Jaime Arturo Pinzon Bonfil

Expediente 737/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
737/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Jaime Arturo Pinzon Bonfil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA II. SE NOTIFICA POR LISTA Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ, QUE NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL ACUERDO DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO QUE SE ANALIZA, toda vez que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio, como quedó establecido en párrafos que anteceden. Por lo que, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Pues se reitera que el presente proveído, donde se estudia el cumplimiento de la sentencia amparadora, no debe contener pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución que se ha emitido en su acatamiento. Por ende, dadas las condiciones anteriores, se tiene como resultado jurídico que los motivos por los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentren subsanados, pues únicamente se concedió para efecto de que la autoridad responsable se pronunciara sobre la admisión o no de las pruebas ofrecidas por las partes en conflicto; sin que este juzgador califique la determinación que emitió la responsable. VISTA A LAS PARTES Dese vista a las partes para los efectos de los artículos 201 y 202 de la ley de la materia. ANOTACIONES Se hace las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1. DEPURAR el expediente principal dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2. TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo.

  2. Principal

    SE DA VISRTA A LAS PARTES POR EL TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA RESPECTO CVUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA

  3. Principal

    MESA II.- En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IX, del artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19, que posibilita a los órganos jurisdiccionales a fijar los plazos que permita a las responsable a dar cumplimiento a sus mandatos, así como los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y a la circular SECNO/1/2021, que lo reforman, a fin de garantizar la salud pública de la colectividad, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo; remita copia certificada de documento idóneo con el que acredite haber emitido el pronunciamiento sobre la admisión o no de las pruebas ofrecidas por las partes en conflicto laboral 1396/2012 sala B, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    MESA II.- En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, para que dentro del término de diez días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, se sirva dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en lo conducente es del tenor siguiente: "(.)lo procedente es, con fundamento en los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Jaime Arturo Pinzón Bonfil, para el efecto de que de inmediato, haga el pronunciamiento sobre la admisión o no de las pruebas ofrecidas por las partes en conflicto. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia III.3º.C. J/12 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 740, Novena Época, que señala: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Si han pasado más de cinco meses desde que el Juez responsable dictó el auto por el que ordenó traer los autos a la vista para pronunciar la interlocutoria respectiva en un incidente de costas, es obvio que, aparte de que han transcurrido con exceso los tres días que al efecto concede el artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, se infringe la citada garantía de seguridad jurídica referente a que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin que importe el hecho de que con posterioridad al dictado del acuerdo indicado el Juez haya advertido que no se había dado vista con los autos al Ministerio Público por el fallecimiento de la contraria del quejoso, ni que hubiera decretado la práctica de una pericial como diligencia para mejor proveer, porque dados los meses transcurridos, de todas suertes es obvio que se ha violado flagrantemente la mencionada garantía constitucional. Consiguientemente, debe otorgarse la protección constitucional para que la responsable agilice el desahogo de la pericial y ordene se verifique inmediatamente la vista indicada, pues de no proceder de esa manera sería muy sencillo que las autoridades infringieran la garantía de que se trata, dado que siempre aducirían su imposibilidad por causas que ellas mismas originaran". Finalmente, por similitud jurídica es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia IV.3o.T. J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, localizable en la página 1283 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXII, Septiembre de 2005, Novena Época, que señala: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional

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