comunal del poblado de Santa María Tequepexpan, municipio de Tlaquepaque, Jalisco, promovió demanda de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, radicándose bajo número 244/2014. Por ejecutoria de tres de febrero de dos mil cinco, el aludido órgano colegiado determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la comunidad indígena "Santa María Tequepexpan", municipio de Tlaquepaque, Jalisco. De la relatoría de antecedentes que precede y de las constancias que se relacionan, resulta patente que le asiste razón a los incidentes en relación al cuestionamiento que formulan respecto a la personalidad de la quejosa y de quien se ostenta como su representante. Esto es así, ya que de las constancias reseñadas se advierte que por resolución emitida en el juicio agrario 106/15/1995, el Tribunal Unitario Agrario Distrito Quince resolvió de manera contraria a los intereses de los solicitantes, la acción de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, por no haberse acreditado los elementos constitutivos, motivo por el cual no se reconocieron ni titularon éstos; determinación que fue materia de análisis constitucional, en el que, no obstante la suplencia de la queja realizada por el órgano de amparo, se confirmó la aludida determinación y, en consecuencia, se negó la protección constitucional solicitada. En ese tenor, toda vez que existe determinación expresa por autoridad jurisdiccional en la que negó el reconocimiento aludido, misma que como se vio fue confirmada por un tribunal constitucional, por ende, tampoco de quien se indicó es su representante, en el caso, el promovente del amparo, Gabino Hernández Garza. No se soslaya que la parte quejosa aduzca que en diversas determinaciones emitidas por varios órganos jurisdiccionales se le ha reconocido el carácter que aduce tener, pues tales constancias no fueron aportadas al presente expediente, no se menciona con qué documentales se pudiera verificar tal circunstancia y no se conoce quién o quiénes promovieron esos juicios de amparo, aunado a que se desconoce cuál fue el acto reclamado en cada uno de ellos. Tampoco es óbice a lo anterior que la parte quejosa pretenda acreditar su personalidad con sustento en un título virreinal que se otorgó en el territorio en relación a los cuales -refiere- se encuentran los terrenos que se ven afectados por los actos reclamados. Esto, ya que la sola mención de situaciones que en su momento hayan imperado en determinada etapa histórica del país no trae como consecuencia que éstas hubieran subsistido hasta este momento y, menos aún, que las personas que se indica se encuentran en ese territorio hayan sucedido en sus derechos a quienes en su momento los disfrutaron, ello al margen del valor probatorio de indicio que merece una copia simple. En adición a lo anterior, en autos obra un informe de las autoridades competentes en materia agraria, registral e indígena en materia local y federal de los que se advierte la inexistencia de algún registro o antecedente registral de Gabino Hernández Garza o de la Comunidad Indígena que deriven del poblado de Santa María Tequepexpan del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco y, contrario a ello, se informó por parte del Delegado Estatal de la Procuraduría Agraria que en dicho territorio existe el Ejido Santa María Tequepexpan, Municipio de Tlaquepaque, Estado de Jalisco, respecto del cual el promovente del amparo Gabino Hernández Garza no figura en la integración del comisariado ejidal ni en su consejo de vigilancia. Máxime, que si dicho territorio, como se apuntó, existe un comisariado ejidal, quien es designado por el órgano supremo de dicho ente agrario, que en el caso corresponde al comisariado de bienes comunales, en términos de los artículos 22, 23, fracción III, 40 y 107 de la Ley Agraria, si las comunidades se rigen las mismas disposiciones de los ejidos, no existe en autos documento idóneo en el que se desprenda la personalidad del promovente, situación que aun y cuando se vincula con la materia agraria no puede ser soslayada al pronunciarse sobre la personalidad de quien comparece y que es materia del presente incidente. En efecto, si bien la Ley de Amparo establece la suplencia de la queja en materia agraria, tal suplencia no comprende cuestiones relativas a la personalidad, pues con ello se desconocería el principio de instancia de parte agraviada. Es aplicable la tesis 1a. XVII/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 115, Tomo Tomo XXXI, Febrero de 2010 , del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS. AL CONSTITUIR FORMAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA ESTABLECIDAS CONSTITUCIONALMENTE, EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL, ASÍ COMO LA ELECCIÓN DEL COMISARIADO, SON ACTIVIDADES QUE NO FORMAN PARTE DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. El artículo 27, fracción VII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la personalidad jurídica de los ejidos y comunidades agrarias, destinando la protección de la propiedad de la tierra, no sólo para actividades productivas sino también para el asentamiento humano; de ahí que acorde con sus funciones, esos núcleos de población constituyen formas de organización interna establecidas por la Constitución. Por otra parte, si bien es cierto que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a decidir sus formas internas de organización, entre otras, social y económica, también lo es que al decidir por el ejido o por la comunidad de bienes comunales, deben atender a lo que la Ley Fundamental señala en cuanto a su organización y funcionamiento. Así, el penúltimo párrafo de la fracción VII del artículo constitucional citado, señala que la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley disponga, y que el comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. En esa virtud, se concluye que tanto la organización y funcionamiento de la asamblea general, como la elección del comisariado, son actividades que no forman parte del ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, ya que el referido precepto constitucional establece respecto de aquéllas una reserva legal, la cual debe atenderse, pues de lo contrario se correría el riesgo de quebrantar la unidad nacional, límite de aquel derecho." En mérito de lo expuesto, se declara procedente y fundado el incidente de falta de personalidad interpuesto por la autoridad responsable y tercero interesado en contra de la parte quejosa. En consecuencia de lo resuelto, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 4 y 5, fracción, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley. (.)" "Artículo 4. