Jaime Armando Campos Nuñez
Expediente 820/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jaime Armando Campos Nuñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA lo siguiente: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del quince al veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra el auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 34 a 36), dictado por este juzgado, dentro del juicio de amparo número 820/2017. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibido billete de depósito o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. El Secretario En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de siete de noviembre del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento por cesación de efectos; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material, con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. María del Carmen*
- Principal
En siete de noviembre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta al Juez con el oficio registrado bajo el folio 14735 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado el treinta de octubre del año en curso, remite la copia certificada de las constancias de notificación de su auto de seis del mismo mes y año, dentro del juicio laboral 160/2016, en atención a lo anterior, se acuerda lo siguiente: Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión o abstención por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar resolución que provea sobre las pruebas ofrecidas por las partes y señale día y horas para su desahogo dentro del juicio laboral 160/2016. Sin embargo, en esta instancia constitucional, la autoridad responsable en su oficio registrado bajo el folio 13762 acordado el diecisiete de octubre del año actual (foja 19), anexó copia certificada del auto admisorio de pruebas del seis del mismo mes y año, señalando fecha y hora para su desahogo; además, en su oficio de cuenta, en cumplimiento al requerimiento de treinta del mes y año citados, remitió la copia certificada de las constancias de notificación del auto de mérito a la parte quejosa; documental que cuenta con valor probatorio, al tratarse de un documento público y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de septiembre del año que transcurre), la autoridad responsable proveyó sobre la admisión de pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral 160/2016 y señaló fecha para su desahogo, situación que fue debidamente notificada a la parte quejosa. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éstos se concretaban en la circunstancia de que no se había acordado sobre la admisión de pruebas, ni señalado fecha y hora para su desahogo dentro del juicio laboral 160/2016, por lo que al haberse hecho lo anterior, debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con el pronunciamiento sobre la admisión de pruebas ofrecidas en el juicio laboral 160/2016 y al haberse señalado fecha y hora para su desahogo, han cesado los efectos de aquéllas, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las once horas con cincuenta minutos del nueve de noviembre del año en curso, hágase la presente determinación del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Ajc.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE SIETE DE NOVIEMBREDE DOS MIL DIECISIETE 2017, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado el treinta de octubre del año en curso, remite la copia certificada de las constancias de notificación de su auto de seis del mismo mes y año, dentro del juicio laboral 160/2016, en atención a lo anterior, se acuerda lo siguiente: Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión o abstención por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar resolución que provea sobre las pruebas ofrecidas por las partes y señale día y horas para su desahogo dentro del juicio laboral 160/2016. Sin embargo, en esta instancia constitucional, la autoridad responsable en su oficio registrado bajo el folio 13762 acordado el diecisiete de octubre del año actual (foja 19), anexó copia certificada del auto admisorio de pruebas del seis del mismo mes y año, señalando fecha y hora para su desahogo; además, en su oficio de cuenta, en cumplimiento al requerimiento de treinta del mes y año citados, remitió la copia certificada de las constancias de notificación del auto de mérito a la parte quejosa; documental que cuenta con valor probatorio, al tratarse de un documento público y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de septiembre del año que transcurre), la autoridad responsable proveyó sobre la admisión de pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral 160/2016 y señaló fecha para su desahogo, situación que fue debidamente notificada a la parte quejosa. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éstos se concretaban en la circunstancia de que no se había acordado sobre la admisión de pruebas, ni señalado fecha y hora para su desahogo dentro del juicio laboral 160/2016, por lo que al haberse hecho lo anterior, debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con el pronunciamiento sobre la admisión de pruebas ofrecidas en el juicio laboral 160/2016 y al haberse señalado fecha y hora para su desahogo, han cesado los efectos de aquéllas, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las once horas con cincuenta minutos del nueve de noviembre del año en curso, hágase la presente determinación del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)"
- Principal
El treinta de octubre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las once horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y con la circunstancia de que la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe, no ha remitido las constancias que se le solicitaron en auto de diecisiete del mes y año en curso. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González. En la misma fecha, el Secretario Jorge Martín Zamora González da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos, en particular con la certificación que antecede; así como con el pedimento con registro 14471. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las once horas del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe, no ha remitido las constancias que se le solicitaron en auto de diecisiete del mes y año en curso. Por tanto, con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero, y 117, ambos de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase a la autoridad responsable en comento para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita la notificación de su auto de seis del mes y año actuales, o bien, copias fotostáticas certificadas de ellas; con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado dentro del plazo concedido, o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Por tanto, para dar oportunidad a que se reciba el comunicado de que se habla y no se deje en estado de indefensión a ninguna de las partes SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Por último, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el pedimento 1161/2017, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno; y, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. AJC.
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