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El agraviado o agraviados; (...)" En primer término, es necesario señalar que la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo. Conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal y el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, conforme el artículo 4 de la Ley de la Materia, el juicio de amparo puede promoverse por el propio quejoso o por su representante o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esa ley. En el caso concreto, en congruencia con lo resuelto en párrafos precedentes en el sentido de declarar fundado el incidente de falta de personalidad interpuesto por las autoridades responsables, de ello deriva que la parte promovente carece de personalidad para instar la acción de amparo, en términos de los artículos 4 y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que el juicio de amparo deviene improcedente. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 4 y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como, por las razones que la informan, la tesis XIV.1º.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página mil doscientos treinta y cinco, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". (Énfasis añadido). Son aplicables las jurisprudencias citadas con anterioridad, toda vez que las mismas no se oponen a la Ley de Amparo que se encuentra vigente, de conformidad con lo dispuesto en su artículo Sexto Transitorio. Notifíquese personalmente. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Luz María Pérez Salcedo. Doy fe. LAPT/LMPS/jlm* TAL Y COMO LO ORDENA EL ACUERDO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS JOSÉ SANTOS LÓPEZ VILLARRUEL Y FERNANDO CARRILLO RAMÍREZ EL ACUERDO QUE ANTECEDE.
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera el recurso de revisión que prevé la fracción I, inciso e) del artículo 81 del ordenamiento legal invocado, contra la sentencia dictada en autos en la que, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el fallo amparador ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente: ".De inmediato, de no haber obstáculo legal, en el juicio laboral 257/2017/11-F de su índice, por conducto de quien corresponda, acredite que se realizó el proyecto de resolución en forma de laudo y desahogue la audiencia de votación correspondiente a fin de elevarlo a la categoría de definitivo, lo cual deberá determinarse con plenitud de jurisdicción. Lo anterior sin perjuicio de que, en caso de ser necesario, se realicen las diligencias que no se hubiesen efectuado por causas ajenas a la voluntad de las partes o que se estimen indispensables para el esclarecimiento de la verdad, tal y como lo dispone el artículo 886 de la ley obrera; lo que también deberá efectuar con plenitud de jurisdicción." En virtud de lo anterior, requiérase a la responsable para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de tres días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio de amparo. Lo cual, deberá acreditar con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, lo anterior, a efecto de calificar el cumplimiento de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá multa al desobediente de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostentan y serán puestos a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no haya transcurrido el término de diez días hábiles para la autoridad responsable, toda vez que, dicha responsable tiene como característica esencial la imparcialidad, esto es, administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, pues es una autoridad que ejerce actos materialmente jurisdiccionales. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J/3, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN EL AMPARO INDIRECTO. Las autoridades responsables como parte en el juicio de garantías, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley; sin embargo, cuando dichas autoridades responsables ejercen funciones jurisdiccionales, carecen de legitimación para recurrir las sentencias de amparo indirecto, pues desaparece su interés jurídico en el asunto que motivó la concesión del amparo, ya que en tal hipótesis las autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica, mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes en litigio, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes contendientes. Por ello, las autoridades, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no pueden válidamente recurrir en revisión la sentencia dictada en el juicio biinstancial en que se declaró inconstitucional la resolución impugnada, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, como coadyuvantes del tercero perjudicado, lo cual resulta contrario a los principios que la ley, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que actúa con el secretario Roberto Martínez Gutiérrez, quien autoriza y da fe. LAPT/RMG/IIEJ
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